Fuerzas armadas y Constitución de Cádiz

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La Constitución de 1812 dedicó su Título VIII a tratar sobre lo que se denominó “la fuerza militar nacional”. La importancia de los dos capítulos de este Título es fundamental en la historia de España porque diseñaba por vez primera lo que el liberalismo esperaba de las fuerzas armadas. En este trabajo solamente aludiremos al primero de dichos capítulos, sin tratar exhaustivamente la cuestión de la Milicia Nacional.

El nuevo Estado debía contar con una fuerza militar nacional permanente, de tierra y mar para la defensa exterior de España, pero también para la conservación del orden interior, aspecto éste de hondas repercusiones a lo largo de toda la historia contemporánea de nuestro país, ya que se interpretó de dos maneras. Por un lado, la Milicia Nacional se encargaría de preservar el orden constitucional frente a sus enemigos, pero, por otro el liberalismo más moderado o conservador consideró que el ejército debía contribuir al orden público; de ahí el carácter militar con el que nacería la Guardia Civil en la Década Moderada del reinado de Isabel II. La composición de las fuerzas debía ser aprobada por las Cortes, así como el método para levantarlas, es decir, era una materia de tal calibre que era el poder legislativo el competente en esta cuestión. Esto era aplicado a los buques de la denominada marina militar.

Las Cortes eran competentes también en la forma de organización militar, ya que debían aprobar las ordenanzas respectivas, que abarcarían la disciplina, los ascensos, salarios y administración.

Para contar con un ejército y marina modernos había que cuidar la formación, por lo que había que establecer escuelas militares para todas las armas.

Por fin, se estableció la imposibilidad de excusarse del servicio militar.

Como es sabido, en el Trienio Liberal esta Constitución estuvo en vigor. Las Cortes, por su parte, aprobaron dos leyes relativas a las fuerzas armadas. En primer lugar estaría la Ley Constitutiva del Ejército de junio de 1821, y luego la Ley Orgánica de la Armada de diciembre de dicho año. Las Cortes del Trienio reforzaron el control de las fuerzas militares, en la línea marcada por la Constitución.

Eduardo Montagut

Educación y liberalismo democrático en el XIX

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La Revolución de 1868 comenzó a gestarse con el Pacto de Ostende (1866), uniendo a progresistas y demócratas contra el sistema isabelino. A la muerte de O’Donnell, los unionistas se unirían al pacto. La revolución se inició el 17 de septiembre de 1868 con la sublevación del almirante Topete en la bahía de Cádiz, apoyado por Prim (progresista) y Serrano (Unión liberal). El movimiento se extendió por la geografía española con levantamientos populares y organización de juntas revolucionarias locales. Serrano venció al ejército gubernamental en la batalla de Alcolea. La reina huyó a Francia. Ese es el momento en el que se constituyó un gobierno provisional presidido por el general Serrano y se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal directo para enero de 1869.

Pues bien, en el Manifiesto del Gobierno provisional donde se exponían los principios fundamentales proclamados por la Revolución, y publicado el 25 de octubre de 1868, la educación adquiere un protagonismo que no había tenido en otros manifiestos y proclamas. Este manifiesto se fundamenta en los principios liberales progresistas y democráticos, en la defensa del sufragio universal y de las libertades: de culto, de imprenta (expresión), de reunión, asociación y de educación, frente a la concepción moderada y conservadora del liberalismo, que había dominado en el sistema político isabelino.

Del Manifiesto entresacamos el párrafo dedicado a la enseñanza:

“La libertad de enseñanza es otra de las reformas cardinales que la revolución ha reclamado y que el Gobierno provisional se ha apresurado a satisfacer sin pérdida de tiempo. Los excesos cometidos en estos últimos años por reacción desenfrenada y ciega, contra las espontáneas del entendimiento humano, arrojado de la cátedra sin respeto a los derechos legal y legítimamente adquiridos y perseguido hasta en el santuario del hogar y de la conciencia; esa inquisición tenebrosa ejercida incesantemente contra el pensamiento profesional, condenado a perpetua servidumbre o a vergonzoso castigo por Gobiernos convertidos en auxiliares sumisos de oscuros e irresponsables poderes; ese estado de descomposición a que había llegado la instrucción pública en España, merced a planes monstruosos, impuestos, no por las necesidades de la ciencia, sin por las estrechas miras de partido y de secta; ese desconcierto, esa confusión, en fin, cuyas consecuencias hubieran sido funestísimas a no llegar tan oportunamente el remedio, han dado al Gobierno provisional la norma para resolver la cuestión de la enseñanza, de manera que la ilustración, en vez de ser buscada vaya a buscar al pueblo, y no vuelva a verse el predominio absorbente de escuelas y sistemas más amigos del monopolio que de la controversia”.

Como se puede comprobar, el Manifiesto criticaba el sistema educativo de la época de Isabel II, establecido desde presupuestos muy conservadores y con veladas alusiones a la Iglesia, sin citarla explícitamente. Es muy importante la alusión a la falta de libertad de cátedra. Tenemos que recordar el incidente provocado por un artículo del profesor Emilio Castelar, titulado “El rasgo”, donde se criticaba a la reina por no haber cedido todo su patrimonio con el fin de reducir la deuda pública. Castelar fue apartado de su cátedra, así como otros profesores de la Universidad de Madrid. Los estudiantes se manifestaron, sufriendo una brutal represión, con varios muertos y heridos, en la conocida como noche de San Daniel de 1865.

La libertad de enseñanza se reguló en el Decreto de 21 de octubre de 1868. En la disposición se establecía que el Estado carecía de autoridad para condenar las teorías científicas y debía dejarse a los profesores en libertad para exponer y discutir lo que pensasen. También, debían ser libres para elegir métodos de enseñanza y libros de textos, así como para elaborar sus programas educativos. Estas disposiciones consagraban la libertad de cátedra. También, se ratificaba la libertad absoluta para crear centros educativos, sin limitación alguna; de hecho, la Constitución de 1869 establecía en su artículo 24 que todo español podría fundar y mantener establecimientos de instrucción o educación sin previa licencia, salvo la inspección de la autoridad competente por razones de higiene y moralidad. La libertad llegaba a los alumnos de centros públicos y privados, sometiéndoles a ambos a unos mismos exámenes y tribunales. Es importante, por otro lado, la aplicación de la libertad a algo que nos parece muy moderno. Nos referimos a la duración de los estudios, de manera que no podía ser igual para “capacidades desiguales”, es decir, que había que entender que existían alumnos que necesitaban más tiempo para aprender.

Aunque hubo un claro interés en el Sexenio por elaborar una nueva ley general de educación, basada en los principios progresistas y democráticos del liberalismo, no terminó de cuajar, seguramente por la fuerte inestabilidad política, generada por muchos factores. Sí se llevó a cabo una reforma en la enseñanza media, a través del Decreto de 25 de octubre de 1868, que reorganizó esta etapa educativa. Se modificó el plan de estudios, introduciendo novedades: promoción del castellano frente al latín en el bachillerato, materias nuevas como psicología, arte e historia de España, principios fundamentales del derecho, enseñanzas de agricultura y comercio, etc.

Las reformas introducidas en el Sexenio Democrático fueron muy matizadas y contrarrestadas en los inicios de la Restauración, cuando Cánovas estableció el nuevo sistema político. Pero en el último cuarto de siglo se vivió un intenso debate sobre la libertad de enseñanza, naciendo, como respuesta a la cerrazón gubernamental, la experiencia pedagógica más importante de nuestra historia contemporánea, la Institución Libre de Enseñanza.

Eduardo Montagut.- Doctor en Historia

El derecho de petición en España

constitucin-43-638El derecho de petición no fue una creación del liberalismo, ya que en el Antiguo Régimen un súbdito podía elevar peticiones al rey por muy variadas razones: solicitar un cargo, una renta, una prebenda o un privilegio. Los archivos españoles están llenos de memoriales que constituyen una valiosa fuente para estudiar las sociedades modernas de los siglos XVI, XVII y XVIII. Otra cuestión es si una petición podía acarrear algún tipo de acción o represalia por parte del poder sobre el peticionario. Por otro lado, el derecho a pedir a un monarca absoluto debe ser entendido como una concesión graciosa de los reyes, no como un derecho natural a garantizar por el Estado, según la filosofía política liberal.

El derecho de petición y su garantía se incorporaron a las Declaraciones de Derechos y las Constituciones de las revoluciones liberales. En principio, el derecho era individual y no colectivo. El precedente quedó establecido en el Bill of Rights de 1689, culminación de la Revolución inglesa. Se reconocía el derecho de los súbditos a presentar peticiones al rey, siendo ilegal cualquier acción contra los peticionarios, es decir, que se garantizaba dicho derecho al prohibir que se pudiera abrir algún tipo de procedimiento legal contra el peticionario.

En las Declaraciones norteamericanas, como las de Delaware o de Maryland, podemos leer que todos los hombres tenían derecho a solicitar al legislativo la reparación de agravios. En Francia, el artículo 32 de la Declaración de Derechos de la Constitución de 1793 reconocía que no se podía prohibir ni suspender, ni tan siquiera limitar el derecho de presentar peticiones a los depositarios de la autoridad pública. Los belgas tenían derecho a dirigir a las autoridades peticiones firmadas por una o varias personas, según lo dispuesto en la Constitución de 1831. Este texto constitucional es importante porque reconoció que el derecho de petición también podía ser colectivo.

En la España del siglo XIX solamente estaba reconocido el derecho de petición individual. La Constitución de Cádiz establecía una fórmula más específica, ya que en el artículo 373 se decía que todo español tenía el derecho a representar a las Cortes o al rey para reclamar la observancia de la Constitución. Más claramente aparece el derecho de petición en el artículo tercero de la Constitución de 1837, al afirmar que todo español tenía derecho a dirigir peticiones por escrito a las Cortes y al rey, como determinasen las leyes. Formulado de forma idéntica aparece en las Constituciones de 1845, 1869 y 1876. El proyecto de Constitución Federal de 1873 sí reconocía el derecho a dirigir peticiones, individual y colectivamente a las Cortes y a las demás autoridades de la República, siendo la primera vez que se hacia este reconocimiento como derecho colectivo en la historia del constitucionalismo español.

La Constitución de la Segunda República de 1931 reconocía en su artículo 35, que el derecho de petición era individual y colectivo, recogiendo lo ya planteado en el proyecto constitucional de 1873. Por otro lado, y esto es muy importante por lo novedoso, la Constitución republicana reconocía que el pueblo español, ejerciendo el derecho de iniciativa popular, podía presentar a las Cortes una proposición de ley, siempre y cuando lo pidiera, al menos el 15% de los electores.

El régimen franquista reconoció el derecho de petición de los españoles en relación con el jefe del Estado, las Cortes y las autoridades, en el artículo 21 del Fuero de los Españoles de 1945, aunque establecía que las corporaciones, funcionarios públicos y los militares solamente podrían ejercitar dicho derecho de acuerdo con las disposiciones legales por las que se regían. Los problemas vinieron siempre, durante la dictadura, de la falta de garantías para poder ejercer los derechos reconocidos teóricamente, así como la frecuente suspensión temporal de derechos en los estados de excepción que se decretaron.

Por fin, la Constitución de 1978 reconoce en el artículo 29 el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, según lo determinado por la ley. Ese derecho solamente puede ser ejercido de forma individual por parte de los miembros de las fuerzas armadas y también referido a sus legislaciones respectivas y específicas. Pero, además, en el Título III correspondiente a las Cortes Generales, en el artículo 77 se reconocía que las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, pero quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas. Las Cámaras podrían remitir al Gobierno las peticiones recibidas y este estaría obligado a una respuesta si las Cortes lo exigían.

Eduardo Montagut

ARCO CON EL ATENEO EL 27 DE JUNIO

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ESTIMADOS COMPAÑEROS Y AMIGOS DE ARCO,

Cuando el próximo 27 de junio el Ateneo de Madrid elija al Presidente, al Vicepresidente 2º y al Secretario 1º del más simbólico custodio de la herencia ilustrada de nuestro país, también decidirá si los ateneístas quieren seguir siendo herederos de sus casi 200 años de tradición como baluarte de los espíritus libres, de los pensamientos no dogmáticos y de la fraternidad universal.

Al igual que “Arco Europeo Progresista”, la candidatura “Convergencia para la estabilidad democrática del Ateneo”, de la que me honro formar parte como candidato a Vicepresidente 2º, está plenamente comprometida con los principios de la Ilustración que han dado su ser progresista al Ateneo y a otras entidades igualmente emblemáticas de nuestro país como la Institución Libre de Enseñanza o la Residencia de Estudiantes.

Personalidades como Menéndez Pidal, Valle Inclán, Azaña, Cossío o Tierno Galván, entre otros excelsos predecesores, nos han enseñado que el ateneísta, sea un hombre público o anónimo, no es un mero socio que paga sus cuotas sino un librepensador tolerante y plenamente identificado con los valores democráticos, cualidades todas ellas que aprecio especialmente en mis compañeros de Convergencia, esto es, en los candidatos a Presidente, el Profesor Dr. D. Pedro A. García Bilbao, y a Secretario 1º, el Profesor Dr. D. Eliseo Sánchez Caro.

Siguiendo ejemplos tan edificantes para el espíritu y la convivencia, desde “Convergencia” haremos frente a todos los intentos que busquen desnaturalizar esta institución y defenderemos con firmeza sus Cátedras, Agrupaciones, Secciones y Tertulias, sólidos pilares de diálogo, ciencia, arte y cultura.

Celebraremos el “II Centenario Ilustrado” de la docta casa, agradeceremos su legado a los que nos precedieron y prepararemos otros 200 años de “libertad, igualdad y fraternidad” con un Ateneo que se siga rigiendo únicamente por la voluntad de sus ateneístas.

A LOS QUE SOIS ATENEÍSTAS OS PEDIMOS VUESTRO VOTO EL PRÓXIMO 27 DE JUNIO PARA “CONVERGENCIA PARA LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA DEL ATENEO” 

Fdo. José Antonio García Regueiro

Presidente de Arco Europeo Progresista

Gobierno en España. La ventaja de retirarse.

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El 11 de enero en estas misma página publiqué un artículo sobre una propuesta para un gobierno transitorio http://arcoeuropeo.org/?p=760. La propuesta era un gobierno del partido Ciudadanos con el apoyo del PSOE. En el ínterin de ese gobierno en el Parlamento se haría un nuevo marco jurídico para el funcionamiento del Estado español; volver a poner las bases del estado del bienestar, que el Partido Popular ha dinamitado en sus cuatro años de gobierno con mayoría absoluta. Esto podría hacerse en un plazo de dos años, ya que el trabajo sería muy intenso.

Por otra parte, la situación económica de España es calamitosa. En los últimos 4 años el PP ha endeudado a los ciudadanos en más de 400.000 millones de euros, un récord mundial en tiempos de paz. Cada ciudadano, desde los recién nacidos a la persona más anciana de nuestro país, debe casi 9.000 euros más como consecuencia de lo que llaman “buena gestión económica”. No habrá recursos públicos suficientes para afrontar una leve suba en el tipo de interés de nuestra deuda. Y todo este endeudamiento no ha traído ningún cambio estructural desde el punto de vista de la producción. Simplemente, los ciudadanos en nuestro balance financiero somos más pobres.

Transcurridos estos dos años, habría nuevas elecciones en un nuevo marco que no supondría un impedimento para un nuevo gobierno. El gobierno que asuma ahora lo hará con las leyes que lo atarán de manos para hacer un cambio profundo en la gestión de la cosa pública. Con órganos de control dominados por el PP. Valga como ejemplo el Tribunal de Cuentas. El PP lleva más de 25 años dirigiendo esa institución de control. ¿No corresponde que los órganos constitucionales expresen la nueva realidad política que se ha expresado en las urnas?

Cuando hice esa propuesta, la del 11 de enero, no se había desarrollado la negociación PSOE-Ciudadanos que ha llevado a un acuerdo de un programa de gobierno. En ese acuerdo el posible gobierno estaría en la mano del PSOE. Si fuese por mis preferencias, prefiero un gobierno del PSOE solo, camino a una confluencia de izquierdas. Pero como decía en el anterior artículo, hay que ver opciones posibles, no sólo la que nos gustan.

Terminar las elecciones del 20-D así no parece conveniente; debe haber otra puesta en escena. Y esto tiene que ver con el concepto de retirarse, desde el punto de vista las antiguas 36 estrategias chinas. Retirarse no es ser derrotado. Retirarse es estar dispuesto a seguir luchando, tanto en negocios, política o vida personal, en una nueva situación. En el arte de la guerra, Sun Tzu llamó a esta estrategia “someterse temporalmente al poderoso”. En este caso el poderoso es el voto de los ciudadanos españoles, que por un lado quieren un gobierno ahora y que por otro se han expresado votando lo que han votado. Guste o no guste. La propuesta del día de ayer del partido Compromís iba en esa dirección.

Ahora bien, no todas las soluciones son igual de posibles. El PP siempre votará en contra y es el partido que más diputados tiene en el Congreso. Podemos supone que si el PSOE vuelve al gobierno logrará recuperar parte del voto perdido, y en ese contexto busca igualarse con el PSOE en ser gobierno (co-gobernar que es algo más que dar un apoyo para la investidura). Ciertamente el número de votos del PSOE y Podemos hoy es muy similar. Otra opción de igualación es que ni PSOE ni Podemos sean gobierno ahora, ni juntos ni separados. Es la propuesta que gobierne solo Ciudadanos con el apoyo del PSOE y la abstención de Podemos. Tanto Podemos como el PSOE hacen un sacrificio en aras a tener un gobierno transitorio. En última instancia si Ciudadanos obtiene más apoyo en su acción de gobierno eso será la otra cara de la reducción del peso político del PP. Que nadie tenga duda, fuera del poder, el PP se va a tener que refundar. Los votantes de derecha acabarían, en su mayor parte, encontrando su lugar en Ciudadanos. ¿Y Podemos y PSOE? La labor parlamentaria les estaría esperando. Y dependería de la habilidad de cada equipo de partido ver con que fuerzas se llega de aquí a dos años a unas nuevas elecciones.

El primer partido que plante una retirada será premiado por el electorado en el corto plazo pero tal vez en el largo también. Nadie en España quiere volver a votar y es más, sería una constatación de un fracaso de la Política en mayúsculas, no de la vieja política, sino también de la nueva.

Esta estrategia número 36 tiene su base histórica en las guerras que el reino de Shu declaró contra el reino de Wei (período de los tres reinos, entre el año 190 y 260 D.C.). Seis veces el reino de Shu, el más débil de los dos, atacó al reino de Wei, al más fuerte. Lo interesante de esta situación es que en esas 6 veces se pudo retirar con su ejército relativamente intacto y esto preservó al reino de Shu. Posteriormente el reino más fuerte fue ganando terreno y esto posibilitó volver a tener un reino chino unificado (después de lo que había significado la extinción de la dinastía Han).

Lo que hay que entender en nuestro país, es que no es el partido A contra el partido B la cuestión. La cuestión de fondo es como lograr que el poderoso, el elector, vuelva a dar un voto que permita construir un gobierno estable. Es claro que en el 20-D no fue esta la decisión emergente de los electores.

Alejandro Brocato Cardoso, Economista.

Luces y sombras de la propuesta de PODEMOS

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Si bien resulta difícil armonizar el tetraedro de grandes grupos políticos que ha nacido tras las elecciones del 20 D por ser esencialmente diferente al binomio que hemos tenido desde 1978, más complicado es saber si realmente Podemos, tras la presentación del documento “Un país para la gente: Bases políticas para un Gobierno estable y con garantías”, quiere llegar a un acuerdo con el PSOE o bien prefiere nuevas elecciones.

De especial calado es la revisión que propone dicho documento en las relaciones de España con la Unión Europea pues se esconde tras la misma el problema de la limitación de los Estados para hacer frente a una política económica de clara orientación neoliberal, como son los recortes que de modo abusivo se exigen a los ciudadanos europeos, especialmente del sur de Europa.

En este sentido, sería deseable que Bruselas se preocupara igualmente del incumplimiento de los objetivos de déficit público como de que España es uno de los países con peores números de la Unión Europea, con un umbral de pobreza que ha crecido entre los trabajadores del 10,6% al 12,6% desde que se implantó la reforma laboral del PP.

Aunque sea un instrumento de negociación para la investidura, con estos datos puede entenderse, se comparta o no, el voluntarioso programa de gastos e ingresos de Podemos contenido en el referido documento, que traza una cifra de gasto de 96.000 millones para recuperar en tres años las políticas sociales, con ingresos previstos de 12.000 millones por lucha contra el fraude, 28.000 millones en subidas de impuestos, 26.300 millones de reducción del déficit y 29.700 por crecimiento económico.

Diferente significado tienen otras propuestas como el insistir en la convocatoria de un referéndum en Cataluña pues es de sobra conocido que es un paso imposible para el PSOE, que no admite ni siquiera negociación; introducir el derecho a decidir debe interpretarse como un tributo a Ada Colau y, si llega el momento de retirarlo, como un “gran sacrificio” en aras de llegar a un acuerdo que lleve a la Presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez.

En conclusión, el documento de Podemos evidencia tanto su fraccionamiento interno en sensibilidades dispares como que el equipo encabezado por Pablo Iglesias está valorando los riesgos de ser señalados por un sector importante del electorado progresista como culpables de que no haya un gobierno que ponga fin a cuatro años de medidas que han dejado en mínimos el Estado del Bienestar.

ARCO HAGION

INVESTIDURA Y NORMALIDAD DEMOCRÁTICA

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Debido a la fragmentación del actual Congreso de los Diputados tras las elecciones generales del 20 D, hemos conocido antes que el sistema solar tiene un noveno planeta del tamaño de Neptuno, que quien será el próximo Presidente del Gobierno de España.

Hoy el Jefe del Estado termina sus consultas con los representantes de los diversos Partidos del Congreso y tendrá que proponer a Mariano Rajoy o a Pedro Sánchez, según el criterio que haga prevalecer a la hora de elegir, esto es, el de más diputados o el de más probables apoyos.

En cualquier caso, debe afrontarse con normalidad la investidura del próximo Presidente del Gobierno pues forma parte del juego de cualquier sociedad democrática avanzada, es decir,  debe aceptarse la plena legalidad y legitimidad de quien sea elegido por las Cortes, con independencia del origen de los apoyos que consiga en la investidura.

Aunque también existe la posibilidad de que haya que convocar nuevas elecciones en mayo, esta opción, además de los gastos que comporta, tiene el inconveniente de que probablemente daría unos resultados muy parecidos; la única diferencia, según las últimas encuestas, sería que PP y PSOE ganarían unos pocos diputados más pero insuficientes para dejar de depender de los apoyos de las otras fuerzas políticas.

Por todo ello, consideramos que sería una buena noticia para España que pronto haya un nuevo Presidente del Gobierno.

ARCO HAGION

ARCO DESEA UNAS FELICES FIESTAS Y UN 20 D PARA LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA

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Deseamos desde ARCO que las Fiestas de la Luz Sostilcial vengan con regalos que renueven la ilusión, y que entre esos buenos presentes esté el del domingo 20 de diciembre como oportunidad para elegir las Cortes que permitan superar la crisis y regenerar la salud democrática de España.

Es imposible en momentos como los actuales, con las pasiones políticas desatadas por el evidente fin de un ciclo histórico de nuestro país, adivinar el futuro que llega. Analizar con imparcialidad y contribuir a crear un clima de cooperación entre las diversas fuerzas políticas, son nuestros objetivos preferentes. Con este propósito apuntamos algunos datos que consideramos claves de cara a las elecciones generales.

En la derecha por primera vez desde los tiempos de UCD y Alianza Popular se van a repartir los escaños entre dos fuerzas, el Partido Popular y Ciudadanos, esto es, entre la derecha dirigente de los últimos 30 años y una derecha generacionalmente más joven, al menos en la edad de sus líderes, motorizada desde la burguesía catalana no nacionalista y bien vista y apoyada desde determinados poderes del “sancta santorum” neoliberal-conservador.

En relación a sus candidatos, mientras que Mariano Rajoy ha optado por una campaña de perfil plano, Albert Ribera ha intentado estar presente en todos los “saraos”, estrategia que si bien al principio le favoreció le está pasando factura en el tramo final de campaña pues su intencionada indefinición en temas delicados, como el de la Memoria Histórica, ha quedado demasiado expuesta, perdiendo especialmente el voto progresista. En este sentido, el que se haya podido conocer con detalle su propuesta estrella del “contrato único” le está restando, día a día, el voto de muchos trabajadores que consideran que ese contrato sólo beneficia a la patronal.

El que aparece con mayores dificultades es UPyD, el “buque” de la ex socialista Rosa Díez ahora capitaneado por un casi desconocido Herzog, que durante los últimos ocho años fue un péndulo entre medidas conservadoras y progresistas, lo que le ha impedido consolidar un cuerpo electoral definido; esta carencia y el no plegarse a las exigencias del guión impuesto desde determinados medios que le impulsaron en su nacimiento, en síntesis diluirse en favor de Ciudadanos, le hacen especialmente débil.

En el ámbito de la extrema izquierda se disputarán el voto Izquierda Unida y Podemos; el primero se mantiene como un Partido que no reniega de sus principios básicos como la lucha clases, dirigido por un Alberto Garzón sobrio y coherente en la exposición de su programa comunista; el segundo, por el contrario, incluso en sus siglas se muestra esquivo a que se le califique como de izquierdas, como si el llamarse “Podemos” pudiera atraer, como por encanto, a votantes llegados desde todos los espectros políticos; en esta línea, su líder Pablo Iglesias ha dejado en un segundo plano la ideología y ha buscado en los debates la emotividad, de lo que es exponente claro el recuerdo repetido, una y otra vez, de sus abuelos socialistas, en un claro guiño a los votantes que puedan estar desencantados en el ala izquierda moderada.

Por último, el centro izquierda y la izquierda volverán a estar representados por el PSOE, un partido histórico que siempre consigue modernizarse con la prontitud que exige cada escenario político; precisamente, una vez más, las encuestas constatan que ha conseguido presentar un programa y un líder que transmiten ilusión y seguridad.

En efecto, la figura de su líder, Pedro Sánchez, ha ido creciendo de forma rápida y eficaz gracias a un mensaje claro e ideológico fundado en la defensa del Estado del bienestar y en la recuperación de los derechos perdidos durante la crisis. Por otra parte, si se les analiza con atención, es destacable en la mayoría de los últimos sondeos publicados que en el electorado de izquierda y de centro izquierda se ha consolidado la idea de que sólo el PSOE parece facultado para evitar un futuro gobierno de derechas.

Un elemento que también ha sorprendido de Pedro Sánchez ha sido el que ha conseguido ser visualizado como un hombre de Estado, a la altura de las circunstancias en unos momentos difíciles, muy por encima de sus otros rivales políticos, bien visto en Europa y en EE.UU., elogiado por los líderes socialistas y respetado por los conservadores. Todas estas circunstancias hacen cada vez más plausible que el próximo Presidente del Gobierno pueda ser Pedro Sánchez.

En cualquier caso, deseamos y esperamos que todos los Partidos y candidatos que participan el 20 D sepan estar a la altura de las circunstancias el día después.

José Antonio García

Presidente de ARCO

¡¡ FELICES FIESTAS ¡¡

EL ROMPECABEZAS CATALÁN

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El poeta Joan Maragall

Antecedentes históricos

La problemática catalana reaparece siempre con las situaciones de crisis desde que en 1640 Cataluña y Portugal se levantaron contra la Corona española como consecuencia de la grave crisis económica, política y social del Imperio, dando lugar a la llamada guerra de Secesión catalana.

Cuando unos años después, en enero de 1701, el rey Borbón Felipe V, estaba a punto de llegar a Madrid para ocupar el trono, lo primero que hizo fue anunciar la celebración de Cortes en Cataluña y que juraría sus Constituciones, atendiendo al consejo de su abuelo el rey de Francia Luis XIV de que procedía “hacer ver a aquellos pueblos de naturaleza inquieta y celosos de sus privilegios que no tenía intención de suprimirlos”. Juró las Constituciones catalanas en octubre de 1701 reconociendo que “en Cataluña quien hace las leyes es el rey con la corte» y que «en las Cortes se disponen justísimas leyes con las cuales se asegura la justicia de los reyes y la obediencia de los vasallos”.

A pesar de ello, en 1705, en plena Guerra de Sucesión española, Cataluña, como el resto de la Corona de Aragón, reconoció como Rey al Archiduque Carlos, apoyando a las tropas austriacas, holandesas e inglesas. Tras la capitulación de Barcelona en 1714, el rey Felipe V abolió las instituciones catalanas y promulgó el Decreto de Nueva Planta de enero de 1716, creando nuevas instituciones.

Durante la segunda mitad del siglo XVIII la positiva penetración mercantil catalana, especialmente de tejidos, papelería y metalurgia férrica, en el interior peninsular y su integración plena en el comercio colonial americano, dejó en un segundo plano las reivindicaciones políticas.

A partir de la “Oda a la patria” de Aribau en 1833, el cultivo de la lengua catalana fue el elemento reivindicativo más estable del catalanismo, renovado con los Juegos Florales que cada año, desde 1859, traían el fragor de la poesía catalana, que alcanzó su máximo esplendor con el poeta Verdaguer, que fue definido por el también poeta Maragall como “el Maestro de todos nosotros…el poeta que creó nuestra lengua”.

En el ámbito político 1892 traerá las Bases de Manresa, con el objetivo de la restitución del autogobierno catalán, destacando el secretario de la asamblea que las redactó, Prat de la Riba, impulsor de la participación en el sistema político de la Reatauración y defensor del concepto de Cataluña como unidad natural frente al carácter artificial del Estado español.

Con el sentimiento del desastre de 1898, el poeta Joan Maragall alumbrará su “Oda a España” en catalán:
Escolta, Espanya, – la veu d’un fill
que et parla en llengua – no castellana:
parlo en la llengua – que m’ha donat
la terra aspra:
en’questa llengua – pocs t’han parlat;
en l’altra, massa. 

(Escucha, España, – la voz de un hijo
Que te habla en lengua – no castellana:
Hablo en la lengua – que me ha dado
La tierra áspera:
En esta lengua pocos te han hablado,
Con la otra, demasiados).

On ets, Espanya? – no et veig enlloc.
No sents la meva veu atronadora?
No entens aquesta llengua – que et parla entre perills?
Has desaprès d’entendre an els teus fills?
Adéu, Espanya! .

(¿Dónde estas, España? – no te veo en ningún sitio.
¿No oyes mi voz tronadora?
¿No entiendes esta lengua –  que te habla entre peligros?
¿Has desaprendido a no entender a tus hijos?
¡Adiós, España!”
).

 

Tras el 98 los movimientos catalanistas tomaron auge, especialmente entre las clases medias, primeras perceptoras de un Estado central moribundo; la operación se hizo nucleando el nacionalismo catalán conservador en torno al Centre Nacional Catalá, capitaneado por Francesc Cambó. Al año siguiente el Gobierno Silvela-Polavieja incorporó al Ministro catalán conservador Durán y Bas; era la época de la primacía del regionalismo conservador de la Unió Regionalista, que en 1901 pasó a denominarse Lliga Regionalista.

Un año crucial fue 1906 pues supuso dejar a un lado las diferencias entre la derecha y la izquierda catalanista mediante su integración en “Solidaridad Catalana”; en las elecciones generales de 1907 obtuvo 41 de los 44 escaños que correspondían a Cataluña pero se disolvió después de la Semana Trágica  de 1909 por la imposibilidad de integrar intereses tan opuestos. Esta concentración de fuerzas parece que quiere ser imitada en las elecciones del 27 de septiembre próximo por Convergencia y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) con “Junts per al Sí”.

Ortega y Gasset en su célebre conferencia en el Ateneo de Madrid de octubre de 1909, sobre los “Problemas nacionales y la juventud”, afirmaba que “a decir verdad, nada de lo ocurrido en estos meses crueles ha debido sorprendernos. ¿Por ventura lo necesitábamos para averiguar que España no existe como nación?. Es que alguien llama nación a una línea geográfica dentro de la cual van y vienen los fantasmas de unos hombres sobre los cadáveres de unos campos, bajo la tutela pomposa del espectro de un Estado?. … cuando se nace en un país donde nada está bien, la sensibilidad se embota”. Años más tarde, en 1932, Ortega y Gasset afirmará que “el problema catalán no se puede resolver, sólo se puede conllevar; es un problema perpetuo y lo seguirá siendo mientras España subsista”.

Entre 1918 y 1919 se presentó en las Cortes de Alfonso XIII un proyecto de Estatuto que no se llegó a discutir. Posteriormente, el Pacto de San Sebastián de 1930, firmado por republicanos, catalanistas y socialistas, acordó dar respuesta a las reivindicaciones nacionalistas catalanas. Las elecciones municipales de abril de 1931 supusieron que la conservadora Lliga Regionalista —o Lliga Catalana— perdiera la hegemonía a favor de Esquerra Republicana, cuyo líder Francesc Maciá proclamó en Barcelona, el 14 de abril, la “República Catalana”.

Tras negociar con el gobierno provisional, Macià aceptó el restablecimiento de la Generalidad de Cataluña, cuya presidencia ostentaría él mismo, y que las futuras Cortes Constituyentes aprobaran un Estatuto de Autonomía. El Estatuto de autonomía de Cataluña de 1932, conocido como Estatuto de Nuria, fue aprobado durante el primer bienio de la Segunda República española y permitía tener un gobierno y un parlamento propios con determinadas competencias.

El Estatuto de Nuria encajaba mejor en un modelo federal de Estado y planteaba dudas sobre si su ámbito competencial chocaba con la Constitución de la República donde el “Estado integral” parecía acercarse más a una concepción unitaria que federal. Al presentar el proyecto los representantes catalanes argumentaron que en el Pacto de San Sebastián  se reconoció el “derecho de autodeterminación”.

Las tensiones con el catalanismo radical se constataron incluso en el bando republicano durante la guerra civil; como muestra de ello basten estas palabras de Azaña en su Diario: “Ayer tarde me trajeron una carta de Companys, … La carta es un síntoma. Repetidamente le he dicho al Presidente del Consejo y al Gobierno en pleno que las gentes de la Generalidad, mal avenida con su fracaso, con la impopularidad resultante y con el rescate de servicios, tratarían de mover un conflicto (secuestro de Nin), en cuanto hallasen pretexto para hablar de la catalanidad ofendida, o de las libertades holladas, etc. etc., y una ocasión propicia. En suma, que se apresurarían a ponerse la venda y a presentarse ante la opinión catalana como defensores de la terra. Había que prevenirse y gobernar con mucho tacto pero sin dejarse ganar la mano…”.

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El Presidente Azaña

La situación “jurídica” actual

Hubo que esperar a que terminara la dictadura franquista para que Cataluña volviera a tener un Estatuto de Autonomía. Será el Estatuto de 1979, conocido como “de Sau” por el lugarr donde se elaboró, que se mantuvo vigente hasta la aprobación, en 2006, del actual. El nuevo Estatuto de 2006 tuvo su punto crítico en la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 (STC 31/2010), que declaró varios de sus artículos inconstitucionales, y dio alas a los partidarios del “derecho de todo pueblo hacia la autodeterminación“, en su mayoría independentistas.

La polémica, a su vez, permitió dejar en un segundo plano la impopularidad de los recortes sociales en Cataluña. A esta maniobra de distracción contribuyó el Decreto 129/2014, de 27 de septiembre, del Gobierno catalán, de convocatoria de la consulta no referendaria sobre el futuro político de Cataluña, que fue suspendido desde el mismo día de su impugnación y posteriormente declarado inconstitucional y nulo por sentencia del Tribunal Constitucional (STC 32/2015).

En la sucesión de Quebec el Alto Tribunal de Canadá precisó que la separación exigía una mayoría clara y una pregunta explícita y suficientemente debatida. Sin ese previo debate, sin una formalización jurídica de la convocatoria o del procedimiento y con unas “simples” preguntas, “¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado?” y “¿Quiere que este Estado sea independiente?”, el Gobierno de la Generalitat Catalana abrió, el 9 de noviembre de 2014, un proceso de participación ciudadana sobre el futuro político de su Comunidad. El Gobierno español recurrió al Tribunal Constitucional pero cuando se pronunció éste, en la STC 138/2015, ya estaba realizada la consulta, la cual se mantuvo en los mismos términos en que fue convocada.

No hace falta ser jurista para percatarse de que cuando un Estado se ha dotado de una Norma de normas, de una Constitución, la revisión de esta Norma superior “al y del” Ordenamiento Jurídico debe partir de sus propios mecanismos. Estos mecanismos de revisión constitucional siempre tienen como piedra angular la identidad del titular único de la soberanía. En la Constitución española (C.E.), como ese titular único es el pueblo español no cabe que un órgano del Estado ignore la voluntad del mismo, dicho de otro modo se quebraría el fundamento del poder constituyente: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” (artículo 1.1 C.E.).

Cuando el artículo 122 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) establece que “Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por la propia Generalitat o por los entes locales, en el ámbito de sus competencias, de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular, con excepción de lo previsto en el artículo 149.1.32 de la Constitución”, delimita un ámbito competencial únicamente en relación con las consultas populares no referendarias. A su vez, la  STC 31/2015, FJ 6, declaró que, si bien el alcance del art. 122 EAC fue circunscrito a las consultas no referendarias, “en todo caso, el ejercicio de la competencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña para regular las consultas no referendarias está sujeto a determinados límites”,

Es evidente que queda fuera de la competencia autonómica formular consultas, aun no referendarias, que incidan sobre cuestiones del proceso constituyente ya sustraídas a los poderes constituidos, ni que puedan desbordar el ámbito de las competencias autonómicas y locales, pues no puede haber afectación alguna del ámbito competencial privativo del Estado (STC 31/2010, FJ 69), tal y como dispone, a su vez, el propio art. 122 EAC.

En tal sentido, la STC 138/2015 subrayó que “el respeto a la Constitución impone que los proyectos de revisión del orden constituido, y especialmente de aquéllos que afectan al fundamento de la identidad del titular único de la soberanía, se sustancien abierta y directamente por la vía que la Constitución ha previsto para esos fines. No caben actuaciones por otros cauces ni de las Comunidades Autónomas ni de cualquier órgano del Estado, porque sobre todos está siempre, expresada en la decisión constituyente, la voluntad del pueblo español, titular exclusivo de la soberanía nacional, fundamento de la Constitución y origen de cualquier poder político’ (STC 103/2008, FJ 4). Es patente, pues, que el parecer de la ciudadanía sobre tales cuestiones ha de encauzarse a través de los procedimientos constitucionales de reforma…”.

Las dos preguntas de la consulta plantearon una cuestión que afectaba de forma precisa al fundamento mismo del orden constitucional y, por tanto, incidieron sobre cuestiones ya resueltas con el proceso constituyente y, por ello, sustraídas a la decisión de los poderes constituidos, preteriendo las consecuencias que derivan de los arts. 1.2, 2 y 168 CE, pues como afirmó la STC 42/2014, FJ 3 “los ciudadanos de Cataluña no pueden confundirse con el pueblo soberano concebido como ‘la unidad ideal de imputación del poder constituyente y como tal fundamento de la Constitución y del Ordenamiento’ (STC 12/2008, FJ 10)”.

En consecuencia, la STC 138/2015 declaró que “las actuaciones de la Generalitat de Cataluña preparatorias o vinculadas con la consulta convocada para el 9 de noviembre de 2014 son inconstitucionales en su totalidad, en cuanto viciadas de incompetencia, por no corresponder a la Comunidad Autónoma la convocatoria de consultas que versan sobre cuestiones que afectan al orden constituido y al fundamento mismo del orden constitucional”. Como las actuaciones impugnadas eran actuaciones materiales que ya habían agotado sus efectos, el Tribunal consideró que la pretensión del Gobierno fue satisfecha mediante esta declaración de infracción competencial.

Ahora bien, hubiera sido preferible haber resuelto todas estas cuestiones mediante la negociación política pues el Tribunal Constitucional precisa jurídicamente, no políticamente, el Título Octavo de la Constitución, con lo que las desavenencias políticas pueden permanecer o incluso agravarse después de sus resoluciones. En efecto, no debe someterse a esta clave de bóveda del sistema a un peso político que, a la postre, pueda provocar en el edificio constitucional del Estado de Derecho preocupantes grietas.

Posibles consecuencias

Al principio de la legislatura, Convergencia y ERC consiguieron una declaración de soberanía en el Parlament que fue después declarada inconstitucional. A ello se unió la creación del Consejo para la Transacción Nacional, es decir, para la constitución de un futuro Estado catalán independiente. De esta forma se conseguía también dejar en un segundo plano los problemas derivados de la crisis económica y, especialmente, los recortes sociales que siguiendo una lógica neoliberal han sido implantados por el Gobierno de CíU y que no han sido rechazados por sus socios de ERC a pesar de su supuesta ideología de izquierdas. La coalición electoral “Juntos por el Sí” permite, además, a Convergencia evitar un más que previsible descalabro electoral y beneficiarse de la ventaja que la Ley d´Hont da a la lista más votada.

Es, en definitiva, una política de escapismo de los problemas reales de los catalanes la impulsada por el Gobierno catalán, que alcanza el esperpento en las declaraciones que fijan en 68 diputados -mayoría absoluta- la cifra suficiente para el independentismo, reafirmando así, sin ponerlo por escrito, el carácter “plebiscitario” de las elecciones del 27-S para renovar el Parlamento catalán. Ahora bien, si esta “astracanada” se convierte en una “declaración de independencia” podrían producirse efectos poco deseables.

La Constitución española contiene en su artículo 153 C.E. los instrumentos más comunes de control de las instituciones del Estado sobre las Comunidades Autónomas pero los complementa con un mecanismo de control excepcional y coercitivo en el artículo 155 C.E.; este “dispositivo” es para situaciones extremas de incumplimiento por las Comunidades Autónomas de obligaciones impuestas por la Constitución o las leyes o en actuaciones de las mismas que atenten gravemente al interés general de España. Es, en síntesis, la “coerción federal” (Bundeszwang), prevista en el artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn en la que se inspira casi literalmente, o en los artículos 100 de la Constitución austriaca y 126 de la Constitución italiana.

Como se ha expuesto, las elecciones del 27 de septiembre se convocan como si fueran un plebiscito soberanista sustitutivo del fracasado referéndum, pero sin ponerlo por escrito en el Decreto de convocatoria en orden a evitar una posible impugnación. Pero la pregunta es: ¿ante un escenario de “declaración de independencia” por la futura Generalitat podrían aplicarse el artículo 155 C.E. y otros preceptos punitivos de nuestro ordenamiento jurídico?.

Con el artículo 155 C.E. se pueden adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento forzoso de las obligaciones incumplidas por medio de instrucciones de obligada observancia para los órganos de las Comunidades Autónomas, a su vez coercibles por los órganos centrales en caso de resultar desatendidas. Únicamente es necesario el previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma, coherente con su naturaleza subsidiaria respecto del control ordinario del referido artículo 153 CE, y su aprobación por mayoría absoluta del Senado. No obstante, por su carácter excepcional nunca ha sido necesario aplicarlo.

Junto a este precepto constitucional deben tenerse en cuenta algunos artículos del Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre) como, por ejemplo, el 506 que castiga a “la autoridad o funcionario público que, careciendo de atribuciones para ello, dictare una disposición general o suspendiere su ejecución, …”.

O el delito de rebelión tipificado en el artículo 472 que dispone que “son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: 5.º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional”.

El delito de rebelión exige un alzamiento violento por lo que no parece que vaya a haber motivos para su aplicación; sin embargo, pueden existir dudas sobre si una declaración formal de independencia que adopte forma de “disposición general” podría integrar el tipo del referido artículo 506 que sanciona la usurpación de atribuciones.

Hacia la reforma constitucional

La “res pública”, en su dimensión favorecedora de la capacidad constructiva de una sociedad, debe fundarse en la premisa de que en una sociedad de democracia avanzada los cauces de diálogo y negociación deben ser más que suficientes para superar cualquier situación, prevaleciendo sobre conductas “hobbesianas”; la problemática que se dirime en Cataluña exige un diálogo que evite unilaterales declaraciones de independencia, cortafuegos como el 155 o la aplicación del Código Penal, que terminan por romper el tejido social e institucional, esto es, provocan la destrucción recíproca de las fuerzas sociales y el desprestigio de las instituciones.

Una vez que el aspecto jurídico ha quedado perfectamente trazado por el Tribunal Constitucional, debemos concienciarnos de que estamos ante una cuestión esencialmente política que exige una respuesta de esta naturaleza. Como decía Tomás y Valiente en La Vanguardia, el 2 de febrero de 1996: “Construir un Estado lleva siglos. Construir un Estado de Derecho ha llevado luchas internas, fracasos sucesivos durante cuarenta años, una transición lograda y una consolidación trabajosa. Construir algo en política es siempre difícil, implica capacidad creadora, paciencia, voluntad de integrar, visión de futuro y de convivencia y por lo que a este país nuestro implica, esa edificación del Estado social y democrático de Derecho ha supuesto el triunfo de una decidida y mayoritaria mentalidad democrática en la que es esencial el respeto al otro”.

Toda reforma constitucional adopta procedimientos complejos para permitir vincular sin tensiones el ordenamiento jurídico al nuevo proceso político, esto es, asegurando la continuidad jurídico-política del Estado. A veces, incluso, se prohíbe la reforma sobre determinadas cuestiones como en la Constitución francesa de 1958 que dispone en su artículo 89, in fine, que “ningún procedimiento de revisión puede ser iniciado o llevado adelante cuando se refiera a la integridad del territorio. La forma republicana de Gobierno no puede ser objeto de revisión“. O en la Ley Fundamental de Bonn que, por su parte, establece en el artículo 79.3 que “es inadmisible toda modificación de la presente Ley Fundamental que afecte a la división de la Federación en Estados o al principio de la cooperación de los Estados en la legislación o a los principios consignados en los artículos 1 y 20“.

En España, la Ley franquista de “Principios Fundamentales del Movimiento Nacional” declaraba perpetuos e inmodificables sus “principios”. Para evitar similitudes, la actual Constitución de 1978 no prohíbe modificar sus artículos pero sí lo dificulta extraordinariamente en su Título X, titulado “De la reforma constitucional“, estableciendo dos procedimientos de reforma por razón de la materia. Uno de ellos, el más complejo, está regulado en el artículo 168, para supuestos de revisión total y para las reformas parciales que afecten a los artículos 1 a 9 (Título Preliminar), 15 a 29 (Título I, Capítulo 2º, Sección 1ª, “De los derechos fundamentales y de las libertades públicas“) y 56 a 65 (Título II, “De la Corona“). El más “sencillo” está en el 167, y permite la reforma de cualquier otro precepto de la Constitución española.

Son procedimientos dirigidos a dificultar extraordinariamente cualquier reforma constitucional, especialmente las materias consideradas especialmente sensibles y relevantes. No obstante, esta lógica de protección institucional no debe impedir aquellas reformas que sean necesarias para la incardinación constitucional en la nueva realidad social.

Con el mismo convencimiento de que Cataluña es España y de que no dejará de serlo, debe reconocerse que es ineludible facilitar a Cataluña una nueva integración constitucional que sea acorde con sus peculiaridades culturales, sus derechos históricos y su realidad socio-política actual. Deben, pues, reformarse la Constitución y el Estatuto catalán para permitir ese nuevo encuadramiento, un marco renovado que probablemente tenga en la vía de un “Estado español federal y asimétrico” su mejor solución.

José Antonio García Regueiro

Ex Letrado del Tribunal Constitucional. Presidente de Arco Europeo Progresista.

 

HOY X ANIVERSARIO Y PREMIOS ARCO EUROPEO PROGRESISTA

Escudo AEP con triangulo

Estimad@s amig@s de Arco Europeo,

El pasado año 2014 ARCO EUROPEO PROGRESISTA cumplió 10 años haciendo camino al andar, puliendo y tallando toscas piedras, procurando fomentar y divulgar una cultura democrática fundada en los principios de libertad, igualdad y fraternidad.

Respetuoso con todas las ideologías y creencias, heredero de la Ilustración y el librepensamiento, ha rechazado siempre los dogmatismos y la intolerancia, dando lugar a un foro abierto en escenarios tan dispares como las Cortes, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Círculo de Bellas Artes, el Ateneo de Madrid o nuestra sede de tertulia “ARCO HAGIÓN”.

Hoy jueves 29 de enero de 2015, a las 19 horas, celebramos el X ANIVERSARIO de ARCO EUROPEO PROGRESISTA en nuestra sede de ARCO HAGIÓN (se ruega confirmar la asistencia en arcohagion@gmail.com; se recibirá después un correo con la confirmación y los datos de la sede), con la entrega de los siguientes premios:

Premio Arco JEAN JAURES: D. Felix Alonso Soria.

Premio Arco Pensamiento: D. Manuel Balado Ruiz-Gallego.

Premio Arco Literatura: D. Eusebio Lucía Olmos.

Premio Arco Comunicación: D. José Cepeda García.

 Será un placer contar con vuestra presencia.

 En Madrid, 29 de enero de 2015

 José Antonio García Regueiro,

Presidente de ARCO EUROPEO PROGRESISTA

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