El matrimonio según el socialismo a principios del siglo XX

IMG-20170721-WA0002

Una de las manifestaciones más evidentes del anticlericalismo del socialismo español tiene que ver con los actos y ceremonias de la vida, como los entierros y los matrimonios.

Muchos de los socialistas españoles quisieron tener sepelios no religiosos, y este hecho ocasionó no pocos conflictos con la Iglesia Católica, especialmente a fines del XIX y comienzos del XX. Pues bien, se dio el caso de socialistas que deseaban casarse solamente por lo civil, y en esa misma época tuvieron problemas para hacerlo en algunos lugares, por lo que algunos optaron por una tercera ceremonia. En El Socialista se pueden encontrar múltiples referencias, especialmente en relación con los sepelios, aunque también con algunas ceremonias de boda. En este artículo vamos a relatar una de ellas, acontecida en febrero de 1904 en Mieres, cuya crónica fue publicada en el periódico socialista en el número 938 del periódico obrero con el título de “Matrimonio popular”.

Al parecer, Martín Saénz había pretendido casarse civilmente con Pilar Álvarez, pero le pusieron muchas dificultades con el fin de que se casase por lo religioso, por lo que decidió casarse con su compañera ante el pueblo y bajo los auspicios de la Agrupación Socialista de Mieres. Tenemos que tener en cuenta que los inicios del socialismo en esta localidad asturiana no fueron fáciles por la hostilidad de las autoridades y poderes establecidos, como hemos tenido oportunidad de comprobar en un breve estudio que hemos realizado sobre la creación de dicha Agrupación, y que podemos consultar en El Obrero. La Agrupación se había creado unos pocos años antes, en 1897.

Así pues, el Centro Obrero de Mieres, el 12 de febrero de 1904, a las ocho de la tarde, se llenó de concurrentes (según el periódico había tres mil asistentes). Además de los protagonistas de la boda y sus familiares, estuvieron Manuel Vigil y Josefa Molines presidiendo la mesa, habiendo sido elegidos por los representantes de los contrayentes. Vigil fue un personaje muy importante del socialismo asturiano, como nos explica el Diccionario Biográfico del Socialismo Español, secretario de la Agrupación Socialista y del Ateneo Casino de Gijón, concejal en Oviedo, presidente de la Federación Socialista Asturiana, destacado sindicalista de la UGT, miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE, y que llegó a ser diputado en 1931. Se da la circunstancia, en relación con el tema de este trabajo, que fue condenado a prisión el año anterior a la boda que presidió en Mieres, aunque no entraría en la misma hasta agosto de 1904, por la publicación de un artículo considerado “escarnio a la religión católica”.

Vigil explicó el sentido del acto y preguntó a los contrayentes si ratificaban su deseo de contraer matrimonio, y a los padres si daban su correspondiente consentimiento. Preguntó a los asistentes sobre si había algún impedimento para que se celebrase el matrimonio. No hubo ninguno, por lo que se casaron, levantando acta de lo procedido. Pero, aunque la ceremonia se coronó con un aplauso general, el acto no terminó porque intervino el Orfeón Socialista, se leyeron versos y se hicieron algunos discursos. En este sentido destacaría el del propio Vigil porque aprovechó la ocasión para criticar el matrimonio burgués.

El Socialista opinaba que este nuevo tipo de matrimonio había producido una viva impresión entre los trabajadores de Mieres, y se esperaba que cundiera el ejemplo mientras el Juzgado Municipal siguiese poniendo tantas trabas a quiénes no querían casarse por la Iglesia.

Eduardo Montagut

La soberanía de la militancia

Recuerdo a las víctimas

Que los partidos de la derecha hagan propuestas para su electorado conservador, disgustado ahora porque Franco puede ser irradiado fuera de Cuelgamuros, es lo normal. La dificultad está en encontrar puntos diferenciales de suficiente calado entre ambas formaciones, lo que cada vez se hace más improbable pues no se pierden de vista ni un momento, como almas gemelas.

En efecto, resulta divertida la necesidad que tienen de encontrar diferencias los dos grandes partidos en que se sustenta la derecha patria, PP y Ciudadanos, especialmente desde que Casado ha sustituido a Rajoy con un discurso que recuerda en el fondo y en la forma al Ribera más conservador, discurso que sin duda hace sin esfuerzo alguno pues coincide con lo que de él sabemos desde que apareció en política con el visto bueno de Aznar, azote de rojos y demás ralea progresista. Como se dice: encuentre Usted las siete diferencias (creo que con una nos conformaríamos).

Por su parte, que la izquierda también tiene ahora dos grandes núcleos, PSOE y Podemos, y una serie de piezas menores como Izquierda Unida, las Mareas o Compromís, resulta obvio. Lo que no es tan obvio es si han aprendido de errores pasados que les han pasado factura en sus electorados, ya cansados de unas divisiones que sólo favorecían a la derecha.

A Podemos le gusta explicarnos que gracias a ellos se capitalizó en votos una parte muy relevante del 15M y que llevaron a las urnas a esa izquierda ácrata que siempre se había negado a depositar su voto, para grata satisfacción de la derecha. Lo que no les gusta recordar es que podían haber puesto fin al Gobierno del PP mucho antes si hubieran tenido la generosidad de apoyar a Pedro Sánchez cuando este pactó con Ciudadanos obligado por los aristócratas de su Partido, esto es, Rubalcaba, Susana, Felipe, etc..

Le pudo a Podemos la vana ilusión de que podría comerse al PSOE; es verdad que el PSOE de la mano de Felipe, Zapatero y Rubalcaba fue acusando una lamentable deriva conservadora, de tal forma que muchos de sus dirigentes se sentían más cómodos con los poderes fácticos que con las ideas socialistas. Pero un análisis sosegado le habría llevado a Podemos a la conclusión de que no es fácil tumbar a un Partido centenario como el PSOE que tiene una brillante historia tanto reciente como anterior, repleta de logros para el bienestar de los ciudadanos, y con una militancia muy implicada debido a su convicción ideológica socialista, extendida y organizada por toda España.

En efecto, este rumbo hacia los acantilados fue frenado en seco por sus militantes volviendo a coronar como Secretario General al derrocado Pedro Sánchez. Esperemos que esta experiencia traumática haya conseguido hacer entender a los dirigentes del PSOE que el futuro político de este gran Partido no puede ser el de hacer de palmero de los poderes fácticos como ocurrió de forma notable con la modificación del artículo 135 de la Constitución.

Lo siento por Lambán pero para ser del PSOE hay que ser rojo.

Salud

ANA PULIDO.- AEP

Los avales en el franquismo

1 1938 feb sc.P

En este artículo nos aproximamos al estudio de un mecanismo propio de dictaduras y sistemas totalitarios para el control de la población. Nos referimos a los avales sobre la conducta política de los ciudadanos y ciudadanas, y en el caso español en los primeros tiempos de la dictadura cuando arreciaba la represión.

Los avales en la primera etapa del franquismo eran una especie de recomendaciones por las que una persona afín al nuevo régimen respaldaba el comportamiento político pasado y presente de otro ciudadano o ciudadana que, o no se había significado por su adhesión al Movimiento Nacional, o estaba en una situación personal difícil ante las autoridades. Constituyen un claro ejemplo de cómo funcionan las relaciones de un poder dictatorial con la sociedad. En una democracia es impensable que un ciudadano pueda o tenga que avalar a otro sobre su ideología o conducta política. Estos avales podían servir para conseguir un empleo o para evitar un despido por cuestiones políticas, adjuntarse como parte de la defensa en un proceso de depuración, para ayudar a que se disiparan sospechas ante la policía en una detención, en un expediente para conseguir la libertad condicional, en un juicio, o en cualquier ocasión en la que muchos españoles se vieron obligados a demostrar que no se habían significado en cuestiones políticas contrarias a las defendidas por el bando vencedor en la guerra.

Como ejemplo de aval incluimos el siguiente:

“D. Manuel Butiñá Vila, de 32 años de edad, de estado soltero, de profesión Perito Industrial, vecino de Bañolas y con domicilio en esta, calle Consejo de Ciento 255 y con carnet de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S nº 8614 de Pamplona:

CERTIFICO: Que Don Fernando Javaloyes Luengo de 27 años de edad, casado y domiciliado en esta, por los muchos años de amistad que nos unen, y por los buenos antecedentes que tengo de su comportamiento, puedo acreditarlo como persona adicta al Glorioso Movimiento Nacional, y de hondos sentimientos religiosos, como lo prueba el hecho de haber contraido matrimonio católico durante el periodo de dominación marxista.

Dado en Barcelona a 20 de junio de 1939

Año de la victoria

(Firma autógrafa)”

Comprobamos como un ciudadano de probada adhesión al régimen, como demostraba su carnet de falangista, certificaba el comportamiento y la fidelidad al Movimiento de otro ciudadano. Se ponían como pruebas la amistad, el conocimiento de su persona y el que se hubiera casado por la Iglesia en tiempos de la “dominación marxista”. Este aval pretendía ayudar en el intento de Fernando Javaloyes por conseguir la libertad condicional, ya que estaba preso en la Cárcel Modelo de Barcelona.

(El aval ha sido consultado en: http://www.xtec.es/~jrovira6/franco/aval.htm)

 

Eduardo Montagut

La cuestión ibérica en Portugal a la falta de un rey en España

descarga (1)

La búsqueda de un rey en España al triunfar la Revolución Gloriosa en 1868 y proclamarse en la Constitución de 1869 que el régimen político sería una Monarquía generó en Portugal la denominada “cuestión ibérica”. Intentemos plantear algunas claves de esta cuestión que provocó tensiones en el país vecino.

Entre los candidatos al trono español estaba Fernando de Saxe-Coburgo, viudo de la reina María II y padre del rey de Portugal, Luis I. Fernando se negó a acceder a la propuesta española por su estrecha vinculación con el duque de Montpensier, al que consideraba mejor candidato, aunque estuviera vetado por el emperador francés por ser un Orleáns, y por Bismarck también. Pero esta negativa de Fernando ha sido interpretada por algunos historiadores desde otra perspectiva. El rechazo al trono español se debería, en este caso, al interés del rey Luis I por coronarse también como rey español. Al parecer, el monarca fue consultado en secreto pero la noticia se filtró a la prensa y generó una posición contraria de gran parte de la opinión pública portuguesa. Al final, Fernando de Saxe-Coburgo aceptó la propuesta, aunque con condiciones. Su mujer, al no ser de condición nobiliaria, estaría excluida de la vida oficial aunque se le reconocería como esposa del rey en la vida privada. Otra de las condiciones era que dos tercios de las Cortes españolas debían estar de acuerdo con su nombramiento para asegurar un apoyo sólido al nuevo monarca. La tercera condición era que las dos Coronas nunca podían estar unidas en una misma persona, cuestión que era considerada fundamental por parte de la mayoría de la opinión pública portuguesa. Los portugueses tenían una secular prevención hacia España y temían que una Corona común convertiría a Portugal en una simple provincia española.

Por fin,  el acuerdo era bien visto por británicos y franceses pero, por otra serie de circunstancias, la Corona española no recayó en Fernando sino en Amadeo de Saboya.

 

Eduardo Montagut

Doctor en Historia

Fuerzas armadas y Constitución de Cádiz

IMG_estrella

La Constitución de 1812 dedicó su Título VIII a tratar sobre lo que se denominó “la fuerza militar nacional”. La importancia de los dos capítulos de este Título es fundamental en la historia de España porque diseñaba por vez primera lo que el liberalismo esperaba de las fuerzas armadas. En este trabajo solamente aludiremos al primero de dichos capítulos, sin tratar exhaustivamente la cuestión de la Milicia Nacional.

El nuevo Estado debía contar con una fuerza militar nacional permanente, de tierra y mar para la defensa exterior de España, pero también para la conservación del orden interior, aspecto éste de hondas repercusiones a lo largo de toda la historia contemporánea de nuestro país, ya que se interpretó de dos maneras. Por un lado, la Milicia Nacional se encargaría de preservar el orden constitucional frente a sus enemigos, pero, por otro el liberalismo más moderado o conservador consideró que el ejército debía contribuir al orden público; de ahí el carácter militar con el que nacería la Guardia Civil en la Década Moderada del reinado de Isabel II. La composición de las fuerzas debía ser aprobada por las Cortes, así como el método para levantarlas, es decir, era una materia de tal calibre que era el poder legislativo el competente en esta cuestión. Esto era aplicado a los buques de la denominada marina militar.

Las Cortes eran competentes también en la forma de organización militar, ya que debían aprobar las ordenanzas respectivas, que abarcarían la disciplina, los ascensos, salarios y administración.

Para contar con un ejército y marina modernos había que cuidar la formación, por lo que había que establecer escuelas militares para todas las armas.

Por fin, se estableció la imposibilidad de excusarse del servicio militar.

Como es sabido, en el Trienio Liberal esta Constitución estuvo en vigor. Las Cortes, por su parte, aprobaron dos leyes relativas a las fuerzas armadas. En primer lugar estaría la Ley Constitutiva del Ejército de junio de 1821, y luego la Ley Orgánica de la Armada de diciembre de dicho año. Las Cortes del Trienio reforzaron el control de las fuerzas militares, en la línea marcada por la Constitución.

Eduardo Montagut

Educación y liberalismo democrático en el XIX

IMG_20150813_131856

La Revolución de 1868 comenzó a gestarse con el Pacto de Ostende (1866), uniendo a progresistas y demócratas contra el sistema isabelino. A la muerte de O’Donnell, los unionistas se unirían al pacto. La revolución se inició el 17 de septiembre de 1868 con la sublevación del almirante Topete en la bahía de Cádiz, apoyado por Prim (progresista) y Serrano (Unión liberal). El movimiento se extendió por la geografía española con levantamientos populares y organización de juntas revolucionarias locales. Serrano venció al ejército gubernamental en la batalla de Alcolea. La reina huyó a Francia. Ese es el momento en el que se constituyó un gobierno provisional presidido por el general Serrano y se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal directo para enero de 1869.

Pues bien, en el Manifiesto del Gobierno provisional donde se exponían los principios fundamentales proclamados por la Revolución, y publicado el 25 de octubre de 1868, la educación adquiere un protagonismo que no había tenido en otros manifiestos y proclamas. Este manifiesto se fundamenta en los principios liberales progresistas y democráticos, en la defensa del sufragio universal y de las libertades: de culto, de imprenta (expresión), de reunión, asociación y de educación, frente a la concepción moderada y conservadora del liberalismo, que había dominado en el sistema político isabelino.

Del Manifiesto entresacamos el párrafo dedicado a la enseñanza:

“La libertad de enseñanza es otra de las reformas cardinales que la revolución ha reclamado y que el Gobierno provisional se ha apresurado a satisfacer sin pérdida de tiempo. Los excesos cometidos en estos últimos años por reacción desenfrenada y ciega, contra las espontáneas del entendimiento humano, arrojado de la cátedra sin respeto a los derechos legal y legítimamente adquiridos y perseguido hasta en el santuario del hogar y de la conciencia; esa inquisición tenebrosa ejercida incesantemente contra el pensamiento profesional, condenado a perpetua servidumbre o a vergonzoso castigo por Gobiernos convertidos en auxiliares sumisos de oscuros e irresponsables poderes; ese estado de descomposición a que había llegado la instrucción pública en España, merced a planes monstruosos, impuestos, no por las necesidades de la ciencia, sin por las estrechas miras de partido y de secta; ese desconcierto, esa confusión, en fin, cuyas consecuencias hubieran sido funestísimas a no llegar tan oportunamente el remedio, han dado al Gobierno provisional la norma para resolver la cuestión de la enseñanza, de manera que la ilustración, en vez de ser buscada vaya a buscar al pueblo, y no vuelva a verse el predominio absorbente de escuelas y sistemas más amigos del monopolio que de la controversia”.

Como se puede comprobar, el Manifiesto criticaba el sistema educativo de la época de Isabel II, establecido desde presupuestos muy conservadores y con veladas alusiones a la Iglesia, sin citarla explícitamente. Es muy importante la alusión a la falta de libertad de cátedra. Tenemos que recordar el incidente provocado por un artículo del profesor Emilio Castelar, titulado “El rasgo”, donde se criticaba a la reina por no haber cedido todo su patrimonio con el fin de reducir la deuda pública. Castelar fue apartado de su cátedra, así como otros profesores de la Universidad de Madrid. Los estudiantes se manifestaron, sufriendo una brutal represión, con varios muertos y heridos, en la conocida como noche de San Daniel de 1865.

La libertad de enseñanza se reguló en el Decreto de 21 de octubre de 1868. En la disposición se establecía que el Estado carecía de autoridad para condenar las teorías científicas y debía dejarse a los profesores en libertad para exponer y discutir lo que pensasen. También, debían ser libres para elegir métodos de enseñanza y libros de textos, así como para elaborar sus programas educativos. Estas disposiciones consagraban la libertad de cátedra. También, se ratificaba la libertad absoluta para crear centros educativos, sin limitación alguna; de hecho, la Constitución de 1869 establecía en su artículo 24 que todo español podría fundar y mantener establecimientos de instrucción o educación sin previa licencia, salvo la inspección de la autoridad competente por razones de higiene y moralidad. La libertad llegaba a los alumnos de centros públicos y privados, sometiéndoles a ambos a unos mismos exámenes y tribunales. Es importante, por otro lado, la aplicación de la libertad a algo que nos parece muy moderno. Nos referimos a la duración de los estudios, de manera que no podía ser igual para “capacidades desiguales”, es decir, que había que entender que existían alumnos que necesitaban más tiempo para aprender.

Aunque hubo un claro interés en el Sexenio por elaborar una nueva ley general de educación, basada en los principios progresistas y democráticos del liberalismo, no terminó de cuajar, seguramente por la fuerte inestabilidad política, generada por muchos factores. Sí se llevó a cabo una reforma en la enseñanza media, a través del Decreto de 25 de octubre de 1868, que reorganizó esta etapa educativa. Se modificó el plan de estudios, introduciendo novedades: promoción del castellano frente al latín en el bachillerato, materias nuevas como psicología, arte e historia de España, principios fundamentales del derecho, enseñanzas de agricultura y comercio, etc.

Las reformas introducidas en el Sexenio Democrático fueron muy matizadas y contrarrestadas en los inicios de la Restauración, cuando Cánovas estableció el nuevo sistema político. Pero en el último cuarto de siglo se vivió un intenso debate sobre la libertad de enseñanza, naciendo, como respuesta a la cerrazón gubernamental, la experiencia pedagógica más importante de nuestra historia contemporánea, la Institución Libre de Enseñanza.

Eduardo Montagut.- Doctor en Historia

El derecho de petición en España

constitucin-43-638El derecho de petición no fue una creación del liberalismo, ya que en el Antiguo Régimen un súbdito podía elevar peticiones al rey por muy variadas razones: solicitar un cargo, una renta, una prebenda o un privilegio. Los archivos españoles están llenos de memoriales que constituyen una valiosa fuente para estudiar las sociedades modernas de los siglos XVI, XVII y XVIII. Otra cuestión es si una petición podía acarrear algún tipo de acción o represalia por parte del poder sobre el peticionario. Por otro lado, el derecho a pedir a un monarca absoluto debe ser entendido como una concesión graciosa de los reyes, no como un derecho natural a garantizar por el Estado, según la filosofía política liberal.

El derecho de petición y su garantía se incorporaron a las Declaraciones de Derechos y las Constituciones de las revoluciones liberales. En principio, el derecho era individual y no colectivo. El precedente quedó establecido en el Bill of Rights de 1689, culminación de la Revolución inglesa. Se reconocía el derecho de los súbditos a presentar peticiones al rey, siendo ilegal cualquier acción contra los peticionarios, es decir, que se garantizaba dicho derecho al prohibir que se pudiera abrir algún tipo de procedimiento legal contra el peticionario.

En las Declaraciones norteamericanas, como las de Delaware o de Maryland, podemos leer que todos los hombres tenían derecho a solicitar al legislativo la reparación de agravios. En Francia, el artículo 32 de la Declaración de Derechos de la Constitución de 1793 reconocía que no se podía prohibir ni suspender, ni tan siquiera limitar el derecho de presentar peticiones a los depositarios de la autoridad pública. Los belgas tenían derecho a dirigir a las autoridades peticiones firmadas por una o varias personas, según lo dispuesto en la Constitución de 1831. Este texto constitucional es importante porque reconoció que el derecho de petición también podía ser colectivo.

En la España del siglo XIX solamente estaba reconocido el derecho de petición individual. La Constitución de Cádiz establecía una fórmula más específica, ya que en el artículo 373 se decía que todo español tenía el derecho a representar a las Cortes o al rey para reclamar la observancia de la Constitución. Más claramente aparece el derecho de petición en el artículo tercero de la Constitución de 1837, al afirmar que todo español tenía derecho a dirigir peticiones por escrito a las Cortes y al rey, como determinasen las leyes. Formulado de forma idéntica aparece en las Constituciones de 1845, 1869 y 1876. El proyecto de Constitución Federal de 1873 sí reconocía el derecho a dirigir peticiones, individual y colectivamente a las Cortes y a las demás autoridades de la República, siendo la primera vez que se hacia este reconocimiento como derecho colectivo en la historia del constitucionalismo español.

La Constitución de la Segunda República de 1931 reconocía en su artículo 35, que el derecho de petición era individual y colectivo, recogiendo lo ya planteado en el proyecto constitucional de 1873. Por otro lado, y esto es muy importante por lo novedoso, la Constitución republicana reconocía que el pueblo español, ejerciendo el derecho de iniciativa popular, podía presentar a las Cortes una proposición de ley, siempre y cuando lo pidiera, al menos el 15% de los electores.

El régimen franquista reconoció el derecho de petición de los españoles en relación con el jefe del Estado, las Cortes y las autoridades, en el artículo 21 del Fuero de los Españoles de 1945, aunque establecía que las corporaciones, funcionarios públicos y los militares solamente podrían ejercitar dicho derecho de acuerdo con las disposiciones legales por las que se regían. Los problemas vinieron siempre, durante la dictadura, de la falta de garantías para poder ejercer los derechos reconocidos teóricamente, así como la frecuente suspensión temporal de derechos en los estados de excepción que se decretaron.

Por fin, la Constitución de 1978 reconoce en el artículo 29 el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, según lo determinado por la ley. Ese derecho solamente puede ser ejercido de forma individual por parte de los miembros de las fuerzas armadas y también referido a sus legislaciones respectivas y específicas. Pero, además, en el Título III correspondiente a las Cortes Generales, en el artículo 77 se reconocía que las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, pero quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas. Las Cámaras podrían remitir al Gobierno las peticiones recibidas y este estaría obligado a una respuesta si las Cortes lo exigían.

Eduardo Montagut

ARCO CON EL ATENEO EL 27 DE JUNIO

Escudo AEP con triangulo 2

ESTIMADOS COMPAÑEROS Y AMIGOS DE ARCO,

Cuando el próximo 27 de junio el Ateneo de Madrid elija al Presidente, al Vicepresidente 2º y al Secretario 1º del más simbólico custodio de la herencia ilustrada de nuestro país, también decidirá si los ateneístas quieren seguir siendo herederos de sus casi 200 años de tradición como baluarte de los espíritus libres, de los pensamientos no dogmáticos y de la fraternidad universal.

Al igual que “Arco Europeo Progresista”, la candidatura “Convergencia para la estabilidad democrática del Ateneo”, de la que me honro formar parte como candidato a Vicepresidente 2º, está plenamente comprometida con los principios de la Ilustración que han dado su ser progresista al Ateneo y a otras entidades igualmente emblemáticas de nuestro país como la Institución Libre de Enseñanza o la Residencia de Estudiantes.

Personalidades como Menéndez Pidal, Valle Inclán, Azaña, Cossío o Tierno Galván, entre otros excelsos predecesores, nos han enseñado que el ateneísta, sea un hombre público o anónimo, no es un mero socio que paga sus cuotas sino un librepensador tolerante y plenamente identificado con los valores democráticos, cualidades todas ellas que aprecio especialmente en mis compañeros de Convergencia, esto es, en los candidatos a Presidente, el Profesor Dr. D. Pedro A. García Bilbao, y a Secretario 1º, el Profesor Dr. D. Eliseo Sánchez Caro.

Siguiendo ejemplos tan edificantes para el espíritu y la convivencia, desde “Convergencia” haremos frente a todos los intentos que busquen desnaturalizar esta institución y defenderemos con firmeza sus Cátedras, Agrupaciones, Secciones y Tertulias, sólidos pilares de diálogo, ciencia, arte y cultura.

Celebraremos el “II Centenario Ilustrado” de la docta casa, agradeceremos su legado a los que nos precedieron y prepararemos otros 200 años de “libertad, igualdad y fraternidad” con un Ateneo que se siga rigiendo únicamente por la voluntad de sus ateneístas.

A LOS QUE SOIS ATENEÍSTAS OS PEDIMOS VUESTRO VOTO EL PRÓXIMO 27 DE JUNIO PARA “CONVERGENCIA PARA LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA DEL ATENEO” 

Fdo. José Antonio García Regueiro

Presidente de Arco Europeo Progresista