Manuel Azaña en el Partido Reformista

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En este artículo pretendemos acercarnos al primer Azaña político que se desarrolló en paralelo a su intensísima actividad intelectual, y que comienza a ser activo en el reformismo en la segunda década del siglo XX

Las intensas preocupaciones intelectuales de Azaña le condujeron al compromiso político. En su tesis doctoral sobre la responsabilidad de las multitudes, presentada en 1900,  realizó una defensa del derecho de las mismas a alzar la voz para reclamar, ya que, solía basarse en algo que en justicia se le debía, un aspecto harto interesante en el momento en el que las masas comenzaban a reclamar un lugar en el sistema político liberal, además de las crecientes reivindicaciones obreras.

Azaña pertenecía al Ateneo desde el año 1900. En la institución se destacó en varias ocasiones por enfrentarse a la Generación del 98 y al regeneracionismo, criticando la inoperancia de ambos al no comprometerse clara y firmemente con los cambios políticos que necesitaba España. Posteriormente, insistiría en esta crítica en unos artículos de “La Correspondencia de España”. Azaña estaba defendiendo que había que actuar, que no bastaba con el ejercicio intelectual. Dos años después disertó sobre la libertad de asociación en la Academia de Jurisprudencia, en la que ya planteó la necesidad de que el Estado regulase las órdenes y congregaciones religiosas, respetando siempre el derecho a la libertad de enseñanza. Pero, además, Azaña se destacó en esta institución por debatir sobre la legitimidad de los sistemas políticos, defendiendo que solamente lo eran si contaban con un alto grado aceptación. Azaña defendió profundos principios democráticos como el sufragio universal, la soberanía nacional, algo que, en realidad no existía en su época, ya que la Constitución de 1876 consagraba la compartida entre la Corona y la Nación, las instituciones verdaderamente representativas, la libertad de mercado y el derecho de asociación de los obreros. Precisamente, esta idea entroncaría con la parte más social de su ya creciente compromiso político. Nos referimos a sus relaciones con los socialistas de Alcalá de Henares en aquella época y luego en 1911 cuando dio una conferencia titulada El problema español en la Casa del Pueblo, y donde intentaba vincular o articular la cultura con la política. Sin negar que la educación era importante, Azaña quería una reforma profunda del Estado para que fuera realmente democrático, requisito imprescindible para coinicidir con Europa. Esto solamente se podía hacer si los ciudadanos actuaban, conscientes de sus derechos pero, sobre todo, de sus deberes, frente a los poderes sociales que controlaban o mediatizaban a España. Sin lugar a dudas, todas estas ideas y actuaciones de Azaña planteaban claramente la imperiosa necesidad de transformar un ya obsoleto Estado liberal en otro plenamente democrático. Azaña, fiel y consecuente con lo que defendía, daría el salto a la política, a la actuación práctica. Eso llegaría dos años después, en 1913.

Efectivamente, ese año fue clave en la vida de Azaña. Por un lado, fue elegido secretario del Ateneo de Madrid en una candidatura que presidía Romanones, un cargo en el que estaría hasta 1920. Pero en ese año, sobre todo, es fundamental su ingreso en la política al entrar a formar parte del Partido Reformista de Melquíades Álvarez, fundado el año anterior. El nuevo partido político nació como una formación con vocación ideológica democrática, laica y gradualista. Agrupaba a republicanos que no estaban adscritos a ningún partido concreto, profesionales liberales, muchos de ellos ligados a la Institución Libre de Enseñanza y al krausismo. Las ideas del reformismo se manifestaron en la revista España. En 1913 se publicó el “Prospecto de la Liga de la Educación Política de España”, manifiesto impulsado entre otros por Ortega y Gasset y Azaña, a favor de crear una élite que fomentase el avance del verdadero liberalismo y la democracia. Era, en realidad, un texto que apoyaba el programa del Partido Reformista.

Ya dentro del Partido Reformista Azaña pronunció un discurso en el mes de diciembre de 1913 en el que reafirmó sus ideas sobre la democracia parlamentaria, el laicismo, la importancia de emprender activas políticas sociales y culturales y la necesidad de combatir el caciquismo. Azaña quiso presentarse por Alcalá en las elecciones de 1914, pero al final desistió. En ese momento estalló la Gran Guerra, y Azaña se posicionó claramente a favor de la causa aliadófila, entrando en las intensas polémicas que se generaron en España. Pero lo más interesante de esta polémica es que sirvió a Azaña para seguir reafirmando sus ideas. La resistencia francesa ante el casi arrollador avance alemán estaría vinculada, según su opinión, a que el patriotismo estaba estrechamente relacionado con la virtud cívica. Visitó los frentes de guerra en Francia, y posteriormente, en Italia. En la Primera Guerra Mundial comenzó su interés por los temas militares, de tan hondas repercusiones posteriores e inmediatas, porque le sirvió para dictar una serie de conferencias en el Ateneo y preparar un proyecto de publicaciones al respecto, además de ser encargado por el Partido Reformista para la elaboración del programa de reforma militar en España.

Azaña no tuvo éxito electoral con el Partido Reformista. En 1918 fracasó en su pretensión de salir diputado por el distrito electoral de Puente del Arzobispo. Anteriormente, había desistido de presentarse por su localidad natal, Alcalá de Henares. Tampoco consiguió ser elegido en 1923, en una elección especialmente conflictiva.

Eduardo Montagut

Las reformas militares de Azaña

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Las reformas militares emprendidas por Manuel Azaña como ministro de la Guerra fueron las más importantes de la Historia contemporánea española hasta ese momento. Y, aunque generaron polémica, fueron las que menos se intentaron rectificar, curiosamente, por el centro y la derecha cuando estuvo en el poder en el siguiente bienio de la República.

En este artículo nos centraremos en las primeras reformas, las más urgentes y emprendidas en la primavera y verano de 1931 antes de la aprobación de la Constitución. En un segundo trabajo hablaremos de las políticas emprendidas de más profundo calado y que buscaban cambiar completamente las Fuerzas Armadas en España.

Al llegar la República el Ejército español había decrecido en efectivos de reemplazo, tendencia que venía produciéndose desde los últimos años veinte, una vez que se había terminado la Guerra de Marruecos. Pero esta lógica disminución al encontrarse el país en paz no se acompañó de la consiguiente disminución del número de oficiales. Se estaba ante un Ejército con una extraña relación entre oficialidad y tropa, ya que era, al parecer, el segundo europeo con menos soldados por oficial. Pero, además, el nivel de instrucción y profesionalidad de los oficiales era, como media, muy bajo, con lógicas excepciones. Había tantos oficiales por razones políticas. Las guerras del 98 y la de Marruecos habían promovido a muchos mandos, pero luego no se había establecido ninguna política para prescindir de su exceso a través de retiros bien remunerados. Tenemos que tener en cuenta que para los hijos de las clases medias el ingreso en el Ejército, accediendo a la oficialidad, era una salida profesional cuando no se tenían muchos medios económicos propios. Esto generó un creciente gasto militar pero no para la modernización de las Fuerzas Armadas sino para pagar las nóminas. Además, como no había casi tropa que mandar, muchos oficiales estaban dedicados a tareas burocráticas como simples funcionarios.

Las unidades militares españolas no estaban muy bien preparadas ni organizadas, salvo las que estaban destinadas en África donde se habían curtido en complejos y durísimos combates. El Ejército peninsular se había dedicado a tareas de represión del movimiento obrero y no estaba preparado para las funciones de la guerra moderna, precisamente en momentos en los que la estrategia y la táctica militares comenzaban a cambiar de forma radical. El armamento estaba obsoleto y era de principios de siglo, sin aportaciones modernas sustanciales. A pesar del esfuerzo de algunos pioneros sobresalientes la Aviación española se encontraba casi en su infancia.

Por fin, el Ejército había incrementado su presencia en la vida política española desde el Desastre del 98, habiendo culminado esta intervención con el golpe de 1923 y la consiguiente Dictadura.

Azaña era consciente que el Ejército español necesitaba un cambio profundo, buscando dos objetivos. En primer lugar, había que crear un Ejército al servicio de la República, del Estado, sin intervenciones en la política. En segundo lugar, debía racionalizarse y reorganizarse su funcionamiento y estructura.

No era el primero que había intentado emprender reformas militares de envergadura. Ya en la transición del siglo XIX al XX hubo personajes como el general Cassola y Canalejas que intentaron cambios importantes con poco éxito. Pero Azaña estaba en otro régimen político con férrea voluntad de emprender transformaciones profundas. Para ello, contó con buenos colaboradores como los generales Ruiz-Fornells, Goded y el comandante Hernández Saravia. El equipo se puso a trabajar casi frenéticamente para sacar una serie de decretos en la primavera y verano de 1931, como hemos apuntado anteriormente.

El primero de ellos, ya de una fecha tan temprana como el 22 de abril, exigía la promesa de la fidelidad a la República, forzando a los muy monárquicos a abandonar. Muy pocos renunciaron, realmente, y eso no supuso, ni mucho menos, que la mayoría de la oficialidad fuera sincera en la lealtad al nuevo régimen; simplemente primó el continuar en su puesto y oficio. Tres días después se publicó el Decreto de retiros extraordinarios. Se pretendía aligerar la abultada plantilla de oficiales. Los que se acogieran a lo dispuesto mantendrían sus haberes. En este caso se acogieron más oficiales, especialmente los menos capacitados, por lo que mejoró bastante la calidad profesional media. Otras consecuencias favorables fueron que permitió reorganizar mejor las unidades y ofreció más posibilidades de promoción a los que se quedaron. Desde el punto de vista estrictamente militar fue un éxito, pero el objetivo político no se cumplió, porque entre los retirados no sólo hubo monárquicos sino también muchos militares más progresistas y republicanos que vieron en esta disposición una salida vital a una situación profesional difícil dentro del Ejército, al estar rodeados de militares muy reaccionarios.

En los meses de mayo y junio se dio un conjunto de Decretos que reformaron intensamente la organización militar. Se mantuvo la unidad de división, aunque se redujeron las existentes y la Aviación pasó a ser un cuerpo militar independiente del ejército. También se reformaron las Regiones Militares, ya que pasaron a ser divisiones orgánicas y comandancias. También desparecieron las Capitanías Generales. El Ministerio de la Guerra experimentó profundos cambios internos, por su parte. El Ejército de África también fue reformado en el mes de julio.

La justicia militar fue completamente reformada porque debía estar en consonancia con la unidad de jurisdicción que la Constitución terminaría por establecer. El gobierno abolió la Ley de Jurisdicciones, que había puesto bajo la justicia militar los delitos cometidos por civiles contra la Patria y el Ejército, y que había generado tanta polémica cuando se promulgó en tiempos de Alfonso XIII. Además, la jurisdicción militar se supeditó a la civil porque pasó a depender del Ministerio de Justicia, en línea con la idea de unas Fuerzas Armadas al servicio del Estado. El Tribunal Supremo asumió las funciones del suprimido Consejo Supremo de Guerra y Marina. Hasta los fiscales militares pasaron a depender del fiscal de la República.

También había que reformar el sistema de reclutamiento, aunque ya había hecho algo Canalejas. Ahora se pretendía que los soldados de reemplazo permaneciesen un año, aunque los universitarios y bachilleres solamente prestarían un período de instrucción de un mes. En todo caso, se mantuvo el sistema de redención del servicio mediante dinero, aunque solamente se aplicaría a los seis meses de servicio activo.

La política de los destinos y ascensos, que tanta polémica había generado en su momento cuando surgieron las Juntas de Defensa, debía cambiar. La reforma inmediata que había aligerado la sobrecarga de oficiales permitía ahora abordar una nueva reglamentación de las escalas eliminando el clasismo que imperaba. Había que primar la antigüedad en relación con los destinos, aunque el del más alto mando, es decir, el de los generales debía depender de las decisiones del poder civil, del ministro de la Guerra. Las Cortes aprobarían una Ley que determinó el pase a la reserva de los generales que no hubieran tenido destino en seis meses, un mecanismo legal que permitía retirar algunos militares de dudosa lealtad. En relación con los ascensos se optó por la anulación de los que se habían producido en tiempos de la Dictadura de Primo de Rivera, afectando a unos trescientos militares. La Ley de Reclutamiento y Ascensos de la Oficialidad, del mes de septiembre de 1932 confirmó todo lo establecido en esta materia en los primeros meses de existencia del régimen republicano, pero, sobre todo, estableció un baremo para determinar los ascensos, y que pivotaba sobre los criterios de antigüedad y capacitación profesional. Además, en la línea con la lucha contra el clasismo, que planteamos anteriormente, se estableció una única escala en la que se incluían a los oficiales de carrera y a los de tropa.

La reforma de la enseñanza militar fue otro objetivo de la República, habida cuenta de la preocupación para formar oficiales capaces. Azaña cerró la Academia General de Zaragoza, que dirigía el general Franco. En julio de 1931 se creó el Centro de Estudios Superiores Militares, para atender a la formación de coroneles y generales. Se mantuvieron las Academias de Toledo y Segovia.

La República creó el Cuerpo de suboficiales y refuerzo de la escala de complemento. Se convirtió en un recurso para Azaña porque así podía disponer de efectivos para el mando sin volver a sobredimensionar las plantillas de profesionales. Pero, además, convertir en suboficiales a determinadas clases de tropa permitía mejorar la situación de amplios sectores del Ejército, muy castigados o menospreciados en el pasado, y que por sus orígenes y condición eran potencialmente más proclives al nuevo régimen que los oficiales de siempre.

Azaña fue consciente de las gravísimas carencias materiales del Ejército español. La República quería modernizar las armas, pero el presupuesto no daba para mucho. Comprar armas y material en el extranjero era una opción muy poco viable, por lo que se optó por fomentar la producción nacional. En febrero de 1932 se aprobó una Ley que creaba el Consorcio de Industrias Militares, que pretendía agrupar y coordinar la producción de las fábricas existentes en España para estimular la producción. Pero en este campo no se avanzó mucho por los evidentes problemas económicos del momento.

La derecha española y la oficialidad más reaccionarias criticaron con extrema dureza algunos de los aspectos de estas reformas, especialmente la reducción de personal porque veían que se pretendía terminar con los militares monárquicos. El propio Azaña tuvo una parte de responsabilidad en la polémica porque, aunque siempre pretendió la modernidad y un sincero interés en convertir a las Fuerzas Armadas en efectivas y al servicio del Estado, no se caracterizó por la diplomacia verbal y por buscar entendimientos. Azaña, como casi todos los políticos republicanos, no confiaba en gran parte de la oficialidad, aunque tenía poderosos motivos para no hacerlo. Azaña sufrió una intensísima campaña difamatoria en los medios más reaccionarios y conservadores. El malestar de un sector de la oficialidad se canalizaría a través de la Sanjurjada de 1932 y alimentaría la conspiración militar contra la República.

Eduardo Montagut

El origen de la política militar de Azaña

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El hecho que provocó que Azaña comenzara a preocuparse de los asuntos militares llegaría, sin lugar a dudas, con el estallido de la Gran Guerra, su conocimiento directo de la misma en los frentes, y su participación en la polémica entre aliadófilos y germanófilos. Esta situación le llevaría a escribir sobre el civismo, el patriotismo vinculado al mismo y la misión del Ejército en una democracia.

El estallido de la Primera Guerra Mundial provocó un intenso debate en España sobre la postura a tomar y sobre los dos bandos. La opinión pública se dividió entre aliadófilos y germanófilos. A grandes rasgos, los liberales, republicanos y, en realidad, los socialistas después de un intenso debate en su seno, se decantaron por distintas razones por la Entente, frente a los conservadores, carlistas y otros sectores vinculados a las futuras extremas derechas, que preferían la causa de los Imperios Centrales. Azaña no podía dejar de intervenir en la polémica.

Un año antes del estallido del conflicto, Manuel Azaña había ingresado en el Partido Reformista de Melquiades Álvarez, además de ser elegido secretario del Ateneo en una candidatura presidida por Romanones. En 1914 desistió de presentarse a las elecciones por su localidad natal, Alcalá de Henares, y al iniciarse la Guerra, se lanzó con su vehemencia habitual a favor de la causa de los aliados. En primer lugar, abrió el Ateneo a los intelectuales franceses para que defendieran su postura, y respaldó el “Manifiesto de Adhesión a las Naciones Aliadas”, que se publicó en julio de 1915 en la revista “España”.

En el mes de octubre de 1916, cuando la guerra ya se había convertido en una sangría, marchó a Francia junto con otros intelectuales españoles para conocer el conflicto de cerca, visitando el frente, donde comprobó lo que era realmente el horror.

En febrero de 1917 se constituyó la Liga Antigermanófila, que reunió a destacados líderes políticos republicanos, socialistas y reformistas. En abril se celebró un mitin que iba dirigido a todas las izquierdas españolas y que se había organizado para responder a otro de Antonio Maura. Azaña firmó el Manifiesto de la Liga. Los aliadófilos fueron muy activos y se enfrentaron vehementemente a los germanófilos. Al respecto, Azaña dictó una conferencia en el Ateneo donde comentó, según su opinión, las razones de los germanófilos y explicó la causa de la neutralidad española, vinculada a sus carencias militares. Otro de los aspectos fundamentales de la conferencia tiene que ver con el primer planteamiento sobre su concepción de las Fuerzas Armadas, que luego inspiraría sus reformas. Azaña admiraba a los franceses por su virtud cívica, la raíz de su patriotismo, que había sido la fuerza que había permitido frenar el casi arrollador avance germano al comenzar la contienda cuando casi llegaron a París. No cabe duda que Azaña, en su francofilia, estaba sentando las bases de un patriotismo muy distinto del que el Ejército y las derechas estaban desarrollando en ese momento y que culminaría en la Segunda República.

Azaña visitó el frente italiano en septiembre de 1917 con Unamuno, Américo Castro y Santiago Rusiñol. Dos meses después regresó al frente francés.

En enero de 1918 profundizó más en la cuestión porque inició un ciclo de conferencias en el Ateneo sobre la política militar francesa, y que debían ser el germen de una obra impresa de gran envergadura sobre Francia, pero que solamente se concretó en un volumen que trataba, precisamente, de la cuestión militar. Azaña planteó claramente lo que ya había apuntado anteriormente en relación con la virtud cívica, el patriotismo y el Ejército. Azaña hablaba del contrato social que creaba la colectividad, el Estado, recogiendo toda la tradición de pensamiento liberal y democrático. El Ejército sería una de las instituciones fundamentales que actualizaban ese pacto porque lo hacía para defender la nación, los ciudadanos, sin distinción de clase, y para ello los militares estaban dispuestos a dar su vida, de ahí la gravedad de su misión. Aquí debemos encontrar, insistimos, la base ideológica de su posterior política reformista.

El Partido Reformista le encargó que elaborara su programa sobre el Ejército y la Marina. En ese momento ya explicó la necesidad de alejar al Ejército de la política, la reducción del número de oficiales y del tiempo del servicio militar.

Eduardo Montagut

Arabia Saudí e Irán en Oriente Medio. Introducción

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Comenzamos hoy en el Blog La mirada a Oriente una serie de artículos bajo el título de “Arabia Saudí e Irán en Oriente Medio con la que pretendemos analizar el presente, pasado y futuro de las relaciones entre estas dos potencias de Oriente Medio.

Irán y Arabia Saudí se erigen, junto con Turquía e Israel,  en potencias regionales, en términos de tamaño de su economía, dotación de recursos, dimensión de población y territorio, poder militar – gasto en defensa, y estabilidad política.

Desde hace años Riad y Teherán compiten por influencia en la política interna de los Estados débiles de la región, procurando situar a sus clientes en la situación óptima para imponerse en los conflictos locales. Libran una guerra indirecta o por delegación a través de actores estatales y no estatales, una “Guerra Fría” como la han denominado muchos. La rivalidad y desconfianza creciente entre ellos promueven más conflictos y competición económica, según la prestigiosa revista Strategic Survey (2017). En los últimos años sus relaciones bilaterales se han deteriorado tanto que Riad y Teherán rompieron relaciones diplomática en enero de 2016.

La relación ha conocido tiempos mejores en los que la cooperación ha sido el elemento predominante. Antes de la Revolución Islámica de 1979, las dinastías Saud de Arabia Saudí y Pahlevi de Irán se unieron para combatir los movimientos radicales, nacionalistas y socialistas, garantizar el flujo estable de petróleo a Occidente y aumentar su riqueza; antes de 1979, Riad y Teherán eran aliados estratégicos EE.UU en Oriente Medio.

Arabia Saudí e Irán comparten geografía, historia y religión. La meseta iraní frente a la península arábiga, bañadas ambas por el Golfo Pérsico, han sido testigos de siglos de convivencia, coexistencia y conflicto. El Islam juega un papel clave en estas dos sociedades, y sus dirigentes son maestros en el uso estratégico de la religión dentro y fuera de sus fronteras.

Desde 2003 un rosario de cambios geopolíticos han afectado notablemente Oriente Medio, la relación entre estas dos potencias y las costuras de la Monarquía Saudí y de la República Islámica: la intervención norteamericana en Iraq y la Primavera árabe  nos han dejado un Estado árabe debilitado, la autosuficiencia energética de EE.UU y su retirada parcial de la región ha creado un vacío de poder, el descenso de los precios del petróleo, y finalmente el Pacto Nuclear de 2015 entre Irán y la comunidad internacional.

En el plano externo Irán ha sido el gran beneficiadoHa superado parcialmente el aislamiento internacional al que ha estado sometido durante décadas, en los últimos años a raíz de su programa nuclear. El punto de inflexión fue la rúbrica del Pacto Nuclear en 2015, que le ha permitido mejorar su posición internacional, éxito diplomático que unido a los triunfos militares y de sus clientes en Estados árabes debilitados, ha alarmado a la Monarquía saudí. La Casa de Saud, que percibe la República Islámica como una amenaza existencial desde 1979, ha reaccionado sustituyendo la diplomacia conservadora y predecible que fiaba su seguridad a EE.UU (hoy en retirada) por una estrategia de seguridad más autónoma, nacionalista, asertiva y ofensiva, basada en el rearme y encaminada a contener a Irán.  No obstante, la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump ha envalentonado a la Monarquía saudí y ha puesto en guardia a Irán.

En un post de esta serie examinaremos los vectores del conflicto y las razones que subyacen a la escalada reciente. Será el momento de examinar las diferencias político-ideológicas de estos dos regímenes, sus concepciones del papel del Islam en la sociedad y sus ambiciones de hegemonía regional enraizadas en el pasado imperial de ambos. En ese post nos detendremos en el cisma dentro del Islam entre la corriente suní, la mayoritaria en el Islam, que pretende liderar Arabia Saudí y la corriente chií, predominante en Irán desde principios del siglo XVI; intentaremos dilucidar si las tensiones sectarias son la causa o la consecuencia del choque entre estos dos colosos regionales.

En el plano interno, estas dos economías rentistas dependientes de los ingresos de la exportación de hidrocarburos muestran signos de agotamiento después de tres años de precios bajos. A pesar de las diferencias de renta per cápita (4.862$ en Irán frente a 20.653$ en A. Saudí, en 2015), algunos retos a los que se enfrentan son muy similares. En aras de la contención del déficit el Estado saudí se ha visto obligado a recortar sus generosas prestaciones sociales. El contrato social árabe, que ha permitido a la Monarquía saudí mantener un férreo control de todo el poder a cambio de garantizar el bienestar social, está en un brete.

Por su parte, los presidentes iraníes Ahmadinejad (2005-2013) y Rohani (2013-) recortaron subsidios en un escenario de recesión económica y sanciones internacionales contra el programa nuclear iraní. El régimen iraní es consciente del distanciamiento creciente con el pueblo, en particular, después de las revueltas multitudinarias de 2009 (las más numerosas después de 1979) cuando el Movimiento Verde, reformista, sacó a cientos de miles de iraníes a las calles para protestar contra la reelección fraudulenta del presidente Ahmadinejad, y fue aplastado por el régimen.

Ambos países se enfrentan a esos desafíos con dos regímenes inmersos en un cambio generacional de su clase dirigente. Mohamed Bin Salman (32 años), el príncipe heredero saudí que ha adelantado en la línea sucesoria a sus tíos, los hermanos del Rey Abdulaziz Ibn Saud (fundador del Reino de Arabia Saudí en 1932), rompe con la gerontocracia que ha controlado Arabia Saudí hasta ahora. Ya ha asumido las riendas del poder y necesita afianzar su liderazgo interno. La sucesión del Ayatolá Ali Jamenei (78), Líder Supremo de la Revolución Islámica, una vez desaparecido Hashemi Rafsanjaní a principios de 2017, liquidará la generación del Imán Jomeini. El actual presidente, el centrista Hassan Rouhani, se encuentra bien posicionado para la carrera sucesoria.

Tanto la Monarquía saudí como la República Islámica han respondido a estos retos con ambiciosos proyectos modernizadores de sus estructuras económicas y sociales. Ambas cuentan con programas reformistas encaminados a diversificar y ensanchar su base económica con el fin último de proporcionar oportunidades laborales a unas poblaciones mayoritariamente jóvenes (con el 60% por debajo de 30 años), y así asegurar la viabilidad de sus modelos. La relajación de las costumbres y la carta nacionalista también se encuentran muy presentes en las estrategias de la monarquía saudí y del régimen iraní.

Estos factores internos y su incidencia en la Guerra Fría entre Irán y Arabia Saudí serán el objeto de otro post de esta serie.

Por último, dedicaremos un post a analizar los múltiples escenarios y planos en los que pelean Arabia Saudí e Irán: las guerras en Siria, Iraq, y Yemen, el conflicto político en el Líbano,  el bloqueo diplomático de Qatar o la división de la OPEC en torno al precio del petróleo. Uno de esos escenarios es Yemen en el que una coalición liderada por A. Saudí, que incluye los países más ricos y con las FF.AA mejor equipadas de la región, se revela incapaz de imponerse a los hutíes en el país más pobre de Oriente Medio. Por tanto, la eficacia de la política exterior y de seguridad trasciende el poder económico y militar, si éste se mide con los parámetros clásicos de PÌB, gasto en defensa, y equipamiento de FF.AA convencionales. Es la paradoja del poder que veremos en otro post.

Una advertencia antes de terminar esta introducción al tema. El enfrentamiento entre Irán y Arabia Saudí, siendo imprescindible para entender las dinámicas y tendencias dominantes en la región, no es la única fractura de la región. Por un lado, existe una pugna en el mundo suní sobre cuál debe ser el papel del Islam en la política: Turquía, Qatar, Arabia Saudí, los Hermanos Musulmanes, Egipto y las organizaciones terroristas DAESH y Al-qaeda son sus principales actores. El bloqueo diplomático de Qatar por una coalición de países encabezada por Riad se comprende mejor si tenemos en cuenta este enfoque adicional.

Por otro, las guerras civiles y los conflictos políticos en los Estados árabes debilitados (Yemen, Líbano, Iraq, Siria, Palestina) no arrancan con el enfrentamiento entre Riad y A. Saud. Pero una vez iniciados, los actores estatales y no estatales en esos conflictos (los Hutíes en Yemen, el régimen de Bashar el-Asad y las milicias islamistas en Siria, Hezbollah en el Líbano, los Hermanos Musulmanes en Egipto, HAMAS o al-Fatah en Palestina) compiten por el favor de Riad y Teherán, y de otros países como Rusia, y su ayuda militar, económica y diplomática. Las interferencias de las potencias regionales acaban exacerbando todavía más las tensiones internas y dando lugar a una espiral de tensión creciente en la región.

@lamiradaaoriente

 

La intervención del ejército en la España de Alfonso XIII

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En el reinado de Alfonso XIII el ejército español inició un camino claro hacia la intervención en la vida política del país y que desembocaría en el golpe de Estado de Primo de Rivera de 1923.

Las fuerzas armadas habían sufrido directamente las consecuencias del Desastre del 98. Los militares sentían que la clase dirigente y el país, en general, no les apoyaban lo suficiente. La guerra de Marruecos, por su parte, nunca fue popular por los desastres que causó, por el alto número de bajas que se produjo, y por el mantenimiento de los privilegios en el reclutamiento. Además, en el ejército se sentía que el empuje de los regionalismos y nacionalismos, especialmente del catalán, suponía una amenaza a la unidad de la patria. La explosión del movimiento obrero también era vista con temor en los cuarteles, especialmente a partir del triunfo de la Revolución Rusa de 1917. Por último, también habría que aludir a los problemas internos del ejército en cuestiones corporativas, entre los militares en la Península y los africanistas, ya que los primeros se consideraban relegados y agraviados en los ascensos frente a los primeros, que los obtenían rápidamente y no por antigüedad sino por méritos de guerra.

Aunque debe ser cuestionada la excesiva importancia que se ha dado al rey en este proceso de intervención militar, es cierto que Alfonso XIII tendió a mantener y fomentar estrechas relaciones con los militares más allá de las que establecía la Constitución, especialmente cuando comenzó a darse cuenta del peligro que suponía la tensión social para su reinado, habida cuenta de lo que estaba aconteciendo en gran parte de Europa con las Monarquías a partir del final de la Primera Guerra Mundial. Deberemos volver a esta cuestión cuando expliquemos el golpe de 1923 en un próximo artículo de esta serie.

Los hechos acontecidos en la noche del 25 de noviembre de 1905 en las redacciones barcelonesas de la revista ¡Cu-Cut! y el diario La Veu de Catalunya suponen el primer capítulo importante en el inicio de la crisis del sistema político de la Restauración, de las relaciones entre el poder civil y el militar, y entre el poder central y el catalanismo.

El 12 de noviembre de 1905 se celebraron elecciones municipales. En Barcelona ganaron las candidaturas de la Lliga Regionalista y los republicanos frente a las fuerzas dinásticas tradicionales, conservadores y liberales. Había sido una intensa campaña electoral. La Lliga organizó un acto el día 18 de noviembre para celebrar el triunfo. Se trataba de una cena festiva en el Frontón Condal de Barcelona, era el Banquet de la Victòria. Al terminar el acto se produjeron enfrentamientos entre catalanistas y republicanos.

El día 25, la revista ¡Cu-Cut!,una revista cultural y de humor, vinculada a la Lliga sacó un número dedicado al banquete. El dibujante Joan García Junceda relacionó en un dibujo dicho episodio con el desprestigio del ejército español, un tema ya recurrente en la prensa satírica de la época. El dibujo, en cuestión, reflejaba al fondo la entrada de los catalanistas al banquete, mientras dos personas, en primer plano, mantenían una conversación. Uno de dichos personajes era un militar vestido de gala, pero de forma anacrónica; el otro personaje era un civil. Este era el diálogo que entablaron:

“-¿Qué se celebra aquí, que hay tanta gente?

-El Banquet de la Victòria.

-¿De la victoria? Ah, vaya, serán paisanos”

Era una sátira sobre el mencionado desprestigio del ejército después del desastre colonial. Los militares no podían celebrar victorias. Pero el chiste fue censurado, por lo que no tuvo gran repercusión, pero en los cuarteles de la guarnición de la ciudad corrió muy pronto la voz de que aquello era una ofensa muy grave al honor militar. Cientos de militares se concentraron en la Plaza Real en la tarde del día 25 de noviembre para preparar una acción en respuesta. Por la noche saquearon los locales de la imprenta y de la redacción de la revista ¡Cu-Cut! y de la redacción de La Veu de Catalunya. En estos episodios hubo enfrentamientos con civiles. La violencia terminó en la madrugada.

El ejército aprovechó la circunstancia para obtener lo que pretendía desde hace tiempo, es decir, que las consideradas ofensas a la patria o al mismo ejército fueran materia de la jurisdicción militar. Para ello, había que hacer una reforma legislativa. Se presionó con fuerza al gobierno, que terminó por suspender las garantías constitucionales en la provincia de Barcelona. Montero Ríos dimitió el 2 de diciembre cuando supo que el rey había hablado con altos mandos militares a sus espaldas.

El nuevo gobierno de Segismundo Moret, con Romanones como ministro de la Gobernación, admitió a trámite el cambio legislativo deseado por los militares. Se trataba de la “Ley de Jurisdicciones”, que modificaba el Código de Justicia Militar. La Ley se aprobó el día 22 de marzo de 1906 y entró en vigor al día siguiente. Por esta ley la jurisdicción militar podía juzgar las críticas al ejército, la bandera o cualquier símbolo nacional. Generó una intensa polémica parlamentaria y en la opinión pública. Unamuno impartió una conferencia contra dicha Ley en el Teatro de la Zarzuela. La Ley estuvo en vigor hasta el 17 de abril de 1931 cuando Azaña la derogó. El día 20 de mayo de 1906 se levantó el estado de excepción en Barcelona.

El siguiente episodio importante de intervención militar sería la creación de las Juntas Militares de Defensa, especie de asambleas de jefes y oficiales del arma de Infantería que surgieron en el año 1916 y duraron hasta 1922. Nacieron con un elevado espíritu corporativo por varias causas. Por un lado, recogían parte del ideario regeneracionista que, como es bien sabido tuvo diversas interpretaciones desde distintas posturas ideológicas en un no muy articulado movimiento de cambio, pero además los militares estaban preocupados por el elevado coste de la vida en plena Gran Guerra y que les afectaba directamente, habida cuenta del desfase entre sus salarios y los elevados precios. Pero, sobre todo, sus integrantes eran contrarios a la política de ascensos practicada por las autoridades del Ministerio de la Guerra que promocionaban a los militares africanistas por méritos de guerra de forma muy rápida frente a los tradicionales ascensos por antigüedad, que seguían un proceso mucho más lento.

El pretexto que impulsó a la creación de estas Juntas se produjo por una orden del gobierno de Romanones que exigía pruebas de aptitud a los oficiales que quisieran ascender. Un sector de oficiales consideró estas pruebas como humillantes. Los propios artilleros se negaron a efectuarlas y el arma de Infantería se sumó a este plante. En Cataluña comenzaron a funcionar las primeras Juntas en el otoño de 1916. La figura principal de este movimiento sería el coronel del Regimiento Vergara de Barcelona, Benito Márquez. En diciembre ya existía el primer reglamento de la Junta de del Arma de Infantería. En mayo del año siguiente, el capitán general de Cataluña, Alfau, arrestó a los principales protagonistas porque se negaron a disolver las Juntas. Pero ante el aumento de la tensión con el Manifiesto de las Juntas, donde se recogían las quejas de los militares y se llegaba a amenazar con liberar a los detenidos, el gobierno cedió y se ordenó liberar a Márquez y demás arrestados.

Tenemos que tener en cuenta que el movimiento de las Juntas militares gozó, al principio, de cierto predicamento social, desde algunos periódicos y tribunas de opinión, y el propio monarca no desaprobaba claramente a estos militares.

El ministro La Cierva maniobró para dividir a los junteros al aceptar algunas de las reivindicaciones de tipo técnico o militar, aunque no las de contenido político. Pero el gobierno liberal de García Prieto era contrario a las Juntas por considerar que se inmiscuían en asuntos que sólo competían al poder civil. Eso le valió su caída. Vueltos los conservadores al poder con Eduardo Dato, y con el veterano Fernando Primo de Rivera como ministro de la Guerra, se reconocieron las Juntas. A cambio, estos militares acudieron en ayuda del gobierno cuando estalló la huelga general de 1917 y en Barcelona se había organizado la Asamblea de Parlamentarios. Los militares no estaban dispuestos a aliarse ni con los parlamentarios contrarios al ya desgastado turnismo y favorables a abrir un proceso constituyente, ni mucho menos con las organizaciones obreras. El propio Juárez se empleó en la represión en Sabadell, aunque en 1918 fue expulsado del Ejército.

En 1922, las Juntas decayeron y fueron disueltas por Sánchez Guerra. Habían perdido su poder y su prestigio inicial, pero, sobre todo, tenían la fuerte oposición de los militares africanistas. Estos militares acusaban a los junteros de cobardes, burócratas e insolidarios con el sufrimiento que padecían los que luchaban en la Guerra de Marruecos.

Eduardo Montagut

La intervención militar en la vida política española en el siglo XIX

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La presencia militar en la vida política española del siglo XIX obedece a un conjunto de causas. Las guerras carlistas dieron un gran protagonismo a los militares. Se convirtieron en elementos imprescindibles para establecer el nuevo sistema político liberal, habida cuenta de la debilidad de la burguesía y el escaso cuando no nulo apoyo popular hacia el cambio político. Los generales, conocidos popularmente como “espadones”, fueron conscientes de su importancia, encontrando en los dos grandes partidos políticos, el moderado y el progresista, así como luego en la Unión Liberal, un lugar destacado, ya que terminaron por liderarlos en muchos momentos. Recordemos la trascendencia histórica de nombres como Espartero, Narváez, O’Donnell, Serrano o Prim.

En este trabajo estudiamos el fenómeno del pronunciamiento en la España decimonónica, una fórmula casi habitual de participación política, especialmente en los reinados de Fernando VII e Isabel II. Aunque los hubo de signo absolutista en los momentos liberales del primer reinado, la mayoría fueron de tendencia liberal para traer la Constitución de 1812. En el segundo los habría moderados, pero, sobre todo, progresistas, dada la tendencia conservadora dominante en el poder del liberalismo español.

El pronunciamiento vendría a ser una sublevación o rebeldía militar que buscaría el apoyo de las fuerzas armadas o de un sector de las mismas, de los partidos y facciones políticas y, por fin, de la opinión pública en la España del siglo XIX. El pronunciamiento pretende la conquista del poder o una rectificación de la línea política del gobierno de turno. Los pronunciamientos solían ser incruentos, con una acción militar indirecta. El pronunciamiento se desarrollaba en diferentes fases. En primer luga,r nacía como complot militar y civil, ya que la presencia de civiles siempre fue muy destacada en los pronunciamientos. Una vez que se había puesto en marcha se solía sondear a otros militares para que se comprometieran. Otro aspecto importante era el manifiesto, declaración o “grito”, que era el programa donde los que se “pronunciaban” anunciaban sus intenciones, de ahí el nombre de este tipo de sublevación. Por fin, se daba la acción, que solía consistir además de la presentación de ese programa, en la presión más o menos indirecta al gobierno con amenazas veladas, o conquistando directamente el poder. Aunque no solía haber baños de sangre se trataba de un acto violento para acceder al poder frente al mecanismo electoral, aunque éste estuviera muy viciado.

El término de pronunciamiento surgió cuando Riego se pronunció en Cabezas de San Juan contra el régimen absolutista restaurado de Fernando VII en 1820, aunque no sería el primer pronunciamiento, ya que seguramente fue el del general absolutista Elío en 1814. En el Sexenio Absolutista proliferaron los pronunciamientos de signo liberal: Espoz y Mina en 1814, Díaz Porlier (1815), Richart (1816), o el Lacy y Milans del Bosch en 1817, todos ellos fallidos hasta el de Riego. Instaurado el Trienio Liberal, el nuevo régimen se vio atacado por pronunciamientos de signo absolutista, como el de la Guardia Real en el verano de 1822 en Madrid, aunque abundó más el fenómeno de las partidas rurales, precedente del comienzo de la futura guerra carlista. La restauración absolutista a partir de la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis inauguró la Década Absolutista. En esa época hay que destacar el pronunciamiento liberal del coronel Valdés en 1824, los de signo absolutista de Bessières y Capapé en ese mismo año, y sobre todo el liberal de Torrijos en 1831.

La época del Estatuto Real, a partir de 1834, vivió una gran inestabilidad política con pronunciamientos progresistas como los del teniente Cordero y de Quesada en 1835, desembocando en el motín de los sargentos de la Granja en agosto de 1836, que liquidaría este régimen, restableciendo la Constitución de 1812. La reina gobernadora María Cristina terminaría su Regencia por la combinación de la presión militar con la civil, subiendo al poder el general Espartero, liberal progresista, pero de marcado carácter populista y autoritario. Durante su Regencia se pronunciaron O’Donnell, Concha, Narváez y Diego de León en septiembre de 1841. Espartero caería en 1843, teniendo un gran protagonismo en este desenlace la Orden Militar Española.

Los progresistas recurrieron a los pronunciamientos para intentar conquistar el poder durante el monopolio que los moderados hicieron del mismo en la conocida como Década Moderada en el período inicial del reinado efectivo de Isabel II. Al final, el pronunciamiento de O’Donnell y Dulce, conocido como la Vicalvarada (1854), terminó con el domino moderado y permitió el acceso de los progresistas al gobierno, que lo conservarían durante el Bienio Progresista. Este pronunciamiento puede ser considerado como paradigmático por la clara combinación de elementos militares y civiles, con un programa condensado en el Manifiesto de Manzanares y gran apoyo de la opinión pública, cansada de una larga etapa de gobiernos moderados.

La época de la Unión Liberal sería la más tranquila en lo que se refiere a pronunciamientos, a excepción del acontecido en San Carlos de la Rápita en 1860. Pero la etapa final del reinado de Isabel II resucitó la inestabilidad y se dieron muchos pronunciamientos, teniendo Prim un destacado protagonismo en los mismos.

El pronunciamiento supuso un ejemplo de lo que se conoce como pretorianismo, es decir, injerencia del ejército en la vida política interior de un estado empleando su fuerza en beneficio de una facción o partido político. Pero con el tiempo fue creciendo la autonomía militar respecto a las opciones políticas, ganando el militarismo, que terminó impregnando al Estado y a la sociedad.  Efectivamente, el cambio comenzó a gestarse en el Sexenio Democrático. La inestabilidad política con dos regímenes –Monarquía democrática de Amadeo I y Primera República-, las guerras de Cuba y la tercera carlista, y el ímpetu del movimiento obrero y del cantonalismo generó en los cuarteles una nueva opción que pasaba por la defensa de los intereses corporativos de la oficialidad, alejándose de las opciones partidistas. Esta autonomía hacia los partidos y opciones políticas terminaría por triunfar en el sistema canovista de la Restauración. Este nuevo régimen nació por el pronunciamiento de Martínez Campos a finales de 1874, el último gran pronunciamiento del siglo XIX, pero sin la participación de Cánovas del Castillo. El político malagueño no quería que la Monarquía se restaurase de esta forma y tuvo que aceptar los hechos consumados. Los intentos de pronunciamiento de signo más progresista, impulsados por el eterno conspirador republicano que fue Ruiz Zorrilla contra la Monarquía, fueron fracasos rotundos desde el primer momento. Cánovas hizo un esfuerzo para que los militares se mantuviesen al margen del fragor político con evidente éxito, pero el Desastre de 1898 trastocaría esta situación y generaría, junto con otros factores, un creciente militarismo.

Eduardo Montagut

Fuerzas armadas y Constitución de Cádiz

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La Constitución de 1812 dedicó su Título VIII a tratar sobre lo que se denominó “la fuerza militar nacional”. La importancia de los dos capítulos de este Título es fundamental en la historia de España porque diseñaba por vez primera lo que el liberalismo esperaba de las fuerzas armadas. En este trabajo solamente aludiremos al primero de dichos capítulos, sin tratar exhaustivamente la cuestión de la Milicia Nacional.

El nuevo Estado debía contar con una fuerza militar nacional permanente, de tierra y mar para la defensa exterior de España, pero también para la conservación del orden interior, aspecto éste de hondas repercusiones a lo largo de toda la historia contemporánea de nuestro país, ya que se interpretó de dos maneras. Por un lado, la Milicia Nacional se encargaría de preservar el orden constitucional frente a sus enemigos, pero, por otro el liberalismo más moderado o conservador consideró que el ejército debía contribuir al orden público; de ahí el carácter militar con el que nacería la Guardia Civil en la Década Moderada del reinado de Isabel II. La composición de las fuerzas debía ser aprobada por las Cortes, así como el método para levantarlas, es decir, era una materia de tal calibre que era el poder legislativo el competente en esta cuestión. Esto era aplicado a los buques de la denominada marina militar.

Las Cortes eran competentes también en la forma de organización militar, ya que debían aprobar las ordenanzas respectivas, que abarcarían la disciplina, los ascensos, salarios y administración.

Para contar con un ejército y marina modernos había que cuidar la formación, por lo que había que establecer escuelas militares para todas las armas.

Por fin, se estableció la imposibilidad de excusarse del servicio militar.

Como es sabido, en el Trienio Liberal esta Constitución estuvo en vigor. Las Cortes, por su parte, aprobaron dos leyes relativas a las fuerzas armadas. En primer lugar estaría la Ley Constitutiva del Ejército de junio de 1821, y luego la Ley Orgánica de la Armada de diciembre de dicho año. Las Cortes del Trienio reforzaron el control de las fuerzas militares, en la línea marcada por la Constitución.

Eduardo Montagut

Los orígenes del antimilitarismo en España

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La oposición al ejército ha adoptado diversas formas a lo largo de la Historia española. En este artículo nos centraremos en la oposición que en amplias capas populares generó el reclutamiento y el servicio militar en la crisis del Antiguo Régimen y en la época liberal.

Al parecer, se puede detectar un claro rechazo a servir al rey en las armas ya en el Antiguo Régimen. Algunos textos del siglo XVIII nos informan de este rechazo, que pudo darse de forma paralela al descontento fiscal o ante la escasez y subida del precio del pan y otros víveres. La desconfianza popular hacia el ejército se sustentaba en las experiencias que se vivían a causa de los desmanes y daños económicos que las tropas ocasionaban cuando se alojaban en los pueblos y aldeas camino de alguna campaña militar.

Pero la cuestión se complicó cuando se produjo el cambio del sistema de reclutamiento en tiempos del rey Carlos III, el gran reformador del ejército, ya que se transformó en un sistema regular anual. Eso provocó un evidente rechazo. Al igual que existieron motines provocados por las crisis de subsistencia y/o por la presión fiscal, también los hubo contra las quintas, como el acontecido en Barcelona en 1773. Los territorios forales, por su parte, también experimentaron protestas porque, además, allí se aludía a que las quintas iban contra los fueros y costumbres propias. Es significativo que entre uno de los diversos factores que propiciaron el triunfo del pronunciamiento de Riego en 1820 estaría el del rechazo de la tropa a marchar a América a luchar contra los insurgentes, habida cuenta del peligro del viaje y, sobre todo, de lo penoso del servicio tan lejos, lleno de riesgos frente a quiénes luchaban por su independencia.

El Estado liberal introdujo, por su parte, novedades en relación con el reclutamiento que generarían un nuevo motivo de protesta. Aunque el liberalismo había promulgado el derecho y deber de todos los españoles de defender a la patria, en consonancia con lo que se venía defendiendo desde la Revolución Francesa, muy pronto se conculcó este principio. La Ley de Quintas del Trienio Liberal abrió la puerta a las excepciones, ya que establecía que el servicio militar podía ser desempeñado mediante sustitutos. La Ordenanza de 1837 creó la fórmula de la redención en metálico para librarse del servicio bajo pago de una cantidad, y la figura de la sustitución, por la que también mediante pago, un quinto prestaba servicio por otro. Era evidente que solamente los hijos de las clases elevadas podían afrontar estos desembolsos, por lo que casi exclusivamente prestaban el servicio militar los hijos de los obreros y campesinos. Tenemos que tener en cuenta que el servicio militar era muy largo, impidiendo poder trabajar y desarrollar una vida propia, y con unas condiciones nada prometedoras y sí muy degradantes. Para rematar lo poco atractivo del servicio estaba el largo tiempo en el que un soldado licenciado seguía a disposición de las autoridades militares para ser llamado a filas ante el estallido de un conflicto. Pensemos en la dureza de las guerras carlistas, especialmente de la primera, o después de las guerras en Cuba y Filipinas donde, por lo demás, era casi más fácil morir de una enfermedad que en combate.

Muchos motines del siglo XIX combinaron la protesta fiscal contra los consumos, los odiados impuestos indirectos sobre productos de primera necesidad con la protesta contra las quintas. El apoyo popular a la Revolución de 1868 que derribó el sistema liberal isabelino y que pretendió construir uno mucho más democrático se basó en las supuestas promesas de abolición de las quintas. Pero el Gobierno Provisional optó por un reformismo más político que social frenando todos los impulsos radicales. El caso de las quintas, en este sentido, es significativo, porque se mantuvieron. Este hecho desencadenó protestas y revueltas. Importantes fueron las que se dieron en Cataluña y Andalucía exigiendo el fin de las mismas. Los republicanos federalistas prometieron, establecida la Primera República, su abolición, pero, como es sabido, dicho proyecto político duró muy poco tiempo.

A finales del siglo XIX, el antimilitarismo creció y se hizo más sofisticado, ya que recibió la influencia del movimiento obrero, por lo que se planteó desde diversos puntos de vista y de forma más global, atacando al ejército de forma contundente. Famoso fue el periódico El Globo, a mediados de la última década del siglo, con sus artículos demoledores sobre la vida de los oficiales y la hipocresía del valor patriótico. El socialismo español desarrolló una intensa campaña contra la redención planteando que atacaba la igualdad cuando estalló la Guerra de Cuba, aunque el conflicto fue criticado en su totalidad por más razones.

El Desastre del 98 abriría una nueva etapa en la Historia del antimilitarismo en España, a las puertas del intenso siglo XX.

Eduardo Montagut. Doctor en Historia.

Educación y liberalismo democrático en el XIX

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La Revolución de 1868 comenzó a gestarse con el Pacto de Ostende (1866), uniendo a progresistas y demócratas contra el sistema isabelino. A la muerte de O’Donnell, los unionistas se unirían al pacto. La revolución se inició el 17 de septiembre de 1868 con la sublevación del almirante Topete en la bahía de Cádiz, apoyado por Prim (progresista) y Serrano (Unión liberal). El movimiento se extendió por la geografía española con levantamientos populares y organización de juntas revolucionarias locales. Serrano venció al ejército gubernamental en la batalla de Alcolea. La reina huyó a Francia. Ese es el momento en el que se constituyó un gobierno provisional presidido por el general Serrano y se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal directo para enero de 1869.

Pues bien, en el Manifiesto del Gobierno provisional donde se exponían los principios fundamentales proclamados por la Revolución, y publicado el 25 de octubre de 1868, la educación adquiere un protagonismo que no había tenido en otros manifiestos y proclamas. Este manifiesto se fundamenta en los principios liberales progresistas y democráticos, en la defensa del sufragio universal y de las libertades: de culto, de imprenta (expresión), de reunión, asociación y de educación, frente a la concepción moderada y conservadora del liberalismo, que había dominado en el sistema político isabelino.

Del Manifiesto entresacamos el párrafo dedicado a la enseñanza:

“La libertad de enseñanza es otra de las reformas cardinales que la revolución ha reclamado y que el Gobierno provisional se ha apresurado a satisfacer sin pérdida de tiempo. Los excesos cometidos en estos últimos años por reacción desenfrenada y ciega, contra las espontáneas del entendimiento humano, arrojado de la cátedra sin respeto a los derechos legal y legítimamente adquiridos y perseguido hasta en el santuario del hogar y de la conciencia; esa inquisición tenebrosa ejercida incesantemente contra el pensamiento profesional, condenado a perpetua servidumbre o a vergonzoso castigo por Gobiernos convertidos en auxiliares sumisos de oscuros e irresponsables poderes; ese estado de descomposición a que había llegado la instrucción pública en España, merced a planes monstruosos, impuestos, no por las necesidades de la ciencia, sin por las estrechas miras de partido y de secta; ese desconcierto, esa confusión, en fin, cuyas consecuencias hubieran sido funestísimas a no llegar tan oportunamente el remedio, han dado al Gobierno provisional la norma para resolver la cuestión de la enseñanza, de manera que la ilustración, en vez de ser buscada vaya a buscar al pueblo, y no vuelva a verse el predominio absorbente de escuelas y sistemas más amigos del monopolio que de la controversia”.

Como se puede comprobar, el Manifiesto criticaba el sistema educativo de la época de Isabel II, establecido desde presupuestos muy conservadores y con veladas alusiones a la Iglesia, sin citarla explícitamente. Es muy importante la alusión a la falta de libertad de cátedra. Tenemos que recordar el incidente provocado por un artículo del profesor Emilio Castelar, titulado “El rasgo”, donde se criticaba a la reina por no haber cedido todo su patrimonio con el fin de reducir la deuda pública. Castelar fue apartado de su cátedra, así como otros profesores de la Universidad de Madrid. Los estudiantes se manifestaron, sufriendo una brutal represión, con varios muertos y heridos, en la conocida como noche de San Daniel de 1865.

La libertad de enseñanza se reguló en el Decreto de 21 de octubre de 1868. En la disposición se establecía que el Estado carecía de autoridad para condenar las teorías científicas y debía dejarse a los profesores en libertad para exponer y discutir lo que pensasen. También, debían ser libres para elegir métodos de enseñanza y libros de textos, así como para elaborar sus programas educativos. Estas disposiciones consagraban la libertad de cátedra. También, se ratificaba la libertad absoluta para crear centros educativos, sin limitación alguna; de hecho, la Constitución de 1869 establecía en su artículo 24 que todo español podría fundar y mantener establecimientos de instrucción o educación sin previa licencia, salvo la inspección de la autoridad competente por razones de higiene y moralidad. La libertad llegaba a los alumnos de centros públicos y privados, sometiéndoles a ambos a unos mismos exámenes y tribunales. Es importante, por otro lado, la aplicación de la libertad a algo que nos parece muy moderno. Nos referimos a la duración de los estudios, de manera que no podía ser igual para “capacidades desiguales”, es decir, que había que entender que existían alumnos que necesitaban más tiempo para aprender.

Aunque hubo un claro interés en el Sexenio por elaborar una nueva ley general de educación, basada en los principios progresistas y democráticos del liberalismo, no terminó de cuajar, seguramente por la fuerte inestabilidad política, generada por muchos factores. Sí se llevó a cabo una reforma en la enseñanza media, a través del Decreto de 25 de octubre de 1868, que reorganizó esta etapa educativa. Se modificó el plan de estudios, introduciendo novedades: promoción del castellano frente al latín en el bachillerato, materias nuevas como psicología, arte e historia de España, principios fundamentales del derecho, enseñanzas de agricultura y comercio, etc.

Las reformas introducidas en el Sexenio Democrático fueron muy matizadas y contrarrestadas en los inicios de la Restauración, cuando Cánovas estableció el nuevo sistema político. Pero en el último cuarto de siglo se vivió un intenso debate sobre la libertad de enseñanza, naciendo, como respuesta a la cerrazón gubernamental, la experiencia pedagógica más importante de nuestra historia contemporánea, la Institución Libre de Enseñanza.

Eduardo Montagut.- Doctor en Historia

Educación y Revolución Francesa

Talleyrand

Talleyrand

La educación no fue, en principio, prioridad inmediata para los primeros revolucionarios franceses. En la Asamblea Nacional Constituyente no se trató de forma exhaustiva, ni con la importancia de otras cuestiones. Se encargó de la instrucción pública a un comité que debía preparar un informe, y que terminaría por ser elaborado por Talleyrand.

En el Título Primero de la Constitución de 1791 sobre las disposiciones fundamentales garantizadas por la Constitución se aludía a que se crearía y organizaría la instrucción pública, común a todos los ciudadanos. Por otro lado, también se establecía la necesidad de la creación de festividades nacionales con el fin de mantener la fraternidad entre los ciudadanos, vinculándoles a la patria y a las leyes, es decir, se estaba apostando por la educación cívica. Esta sería una de las primeras características del nuevo sistema educativo francés. En materia religiosa, la Revolución Francesa fue neutral. Lo que se pretendía era formar ciudadanos.

En la Asamblea Nacional Legislativa, el Comité de Instrucción Pública no planteó un plan de reforma de la enseñanza en Francia. Pero era necesario, y no tanto por las carencias heredadas del Antiguo Régimen, sino porque el 18 de agosto de 1792 se decidió que ninguno de los niveles de la enseñanza fuera confiado a las órdenes religiosas, que habían sido suprimidas. Todas las niñas y jóvenes recibían educación de congregaciones femeninas, y la mayoría de los chicos en las congregaciones masculinas.

La educación fue elevada a derecho en la Declaración de los Derechos del Hombre, incluida como preámbulo de la Constitución de 1793. En el artículo 22 se manifestaba que la instrucción era una necesidad común. La instrucción debía estar al alcance de todos los ciudadanos. Fue un principio fundamental que aportó la Revolución Francesa. Posteriormente, la Constitución de 1795 dedicó el Título X a la instrucción pública. En Francia debía haber escuelas primarias donde los alumnos aprendieran a leer, escribir, “elementos de cálculo y de moral”. La República mantendría a los profesores alojados en las escuelas. Además, debían existir escuelas superiores por todo el territorio, al menos una cada dos departamentos. Se reconocía la existencia de la enseñanza privada, ya que cualquier ciudadano tendría derecho a crear establecimientos educativos. También se incluyó la cuestión de las fiestas patrióticas. Así pues, se creaba la escuela pública pero se permitía la existencia de la privada, otro rasgo del nuevo sistema educativo que se estaba configurando.

Una vez establecida que la educación sería una prioridad para la Convención, como hemos visto en el Título X, el nuevo Comité de Instrucción Pública se puso a trabajar. Curiosamente, muchos de sus componentes habían pertenecido al Comité de la Asamblea Nacional. Por fin, en diciembre de 1793 la Convención aprobó una ley para desarrollar y garantizar lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución. Se instituyó la instrucción obligatoria y gratuita para todos los niños de 6 a 8 años. Los padres que no mandasen a sus hijos a la escuela podrían perder sus derechos cívicos. Sería responsabilidad municipal la selección, retribución y control de los maestros. En cambio, los libros de texto serían competencia nacional. El estado francés no renunciaba al control del currículo escolar.

En 1794, el Comité de Instrucción Pública presentó el balance sobre lo realizado en el curso 1793-1794. Aunque la investigación ordenada obligaba a todos los distritos a enviar la información a París, no llegaron muchos; pero lo más importante fue la constatación del fracaso de la política establecida, ya que solamente una minoría había abierto la escuela que se había previsto. En noviembre de ese mismo año se elevó un informe que planteaba una alternativa para la enseñanza primaria. Se suprimía la obligatoriedad, y ya no era obligatorio abrir escuelas en todos los municipios, solamente una por cada mil habitantes. Se estipulaba también la remuneración para los maestros y las maestras, siendo menor para éstas. La enseñanza sería segregada. En octubre de 1795 se suprimía la gratuidad de la enseñanza primaria. Los padres deberían sostener a los maestros. Parece evidente el giro conservador en materia educativa en el nivel de primaria. Imaginamos que la supresión de la obligatoriedad y la gratuidad pudieron incidir en los índices de escolaridad, aunque no tenemos datos para afirmar lo que exponemos. Presumimos que los niños eran necesarios en las tareas agrícolas, domésticas y en los talleres. Si no era obligatorio y, además, había que pagar la enseñanza, muchos no debieron ir a la escuela.

En la época del Directorio, además, se dio otra disposición muy importante con relación a la enseñanza, que podríamos definir como secundaria o media. El 25 de febrero de 1795 se aprobaba la creación de escuelas centrales en cada departamento. Se pretendía unificar la enseñanza en Francia. Si se había apostado por la unidad de la República, solamente podía haber unidad en la enseñanza, otro rasgo de la educación que nace de la Revolución francesa, y que se relaciona con la anterior cuestión relativa a los libros de texto. En octubre se publicó el plan de enseñanza de las escuelas centrales. Cada escuela tendría trece profesores que se encargarían de asignaturas específicas: matemáticas, física y química, historia natural (ciencias naturales), lógica, “análisis de las sensaciones y de las ideas”, economía política (el gran saber promocionado por la Ilustración), higiene, artes y oficios, artes y dibujo, gramática, literatura, lenguas vivas y antiguas. Los profesores serían seleccionados, examinados y fiscalizados por un Jurado Central de Instrucción, nombrado por el Comité de Instrucción Pública de la Convención.

Las escuelas tendrían tres secciones en función de la edad de los alumnos. La primera comprendería a los alumnos entre 12 y 14 años. En esta sección se cursaría dibujo, historia natural y las lenguas. Entre 14 y 16 años la formación se basaría en las matemáticas, física y química y lógica. Por fin, la tercera sección abarcaría a los alumnos entre 16 y 18 años, que estudiarían literatura, historia y legislación.

En relación con la enseñanza superior, la Convención estableció una serie de grandes escuelas. La Escuela de Central de Trabajos Públicos se creó en septiembre de 1795, aunque cambió su nombre por Escuela Politécnica, para la formación de ingenieros. El Conservatorio de Artes y Oficios estaba destinado para la formación de técnicos. Se creó también en septiembre de 1795. La Escuela Normal de París se creó para formar a los maestros.

Las Universidades fueron suprimidas por un decreto de 16 de septiembre de 1793. Al año siguiente se crearon, como alternativa en el área sanitaria y científica, tres escuelas de sanidad, en París, Montpellier y Estrasburgo. Estas escuelas contaban con laboratorios, colecciones de ciencias naturales y un hospital. Por su parte, la enseñanza de las humanidades se repartía entre la Biblioteca Nacional, el Museo Arqueológico, el Louvre y el Conservatorio de Música.

Por su parte, el Colegio Real no fue abolido, sino que fue transformado en Colegio de Francia. Las Academias creadas por la Monarquía en distintas épocas fueron reemplazadas por el Instituto Nacional de las Ciencias y Artes, con tres secciones: ciencias físicas y matemáticas, ciencias morales y políticas, y literatura y bellas artes. También estaría el Museo de Historia Natural, heredero del Jardín del rey, y se encargaba de impartir enseñanza superior en ciencias naturales.

Eduardo Montagut