Las marchas del hambre

Trident,_Burmese,_18th_century

En este trabajo nos acercamos a distintos períodos de crisis del pasado siglo XX cuando el hambre movilizó a muchas personas. Nos referimos a las conocidas como “marchas del hambre”, que fueron muy importantes en el Reino Unido, con ejemplos en otros lugares.

Las “marchas del hambre” fueron manifestaciones donde se protestaba porque el paro impedía a muchas personas comer porque no contaban con recursos con los que poder comprar alimentos. Estas protestas surgieron en el Reino Unido en los años veinte. En el año 1922, la crisis post-bélica castigó a Escocia intensamente, ya que afectó a la industria pesada y a los astilleros, que ocupaban a muchos trabajadores. En octubre de ese año un grupo de socialistas y comunistas de Glasgow organizó la primera “marcha del hambre” hacia Londres. En enero de 1929 tuvo lugar otra aún mayor en relación con el número de manifestantes.

Ya en los años treinta, en octubre de 1932, cuando el paro superaba los dos millones y medio de personas, como consecuencia de la Gran Depresión, el Movimiento Nacional de Obreros Parados organizó una “marcha del hambre” con tres mil personas. La marcha comenzó en tres zonas: Glasgow, el sur de Gales y el norte de Inglaterra, y terminó en la capital británica. En Hyde Park se desarrolló una manifestación. Posteriormente se presentó en el Parlamento una petición con un millón de firmas.

En octubre de 1936 se produjo otra importante “marcha del hambre”, la conocida como “Cruzada de Jarrow”, protagonizada por dos centenares de obreros de los astilleros de Jarrow, y que marchó hacia Londres.

Fuera del Reino Unido se puede aludir al caso chileno. Al terminar la Primera Guerra Mundial se produjeron marchas del hambre entre los años 1918 y 1919, asociadas a la crisis de la industria salitrera.

Eduardo Montagut

El regalismo

DSC03924

El regalismo fue una teoría y una práctica política ejercida por las Monarquías católicas en la Edad Moderna en su relación con la Iglesia Católica, que debe ser tenida en cuenta para entender parte de la historia de la formación de los Estados modernos, así como la relacionada con las relaciones entre el poder político y el religioso.

El término de regalismo procede de regalía. Por regalías se entendían los derechos, propiedades y prerrogativas de la Corona. En la Edad Media aparecen como derechos económicos o financieros exclusivos de la Monarquía. Al final de dicha época se terminaron por consolidarse, pero ya referidas a todas las cuestiones de las actividades del rey frente a los derechos o jurisdicciones de otras autoridades, como la Iglesia y la nobleza. En el Fuero Viejo de Castilla se consideraban regalías las funciones que iban unidas esencialmente a la soberanía de la Corona: administración de justicia, acuñación de moneda, levas militares y determinadas rentas como la de la sal.

En la Edad Moderna el concepto de regalía se enriqueció. Por un lado, se mantuvo el que había nacido en el Medievo, pero adquirió un nuevo significado, y que tenía que ver con las prerrogativas del monarca en determinados asuntos religiosos y eclesiásticos. En la época de los Austrias se produjo un conflicto de índole regalista en el año 1632 cuando la Junta Grande Especial elaboró un listado de las quejas y “discordias” de la Corona con Roma. Al año siguiente, se redactó un famoso Memorial que se presentó al papa Urbano VIII.

Después de la Guerra de Sucesión y con la llegada de los Borbones el conflicto entre la Corona y el Papado creció de forma evidente por dos razones. Por un lado, Roma había apoyado al candidato austriaco, y, por otro lado, la Corona francesa se había destacado por arrancar competencias de la Iglesia en Francia, desde su más acusado absolutismo. El nuncio papal llegó a ser expulsado de España.

En tiempos de Fernando VI se firmó, después de complejas negociaciones, en el año 1753 el Concordato con Roma. Por el mismo, la Corona adquiría el Patronato Universal. El Patronato Regio era una concesión papal a la Corona española para la designación y presentación de los beneficios eclesiásticos, y que terminó por convertirse en una regalía. La historia del Patronato Regio es larga. En el siglo XV, con los Reyes Católicos, el papa Inocencio VIII que necesitaba la ayuda de Fernando para defender sus intereses en Italia, le concedió el derecho de presentación de todos los beneficios mayores en el reino de Granada. Este primer paso fue aprovechado por los monarcas para extender su poder y para establecer un modelo a aplicar en América. En 1508, Julio II otorgó a la Monarquía Española el Patronato en toda la Iglesia americana. El Concordato de 1753, como hemos visto, ampliaba este derecho al resto de la Iglesia española, con algunas excepciones. Se trataba de un extraordinario incremento del poder real, ya que los monarcas eran los que nombraban los cargos, y controlaban, indirectamente, sus ingresos, además de obtener algunos de ellos procedentes de los beneficios vacantes mientras no se cubrían.

Eduardo Montagut

La aprobación del sufragio universal en la Restauración

sag

Sagasta

La llegada del sufragio universal en la España de la Restauración se produjo de la mano de Sagasta cuando se hizo cargo de las responsabilidades de gobierno en la Regencia de María Cristina, dentro de un programa político de signo liberal que se aprobó en el denominado Parlamento Largo. Sagasta sacó adelante algunas importantes reformas como la supresión de la esclavitud en Cuba, la Ley de asociaciones de 1887, la Ley del jurado de 1888 y la aprobación del Código Civil en 1889. La discusión sobre el sufragio universal fue, sin lugar a dudas, la que más controversia generó en las Cortes. El proyecto comenzó su andadura con su lectura por parte de Moret en el Congreso a comienzos del mes de diciembre de 1888. La polémica estaba servida, aunque tardaría en producirse la discusión parlamentaria propiamente dicha hasta mayo del año siguiente. El 23 de mayo de 1889 cargó contra el proyecto el diputado conservador Lorenzo Domínguez, pero se quedó allí. La discusión quedó aplazada hasta enero de 1890 cuando Sagasta presentó un nuevo gobierno a las Cortes. Como vemos pasó más de un año hasta que se puso en marcha realmente el proceso parlamentario, pero, como decíamos al principio, la polémica se desató desde el primer momento dentro y fuera del Congreso.

Los partidarios del sufragio universal se basaban en que era necesario por su íntima relación con el principio de la soberanía nacional, aunque la Constitución de 1876 establecía el principio de la soberanía compartida entre la nación y el rey. Los liberales defendían el sufragio universal porque era un compromiso político que habían adquirido, aunque, en realidad, Sagasta no era un fanático del mismo, pero era consciente que su aprobación asentaría más a la Monarquía, le daría una mayor legitimidad con el fin de intentar restar argumentos a los republicanos, que defendían claramente el sufragio universal. Este mismo argumento era aplicado por Sagasta para el caso de la Ley del jurado. Al aprobar las dos disposiciones legislativas consiguió el apoyo del republicanismo posibilista que terminó ingresando en su partido, el representado por Castelar y sus seguidores. Un joven Canalejas se destacó en esta misma tesis cuando asoció la Monarquía con el sufragio. Aquella se fortalecería si podían participar más ciudadanos en el juego político. Otros liberales consideraban que el sufragio universal domesticaría a los obreros, apaciguaría el conflicto social. Este argumento iba más encaminado a convencer a los conservadores, siempre obsesionados con el orden, ya que no estaban interesados en ensanchar el derecho al voto.

Al final la Ley se promulgó el 26 de junio de 1890. Aunque, en principio parecía una victoria de la democracia, aunque las mujeres no pudieran votar, en realidad no supuso una clara democratización del sistema de la Restauración. El sufragio universal no alteró sustancialmente el fraude institucionalizado organizado desde el Ministerio de la Gobernación con el encasillado, pasando por los gobernadores civiles y llegando hasta los caciques. Las mayorías, en cada caso, se construían así, o falseando los resultados, reservando una parte para la oposición, según el turno de partidos.

La principal reforma de este sistema se dio en tiempos del gobierno largo de Antonio Maura con la Ley de 1907 que pretendía avanzar en la democracia, aunque, en realidad, no supuso ningún cambio sustancial. Ha pasado a la Historia por su famoso artículo 29, que determinaba que donde no hubiera más un candidato, quedaría nombrado automáticamente.

Eduardo Montagut

Manuel Azaña en el Partido Reformista

azana1

En este artículo pretendemos acercarnos al primer Azaña político que se desarrolló en paralelo a su intensísima actividad intelectual, y que comienza a ser activo en el reformismo en la segunda década del siglo XX

Las intensas preocupaciones intelectuales de Azaña le condujeron al compromiso político. En su tesis doctoral sobre la responsabilidad de las multitudes, presentada en 1900,  realizó una defensa del derecho de las mismas a alzar la voz para reclamar, ya que, solía basarse en algo que en justicia se le debía, un aspecto harto interesante en el momento en el que las masas comenzaban a reclamar un lugar en el sistema político liberal, además de las crecientes reivindicaciones obreras.

Azaña pertenecía al Ateneo desde el año 1900. En la institución se destacó en varias ocasiones por enfrentarse a la Generación del 98 y al regeneracionismo, criticando la inoperancia de ambos al no comprometerse clara y firmemente con los cambios políticos que necesitaba España. Posteriormente, insistiría en esta crítica en unos artículos de “La Correspondencia de España”. Azaña estaba defendiendo que había que actuar, que no bastaba con el ejercicio intelectual. Dos años después disertó sobre la libertad de asociación en la Academia de Jurisprudencia, en la que ya planteó la necesidad de que el Estado regulase las órdenes y congregaciones religiosas, respetando siempre el derecho a la libertad de enseñanza. Pero, además, Azaña se destacó en esta institución por debatir sobre la legitimidad de los sistemas políticos, defendiendo que solamente lo eran si contaban con un alto grado aceptación. Azaña defendió profundos principios democráticos como el sufragio universal, la soberanía nacional, algo que, en realidad no existía en su época, ya que la Constitución de 1876 consagraba la compartida entre la Corona y la Nación, las instituciones verdaderamente representativas, la libertad de mercado y el derecho de asociación de los obreros. Precisamente, esta idea entroncaría con la parte más social de su ya creciente compromiso político. Nos referimos a sus relaciones con los socialistas de Alcalá de Henares en aquella época y luego en 1911 cuando dio una conferencia titulada El problema español en la Casa del Pueblo, y donde intentaba vincular o articular la cultura con la política. Sin negar que la educación era importante, Azaña quería una reforma profunda del Estado para que fuera realmente democrático, requisito imprescindible para coinicidir con Europa. Esto solamente se podía hacer si los ciudadanos actuaban, conscientes de sus derechos pero, sobre todo, de sus deberes, frente a los poderes sociales que controlaban o mediatizaban a España. Sin lugar a dudas, todas estas ideas y actuaciones de Azaña planteaban claramente la imperiosa necesidad de transformar un ya obsoleto Estado liberal en otro plenamente democrático. Azaña, fiel y consecuente con lo que defendía, daría el salto a la política, a la actuación práctica. Eso llegaría dos años después, en 1913.

Efectivamente, ese año fue clave en la vida de Azaña. Por un lado, fue elegido secretario del Ateneo de Madrid en una candidatura que presidía Romanones, un cargo en el que estaría hasta 1920. Pero en ese año, sobre todo, es fundamental su ingreso en la política al entrar a formar parte del Partido Reformista de Melquíades Álvarez, fundado el año anterior. El nuevo partido político nació como una formación con vocación ideológica democrática, laica y gradualista. Agrupaba a republicanos que no estaban adscritos a ningún partido concreto, profesionales liberales, muchos de ellos ligados a la Institución Libre de Enseñanza y al krausismo. Las ideas del reformismo se manifestaron en la revista España. En 1913 se publicó el “Prospecto de la Liga de la Educación Política de España”, manifiesto impulsado entre otros por Ortega y Gasset y Azaña, a favor de crear una élite que fomentase el avance del verdadero liberalismo y la democracia. Era, en realidad, un texto que apoyaba el programa del Partido Reformista.

Ya dentro del Partido Reformista Azaña pronunció un discurso en el mes de diciembre de 1913 en el que reafirmó sus ideas sobre la democracia parlamentaria, el laicismo, la importancia de emprender activas políticas sociales y culturales y la necesidad de combatir el caciquismo. Azaña quiso presentarse por Alcalá en las elecciones de 1914, pero al final desistió. En ese momento estalló la Gran Guerra, y Azaña se posicionó claramente a favor de la causa aliadófila, entrando en las intensas polémicas que se generaron en España. Pero lo más interesante de esta polémica es que sirvió a Azaña para seguir reafirmando sus ideas. La resistencia francesa ante el casi arrollador avance alemán estaría vinculada, según su opinión, a que el patriotismo estaba estrechamente relacionado con la virtud cívica. Visitó los frentes de guerra en Francia, y posteriormente, en Italia. En la Primera Guerra Mundial comenzó su interés por los temas militares, de tan hondas repercusiones posteriores e inmediatas, porque le sirvió para dictar una serie de conferencias en el Ateneo y preparar un proyecto de publicaciones al respecto, además de ser encargado por el Partido Reformista para la elaboración del programa de reforma militar en España.

Azaña no tuvo éxito electoral con el Partido Reformista. En 1918 fracasó en su pretensión de salir diputado por el distrito electoral de Puente del Arzobispo. Anteriormente, había desistido de presentarse por su localidad natal, Alcalá de Henares. Tampoco consiguió ser elegido en 1923, en una elección especialmente conflictiva.

Eduardo Montagut

Los orígenes del antimilitarismo en España

vlcsnap-2016-05-06-13h13m01s131 

La oposición al ejército ha adoptado diversas formas a lo largo de la Historia española. En este artículo nos centraremos en la oposición que en amplias capas populares generó el reclutamiento y el servicio militar en la crisis del Antiguo Régimen y en la época liberal.

Al parecer, se puede detectar un claro rechazo a servir al rey en las armas ya en el Antiguo Régimen. Algunos textos del siglo XVIII nos informan de este rechazo, que pudo darse de forma paralela al descontento fiscal o ante la escasez y subida del precio del pan y otros víveres. La desconfianza popular hacia el ejército se sustentaba en las experiencias que se vivían a causa de los desmanes y daños económicos que las tropas ocasionaban cuando se alojaban en los pueblos y aldeas camino de alguna campaña militar.

Pero la cuestión se complicó cuando se produjo el cambio del sistema de reclutamiento en tiempos del rey Carlos III, el gran reformador del ejército, ya que se transformó en un sistema regular anual. Eso provocó un evidente rechazo. Al igual que existieron motines provocados por las crisis de subsistencia y/o por la presión fiscal, también los hubo contra las quintas, como el acontecido en Barcelona en 1773. Los territorios forales, por su parte, también experimentaron protestas porque, además, allí se aludía a que las quintas iban contra los fueros y costumbres propias. Es significativo que entre uno de los diversos factores que propiciaron el triunfo del pronunciamiento de Riego en 1820 estaría el del rechazo de la tropa a marchar a América a luchar contra los insurgentes, habida cuenta del peligro del viaje y, sobre todo, de lo penoso del servicio tan lejos, lleno de riesgos frente a quiénes luchaban por su independencia.

El Estado liberal introdujo, por su parte, novedades en relación con el reclutamiento que generarían un nuevo motivo de protesta. Aunque el liberalismo había promulgado el derecho y deber de todos los españoles de defender a la patria, en consonancia con lo que se venía defendiendo desde la Revolución Francesa, muy pronto se conculcó este principio. La Ley de Quintas del Trienio Liberal abrió la puerta a las excepciones, ya que establecía que el servicio militar podía ser desempeñado mediante sustitutos. La Ordenanza de 1837 creó la fórmula de la redención en metálico para librarse del servicio bajo pago de una cantidad, y la figura de la sustitución, por la que también mediante pago, un quinto prestaba servicio por otro. Era evidente que solamente los hijos de las clases elevadas podían afrontar estos desembolsos, por lo que casi exclusivamente prestaban el servicio militar los hijos de los obreros y campesinos. Tenemos que tener en cuenta que el servicio militar era muy largo, impidiendo poder trabajar y desarrollar una vida propia, y con unas condiciones nada prometedoras y sí muy degradantes. Para rematar lo poco atractivo del servicio estaba el largo tiempo en el que un soldado licenciado seguía a disposición de las autoridades militares para ser llamado a filas ante el estallido de un conflicto. Pensemos en la dureza de las guerras carlistas, especialmente de la primera, o después de las guerras en Cuba y Filipinas donde, por lo demás, era casi más fácil morir de una enfermedad que en combate.

Muchos motines del siglo XIX combinaron la protesta fiscal contra los consumos, los odiados impuestos indirectos sobre productos de primera necesidad con la protesta contra las quintas. El apoyo popular a la Revolución de 1868 que derribó el sistema liberal isabelino y que pretendió construir uno mucho más democrático se basó en las supuestas promesas de abolición de las quintas. Pero el Gobierno Provisional optó por un reformismo más político que social frenando todos los impulsos radicales. El caso de las quintas, en este sentido, es significativo, porque se mantuvieron. Este hecho desencadenó protestas y revueltas. Importantes fueron las que se dieron en Cataluña y Andalucía exigiendo el fin de las mismas. Los republicanos federalistas prometieron, establecida la Primera República, su abolición, pero, como es sabido, dicho proyecto político duró muy poco tiempo.

A finales del siglo XIX, el antimilitarismo creció y se hizo más sofisticado, ya que recibió la influencia del movimiento obrero, por lo que se planteó desde diversos puntos de vista y de forma más global, atacando al ejército de forma contundente. Famoso fue el periódico El Globo, a mediados de la última década del siglo, con sus artículos demoledores sobre la vida de los oficiales y la hipocresía del valor patriótico. El socialismo español desarrolló una intensa campaña contra la redención planteando que atacaba la igualdad cuando estalló la Guerra de Cuba, aunque el conflicto fue criticado en su totalidad por más razones.

El Desastre del 98 abriría una nueva etapa en la Historia del antimilitarismo en España, a las puertas del intenso siglo XX.

Eduardo Montagut. Doctor en Historia.

Los inicios del catalanismo

mapa cataluña

El centralismo del Estado liberal frustró las aspiraciones de los catalanes en la compleja Revolución Liberal española. En las décadas centrales del siglo XIX surgió el fenómeno cultural de la Renaixença, produciéndose una clara recuperación de la lengua y cultura catalanas. Era el primer paso para el nacimiento del catalanismo político.

Durante el Sexenio Democrático (1868-1874) comenzó a plantearse que Cataluña tenía una personalidad específica. A través del republicanismo federal se aspiraba a contar con instituciones políticas y administrativas propias, pero la Restauración frustró esta aspiración aunque, no cabe duda, que gran parte de la burguesía catalana apoyó el regreso de los Borbones y el establecimiento de un sistema político muy conservador y centralista. Primaban más sus intereses económicos que los catalanistas.

Al final de la década de los años setenta del siglo XIX comenzaron a surgir personalidades, asociaciones y grupos defensores de los derechos específicos de Cataluña. En 1879, el antaño republicano federalista Valentí Almirall sacó el Diari Català, primer periódico en catalán, e intervino en la creación del Centre Català, una entidad que se encargó de defender los intereses económicos y culturales de Cataluña y que convocó varios congresos catalanistas. En 1885 redactó el Memorial de Greuges, que fue entregado al rey Alfonso XII. En 1886 publicó Lo catalanisme, donde se establecían los acontecimientos históricos catalanes y se sentaban las bases del catalanismo. Almirall fue uno de los más encendidos críticos de la celebración de la Exposición Universal de Barcelona de 1888 por considerarla un escaparate de la Monarquía borbónica centralista.

En el sector conservador y burgués aparecieron las figuras de Joan Mañé i Flaquer, Enric Prat de la Riba, Duran i Ventosa, y Puig i Cadafalch, además de asociaciones como la Lliga de Catalunya de 1887 y la Unió Catalanista de 1891. Esta última redactó las importantísimas Bases de Manresa de 1892.

Entre los días 25 y 27 de marzo de 1892 en Manresa, la Unió Catalanista organizó una asamblea de delegados con el fin de elaborar el programa político de la entidad. El resultado fueron las Bases per la Constitució Regional Catalana, más conocidas como las Bases de Manresa. El presidente de la asamblea fue Lluís Domènech i Montaner, actuando como secretarios Enric Prat de la Riba y Josep Soler i Palet. Las Bases tenían una inspiración federal y apelaban a las antiguas leyes o libertades catalanas previas a 1714.

Al finalizar el siglo XIX, el catalanismo se encontraba muy desarrollado. Se trataba de un sentimiento arraigado que defendía la existencia de una identidad lingüística y cultural propias y que generó un sentimiento de orgullo. Este catalanismo era aún regionalista, aceptando la pertenencia a España, ya que en las Bases de Manresa se reivindicaba el poder político para Cataluña pero dentro del Estado español.

El desastre de 1898 provocó una situación de enfrentamiento entre el poder central y los nacientes regionalismos no españolistas, que pasaron a ser nacionalistas. En este sentido es muy interesante la Carta de Duran i Bas a Francisco Silvela del 5 de enero de 1899:

“Va acentuándose aquí la creencia de que dentro de breves años sufrirá España una desmembración; este peligro comienza a mirarse como natural y, lo que es más triste, con indiferencia. Se reconoce que Cataluña podrá ser absorbida por Francia, pero lo más alarmante del hecho es que la contestación que se da a los que hacen tal advertencia es la siguiente: peor gobernados que por la gente de Madrid no lo podemos estar. Usted, conociendo ahora estos hechos, apreciará si en su próximo discurso le conviene apoderarse de algunas de las afirmaciones del general Polavieja que más entusiasmo han producido aquí, en Zaragoza y algunos otros puntos, y si le conviene, como yo creo, ser explícito, tanto para inspirar a las clases neutras como para calmar la excitación de los regionalistas de Cataluña, Vascongadas y Galicia, los más peligrosos por su proximidad a Francia y a Portugal”.

El catalanismo adquirió fuerza política con las aspiraciones de Polavieja, que presentó un manifiesto el primero de septiembre de 1898 donde, además de criticar el caciquismo, la corrupción administrativa, y plantear la necesidad de reformas educativas y hacendísticas, hizo una defensa de la descentralización. Para este militar era una necesidad imperiosa que la vida económica del país se desenvolviera sin las trabas de la centralización que ya levantaba protestas alarmantes.

El catalanismo siguió sin ser segregacionista, pretendiendo regenerar desde la periferia el desastre en el que se había precipitado España.

La burguesía catalana implicada e integrada en el sistema político optó, ante la situación de crisis general, por aliarse con los defensores del catalanismo en una coalición electoral que triunfaría en las elecciones de 1901. Estaríamos en el inicio de la creación del primer partido catalán conservador, la Lliga Regionalista de Francesc Cambó y Prat de la Riba. El principal objetivo del partido sería lograr la autonomía dentro del Estado español. Por fin, el catalanismo conservador basculó entre su deseo autonómico y su preocupación por el auge del movimiento obrero anarcosindicalista en Cataluña.

Eduardo Montagut. Doctor en Historia.

ARCO CON LAPSUS

IMG-20171022-WA0093

 

El Presidente y el Vicepresidente de Arco Europeo, José Antonio García Regueiro y Alfonso Gómez Prieto, participarán hoy en la presentación de dos libros dirigidos y coordinados por las Co-directoras de la asociación psicoanalítica Lapsus de Toledo, Cristina Jarque y Dolores Burgos.

Os esperamos

 

Los refugiados: ayer y hoy

14412067064761

Los Estados no consiguen o no desean acabar con la existencia de los refugiados. Los conflictos de todo tipo que saltan en cualquier lugar, siguen generando refugiados, miles, decenas de miles de refugiados. En este trabajo pretendemos realizar algunas reflexiones sobre estas personas que huyen de la persecución, del hambre, de las guerras, del horror, incidiendo en la prevalencia en el tiempo de este terrible fenómeno de sufrimiento humano.

Un refugiado es la persona que, a causa de una guerra, conflicto, revolución, golpe de estado o persecución se ve obligada a huir de su país e intentar trasladarse a otro. Un refugiado vive en la inseguridad jurídica porque no tiene la protección de su país de origen y, al carecer de la nacionalidad de su país de acogida, solamente posee un estatuto legal distinto al de la población autóctona.

En el siglo XX, las dos grandes guerras mundiales, especialmente la segunda, junto con otros conflictos más locales, pero no menos intensos, generaron millones de refugiados. El siglo XXI no ha comenzado mucho mejor.

En el período de entreguerras la Sociedad de Naciones abordó la cuestión creando en 1921 la Oficina Nansen, atendiendo con prioridad a los refugiados rusos que huían de la Revolución y la Guerra Civil y a los armenios. En este sentido, se creó el denominado Pasaporte Nansen, un documento o cédula personal, debidos al explorador y diplomático noruego Fridjof Nansen en 1922, y que permitía trasladarse al refugiado. Pero este período de gran inestabilidad política, salpicado de durísimos enfrentamientos, como el de la guerra civil española, trajo nuevos y más refugiados. El triunfo del totalitarismo fascista provocó otro aluvión de personas que intentaban escapar. En 1938 se fundó la Organización Internacional para los Refugiados, un hecho capital en la historia porque generó la creación de la figura jurídica del refugiado, que pretendía acabar o mitigar la indefensión legal de la persona que tenía que huir para salvar la vida. Era el primer paso para crear un estatuto.

Al terminar la Segunda Guerra Mundial y crearse la ONU la cuestión de los refugiados se hizo prioritaria porque se calcula que había que atender a unos sesenta millones de refugiados. Hasta 1951 no se pudo reorganizar esta situación de forma global con la creación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Este organismo se cuida de la protección, asentamiento, repatriación voluntaria, y todo lo relacionado con el refugiado.

La figura del refugiado ha adquirido nuevas dimensiones desde mediados del pasado siglo porque también ha terminado por aceptarse bajo esta condición a quienes huyen de catástrofes naturales de todo tipo, como las sequías, por ejemplo.

La dimensión de la cuestión de los refugiados, que no mengua con el tiempo, crea nuevos problemas a los países de acogida. Parte de las poblaciones huéspedes generan rechazo ante los refugiados y más en tiempos de crisis porque consideran que compiten por recursos escasos, como el trabajo o los servicios. Pero también es cierto que provocan efectos positivos relacionados con el crecimiento económico y hasta en la demografía. En los países de acogida se generan intensos debates y hasta conflictos entre los defensores de la solidaridad, apelando a los sentimientos de empatía, y los sectores contarios a la llegada de alto número de personas que huyen, jaleados, por su parte por el auge de los sentimientos xenófobos y de extrema derecha, parecidos a los que se suscitan con la inmigración extranjera. El terrorismo actual alimenta estos miedos con un discurso harto manipulador, no sustentado nunca en hechos reales relevantes.

Eduardo Montagut.-Doctor en Historia.

Revolución Liberal e Iglesia Católica en España

17102009651

La Revolución Liberal en España generó un nuevo escenario de relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica, en principios conflictivas, aunque terminarían encauzándose hacia la colaboración, fruto del triunfo de las tesis más moderadas o conservadoras del liberalismo español.

La Constitución de 1812 estableció que la religión oficial de España sería la católica, por lo que parecía que se quería contemporizar con el viejo orden en esta materia. En realidad, era la única concesión de los liberales de Cádiz, y parece evidente la influencia del clero liberal que tanta importancia tuvo en la elaboración del texto constitucional.

Pero el liberalismo progresista tenía un proyecto político y económico que afectaba a la Iglesia en su base y poder económicos. La desamortización de Mendizábal supuso la expropiación de los bienes del clero regular para ser vendidos en pública subasta, con el fin de sanear la maltrecha hacienda y generar una clase adicta al nuevo sistema político, obviando, por otro lado, cualquier atisbo de reforma agraria. En consecuencia, una parte muy numerosa del clero abrazó la causa carlista, provocando casi un cisma en el seno de la Iglesia Católica española. La posterior Regencia de Espartero (1840-1843) tensionó mucho más la situación.

La llegada de los liberales moderados al poder de la mano de Narváez en 1844, inaugurando la conocida como Década Moderada, provocó un cambio en la política seguida por el Estado español en materia religiosa, de hondas repercusiones posteriores. El Partido Moderado era favorable a la reanudación de las relaciones con la Iglesia, buscando el apoyo de Roma y de los católicos hacia la reina Isabel II. Las negociaciones fueron arduas porque incluían las cuestiones económicas generadas por la desamortización, y por la necesidad de plantear un orden nuevo de relaciones que no podía seguir siendo el diseñado en el Concordato de 1753, propio del Antiguo Régimen, y que había sido fruto del regalismo español de la época de Ensenada. Pero el papa Gregorio XVI parecía más favorable a que se volviera a la situación anterior.

A causa de la desamortización de Mendizábal se habían vendido casi todos los bienes del clero regular y una parte de los del secular. Ya no se podrían restituir; a lo sumo, se podían paralizar las nuevas subastas y ventas. Además, como el diezmo había sido suprimido, una de las principales fuentes de financiación de la Iglesia había desaparecido y ni los moderados estaban dispuestos a restablecerlo porque conculcaría principios muy básicos del liberalismo en materia fiscal. Pero, por otro lado, el moderantismo aceptó el principio de que el Estado debía encontrar nuevas fuentes de financiación para la Iglesia. Las Constituciones de 1837 y de 1845 establecían que el Estado tenía la obligación de mantener el culto y sus ministros, una prueba más de que no eran textos constitucionales tan distintos, como tradicionalmente se defiende. Había que decidir de dónde se sacaría la financiación y establecer el monto de la misma. Pero esos no eran los únicos problemas relacionados con lo económico. Si el Estado tenía la obligación de mantener a la Iglesia, había que dilucidar si lo debía hacer como compensación por los bienes expropiados y dejar que el clero dispusiera libremente de la cantidad entregada, o si los eclesiásticos recibirían un salario como funcionarios del Estado, algo así como una adaptación española de la constitución civil del clero de la Revolución francesa, salvando los aspectos más radicales de la misma. Comenzaron unas negociaciones que duraron siete años.

En el año 1845 se llegó a un primer acuerdo entre los diplomáticos españoles y los cardenales, en el que diseñaron soluciones a las dos cuestiones que generaban más fricciones: la provisión de las sedes vacantes y la dotación económica de la Iglesia. Pero no se firmó el Concordato por la presión de los progresistas en el Congreso de los Diputados, porque consideraban que era muy favorable para los intereses de la Iglesia. La llegada de Pío IX, un papa más flexible que el anterior, imprimió un poco de dinamismo al proceso negociador.  Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que las tropas españolas colaboraron para que el pontífice recuperara su poder después de la experiencia revolucionaria que había llevado al establecimiento de la República romana con Mazzini. Por fin, el 16 de marzo de 1851 se firmó el Concordato.

El Concordato consagraba la paralización de la venta de los bienes de la Iglesia, aunque, a cambio, tenía que renunciar a reclamar la restitución de los bienes ya vendidos. En realidad, la cuestión de la financiación de la Iglesia comenzó antes. La ley que sacó adelante Mendizábal en 1837 abolía los diezmos, nacionalizaba los bienes del clero secular, y establecía que las rentas que generaban estos bienes debían ser administradas por unas juntas diocesanas para el sostenimiento de la Iglesia. Pero la propia ley creaba una alternativa, ya que el primer medio era insuficiente para el objetivo que se pretendía. La ley creaba la Contribución de Culto y Clero, que debía recaudarse a través de un sistema de repartimiento. A medida que se fueran vendiendo los bienes, la Contribución adquiriría un mayor peso en el conjunto de los fondos destinados para sostener a la Iglesia, hasta que fuera la única fuente. Pero esta reforma de Mendizábal no se pondría en marcha porque al poco tiempo dejó sus responsabilidades políticas por el complot de los moderados que derribó al gobierno de Calatrava.

Cuando regresaron los progresistas al poder en 1840 con Espartero se estableció la Contribución de Culto y Clero, que debía salir de los municipios, encargados de sostener el culto parroquial, de los bienes nacionalizados del clero y de un repartimiento provincial, que se fue elevando año tras año. Los moderados renovaron esta Contribución en el año 1844, aumentando considerablemente su cuantía. Mon, al frente de Hacienda, decidió que saliera de las rentas de los bienes devueltos a la Iglesia, ya que la desamortización fue paralizada en ese mismo año, dentro del intento de restablecer buenas relaciones con la Santa Sede, además de los plazos que faltaban por pagar de las propiedades ya vendidas, así como del producto de la Bula de Cruzada y de los territorios de las Órdenes Militares,  más lo que resultase de un impuesto sobre la riqueza rústica y urbana, ya que, el diezmo no se recuperó. La Iglesia tendría derecho a acumular un patrimonio propio, aunque, desde entonces, pasó a depender, en gran medida, de la asignación presupuestaria del Estado español. Si no se llegaba al total, que ascendía a 150 millones de reales, se recurriría al crédito.

Por otro lado, la Iglesia obtuvo el reconocimiento como única religión de la nación española, así como el carácter católico de la enseñanza en todos los niveles, permitiendo a las autoridades eclesiásticas velar e inspeccionar esta cuestión en los centros de enseñanza. Esta concesión se recogería en la creación del primer sistema educativo nacional con la Ley Moyano, y generaría una intensa polémica en la Universidad Central en los años sesenta entre los krausistas y los neocatólicos. En la misma destacó la intervención de Castelar. Posteriormente, esta cuestión religiosa en la educación provocaría otro conflicto en la recién inaugurada Restauración canovista, y que llevaría a la creación de la Institución Libre de Enseñanza.

Eduardo Montagut. Doctor en Historia.

Teoconservadurismo

IMG_20160507_184852

La Iglesia española sigue defendiendo el teoconservadurismo, a pesar de los aires frescos que, en cierta medida, pudieran proceder del Vaticano. El teoconservadurismo puede ser definido como un movimiento religioso que hace una nueva formulación de la tradicional teocracia de la Iglesia Católica. La teocracia es una concepción que supedita el poder temporal al espiritual, pero, lógicamente, esta teoría tiene que ser defendida en las democracias de forma distinta a cómo se formulaba y desarrollaba en el Antiguo Régimen con sociedades estamentales tradicionales muy controladas y con monarquías absolutas de derecho divino, no valiendo, tampoco el discurso nacional-católico, en el caso español, porque está salpicado con la mancha indeleble del franquismo, aunque eso no impida que algún eclesiástico añore aquella etapa histórica.

El teoconservadurismo se desarrolla en relación con el neoconservadurismo y el neoliberalismo que, en los ochenta, comienzan a hacer furor en las tendencias y formaciones políticas de la derecha. Juan Pablo II resucitó la vieja máxima de la Iglesia que establecía que fuera de la misma no habría salvación y encuentra una respuesta favorable a sus tesis en los máximos mandatarios occidentales, en Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que sin ser católicos comprenden que la Iglesia Católica es un poderoso aliado ideológico no sólo en su lucha contra el comunismo sino, también en su cruzada por el rearme moral conservador paralelo al triunfo del neoliberalismo económico, ya que el Papa prima el discurso moral sobre el de la justicia social, más propio de la democracia cristiana tradicional. El teoconservadurismo encuentra en Benedicto XVI un teórico mucho más fino y sofisticado, aunque ya había ejercido su influencia en el pontificado anterior. En la encíclica Spe Salvi (2007) la democracia es considerada como una verdadera falacia porque se basaría en la soberanía popular que no estaría supeditada a la voluntad divina que administra la Iglesia Católica.

En realidad, se está diciendo, con otras palabras, que la soberanía debe regresar a su verdadero origen divino, es decir al lugar donde estuvo hasta que se produjo la Revolución francesa. De ese modo, la Iglesia decide intervenir y presionar, con los medios de la sociedad moderna, en las materias en las que considera que tiene potestad absoluta, abandonando el espíritu tolerante del Concilio Vaticano II, como son las cuestiones referidas a la reproducción artificial, la investigación médica con células-madre, los derechos de gays, lesbianas y transexuales, las terapias contra el dolor, la eutanasia, el aborto, el matrimonio, el divorcio y la educación, cuestionando la potestad del poder legislativo para legislar en un sentido que no sea el estrictamente marcado por la moral católica en su versión integrista. Eso supone, por un lado, un ataque a la legitimidad de las instituciones de un Estado democrático y, por otro, el intento de imponer una determinada moral a toda la sociedad.

En el caso español, esta tendencia del teoconservadurismo encuentra en el Partido Popular un gran aliado, primero en Aznar y Mayor Oreja, pero, y luego en algunos de los ministros del primer gobierno de Rajoy, de mucho mayor perfil ideológico, como lo demostrarían los ministros Fernández Díaz, Gallardón y Mato.

Eduardo Montagut. Doctor en Historia.