Educación para la ciudadanía en la España liberal

Rodolfo Llopis

Rodolfo Llopis, inspirador e impulsor del sistema educativo progresista durante la II República.

Los sistemas educativos se sustentan en valores que se enseñan de forma explícita o implícita a los alumnos y que están en consonancia con los que informan los sistemas políticos, sociales y económicos donde aquellos se inscriben. Las leyes educativas de nuestro Estado actual han explicitado y explicitan la importancia del aprendizaje de los valores democráticos que son los pilares del mismo, pero en los últimos años se ha desarrollado en España una intensísima polémica entre la izquierda, la derecha y la Iglesia Católica, como principales protagonistas, acerca de la necesidad o no de la asignatura de Educación para la Ciudadanía.. Aunque ninguna de las partes cuestione los valores democráticos sí hay profundas diferencias en algunos aspectos de la interpretación de dichos valores y de otras cuestiones anejas (libertad de enseñanza y de cátedra, etc.) que proceden de las distintas posiciones ideológicas de unos y de otros. Pues bien, en este artículo viajamos a la época liberal para buscar referencias históricas sobre la educación de valores y para conocer, en realidad, una parte del origen lejano de esas diferencias ideológicas, aunque sea de forma aproximada.

El Título IX de la Constitución de 1812 trataba de la Instrucción pública. En el artículo 368 se explicitaba la obligación de que se explicase la Constitución. El Proyecto de Decreto de 7 de marzo de 1814 especificaba que la enseñanza de la Constitución se inscribiría en la denominada segunda enseñanza. Este nivel educativo se organizó en tres áreas: la de las ciencias físicas y matemáticas, la de literatura y artes y la de ciencias morales y políticas. En esta última parte se impartirían un curso de “Moral y Derecho Natural”, otro de “Derecho Político y Constitución” y, por fin, uno de “Economía política y Estadística”. Pero, además, para poder acceder a la denominada tercera enseñanza había que certificar, entre otros, el haber superado el curso de “Derecho Político y Constitución”. En el Dictamen que se presentó sobre el Proyecto, los autores del mismo insistían en la necesidad que los alumnos aprendiesen los fundamentos del derecho político y que conociesen las “reglas de cuya observancia depende el justo régimen y la felicidad de las naciones; y que instruidos en los principios generales de esta ciencia, los apliquen después á su patria, y estudien las leyes fundamentales que la rigen, para ver su consonancia con los principios constitutivos de la sociedad, y amar por convencimiento propio lo que debe respetar por obligación”.

En el Trienio Liberal el Reglamento de 1821 ordenaba que ya en las escuelas públicas de primeras letras los niños tenían que aprender las “máximas de buena moral y los derechos y obligaciones civiles”. En el siguiente nivel educativo –segunda enseñanza- debía establecerse en cada universidad de provincia (asimilable al instituto, en la legislación educativa posterior), una cátedra de Derecho político y Constitución. Pero la legislación liberal no consideraba necesario que las mujeres tuvieran una educación igual a la de los hombres en esta cuestión de los valores, como tampoco en ninguna otra, ya que solamente se abrirían escuelas públicas para enseñar a leer, escribir y contar a las niñas, así como labores y habilidades “propias de su sexo” para las mujeres.

La inclusión del estudio de la Constitución en el sistema educativo que se comenzó a diseñar en Cádiz y se intentó desarrollar en el Trienio Liberal obedece, a nuestro juicio, a dos causas. En primer lugar, los liberales eran conscientes de que había que difundir la Constitución en toda España, una vez que  había sido elaborada y aprobada en un Cádiz sitiado y aislado. Este era un medio que parecía eficaz y que se relaciona con otras iniciativas para crear cátedras o escuelas promovidas por distintas instituciones y corporaciones con el mismo fin. Se trataba de que el texto constitucional fuera conocido porque era la base de un nuevo Estado completamente distinto al anterior, ya que era la primera vez que, realmente, España tenía una Constitución, si exceptuamos el Estatuto de Bayona, más bien Carta Otorgada y que, salvo algunas importantes novedades, no planteaba cambios revolucionarios y sí más bien la culminación del programa reformista ilustrado en versión afrancesada. En segundo lugar, y mucho más importante, los primeros liberales querían educar futuros ciudadanos, no súbditos, enseñar a los alumnos los derechos naturales, el ejercicio de los mismos y el sistema que los garantizaba para que los asimilaran como propios y no como algo impuesto. En todo caso, las mujeres no eran consideradas ciudadanas.

El Plan General de Instrucción Pública de 4 de agosto de 1836 del duque de Rivas establecía en la instrucción secundaria pública y en su nivel elemental una asignatura denominada “Ideología” y otra de “Religión, Moral y Política”, aunque no quede muy claro el contenido de la primera y se unan aspectos religiosos y morales con los políticos en la segunda. Las cuestiones relacionadas con las obligaciones civiles en primaria, según el Reglamento del Trienio Liberal, fueron abandonadas definitivamente a partir de este Plan de 1836, como se puede comprobar en la Ley para plantear provisionalmente el Plan de Instrucción Primaria de 21 de julio de 1838 y el consiguiente Reglamento de las Escuelas Públicas de Instrucción primaria elemental de ese mismo año. Los alumnos de este primer nivel educativo tenían que estudiar solamente los principios de “Religión y Moral”. Algo parecido ocurrió con el Plan Pidal de 1845 relativo a la segunda enseñanza. En el nivel de segunda enseñanza elemental se estudiaba “Religión y Moral”, y  se impartía una asignatura, en el tercer año, denominada “Principios de Psicología, Ideología y Lógica”. En el nivel de ampliación de la segunda enseñanza, en el área de letras, existía una asignatura de “Derecho Político y Administrativo”. En la cuestión que aquí nos atañe, la definitiva Ley Moyano de 1857 liquidó en el programa educativo de la segunda enseñanza las asignaturas que tuvieran que ver con el derecho político.

El abandono del estudio de la Constitución una vez asentado el Estado Liberal puede deberse a varias causas. En primer lugar, se podría argumentar la inestabilidad constitucional que se dio en la época de las Regencias del reinado de Isabel II, aunque el sistema terminaría estabilizándose con la Constitución  moderada de 1845,  texto constitucional definitivo hasta la caída de la reina en 1868, ya que el proyecto del Bienio Progresista no fue aprobado. Pero esas variaciones podían subsanarse cambiando el temario de una posible asignatura sobre la Constitución cuando entrara en vigor una nueva Carta Magna y, además, no hubo grandes diferencias entre la Constitución de 1837 y la de 1845. En realidad, al liberalismo moderado hegemónico no le interesaba que se enseñasen a los alumnos valores relativos al ejercicio de la ciudadanía, aunque se mantuvieran, durante un tiempo, los estudios relativos al derecho y la administración en secundaria porque estas asignaturas proporcionaban conocimientos teóricos y técnicos necesarios para los hijos de la burguesía –únicos que accedían a este nivel educativo- en sus futuros estudios, profesiones o para ejercer los derechos políticos, vetados, realmente para el resto de la población. Pero, como hemos señalado, hasta estas asignaturas desaparecieron en la Ley Moyano. Los hijos de la burguesía ya aprendían en sus casas la esencia y los valores del sistema político liberal que sus padres sustentaban y gobernaban.

El ideario revolucionario de Cádiz, una vez más, fue abandonado por el liberalismo posterior. Es significativo lo que expresaba el preámbulo del Reglamento de las Escuelas Públicas de 1838 en relación con los valores que debían adquirir los alumnos. En el nivel de primaria lo que importaba, además de la instrucción reglada, era enseñar reglas de urbanidad y ofrecer una formación religiosa y moral. El legislador pensaba que la última se había descuidado mucho, como lo probaría una supuesta “corrupción de las costumbres”. Había pues, que fomentar el ejercicio de las denominadas “facultades morales”: paciencia, sobriedad, valor, docilidad, etc.., de la misma manera que se enseñaban las demás materias, es decir, formar españoles obedientes; imaginamos que para que unos se dedicasen a un oficio y no exigiesen derechos políticos y para que los otros fueran buenos y aplicados estudiantes el resto de su vida académica y, de ese modo, reprodujeran el dominio ejercido por sus padres en el sistema político.

Eduardo Montagut. Doctor en Historia.

A vueltas con la República

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En estos tiempos en los que reverdece el espíritu republicano en nuestro país nos acercamos al significado histórico y político del concepto república. Pues bien, estaríamos hablando, efectivamente de un concepto político, pero también jurídico. Procede del latín, “res publica”, opuesto a la “res privata”, es decir, la comunidad política o “cosa pública”, frente al ámbito privado, una diferencia que era muy evidente entre los romanos. En este sentido, se trataría de un término genérico equivalente al bien común. Aunque el origen de la república aparece en el mundo romano, no cabe duda que, realmente encontraríamos el principio republicano en las polis clásicas griegas. Posteriormente, la república se puede asimilar a la “civitas” medieval, dando origen a las repúblicas aristocráticas. En la Europa absolutista, las repúblicas se asociaban a regímenes basados en el derecho y/o en territorios pequeños donde eran posibles gobiernos que, sin ser democráticos, sí estaban sujetos a complejas legislaciones con contrapesos institucionales que impedían la concentración personal del poder, propia de las monarquías absolutas, aunque terminaran controlados por oligarquías. En esta época hubo algunas repúblicas importantes, como la Serenísima de Venecia, por ejemplo. Por otro lado, en el mundo anglosajón surgía el concepto de “commonwealth”, vinculado al significado del bien común.

El concepto moderno de república nace en la época de las revoluciones americana y francesa en el momento que se constituyeron sendas repúblicas, una vinculada al nacimiento de una nueva nación y la otra al destronamiento de un rey y la abolición de la monarquía, aunque no en su primera etapa. Los súbditos pasaron a ser ciudadanos con reconocimiento y garantía de sus derechos y se instauraron democracias representativas con división de poderes.

En nuestro tiempo, la república se puede definir como un sistema de gobierno contrapuesto a la monarquía, y caracterizado por el cambio periódico de la jefatura del estado que tiene un mandato limitado y temporal, frente al principio hereditario de la segunda. La elección de la presidencia de la república varía entre los dos grandes modelos de república que existen. En el caso de las repúblicas presidencialistas, donde el presidente tiene amplios poderes, el jefe del estado es elegido por los ciudadanos, directamente como en el caso francés y en casi todas las repúblicas latinoamericanas e indirectamente, a través de la elección de unos compromisarios, como en Estados Unidos. Por su parte, en las repúblicas no presidencialistas, donde los presidentes tienen poderes muy limitados, éstos suelen ser elegidos por el poder legislativo, como ocurre en los casos alemán o italiano, entre otros. En todo caso, no existe regla fija y cada república tiene su propio sistema, fijado en su constitución respectiva.

Pero si en la historia contemporánea el concepto de república se ha asociado a la democracia representativa, el reconocimiento y garantía de derechos, así como a la división de poderes y en nuestro país esta identificación ha sido evidente, especialmente en relación con la Segunda República y, aún hoy permanece en el pensamiento de gran parte de la izquierda, conviene hacer algunas matizaciones importantes en relación con esta asociación, aunque no aplicables, en nuestra opinión, a la historia española, ya que, con la excepción actual, la democracia solamente ha existido cuando ha habido república. En primer lugar, han existido y existen repúblicas que no han tenido ni tienen respeto alguno por los derechos de sus ciudadanos, donde no ha habido ni hay clara división de poderes y donde la democracia ha brillado por su ausencia. Pensemos en las dictaduras latinoamericanas de los años setenta y ochenta o en algunas repúblicas del universo musulmán, por ejemplo. Por otro lado, ha habido y sigue habiendo un tipo de república asociada a la denominada “democracia popular” y que es una variante del totalitarismo. Pero, además, las monarquías parlamentarias occidentales nada tienen que ver con las monarquías del pasado y poseen los demás principios de las repúblicas democráticas, a excepción del tipo de jefatura del estado.

Otra cuestión es si estamos dispuestos a seguir teniendo una monarquía o no, debate que está inmerso en uno más general sobre la necesidad de profundas  reformas institucionales de nuestro sistema político, en plena crisis de credibilidad del mismo, y que tendrían que ir encaminadas hacia una mejora de la calidad democrática, además de la polémica sobre si la actual monarquía es heredera o no del franquismo, aunque sus funciones no sean, lógicamente, las mismas que las que fueron diseñadas en su momento por Franco en una ley fundamental.

Eduardo Montagut

Los padres en la escuela liberal española

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Como es sabido, los protagonistas indiscutibles en el proceso de enseñanza y aprendizaje son los docentes y los alumnos, pero los padres de los alumnos juegan, por su parte, un papel importante en dicho proceso. En este artículo pretendemos estudiar cómo planteó el sistema educativo liberal español la responsabilidad de los padres en relación con la educación de los hijos en primaria.

La Ley que planteó provisionalmente el Plan de Instrucción Primaria de 1838 estableció en su título VI los deberes de los padres o tutores de los alumnos. El artículo 26 dejaba muy claro que era obligación de los padres o tutores el procurar a los hijos o tutorados “aquel grado de instrucción que pueda hacerlos útiles á la sociedad y á sí mismos”. Pero, además, también involucraba en esta obligación a los poderes públicos, ya que ordenaba a las Comisiones locales de Educación que estableciesen cuantos medios estimasen oportunos para estimular a los padres y tutores legales con el fin de que cumpliesen con ese deber y para remover cuantos obstáculos lo impidiesen. Había que llevar un registro de las acciones emprendidas por estos organismos de la administración educativa, así como, de las amonestaciones impuestas a los padres y tutores. Si esa documentación existe, que no sabemos, sería harto interesante para conocer mejor el absentismo escolar decimonónico español.

La cuestión de las amonestaciones  se desarrolló en la Ley Moyano de 1857. En el artículo séptimo se establecía la obligatoriedad de la enseñanza elemental, y que los padres o tutores debían enviar a las escuelas públicas a sus hijos o pupilos entre los seis y nueve años de edad, a menos que recibiesen instrucción adecuada en casa o en escuelas particulares. El artículo octavo de esta disposición dictaminaba que los que no cumplieren con ese deber, habiendo escuela en el pueblo o una distancia prudencial, serían amonestados por la autoridad y sancionados con una multa de entre 2 y 20 reales.

Pero no basta con acercarnos a la legislación educativa para intentar comprender la cuestión de la responsabilidad de los padres en la educación de los hijos en la época que nos ocupa. El absentismo escolar fue muy alto durante todo el siglo XIX porque la realidad socioeconómica de muchas familias impidió que muchos niños y niñas de condición social humilde, tanto en el campo como en la ciudad, pudieran acudir a la escuela primaria o que permanecieran en la misma hasta el final de esta etapa educativa, aunque la primaria fuera gratuita, siempre que se demostrase la falta de recursos. No sabemos si se pusieron muchas multas o si, realmente, la Administración no se empeñó en hacer cumplir la ley; seguramente, dependió de cada maestro u organismo de control educativo local. Pero el Estado liberal fracasó a la hora de escolarizar a todos los niños y niñas en primaria. Las causas de ese fracaso, por tanto, no se encuentran en la falta de interés de los padres y madres de condición humilde por la educación de sus hijos ni en que, presumiblemente, no se persiguiese sistemáticamente ese absentismo; el problema estaba en otro lugar, como ya hemos señalado, es decir, en la difícil e insegura situación económica de la mayoría de las familias españolas del siglo XIX. Los niños y niñas a edades muy tempranas se incorporaban al mercado de trabajo o colaboraban en las tareas agrícolas. Sus salarios podían ser muy bajos pero eran vitales para que las familias sobreviviesen. No basta con establecer la obligatoriedad de la enseñanza primaria ni estipular multas por incumplimientos de lo dispuesto en la legislación educativa, hacían falta cambios socioeconómicos profundos para que todos los niños y niñas españoles pudieran acudir a la escuela.

Eduardo Montagut. Doctor en Historia.

Pese a quien le pese, somos y seremos la izquierda

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Hoy se cumple un año de esa fecha que marcó un antes y un después en el Partido Socialista Obrero Español. Fecha que a ninguno de los que vivimos ese momento nos gusta recordar, por lo que no volveré a escribir más sobre ello. Quizás se me puede tachar de que estoy removiendo mierda después de todo lo que ha sucedido, que esto ya es cosa del pasado y que hay que mirar solo al futuro, pero afortunadamente, desde aquella tarde-noche una gran parte de la militancia no nos resignamos a aceptar los dictados impuestos por cuatro gerifaltes, miramos hacia el futuro en esos momentos tan duros y supimos que había que hacer justicia ante todo, que es uno de nuestros pilares – defender las injusticias -, como así se ha demostrado.

Tres días antes y tras los sucesos de la dimisión en bloque de diecisiete miembros de la ejecutiva que no encajaba muy bien con la condición estatutaria de la mitad más uno que se tiene que producir para derrocar a nuestro secretario general, escribí un artículo titulado “Sevilla no paga a traidores”. Hoy lo releo con atención y no me arrepiento en nada de lo que ahí dije, porque el tiempo, que da y quita razones, se la ha quitado a algunos y se la ha entregado a quien la tenía.

Aquel 1 de octubre se sacaron las tripas del partido de los obreros a la calle, a las portadas de la prensa, a algunas encuestas, a los titulares del telediario o a los programas sensacionalistas (incluso me atrevería a llamarles del “corazón de la política”). Ferraz se convertía por unas horas en una imagen esperpéntica de lo que había sido en otros tiempos, plasmada en una auténtica hazaña de paparazzi del papel couché; en definitiva, una imagen bochornosa para los y las que nos sentimos socialistas. Todos pudimos apreciar cómo un grupo de trianeros, marismeños, malaguitas, pasiegos, falleros, joteros, belloteros o los del bolo montaban la feria para que se consumara el acto que ya estaba planeado con anterioridad.

No es para menos recordar las frases que salieron por ciertos alientos arrogantes, como ese “Oye Francina, veo que no te has enterado. Yo a este (por Sánchez) le quiero muerto hoy”, que meses más tarde se sentía 100% PSOE y que aquel día derramó lágrimas de cocodrilo porque, según ella, se estaban cargando el partido. O la que pronunció a la salida, abandonando el Comité Federal en mitad de la estacada por José Antonio Pérez Tapias “El PSOE ahora mismo está roto y no veo solución”. Lo que dio pie a que se creara una escuela de alta costura para coser el partido, a la que se unieron grandes modistos y modistas, por supuesto, del prêt-à-porter. De los cuchicheos de pasillo, se oyó decir a través de un móvil “si sigo con Pedro, ¿cómo voy a pagar la hipoteca?”, quien se ha hipotecado al máximo políticamente, defendiendo la abstención y con ello entregando el gobierno a los peperos. O cómo se nos va a olvidar la sargentona, chusquera, que actuaba al puro estilo Luis XIV, sentenciando a la puerta de Ferraz “en este momento la única autoridad que existe en el PSOE  es la presidenta del Comité Federal, que les guste o no a algunos, soy yo”, frase con la que perdió todas sus máximas en la vida política y ni que decir tiene en cuanto a autoridad.

En fin, un trago amargo que tuvimos que pasar todos los que aquel día sentimos que se estaba jugando con esa voz que alto y claro decía “No es No” a un gobierno de Mariano, que los socialistas de sentimiento, con carné y sin él, no habían echado sus papeletas en las urnas para un final tan infeliz y que no querían atarse a las “caenas” de un futuro, bajo el yugo de la derecha más rancia de este país. Hemos podido comprobar en los últimos tiempos, como cuando la socialdemocracia se une o tan solo se acerca a políticas practicadas por los partidos más reaccionarios de esta Europa decadente en sus valores humanos, como ha sido el caso de Grecia con el PASOK, o sin ir más lejos, la del pasado domingo del SPD alemán (también 100%), provoca un irremediable batacazo electoral, podemos considerarnos afortunados, que aquel fatídico día, sábado 1 de octubre, ha quedado ya en una nebulosa, porque apostamos por un lema “No es No”, contra las políticas del PP, que se volvió “Si es Si” en estar al lado de los más desfavorecidos. Hechos que jamás se van a borrar de la historia del partido y que demuestran cómo el poder de la militancia es superior a la de cualquier aparato. Una rebelión militante que se sintetiza hoy por hoy en #SomosLaIzquierda.

RICARDO MARCHAND

Sobre el origen del término “socialismo”

SAINT SIMON

Saint-Simon

El término “socialismo” tiene un origen múltiple. En este trabajo ofrecemos algunas claves sobre el particular.

El primer personaje que empleó la palabra fue Ferdinando Fachinei en el siglo XVIII. Fachinei fue un religioso italiano nacido en 1725, siendo un verdadero sabio de la época en varias materias, con una intensa vida. Al parecer, en 1766 aludió al socialismo como la doctrina de los que defendían el contrato social como el fundamento de la organización social. El fraile empleó este concepto cuando acusó de ser socialista a Cesare Beccaria, autor de la fundamental obra De los Delitos y las Penas (1764), donde separaba el delito del pecado, replanteando la diferencia entre el bien y el mal combatiendo la moral tradicional, y defendiendo fundamentales reformas judiciales. En realidad, Beccaria no habló nunca de las reivindicaciones de los humildes y trabajadores, pero sí del delincuente condenado, planteando aspectos fundamentales en relación con la violencia que se ejercía hacia los condenados, la tortura y la pena capital. Pero todo eso provocó fuertes críticas, como las de Fachinei, aunque, realmente, Beccaria nunca fue un autor socialista. Unos decenios después, el religioso Appiano Buonafede (1716-1793) también aludió a este concepto. Ambos estaban calificando a los autores contractuales como socialistas. Así pues, socialismo tenía una connotación harto negativa.

Pero el concepto moderno de socialismo no nace hasta la década de los años treinta del siglo XIX en Gran Bretaña y Francia, patria una de la Revolución Industrial y de las primeras críticas a sus consecuencias sociales, y cuna la otra de una intensa tradición de intelectuales críticos con la realidad social. El término surge en el momento histórico preciso, cuando Europa estaba cambiando fruto tanto de las revoluciones liberales-burguesas, como de las industriales, generando la sociedad de clases con nuevos problemas y consecuencias.

El concepto se utilizó para designar a los seguidores de Robert Owen en Inglaterra, y de Saint-Simon en Francia. Pierre Leroux, un seguidor de éste, empleó el concepto en el otoño de 1833 en la Revue encyclopédique, donde publicó un artículo que tituló “Del individualismo y del socialismo”. En el trabajo hacía una reflexión y crítica a ambos conceptos, uno porque se basaba en la defensa extrema de la libertad, y el segundo porque pecaba de lo mismo, pero en relación con el principio de asociación. En todo caso, Leroux terminaría por aceptar que era socialista, y así lo expresó en una nueva edición de su escrito, aunque se consideraba un socialista que no combatía los principios de la libertad, algo sumamente interesante para el debate futuro en el universo socialista por la supuesta dicotomía entre libertad e igualdad, así como entre socialismo democrático y socialismo revolucionario hacia soluciones totalitarias.

Por su parte, unos años después, Louis Reybaud publicaba en la Revue des deux mondes unos trabajos titulados “Socialistas modernos dedicados a Saint-Simon, Charles Fourier y Robert Owen, confirmando que en esa década de los treinta había surgido el término.

Eduardo Montagut. Doctor en Historia.

La discriminación positiva en los Estados Unidos: historia y comentarios

MLKIN

La discriminación positiva, conocida en los Estados Unidos como “affirmative action”, se refiere a un programa federal que se puso en marcha con la Administración demócrata del presidente Johnson, uno de los presidentes más comprometidos con las políticas sociales de la historia norteamericana y los derechos civiles, aspectos que han quedado eclipsado por la Guerra de Vietnam. Comenzó en el año 1968. El objetivo de esta política consistía en reducir las desigualdades sociales en el país. Se instaba a las instituciones públicas federales y a los contratistas del Gobierno federal a tener una especial consideración con las minorías étnicas en el momento de las contrataciones laborales. Este plan terminaría extendiéndose a las mujeres a comienzos de la década de los años setenta. La discriminación positiva nacía en el contexto de una década de intensas luchas por los derechos civiles.

Pero esta política suscitó en diversos sectores políticos y sociales norteamericanos una clara oposición. En el año 1978, el Tribunal Supremo emitió un veredicto a propósito del Caso Bakke. Por un lado, esta alta institución que vela por el cumplimiento de la Constitución norteamericana, confirmó que la “affirmative action” era constitucional, pero el empleo de cuotas para favorecer a las minorías violaba la decimocuarta enmienda de la Constitución, relativa a la igualdad. Por lo tanto, era una sentencia un tanto ambigua, que podía interpretarse en un sentido u otro.

La polémica continuó. Al año siguiente se dio otra sentencia relativa a este asunto. El Tribunal Supremo, en un caso de la Unión de Trabajadores Americanos del Acero contra Weber, dictaminó que dar preferencia a los negros en los programas de formación no perjudicaba la promoción profesional de los blancos. En este caso parecía clara que la sentencia era favorable a la discriminación positiva. Las dos sentencias confirmaban la complejidad del asunto y cómo había argumentos constitucionales y legales a favor de una postura o de la otra.

En las dos últimas décadas del pasado siglo aumentó la opinión contraria a la discriminación positiva al interpretar que vulneraba la igualdad, frente a los que consideraban que esta política favorecía, precisamente, la igualdad al apoyar a quienes no partían de las mismas condiciones. Dado el cariz conservador de la época, el Tribunal Supremo fue emitiendo una serie de sentencias que fueron limitando la aplicación y extensión de esta política.

Las políticas de discriminación positiva también son discutidas desde otro punto de vista, porque aunque sean calificadas de positivas no evita que siga presente el concepto de discriminación y su significación negativa. Así pues, hay sociólogos que cuestionan la discriminación positiva por lo que exponemos, porque mantiene en la sociedad la idea de la discriminación.

Eduardo Montagut, Doctor en Historia

Origen y evolución de los partidos políticos

Primer Consejo de Ministros de la II República

Primer Consejo de Ministros de la II República

En estos tiempos de profunda crisis de los partidos políticos planteamos una breve aproximación a su origen y evolución histórica.

Aunque existían “partidos” en el Antiguo Régimen, referidos a facciones clientelares en las cortes de las monarquías absolutas, y que se vinculaban a privados, validos o ministros, en realidad, el origen de los partidos políticos estaría en los procesos revolucionarios liberales, iniciados en el último cuarto del siglo XVIII, con el precedente del parlamentarismo inglés. El derecho a participar en la política que trajo consigo el triunfo de la soberanía nacional generó la necesidad de articular las distintas posturas que aspiraban a estar representadas en los parlamentos en torno a organizaciones políticas con objetivos comunes. Así pues, los partidos terminaron por ser piezas básicas de la relación entre el Estado y la sociedad o, al menos, de la parte de la sociedad con derecho al sufragio. En el Parlamento inglés aparecieron los whigs y los tories, los primeros más partidarios del mismo, frente a los segundos más vinculados a la Corona. El siguiente paso se dio en la Revolución Francesa, surgiendo grupos, destacando entre ellos, los monárquicos constitucionales, los girondinos y los jacobinos, entre otros

En 1832 se aprobó la Reform Act en Gran Bretaña, que fue la primera gran extensión del sufragio en dicho país, incorporando al sistema político a toda la burguesía. Este hecho generó que los viejos whigs tuvieran que organizarse de forma distinta, transformándose en el Partido Liberal, con algunas reglas de disciplina interna y cierta coherencia ideológica, para organizar las elecciones y generar adhesiones personales hacia los líderes. Ese fue el espíritu que terminó por triunfar en los partidos políticos en los Estados liberales europeos: organizaciones de cuadros, élites y comités, donde primaban las fidelidades personales. En realidad, solamente funcionaban en los períodos electorales y no estaban muy cohesionados.

La transformación de los sistemas políticos liberales en democráticos a finales del siglo XIX, es decir, con el triunfo del sufragio universal, provocó un cambio radical en la estructura de los partidos, porque el derecho a participar en política se había extendido a todas las capas sociales, por lo que los partidos si querían acceder a cuotas de poder ya no podían organizarse como antaño. En este sentido, es muy importante la llegada de los partidos socialistas, profundamente interesados en incorporar a los obreros a la vida política, dado el triunfo de las tesis reformistas sobre las revolucionarias en el socialismo occidental. Estas formaciones fomentaron la educación política de las masas, empleando los mítines, las casas del pueblo, la prensa y promoviendo la afiliación. Al crecer de forma considerable, se estructuraron de manera distinta a como lo habían hecho los partidos liberales. Se crearon estructuras burocráticas estables frente a los cuadros y comités episódicos de los partidos liberales. Era el momento en el que nacían los políticos profesionales frente al político liberal burgués que no recibía remuneración por su trabajo político, dada su riqueza personal basada en la propiedad. Los partidos socialistas primigenios eran de aparato, es decir, con una estructura piramidal, basada en secciones o agrupaciones que conformaban un primer nivel. Después, estaban en un segundo nivel las federaciones territoriales hasta el tercer nivel o vértice, que estaba constituido por una comisión ejecutiva con una secretaría general, elegidas por delegados de los niveles inferiores en los congresos.

El éxito organizativo y electoral de los partidos socialistas europeos generó una reacción en los sectores políticos burgueses, conservadores, católicos y nacionalistas, promoviendo la creación de partidos de masas, con estructuras parecidas a los de aparato pero que no se dirigían a una clase social determinada. Este fenómeno comenzó en el período de entreguerras, pero terminó por consagrarse después de la Segunda Guerra Mundial Con el tiempo, los partidos socialistas terminaron por conjugar el modelo de partido de aparato con el de masas, al dirigirse no sólo a la clase obrera.

Conviene tener en cuenta la existencia de los partidos únicos en los Estados totalitarios, con estructuras rígidas, sin democracia interna, y con un líder indiscutible al que se rinde culto y obediencia ciega. Aunque las ideologías que defendían eran distintas, en esta categoría estarían los partidos fascistas y los comunistas de las dictaduras del proletariado. Estos partidos generarían un gran aparato burocrático paralelo al del Estado, aunque con claras interferencias del primero sobre el segundo.

Los nuevos partidos de aparato y de masas, con estructuras internas permanentes, crecientes y complejas, necesitaban recursos para mantenerse. La financiación partiría de las cuotas de afiliación de los militantes, pero terminaron por no ser suficientes. Con el tiempo, los Estados ha tenido que realizar aportaciones proporcionales al peso electoral de los partidos, cifrado en el número de escaños obtenidos en los parlamentos y otras instituciones representativas. Una tercera fuente de financiación vendría de las aportaciones o donaciones externas de particulares y empresas.

Por fin, hay que recordar la cuestión de la mujer en los partidos políticos. Su presencia era inexistente en los partidos liberales, dado que, aunque terminara por imponerse el sufragio universal sobre el censitario, la mujer no tenía derecho al voto ni a participar en política. La lucha sufragista terminó por conseguir el derecho al sufragio, pero no provocó una masiva incorporación de la mujer a la actividad política a través de los partidos. Un sector importante de mujeres de la clase obrera se incorporó a los partidos socialistas, pero tuvieron grandes problemas para tener protagonismo interno y acceder a áreas de poder, con algunas excepciones. Con el tiempo, algunas formaciones políticas, generalmente en la izquierda, terminaron por adoptar políticas de discriminación positiva en la elaboración de listas de cargos orgánicos internos o en las listas electorales para garantizar la presencia femenina.

Eduardo Montagut. Doctor en Historia.

Revolución Liberal e Iglesia Católica en España

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La Revolución Liberal en España generó un nuevo escenario de relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica, en principios conflictivas, aunque terminarían encauzándose hacia la colaboración, fruto del triunfo de las tesis más moderadas o conservadoras del liberalismo español.

La Constitución de 1812 estableció que la religión oficial de España sería la católica, por lo que parecía que se quería contemporizar con el viejo orden en esta materia. En realidad, era la única concesión de los liberales de Cádiz, y parece evidente la influencia del clero liberal que tanta importancia tuvo en la elaboración del texto constitucional.

Pero el liberalismo progresista tenía un proyecto político y económico que afectaba a la Iglesia en su base y poder económicos. La desamortización de Mendizábal supuso la expropiación de los bienes del clero regular para ser vendidos en pública subasta, con el fin de sanear la maltrecha hacienda y generar una clase adicta al nuevo sistema político, obviando, por otro lado, cualquier atisbo de reforma agraria. En consecuencia, una parte muy numerosa del clero abrazó la causa carlista, provocando casi un cisma en el seno de la Iglesia Católica española. La posterior Regencia de Espartero (1840-1843) tensionó mucho más la situación.

La llegada de los liberales moderados al poder de la mano de Narváez en 1844, inaugurando la conocida como Década Moderada, provocó un cambio en la política seguida por el Estado español en materia religiosa, de hondas repercusiones posteriores. El Partido Moderado era favorable a la reanudación de las relaciones con la Iglesia, buscando el apoyo de Roma y de los católicos hacia la reina Isabel II. Las negociaciones fueron arduas porque incluían las cuestiones económicas generadas por la desamortización, y por la necesidad de plantear un orden nuevo de relaciones que no podía seguir siendo el diseñado en el Concordato de 1753, propio del Antiguo Régimen, y que había sido fruto del regalismo español de la época de Ensenada. Pero el papa Gregorio XVI parecía más favorable a que se volviera a la situación anterior.

A causa de la desamortización de Mendizábal se habían vendido casi todos los bienes del clero regular y una parte de los del secular. Ya no se podrían restituir; a lo sumo, se podían paralizar las nuevas subastas y ventas. Además, como el diezmo había sido suprimido, una de las principales fuentes de financiación de la Iglesia había desaparecido y ni los moderados estaban dispuestos a restablecerlo porque conculcaría principios muy básicos del liberalismo en materia fiscal. Pero, por otro lado, el moderantismo aceptó el principio de que el Estado debía encontrar nuevas fuentes de financiación para la Iglesia. Las Constituciones de 1837 y de 1845 establecían que el Estado tenía la obligación de mantener el culto y sus ministros, una prueba más de que no eran textos constitucionales tan distintos, como tradicionalmente se defiende. Había que decidir de dónde se sacaría la financiación y establecer el monto de la misma. Pero esos no eran los únicos problemas relacionados con lo económico. Si el Estado tenía la obligación de mantener a la Iglesia, había que dilucidar si lo debía hacer como compensación por los bienes expropiados y dejar que el clero dispusiera libremente de la cantidad entregada, o si los eclesiásticos recibirían un salario como funcionarios del Estado, algo así como una adaptación española de la constitución civil del clero de la Revolución francesa, salvando los aspectos más radicales de la misma. Comenzaron unas negociaciones que duraron siete años.

En el año 1845 se llegó a un primer acuerdo entre los diplomáticos españoles y los cardenales, en el que diseñaron soluciones a las dos cuestiones que generaban más fricciones: la provisión de las sedes vacantes y la dotación económica de la Iglesia. Pero no se firmó el Concordato por la presión de los progresistas en el Congreso de los Diputados, porque consideraban que era muy favorable para los intereses de la Iglesia. La llegada de Pío IX, un papa más flexible que el anterior, imprimió un poco de dinamismo al proceso negociador.  Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que las tropas españolas colaboraron para que el pontífice recuperara su poder después de la experiencia revolucionaria que había llevado al establecimiento de la República romana con Mazzini. Por fin, el 16 de marzo de 1851 se firmó el Concordato.

El Concordato consagraba la paralización de la venta de los bienes de la Iglesia, aunque, a cambio, tenía que renunciar a reclamar la restitución de los bienes ya vendidos. En realidad, la cuestión de la financiación de la Iglesia comenzó antes. La ley que sacó adelante Mendizábal en 1837 abolía los diezmos, nacionalizaba los bienes del clero secular, y establecía que las rentas que generaban estos bienes debían ser administradas por unas juntas diocesanas para el sostenimiento de la Iglesia. Pero la propia ley creaba una alternativa, ya que el primer medio era insuficiente para el objetivo que se pretendía. La ley creaba la Contribución de Culto y Clero, que debía recaudarse a través de un sistema de repartimiento. A medida que se fueran vendiendo los bienes, la Contribución adquiriría un mayor peso en el conjunto de los fondos destinados para sostener a la Iglesia, hasta que fuera la única fuente. Pero esta reforma de Mendizábal no se pondría en marcha porque al poco tiempo dejó sus responsabilidades políticas por el complot de los moderados que derribó al gobierno de Calatrava.

Cuando regresaron los progresistas al poder en 1840 con Espartero se estableció la Contribución de Culto y Clero, que debía salir de los municipios, encargados de sostener el culto parroquial, de los bienes nacionalizados del clero y de un repartimiento provincial, que se fue elevando año tras año. Los moderados renovaron esta Contribución en el año 1844, aumentando considerablemente su cuantía. Mon, al frente de Hacienda, decidió que saliera de las rentas de los bienes devueltos a la Iglesia, ya que la desamortización fue paralizada en ese mismo año, dentro del intento de restablecer buenas relaciones con la Santa Sede, además de los plazos que faltaban por pagar de las propiedades ya vendidas, así como del producto de la Bula de Cruzada y de los territorios de las Órdenes Militares,  más lo que resultase de un impuesto sobre la riqueza rústica y urbana, ya que, el diezmo no se recuperó. La Iglesia tendría derecho a acumular un patrimonio propio, aunque, desde entonces, pasó a depender, en gran medida, de la asignación presupuestaria del Estado español. Si no se llegaba al total, que ascendía a 150 millones de reales, se recurriría al crédito.

Por otro lado, la Iglesia obtuvo el reconocimiento como única religión de la nación española, así como el carácter católico de la enseñanza en todos los niveles, permitiendo a las autoridades eclesiásticas velar e inspeccionar esta cuestión en los centros de enseñanza. Esta concesión se recogería en la creación del primer sistema educativo nacional con la Ley Moyano, y generaría una intensa polémica en la Universidad Central en los años sesenta entre los krausistas y los neocatólicos. En la misma destacó la intervención de Castelar. Posteriormente, esta cuestión religiosa en la educación provocaría otro conflicto en la recién inaugurada Restauración canovista, y que llevaría a la creación de la Institución Libre de Enseñanza.

Eduardo Montagut. Doctor en Historia.

Aproximación al integrismo español decimonónico

Toledo

Catedral de Toledo

En este artículo estudiaremos la ideología del integrismo y su articulación política en la segunda mitad del siglo XIX en España.

La ideología integrista se basaba en dos pilares: la condena papal del liberalismo y la utilización de la religión como opción política. En las encíclicas Mirari Vos (1832) de Gregorio XVI y Sylabus (1864) de Pío IX se condenaba sin paliativos el liberalismo y se prohibía a los católicos aceptar la separación Iglesia-Estado, la libertad de cultos, el origen humano de la autoridad, es decir, la soberanía nacional, la competencia de las autoridades civiles en materias como la enseñanza o el matrimonio y, por fin, la democracia.

En España el integrismo tenía forzosamente que vincularse al carlismo, pero dicha asociación no fue automática ni completa. El integrismo comenzó a articularse a partir de los años sesenta del siglo XIX de la mano de Cándido Nocedal con la creación de un partido neocatólico que, en el Sexenio Democrático, se acercaría a la causa carlista. Nocedal se hizo con la jefatura del Partido Carlista y lo orientó en este sentido católico integrista. En esta misma época se inició con fuerza el activismo político de su hijo Ramón, especialmente en lo que se refiere a la propaganda, ya que comenzó a difundir las ideas integristas desde el “El Siglo Futuro”. Así pues, el objetivo de ambos Nocedal era ensanchar la base social y electoral del integrismo, queriendo superar lo estrictamente carlista en vista de las derrotas militares que estaba padeciendo después que Cánovas del Castillo se planteara de forma prioritaria acabar con el conflicto bélico, involucrando a Alfonso XII, como modelo de rey-soldado. Pero en el trabajo de hacerse con el espacio político que venía ocupando el carlismo desde los años treinta se presentó un competidor en la figura de Alejandro Pidal que, en 1881 fundó la Unión Católica, consiguiendo atraer a algunos sectores carlistas a la órbita de Cánovas. A la muerte de Cándido Nocedal en 1885, su hijo adquirió todo el protagonismo político en el seno del integrismo.

En 1887 salió a la luz el panfleto del cura Sardá, titulado muy significativamente El liberalismo es pecado, especie de catecismo o programa del integrismo, una ideología que no podía aceptar ninguna premisa o postulado liberal, ni tan siquiera en su versión doctrinaria o más conservadora. En lo organizativo el integrismo se articuló como partido político en España a partir del Manifiesto de Burgos del año 1888. Los integristas incorporaron las doctrinas políticas de la Iglesia, insistiendo en la crítica a la libertad de cultos, a la separación de la Iglesia del Estado, y a la libertad de cátedra y de la ciencia, precisamente en un momento en el que comenzaban con fuerza los impulsos renovadores en la educación y la ciencia españolas de la mano de la Institución Libre de Enseñanza.

El integrismo terminó agotándose por la tendencia a los enfrentamientos en su seno, aunque la Iglesia Católica española se empeñó en intentar aunar las diferencias internas para poder presentar una causa fuerte y común, por lo que se organizaron diversos congresos y reuniones con un evidente fracaso. En todo caso, tuvieron una destacada presencia pública en la España de finales del siglo XIX, ya que no era infrecuente que se manifestaran en peregrinaciones, rosarios y marchas. Esa presencia, a pesar de su evidente debilidad política, enconó los ánimos del anticlericalismo español.

El movimiento se debilitó cuando Ramón Nocedal murió en 1907. Muchos integrantes del integrismo terminaron por vincularse a las distintas extremas derechas que fueron surgiendo en los años veinte y treinta en España.

Eduardo Montagut. Doctor en Historia.