Carta de la candidata al Ateneo Belén Rico

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Estimados ateneístas:

El próximo 30 de mayo volveremos a celebrar elecciones en nuestra Docta Casa con el propósito de llevar a buen fin todos los proyectos que tenemos en perspectiva y otros que, sin duda, irán surgiendo. Con este fin y plena de ilusiones, me presento como candidata a Secretaria Tercera de la Junta de Gobierno por la lista de Red Ateneísta, una candidatura que trae aire fresco, personas con formación y espíritu de diálogo.

Precisamente un grupo de ateneístas y de amigos del ateneo, que nos integramos en el colectivo Arco Ateneo, hace tiempo que entendimos imprescindible el conseguir un clima que permita llegar a acuerdos, que deje atrás las descalificaciones, la agresividad y los disparates que tan frecuentes han sido en los últimos años.

Y en esta línea de gestos positivos, se decidió que alguno de nosotros compartiera lista electoral con otros ateneístas que coincidieran en este propósito. Y afortunadamente esto ha sido posible con los compañeros con los que integro la lista de Red Ateneísta.

Por ello, os pido vuestro apoyo para todos los que integramos esta candidatura.

A continuación, os traslado unas palabras que le he pedido al actual Vicepresidente Segundo del Ateneo, José Antonio García Regueiro, amigo y compañero de Arco Ateneo, cuyo apoyo siempre he tenido para embarcarme en esta loable empresa.

Belén Rico García, candidata a Secretaria Tercera

Estimados ateneístas,

Le agradezco a Belén Rico que quiera que os transmita mi opinión, lo que, por supuesto, hago con especial agrado.

Como sabéis, salí elegido Vicepresidente Segundo del Ateneo en junio de 2017, por lo que ya llevo casi un año conociendo nuestra noble Casa desde la perspectiva de su Gobierno, lo que implica estar más cerca de sus problemas y tener una mayor responsabilidad.

Y el grado máximo de responsabilidad exige contribuir a que el Ateneo siga desempeñando un papel relevante en la formación de valores éticos en nuestro país y en la difusión literaria, científica y cultural, cometidos que viene cumpliendo, a pesar de todas las dificultades, desde hace ya casi doscientos años. Conozco a Belén desde hace más de 30 años por lo que sé con certeza que junto a su sólida formación, es Licenciada en Sociología y Ciencias Políticas, hay también una plena integridad ética y una relevante preocupación por la difusión de la cultura.

Por otra parte, estoy seguro que coincidiréis conmigo en que es imposible realizar satisfactoriamente esta tarea y proyectarla fuera de nuestros muros, si no nos respetamos dentro del propio Ateneo, si no hay patrones constantes de conducta que se traduzcan en diálogo, en acuerdos, en no rebasar la libertad del otro, en cumplir las normas y, en definitiva, en el cumplimiento del bien común. Y para que esto sea posible necesitamos en la Junta de Gobierno a personas como Belén.

Y con satisfacción he podido constatar que ética y formación están también sólidamente presentes en el resto de los integrantes de la candidatura de Red Ateneísta.

En consecuencia, el próximo 30 de mayo Belén y los demás integrantes de Red Ateneísta tendrán mi voto.

José Antonio García Regueiro

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La Segunda Internacional y el colonialismo

TOSHIBA CAMCORDER

 La discusión sobre el colonialismo en la Segunda Internacional refleja claramente la división en el seno del socialismo a principios del siglo XX entre las dos grandes posturas del mismo: la reformista y la revolucionaria.

La cuestión colonial apareció en el Congreso de París del año 1900 con la ponencia del socialista holandés Van Kol, bien conocedor de las colonias holandesas, donde defendió una política colonial positiva. En esta línea estarían tres grandes socialistas reformistas o revisionistas, el alemán Bernstein, el francés Jaurès y el belga Vandervelde. Pero la mayoría votó en contra del colonialismo de forma contundente. Tenemos que tener en cuenta que se acababan de vivir los acontecimientos del 98, de Fachoda, la revuelta de los Boxers y la durísima y sangrienta guerra de los Boers.

La postura más favorable al colonialismo se basaba, como se puede comprobar en la moción de Van Kol en el Congreso de 1904 de Ámsterdam, en cuestiones económicas, en que era inevitable en una sociedad en expansión. La postura anticolonial fue defendida por el británico Hyndman.

Los conflictos en el norte de África, en Marruecos, en los años 1905 y 1906, así como en el Congo y en África central, y los levantamientos en el Sureste Asiático convirtieron la cuestión colonial en un tema de intenso debate en la opinión pública y en el seno de la Internacional, especialmente en el Congreso de Stuttgart de 1907. En esta reunión aparecieron tres posturas. En el extremo más favorable al colonialismo destacó David, miembro de lo que se conoce como la corriente imperialista del SPD. Europa tenía necesidad de las colonias; es más, necesitaría seguir aumentándolas, ya que sin ellas el continente sería como China desde el punto de vista económico. En este sentido, el francés Rouanet defendió que era falso considerar la colonización como un fenómeno puramente capitalista, ya que era también un hecho histórico. Había que obtener en las colonias mejoras considerables. Ante inmensos territorios, los países civilizados europeos y norteamericanos debían utilizar esos espacios para mejorar sus propias existencias.

Una visión más moderada, menos extremista, era la defendida por Van Kol, en la misma línea que venía planteando en los últimos Congresos, es decir, la inevitabilidad del hecho colonial y cómo la política colonial se podría reconducir en un sistema socialista en un sentido civilizador y no explotador.  Esta postura se basaría en el carácter humanista del socialismo. Se criticaba la brutalidad seguida por las potencias coloniales pero no la existencia de colonias en sí. El sistema colonial, sin esa explotación y brutalidad, podría ser positivo para otros pueblos. Bernstein y Vandervelde seguían defendiendo esta postura. Bernstein no quería que los socialistas mantuvieran un criterio puramente negativo ante esta materia. Había que rechazar por utópica la idea de abandonar las colonias. Como existían había que ocuparse de ellas. Una cierta tutela de los pueblos civilizados sobre el resto de los pueblos era una necesidad. Sin lugar a dudas, había una evidente carga paternalista en esta postura.

Kautsky reaccionó con dureza ante la moción de Van Kol. Por una estrecha mayoría se aprobó la condena a todo tipo de colonialismo. La misión civilizadora que se asignaba a la sociedad capitalista no era más que un pretexto para encubrir la sed de explotación y de conquista. Solamente la sociedad socialista podría ofrecer a todos los pueblos la posibilidad de desarrollar plenamente su civilización.

Eduardo Montagut

A vueltas con la huelga general

TOSHIBA CAMCORDER

Históricamente, la huelga general ha sido considerada por el sindicalismo revolucionario como el instrumento más adecuado para conseguir el triunfo de la Revolución sobre las fuerzas económicas, sociales y políticas que sostendrían el capitalismo. A través de la huelga general, los sectores productivos pasarían a manos de los obreros y campesinos, quienes expropiarían los medios de producción. Estos medios se organizarían a través de sindicatos, comités y cooperativas. Es la expresión máxima de la acción directa. En la Carta de Amiens de 1906 de la Confederación General del Trabajo de Francia se estableció que la huelga revolucionaria era el camino para llegar al final del proceso revolucionario, llegando a la total emancipación capitalista. En aquella reunión se reafirmó la independencia de los sindicatos frente a los partidos políticos.

Por su parte, en el ámbito socialista la cuestión de la huelga general fue intensamente debatida en la Segunda Internacional. En 1904 se llegó a una postura de compromiso sobre la huelga general que, en el fondo, suponía la renuncia a este instrumento para terminar con el capitalismo. Pero, al año siguiente, se reabrió el debate cuando estalló la Revolución rusa de 1905, iniciada con una huelga general. Por fin, en 1906, fueron derrotadas las tesis revolucionarias en el seno de la Internacional y se desechó definitivamente el empleo de la huelga general.

En España, tanto la CNT como la UGT, emplearon la huelga general en distintos momentos y ámbitos geográficos: en 1902 en Cataluña y en 1917 en toda España. En la línea de lo que hemos estudiado sobre las diferencias entre el sindicalismo revolucionario y el socialismo, el anarcosindicalismo español siempre fue más partidario de la huelga general que el sindicalismo socialista. Para los socialistas la huelga general generaba un desgaste de las fuerzas sindicales.

La huelga general no tiene, en la actualidad, un carácter revolucionario, ya que se emplea como un medio para solucionar problemas que no encuentran solución mediante huelgas parciales, o para acelerar cambios políticos y sociales.

 

Eduardo Montagut

Doctor en Historia

Las aportaciones ideológicas de Antonio Maura en el conservadurismo español

Daoiz y Velarde en la Moncloa entre los años 1902-1932

Daoiz y Velarde en la Moncloa entre los años 1902-1932

Personaje clave en la Monarquía de Alfonso XIII y en el Partido Conservador. En este artículo estudiaremos sus aportaciones ideológicas en el seno del universo conservador español de las primeras décadas del siglo XX.

Maura planteó una reorganización del sistema político de la Restauración partiendo de una lectura moderada del regeneracionismo, habida cuenta de su agotamiento y limitaciones en los inicios de la nueva centuria. Fue el protagonista de lo que se denominó “revolución desde arriba” sobre la base de la racionalización de la Administración del Estado, buscando el inicio de una cierta descentralización para superar el caciquismo. Este proyecto debía aplicarse también al propio Partido Conservador. Ya no valía el concepto de partido de cuadros propio del siglo XIX. Era necesaria la movilización política de las clases conservadoras para imbricarlas más en la política. Maura quería terminar con la denominada inercia de la “masa nacional”. Pero estas reformas en los dos ámbitos no buscaban cambiar el sistema político que había diseñado Cánovas en la Constitución de 1876. Lo que se pretendía era aumentar el apoyo social al mismo, al poder autoritario pero reformista que él mismo representaba casi a la perfección. Por eso necesitaba movilizar a los conservadores, es decir los componentes de las élites ilustradas para modernizar el país. No se trataba, ni mucho menos, de democratizar un sistema liberal que, a pesar del sufragio universal, tenía muy pocos elementos democráticos. En este mismo sentido, no se cuestionaba a la Monarquía, sino todo lo contrario, ya que debía reforzarse como pilar fundamental del orden.

Las realizaciones prácticas de Maura en este sentido fueron un fracaso, porque su reforma del poder local no terminó, ni mucho menos, con el caciquismo. En relación con el Partido, aunque no lo pudo cambiar, y quedó anquilosado, sí es cierto que los jóvenes mauristas plantearon un modelo moderno de organización política.

Las ideas de Maura informaron gran parte de las ideas y actuaciones de los conservadores, con la excepción del mayor interés en la reforma social de Eduardo Dato y los idóneos, enfrentados a Antonio Maura. Los jóvenes mauristas fueron herederos del magisterio de Antonio Maura, así como los núcleos de Acción Ciudadana. Se vería en la germanofilia en la Primera Guerra Mundial con una declarada admiración hacia el káiser, así como la deriva hacia posturas tradicionalistas de muchos mauristas, o claramente filofascista de otros. Estos sectores abogaban por un sistema político que definían como democrático, la “nueva democracia”, pero donde había un reforzamiento considerable del poder ejecutivo y la sustitución del sufragio universal por el “servicio obligatorio”.

Eduardo Montagut

Reflexiones sobre los nacionalismos liberal y esencialista en el siglo XIX

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Fichte

En este artículo nos acercamos a las dos grandes concepciones del nacionalismo nacidas en el siglo XIX, ahora que vivimos un resurgir de esta compleja corriente ideológica y con el ánimo de aportar materiales para el debate.

El concepto moderno de nación nace en el tránsito del siglo XVIII al XIX, cuando estallan las revoluciones liberales-burguesas. El término no era nuevo en la Historia, pero el nacimiento de la soberanía nacional provoca que la nación se convierta en el resultado del contrato social por el que la sociedad poseedora de la soberanía hace depositaria de la misma al Estado. Dicho Estado sería la institucionalización de la nación; se trataría, pues, del Estado-nación. La nación, por lo tanto, surge de un acto de voluntad política, de la libre determinación de la sociedad civil y de cada uno de los individuos que la componen. De ese modo, los individuos se convierten en ciudadanos. Nacía, de ese modo, el nacionalismo liberal.

Según este modelo de nacionalismo la nación no existiría desde un pasado inmemorial, sino que surgiría de un acto de voluntad colectivo. Las naciones serían producto de un acto político, no existirían per se, por naturaleza. Se configurarían por la adhesión voluntaria a una serie de principios plasmados en sus constituciones y ordenamientos legales. De la misma forma, los límites de la nación no responderían a criterios geográficos ni humanos como la etnia, la historia, la cultura o la religión, sino a los del territorio donde se aceptan y se aplican los principios insertos en la constitución. Por consiguiente, la pertenencia a una nación surgiría de un acto de aceptación voluntario al contrato social establecido. Los vínculos de otro tipo, como hemos expresado, quedarían en un segundo plano frente al acto voluntario de adhesión a la constitución. De la misma manera, la nacionalidad podría perderse desde el momento en el que el ciudadano hace una renuncia pública a aceptar los principios recogidos en la constitución.

Este tipo de nacionalismo defendía el derecho de los pueblos a liberarse de tiranías extranjeras y la necesidad de la solidaridad de unos pueblos con otros en sus liberaciones nacionales. Para este nacionalismo cualquier comunidad podía convertirse en una nación si así lo deseaba y buscar los medios para emanciparse y formar un Estado o unirse a otro ya existente para crear uno nuevo. Es evidente la importancia de la voluntad en el nacionalismo liberal. Este nacionalismo fue defendido por los liberales franceses e italianos, como Giuseppe Mazzini.

El segundo modelo de nacionalismo nace en el primer tercio del siglo XIX del pensamiento alemán, con vinculaciones con el Romanticismo, como reacción a lo que dicha corriente consideraba los “abusos de la razón” del pensamiento ilustrado y liberal de Francia. Los principales teóricos de este nuevo nacionalismo serían, entre otros, Fichte y, especialmente Herder. La nación se convierte en una realidad independiente de los individuos, sería una realidad objetiva ineludible, todo lo contrario de lo defendido por el nacionalismo liberal voluntarista.

Frente a la soberanía nacional se contrapone el espíritu del pueblo o Volkgeist, que alentaría la vida propia de la nación que, como hemos señalado, sería una entidad autónoma con destino propio y, por ello, completamente distinto al de otras naciones. Se identifica la comunidad política como una totalidad cultural, que a su vez tiene una esencia ancestral imperecedera. No es fruto de un acto de voluntad, sino que existe per se, por la tradición, por la Historia, con un pasado intemporal de una comunidad de lengua y religión comunes. Así pues, se remarca el hecho diferencial de una nación hacia las demás en función de su cultura, idioma, y hasta por la etnia, que eleva el particularismo a categoría biológica.

La pertenencia a una nación no se basaría en la razón, en un acto voluntario de aceptación de principios constitucionales, sino al nacimiento.

En todo caso, fue muy fácil que en los distintos nacionalismos que se desarrollaron en el siglo XIX y posteriormente, hubiera elementos de ambos tipos de nacionalismo.

Eduardo Montagut

Las marchas del hambre

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En este trabajo nos acercamos a distintos períodos de crisis del pasado siglo XX cuando el hambre movilizó a muchas personas. Nos referimos a las conocidas como “marchas del hambre”, que fueron muy importantes en el Reino Unido, con ejemplos en otros lugares.

Las “marchas del hambre” fueron manifestaciones donde se protestaba porque el paro impedía a muchas personas comer porque no contaban con recursos con los que poder comprar alimentos. Estas protestas surgieron en el Reino Unido en los años veinte. En el año 1922, la crisis post-bélica castigó a Escocia intensamente, ya que afectó a la industria pesada y a los astilleros, que ocupaban a muchos trabajadores. En octubre de ese año un grupo de socialistas y comunistas de Glasgow organizó la primera “marcha del hambre” hacia Londres. En enero de 1929 tuvo lugar otra aún mayor en relación con el número de manifestantes.

Ya en los años treinta, en octubre de 1932, cuando el paro superaba los dos millones y medio de personas, como consecuencia de la Gran Depresión, el Movimiento Nacional de Obreros Parados organizó una “marcha del hambre” con tres mil personas. La marcha comenzó en tres zonas: Glasgow, el sur de Gales y el norte de Inglaterra, y terminó en la capital británica. En Hyde Park se desarrolló una manifestación. Posteriormente se presentó en el Parlamento una petición con un millón de firmas.

En octubre de 1936 se produjo otra importante “marcha del hambre”, la conocida como “Cruzada de Jarrow”, protagonizada por dos centenares de obreros de los astilleros de Jarrow, y que marchó hacia Londres.

Fuera del Reino Unido se puede aludir al caso chileno. Al terminar la Primera Guerra Mundial se produjeron marchas del hambre entre los años 1918 y 1919, asociadas a la crisis de la industria salitrera.

Eduardo Montagut

El regalismo

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El regalismo fue una teoría y una práctica política ejercida por las Monarquías católicas en la Edad Moderna en su relación con la Iglesia Católica, que debe ser tenida en cuenta para entender parte de la historia de la formación de los Estados modernos, así como la relacionada con las relaciones entre el poder político y el religioso.

El término de regalismo procede de regalía. Por regalías se entendían los derechos, propiedades y prerrogativas de la Corona. En la Edad Media aparecen como derechos económicos o financieros exclusivos de la Monarquía. Al final de dicha época se terminaron por consolidarse, pero ya referidas a todas las cuestiones de las actividades del rey frente a los derechos o jurisdicciones de otras autoridades, como la Iglesia y la nobleza. En el Fuero Viejo de Castilla se consideraban regalías las funciones que iban unidas esencialmente a la soberanía de la Corona: administración de justicia, acuñación de moneda, levas militares y determinadas rentas como la de la sal.

En la Edad Moderna el concepto de regalía se enriqueció. Por un lado, se mantuvo el que había nacido en el Medievo, pero adquirió un nuevo significado, y que tenía que ver con las prerrogativas del monarca en determinados asuntos religiosos y eclesiásticos. En la época de los Austrias se produjo un conflicto de índole regalista en el año 1632 cuando la Junta Grande Especial elaboró un listado de las quejas y “discordias” de la Corona con Roma. Al año siguiente, se redactó un famoso Memorial que se presentó al papa Urbano VIII.

Después de la Guerra de Sucesión y con la llegada de los Borbones el conflicto entre la Corona y el Papado creció de forma evidente por dos razones. Por un lado, Roma había apoyado al candidato austriaco, y, por otro lado, la Corona francesa se había destacado por arrancar competencias de la Iglesia en Francia, desde su más acusado absolutismo. El nuncio papal llegó a ser expulsado de España.

En tiempos de Fernando VI se firmó, después de complejas negociaciones, en el año 1753 el Concordato con Roma. Por el mismo, la Corona adquiría el Patronato Universal. El Patronato Regio era una concesión papal a la Corona española para la designación y presentación de los beneficios eclesiásticos, y que terminó por convertirse en una regalía. La historia del Patronato Regio es larga. En el siglo XV, con los Reyes Católicos, el papa Inocencio VIII que necesitaba la ayuda de Fernando para defender sus intereses en Italia, le concedió el derecho de presentación de todos los beneficios mayores en el reino de Granada. Este primer paso fue aprovechado por los monarcas para extender su poder y para establecer un modelo a aplicar en América. En 1508, Julio II otorgó a la Monarquía Española el Patronato en toda la Iglesia americana. El Concordato de 1753, como hemos visto, ampliaba este derecho al resto de la Iglesia española, con algunas excepciones. Se trataba de un extraordinario incremento del poder real, ya que los monarcas eran los que nombraban los cargos, y controlaban, indirectamente, sus ingresos, además de obtener algunos de ellos procedentes de los beneficios vacantes mientras no se cubrían.

Eduardo Montagut

La aprobación del sufragio universal en la Restauración

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Sagasta

La llegada del sufragio universal en la España de la Restauración se produjo de la mano de Sagasta cuando se hizo cargo de las responsabilidades de gobierno en la Regencia de María Cristina, dentro de un programa político de signo liberal que se aprobó en el denominado Parlamento Largo. Sagasta sacó adelante algunas importantes reformas como la supresión de la esclavitud en Cuba, la Ley de asociaciones de 1887, la Ley del jurado de 1888 y la aprobación del Código Civil en 1889. La discusión sobre el sufragio universal fue, sin lugar a dudas, la que más controversia generó en las Cortes. El proyecto comenzó su andadura con su lectura por parte de Moret en el Congreso a comienzos del mes de diciembre de 1888. La polémica estaba servida, aunque tardaría en producirse la discusión parlamentaria propiamente dicha hasta mayo del año siguiente. El 23 de mayo de 1889 cargó contra el proyecto el diputado conservador Lorenzo Domínguez, pero se quedó allí. La discusión quedó aplazada hasta enero de 1890 cuando Sagasta presentó un nuevo gobierno a las Cortes. Como vemos pasó más de un año hasta que se puso en marcha realmente el proceso parlamentario, pero, como decíamos al principio, la polémica se desató desde el primer momento dentro y fuera del Congreso.

Los partidarios del sufragio universal se basaban en que era necesario por su íntima relación con el principio de la soberanía nacional, aunque la Constitución de 1876 establecía el principio de la soberanía compartida entre la nación y el rey. Los liberales defendían el sufragio universal porque era un compromiso político que habían adquirido, aunque, en realidad, Sagasta no era un fanático del mismo, pero era consciente que su aprobación asentaría más a la Monarquía, le daría una mayor legitimidad con el fin de intentar restar argumentos a los republicanos, que defendían claramente el sufragio universal. Este mismo argumento era aplicado por Sagasta para el caso de la Ley del jurado. Al aprobar las dos disposiciones legislativas consiguió el apoyo del republicanismo posibilista que terminó ingresando en su partido, el representado por Castelar y sus seguidores. Un joven Canalejas se destacó en esta misma tesis cuando asoció la Monarquía con el sufragio. Aquella se fortalecería si podían participar más ciudadanos en el juego político. Otros liberales consideraban que el sufragio universal domesticaría a los obreros, apaciguaría el conflicto social. Este argumento iba más encaminado a convencer a los conservadores, siempre obsesionados con el orden, ya que no estaban interesados en ensanchar el derecho al voto.

Al final la Ley se promulgó el 26 de junio de 1890. Aunque, en principio parecía una victoria de la democracia, aunque las mujeres no pudieran votar, en realidad no supuso una clara democratización del sistema de la Restauración. El sufragio universal no alteró sustancialmente el fraude institucionalizado organizado desde el Ministerio de la Gobernación con el encasillado, pasando por los gobernadores civiles y llegando hasta los caciques. Las mayorías, en cada caso, se construían así, o falseando los resultados, reservando una parte para la oposición, según el turno de partidos.

La principal reforma de este sistema se dio en tiempos del gobierno largo de Antonio Maura con la Ley de 1907 que pretendía avanzar en la democracia, aunque, en realidad, no supuso ningún cambio sustancial. Ha pasado a la Historia por su famoso artículo 29, que determinaba que donde no hubiera más un candidato, quedaría nombrado automáticamente.

Eduardo Montagut

La cuestión ibérica en Portugal a la falta de un rey en España

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La búsqueda de un rey en España al triunfar la Revolución Gloriosa en 1868 y proclamarse en la Constitución de 1869 que el régimen político sería una Monarquía generó en Portugal la denominada “cuestión ibérica”. Intentemos plantear algunas claves de esta cuestión que provocó tensiones en el país vecino.

Entre los candidatos al trono español estaba Fernando de Saxe-Coburgo, viudo de la reina María II y padre del rey de Portugal, Luis I. Fernando se negó a acceder a la propuesta española por su estrecha vinculación con el duque de Montpensier, al que consideraba mejor candidato, aunque estuviera vetado por el emperador francés por ser un Orleáns, y por Bismarck también. Pero esta negativa de Fernando ha sido interpretada por algunos historiadores desde otra perspectiva. El rechazo al trono español se debería, en este caso, al interés del rey Luis I por coronarse también como rey español. Al parecer, el monarca fue consultado en secreto pero la noticia se filtró a la prensa y generó una posición contraria de gran parte de la opinión pública portuguesa. Al final, Fernando de Saxe-Coburgo aceptó la propuesta, aunque con condiciones. Su mujer, al no ser de condición nobiliaria, estaría excluida de la vida oficial aunque se le reconocería como esposa del rey en la vida privada. Otra de las condiciones era que dos tercios de las Cortes españolas debían estar de acuerdo con su nombramiento para asegurar un apoyo sólido al nuevo monarca. La tercera condición era que las dos Coronas nunca podían estar unidas en una misma persona, cuestión que era considerada fundamental por parte de la mayoría de la opinión pública portuguesa. Los portugueses tenían una secular prevención hacia España y temían que una Corona común convertiría a Portugal en una simple provincia española.

Por fin,  el acuerdo era bien visto por británicos y franceses pero, por otra serie de circunstancias, la Corona española no recayó en Fernando sino en Amadeo de Saboya.

 

Eduardo Montagut

Doctor en Historia

La primera escuela franquista

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La nueva educación impuesta por el franquismo debía borrar todos los aspectos de renovación y avance educativos, además de formar leales y entregados súbditos de la nueva España que se estaba construyendo. La escuela debía inculcar una serie de valores que se pueden resumir en un exaltado patriotismo españolista, obediencia a Franco y a las autoridades. Todas las asignaturas tendrían un marcado cariz ideológico en este sentido. El segundo pilar ideológico sería el de la defensa de los valores católicos en su versión más integrista o nacional-católica. La Iglesia recuperó el protagonismo en la educación que había perdido con la Segunda República: la religión católica volvió a ser una asignatura obligatoria en todos los niveles y la institución retornó a ejercer la inspección moral de las escuelas.

Curiosamente, el franquismo no consideró nunca que la educación debía ser responsabilidad exclusiva del Estado. Las nuevas leyes educativas dejaban esta responsabilidad a la sociedad, con la ayuda del Estado. Lo que ocurrió fue la Iglesia era la única fuerza social con posibilidades para asumir la tarea docente. El Estado se desatendió y la Iglesia alcanzó un poder educativo muchísimo mayor que el que había tenido antes de la Segunda República. Esta característica fue muy particular del franquismo a pesar de su clara vinculación con el fascismo, un sistema político totalitario que hizo de la educación un pilar fundamental del control de la población. Pero el franquismo tenía un componente religioso muy acusado y, en ese sentido, cedió el protagonismo a la Iglesia Católica en el terreno educativo, siempre y cuando se inculcase el ideario del nuevo régimen en la escuela. Por su parte, la Iglesia no tuvo ningún problema en aceptar esta condición.

En plena guerra civil se promulgó la Ley de Reforma de la Enseñanza Media de 1938, que pretendía diseñar la educación de las élites y clases medias españolas, y que estuvo en vigor hasta 1953. En el bachillerato se ingresaba con diez años, duraba siete cursos, teniendo el alumno que pasar un examen de estado para ingresar en la Universidad.

La siguiente ley del primer franquismo se aprobó el 29 de julio de 1943 y afectaba a la Universidad, considerada como católica. El rector debía ser miembro de la FET y de las JONS y los profesores universitarios necesitaban para ejercer una certificación de la Secretaría General del Movimiento que acreditase su adhesión a los principios del Estado.

La enseñanza primaria fue la última en ser reformada y lo fue por una Ley de 1945. Esta disposición otorgó un poder casi omnímodo a la Iglesia Católica. El nivel de primaria se dividía en dos etapas: la general de 6 a 10 años, y una especial de 10 a 12 años. Esta disposición estableció una rígida segregación, ya que, habría alumnos que con diez años, al terminar la etapa general, pasarían al bachillerato, mientras que otros, cursarían la etapa especial para terminar su vida escolar e ingresar en el mercado laboral, siendo obligación de la escuela orientar en un sentido u otro a los alumnos. Esta Ley es importante, además, porque dejó muy claro el derecho de la familia en relación con la educación, ya que afectaba a toda la población, al ser el único nivel obligatorio. Además, la familia tenía el deber de proporcionar esa educación a los hijos. Para ello, la familia podría elegir las personas o centros donde los niños y niñas recibirían su educación primaria. La escuela era definida como una comunidad activa de maestros y escolares, instituida por la familia, la Iglesia o el Estado, “como órganos de la educación primaria para la formación cristiana, patriótica e intelectual de la niñez española”. Habría tres tipos de escuelas: las públicas nacionales, las de la Iglesia y las privadas.

Por fin, en 1949 entró en vigor la Ley de Formación Profesional, que recogía parte del ideario en esta materia de una disposición de la época de la Dictadura de Primo de Rivera. Esta ley consagraba las tradicionales escuelas de artes y oficios, acorde con la situación económica española todavía lejos de la industrialización y de la necesidad de formar trabajadores cualificados y especializados.

Eduardo Montagut