La enseñanza de la religión en la escuela liberal española

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En este trabajo estudiamos la inclusión de la enseñanza de la religión y moral católicas en los planes educativos del Estado liberal.

El liberalismo español estableció la secularización de la enseñanza. Si la Iglesia había ejercido casi el monopolio educativo durante el Antiguo Régimen, en el nuevo sistema político surgido de la Revolución liberal el Estado debía asumir el protagonismo en la enseñanza, aunque permitiese la existencia de la escuela privada. Por un lado, la Constitución de 1812 elevó la educación a un derecho, aunque, posteriormente los textos constitucionales no la incluyesen, y, por otro lado, la desamortización desposeyó a la Iglesia de la mayor parte de sus establecimientos educativos. Pero una cuestión era que el Estado regulase todo lo relacionado con la enseñanza y otra muy distinta que esa enseñanza fuera laica. El liberalismo español siempre consideró imprescindible la enseñanza de la religión católica en los niveles primario y secundario porque partía del reconocimiento constitucional de esta confesión como oficial en España. El artículo 12 de la Constitución de 1812 señalaba que la religión de la nación española era y sería “perpetuamente la religión católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra”. El mandato constitucional era inequívoco y contundente, siendo una de las pocas concesiones a los diputados absolutistas de las Cortes de Cádiz. Pero, además, el propio texto constitucional ordenaba que en las escuelas de primeras letras había que enseñar el catecismo de la religión católica, del mismo modo que los alumnos debían aprender las “obligaciones civiles”. Por su parte, la Constitución de 1837 en su artículo 11 establecía que la nación estaba obligada a mantener el culto y los ministros de la religión católica, que profesaban los españoles. Por fin, la Constitución de 1845, además de seguir estipulando la obligación de la nación a mantener el culto, en la misma línea que el texto constitucional anterior, señalaba, previamente, que la religión de la nación española era la católica, apostólica y romana.

Así pues, en consonancia y derivando de los mandatos constitucionales, el sistema educativo liberal incluyó la religión católica en los planes que se fueron elaborando y sucediendo. El Proyecto de Decreto para el arreglo general de la enseñanza pública de 1814 establecía que en las escuelas de primeras letras los niños debían aprender el catecismo religioso y moral “que comprenda brevemente los dogmas de la Religión y las máximas principales de buena conducta y buena crianza”. Los autores del dictamen de este proyecto legislativo defendían la necesidad, junto con el inicio del estudio de los derechos y deberes de los ciudadanos, de que se grabasen en el corazón de los niños los principales dogmas de la religión católica. Esta enseñanza debía emprenderse a través de catecismos breves y claros. En cambio, la religión no tenía cabida en el nivel de segunda enseñanza, seguramente, porque no lo especificaba la Constitución, como sí lo hacía en el caso de las escuelas de primeras letras. El Reglamento de Instrucción Pública de 1821, en el Trienio Liberal, recogía el espíritu y letra del Proyecto de 1814 al establecer el aprendizaje de los dogmas de la religión en un catecismo. De la misma manera que lo presentado en las Cortes en 1814, el Reglamento del Trienio no decía nada de la enseñanza de la religión católica en el nivel educativo medio.

El Plan del duque de Rivas del año 1836 introdujo la religión entre las asignaturas que debían impartirse en la instrucción secundaria pública. Tanto en el nivel elemental como en el superior se enseñarían “Elementos de Religión, de Moral y de Política”, aunque con más extensión en el segundo, al igual que pasaba con el resto de materias.

El Reglamento de las Escuelas Públicas de Instrucción Primaria Elemental de 1838 dejó muy clara la importancia de la enseñanza religiosa y desarrolló de forma exhaustiva cómo debía ser dicha enseñanza en este primer nivel educativo. La “instrucción moral y religiosa” era considerada como fundamental para la educación de los niños, y como un medio para evitar “la corrupción de costumbres”, aunque se reconocía que era difícil el ejercicio de las “facultades morales”, ya que no existía una didáctica clara sobre cómo enseñar valores como la paciencia, la sobriedad, el valor o la docilidad. En todo caso, era fundamental que la enseñanza que recibiese el pueblo fuese religiosa. El capítulo quinto del Reglamento se dedicó monográficamente a la religión. En primer lugar, se ordenaba que en las escuelas primarias el estudio de la religión católica quedaría bajo la inspección directa del párroco o del miembro eclesiástico de la Comisión local. Las autoridades eclesiásticas conocerían de antemano todas las lecciones y ejercicios relacionados con la religión que se iban a impartir en la escuela. Las clases comenzarían siempre con una oración. Todos los días se enseñaría la doctrina cristiana aplicándose a una parte de la historia sagrada. Cada tres días, durante un cuarto de hora, un alumno leería un capítulo de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento, terminando con una explicación por parte del maestro. Los niños debían ir a la misa dominical con su maestro.  La tarde de los sábados estaría dedicada, exclusivamente, al examen de la doctrina e historia sagrada estudiadas en la semana, así como al estudio del catecismo. Los alumnos debían aprender las preguntas y respuestas del catecismo y se harían preguntarse unos a otros. El párroco o el miembro eclesiástico de la Comisión local debía examinar sobre este particular, al menos una vez al mes. La sesión vespertina del sábado terminaría con la lección del Evangelio del día siguiente, el rezo del rosario y una oración por la salud de los reyes y por la prosperidad del país. Los maestros tenían la obligación de acompañar a los alumnos, una vez que hubieran hecho la primera comunión, a la Iglesia para que se confesasen cada tres meses, con el propósito de que fueran adquiriendo los hábitos relacionados con los actos religiosos. Para que los beneficios que proporcionaba la enseñanza religiosa no se perdiesen fuera de la escuela se instaba a los maestros a que mantuviesen reuniones con los padres de sus alumnos.

El Plan Pidal de 1845 también incluía la religión católica en la segunda enseñanza. En el nivel elemental de la misma, en el segundo curso, los alumnos aprenderían principios de moral y religión, aunque no aparecía en el nivel de ampliación de la segunda enseñanza.

Por fin, la Ley Moyano de 1857 establecía el aprendizaje de la doctrina cristiana y de la historia sagrada adaptada a los niños en el nivel de primera enseñanza elemental. En el primer nivel de la segunda enseñanza existía una asignatura parecida a la de primaria, aunque, presumiblemente con más contenido. En el segundo nivel de esta enseñanza la materia pasaba a denominarse “religión y moral cristiana”.

Eduardo Montagut. Doctor en Historia.

Educación para la ciudadanía en la España liberal

Rodolfo Llopis

Rodolfo Llopis, inspirador e impulsor del sistema educativo progresista durante la II República.

Los sistemas educativos se sustentan en valores que se enseñan de forma explícita o implícita a los alumnos y que están en consonancia con los que informan los sistemas políticos, sociales y económicos donde aquellos se inscriben. Las leyes educativas de nuestro Estado actual han explicitado y explicitan la importancia del aprendizaje de los valores democráticos que son los pilares del mismo, pero en los últimos años se ha desarrollado en España una intensísima polémica entre la izquierda, la derecha y la Iglesia Católica, como principales protagonistas, acerca de la necesidad o no de la asignatura de Educación para la Ciudadanía.. Aunque ninguna de las partes cuestione los valores democráticos sí hay profundas diferencias en algunos aspectos de la interpretación de dichos valores y de otras cuestiones anejas (libertad de enseñanza y de cátedra, etc.) que proceden de las distintas posiciones ideológicas de unos y de otros. Pues bien, en este artículo viajamos a la época liberal para buscar referencias históricas sobre la educación de valores y para conocer, en realidad, una parte del origen lejano de esas diferencias ideológicas, aunque sea de forma aproximada.

El Título IX de la Constitución de 1812 trataba de la Instrucción pública. En el artículo 368 se explicitaba la obligación de que se explicase la Constitución. El Proyecto de Decreto de 7 de marzo de 1814 especificaba que la enseñanza de la Constitución se inscribiría en la denominada segunda enseñanza. Este nivel educativo se organizó en tres áreas: la de las ciencias físicas y matemáticas, la de literatura y artes y la de ciencias morales y políticas. En esta última parte se impartirían un curso de “Moral y Derecho Natural”, otro de “Derecho Político y Constitución” y, por fin, uno de “Economía política y Estadística”. Pero, además, para poder acceder a la denominada tercera enseñanza había que certificar, entre otros, el haber superado el curso de “Derecho Político y Constitución”. En el Dictamen que se presentó sobre el Proyecto, los autores del mismo insistían en la necesidad que los alumnos aprendiesen los fundamentos del derecho político y que conociesen las “reglas de cuya observancia depende el justo régimen y la felicidad de las naciones; y que instruidos en los principios generales de esta ciencia, los apliquen después á su patria, y estudien las leyes fundamentales que la rigen, para ver su consonancia con los principios constitutivos de la sociedad, y amar por convencimiento propio lo que debe respetar por obligación”.

En el Trienio Liberal el Reglamento de 1821 ordenaba que ya en las escuelas públicas de primeras letras los niños tenían que aprender las “máximas de buena moral y los derechos y obligaciones civiles”. En el siguiente nivel educativo –segunda enseñanza- debía establecerse en cada universidad de provincia (asimilable al instituto, en la legislación educativa posterior), una cátedra de Derecho político y Constitución. Pero la legislación liberal no consideraba necesario que las mujeres tuvieran una educación igual a la de los hombres en esta cuestión de los valores, como tampoco en ninguna otra, ya que solamente se abrirían escuelas públicas para enseñar a leer, escribir y contar a las niñas, así como labores y habilidades “propias de su sexo” para las mujeres.

La inclusión del estudio de la Constitución en el sistema educativo que se comenzó a diseñar en Cádiz y se intentó desarrollar en el Trienio Liberal obedece, a nuestro juicio, a dos causas. En primer lugar, los liberales eran conscientes de que había que difundir la Constitución en toda España, una vez que  había sido elaborada y aprobada en un Cádiz sitiado y aislado. Este era un medio que parecía eficaz y que se relaciona con otras iniciativas para crear cátedras o escuelas promovidas por distintas instituciones y corporaciones con el mismo fin. Se trataba de que el texto constitucional fuera conocido porque era la base de un nuevo Estado completamente distinto al anterior, ya que era la primera vez que, realmente, España tenía una Constitución, si exceptuamos el Estatuto de Bayona, más bien Carta Otorgada y que, salvo algunas importantes novedades, no planteaba cambios revolucionarios y sí más bien la culminación del programa reformista ilustrado en versión afrancesada. En segundo lugar, y mucho más importante, los primeros liberales querían educar futuros ciudadanos, no súbditos, enseñar a los alumnos los derechos naturales, el ejercicio de los mismos y el sistema que los garantizaba para que los asimilaran como propios y no como algo impuesto. En todo caso, las mujeres no eran consideradas ciudadanas.

El Plan General de Instrucción Pública de 4 de agosto de 1836 del duque de Rivas establecía en la instrucción secundaria pública y en su nivel elemental una asignatura denominada “Ideología” y otra de “Religión, Moral y Política”, aunque no quede muy claro el contenido de la primera y se unan aspectos religiosos y morales con los políticos en la segunda. Las cuestiones relacionadas con las obligaciones civiles en primaria, según el Reglamento del Trienio Liberal, fueron abandonadas definitivamente a partir de este Plan de 1836, como se puede comprobar en la Ley para plantear provisionalmente el Plan de Instrucción Primaria de 21 de julio de 1838 y el consiguiente Reglamento de las Escuelas Públicas de Instrucción primaria elemental de ese mismo año. Los alumnos de este primer nivel educativo tenían que estudiar solamente los principios de “Religión y Moral”. Algo parecido ocurrió con el Plan Pidal de 1845 relativo a la segunda enseñanza. En el nivel de segunda enseñanza elemental se estudiaba “Religión y Moral”, y  se impartía una asignatura, en el tercer año, denominada “Principios de Psicología, Ideología y Lógica”. En el nivel de ampliación de la segunda enseñanza, en el área de letras, existía una asignatura de “Derecho Político y Administrativo”. En la cuestión que aquí nos atañe, la definitiva Ley Moyano de 1857 liquidó en el programa educativo de la segunda enseñanza las asignaturas que tuvieran que ver con el derecho político.

El abandono del estudio de la Constitución una vez asentado el Estado Liberal puede deberse a varias causas. En primer lugar, se podría argumentar la inestabilidad constitucional que se dio en la época de las Regencias del reinado de Isabel II, aunque el sistema terminaría estabilizándose con la Constitución  moderada de 1845,  texto constitucional definitivo hasta la caída de la reina en 1868, ya que el proyecto del Bienio Progresista no fue aprobado. Pero esas variaciones podían subsanarse cambiando el temario de una posible asignatura sobre la Constitución cuando entrara en vigor una nueva Carta Magna y, además, no hubo grandes diferencias entre la Constitución de 1837 y la de 1845. En realidad, al liberalismo moderado hegemónico no le interesaba que se enseñasen a los alumnos valores relativos al ejercicio de la ciudadanía, aunque se mantuvieran, durante un tiempo, los estudios relativos al derecho y la administración en secundaria porque estas asignaturas proporcionaban conocimientos teóricos y técnicos necesarios para los hijos de la burguesía –únicos que accedían a este nivel educativo- en sus futuros estudios, profesiones o para ejercer los derechos políticos, vetados, realmente para el resto de la población. Pero, como hemos señalado, hasta estas asignaturas desaparecieron en la Ley Moyano. Los hijos de la burguesía ya aprendían en sus casas la esencia y los valores del sistema político liberal que sus padres sustentaban y gobernaban.

El ideario revolucionario de Cádiz, una vez más, fue abandonado por el liberalismo posterior. Es significativo lo que expresaba el preámbulo del Reglamento de las Escuelas Públicas de 1838 en relación con los valores que debían adquirir los alumnos. En el nivel de primaria lo que importaba, además de la instrucción reglada, era enseñar reglas de urbanidad y ofrecer una formación religiosa y moral. El legislador pensaba que la última se había descuidado mucho, como lo probaría una supuesta “corrupción de las costumbres”. Había pues, que fomentar el ejercicio de las denominadas “facultades morales”: paciencia, sobriedad, valor, docilidad, etc.., de la misma manera que se enseñaban las demás materias, es decir, formar españoles obedientes; imaginamos que para que unos se dedicasen a un oficio y no exigiesen derechos políticos y para que los otros fueran buenos y aplicados estudiantes el resto de su vida académica y, de ese modo, reprodujeran el dominio ejercido por sus padres en el sistema político.

Eduardo Montagut. Doctor en Historia.

A vueltas con la República

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En estos tiempos en los que reverdece el espíritu republicano en nuestro país nos acercamos al significado histórico y político del concepto república. Pues bien, estaríamos hablando, efectivamente de un concepto político, pero también jurídico. Procede del latín, “res publica”, opuesto a la “res privata”, es decir, la comunidad política o “cosa pública”, frente al ámbito privado, una diferencia que era muy evidente entre los romanos. En este sentido, se trataría de un término genérico equivalente al bien común. Aunque el origen de la república aparece en el mundo romano, no cabe duda que, realmente encontraríamos el principio republicano en las polis clásicas griegas. Posteriormente, la república se puede asimilar a la “civitas” medieval, dando origen a las repúblicas aristocráticas. En la Europa absolutista, las repúblicas se asociaban a regímenes basados en el derecho y/o en territorios pequeños donde eran posibles gobiernos que, sin ser democráticos, sí estaban sujetos a complejas legislaciones con contrapesos institucionales que impedían la concentración personal del poder, propia de las monarquías absolutas, aunque terminaran controlados por oligarquías. En esta época hubo algunas repúblicas importantes, como la Serenísima de Venecia, por ejemplo. Por otro lado, en el mundo anglosajón surgía el concepto de “commonwealth”, vinculado al significado del bien común.

El concepto moderno de república nace en la época de las revoluciones americana y francesa en el momento que se constituyeron sendas repúblicas, una vinculada al nacimiento de una nueva nación y la otra al destronamiento de un rey y la abolición de la monarquía, aunque no en su primera etapa. Los súbditos pasaron a ser ciudadanos con reconocimiento y garantía de sus derechos y se instauraron democracias representativas con división de poderes.

En nuestro tiempo, la república se puede definir como un sistema de gobierno contrapuesto a la monarquía, y caracterizado por el cambio periódico de la jefatura del estado que tiene un mandato limitado y temporal, frente al principio hereditario de la segunda. La elección de la presidencia de la república varía entre los dos grandes modelos de república que existen. En el caso de las repúblicas presidencialistas, donde el presidente tiene amplios poderes, el jefe del estado es elegido por los ciudadanos, directamente como en el caso francés y en casi todas las repúblicas latinoamericanas e indirectamente, a través de la elección de unos compromisarios, como en Estados Unidos. Por su parte, en las repúblicas no presidencialistas, donde los presidentes tienen poderes muy limitados, éstos suelen ser elegidos por el poder legislativo, como ocurre en los casos alemán o italiano, entre otros. En todo caso, no existe regla fija y cada república tiene su propio sistema, fijado en su constitución respectiva.

Pero si en la historia contemporánea el concepto de república se ha asociado a la democracia representativa, el reconocimiento y garantía de derechos, así como a la división de poderes y en nuestro país esta identificación ha sido evidente, especialmente en relación con la Segunda República y, aún hoy permanece en el pensamiento de gran parte de la izquierda, conviene hacer algunas matizaciones importantes en relación con esta asociación, aunque no aplicables, en nuestra opinión, a la historia española, ya que, con la excepción actual, la democracia solamente ha existido cuando ha habido república. En primer lugar, han existido y existen repúblicas que no han tenido ni tienen respeto alguno por los derechos de sus ciudadanos, donde no ha habido ni hay clara división de poderes y donde la democracia ha brillado por su ausencia. Pensemos en las dictaduras latinoamericanas de los años setenta y ochenta o en algunas repúblicas del universo musulmán, por ejemplo. Por otro lado, ha habido y sigue habiendo un tipo de república asociada a la denominada “democracia popular” y que es una variante del totalitarismo. Pero, además, las monarquías parlamentarias occidentales nada tienen que ver con las monarquías del pasado y poseen los demás principios de las repúblicas democráticas, a excepción del tipo de jefatura del estado.

Otra cuestión es si estamos dispuestos a seguir teniendo una monarquía o no, debate que está inmerso en uno más general sobre la necesidad de profundas  reformas institucionales de nuestro sistema político, en plena crisis de credibilidad del mismo, y que tendrían que ir encaminadas hacia una mejora de la calidad democrática, además de la polémica sobre si la actual monarquía es heredera o no del franquismo, aunque sus funciones no sean, lógicamente, las mismas que las que fueron diseñadas en su momento por Franco en una ley fundamental.

Eduardo Montagut

Pese a quien le pese, somos y seremos la izquierda

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Hoy se cumple un año de esa fecha que marcó un antes y un después en el Partido Socialista Obrero Español. Fecha que a ninguno de los que vivimos ese momento nos gusta recordar, por lo que no volveré a escribir más sobre ello. Quizás se me puede tachar de que estoy removiendo mierda después de todo lo que ha sucedido, que esto ya es cosa del pasado y que hay que mirar solo al futuro, pero afortunadamente, desde aquella tarde-noche una gran parte de la militancia no nos resignamos a aceptar los dictados impuestos por cuatro gerifaltes, miramos hacia el futuro en esos momentos tan duros y supimos que había que hacer justicia ante todo, que es uno de nuestros pilares – defender las injusticias -, como así se ha demostrado.

Tres días antes y tras los sucesos de la dimisión en bloque de diecisiete miembros de la ejecutiva que no encajaba muy bien con la condición estatutaria de la mitad más uno que se tiene que producir para derrocar a nuestro secretario general, escribí un artículo titulado “Sevilla no paga a traidores”. Hoy lo releo con atención y no me arrepiento en nada de lo que ahí dije, porque el tiempo, que da y quita razones, se la ha quitado a algunos y se la ha entregado a quien la tenía.

Aquel 1 de octubre se sacaron las tripas del partido de los obreros a la calle, a las portadas de la prensa, a algunas encuestas, a los titulares del telediario o a los programas sensacionalistas (incluso me atrevería a llamarles del “corazón de la política”). Ferraz se convertía por unas horas en una imagen esperpéntica de lo que había sido en otros tiempos, plasmada en una auténtica hazaña de paparazzi del papel couché; en definitiva, una imagen bochornosa para los y las que nos sentimos socialistas. Todos pudimos apreciar cómo un grupo de trianeros, marismeños, malaguitas, pasiegos, falleros, joteros, belloteros o los del bolo montaban la feria para que se consumara el acto que ya estaba planeado con anterioridad.

No es para menos recordar las frases que salieron por ciertos alientos arrogantes, como ese “Oye Francina, veo que no te has enterado. Yo a este (por Sánchez) le quiero muerto hoy”, que meses más tarde se sentía 100% PSOE y que aquel día derramó lágrimas de cocodrilo porque, según ella, se estaban cargando el partido. O la que pronunció a la salida, abandonando el Comité Federal en mitad de la estacada por José Antonio Pérez Tapias “El PSOE ahora mismo está roto y no veo solución”. Lo que dio pie a que se creara una escuela de alta costura para coser el partido, a la que se unieron grandes modistos y modistas, por supuesto, del prêt-à-porter. De los cuchicheos de pasillo, se oyó decir a través de un móvil “si sigo con Pedro, ¿cómo voy a pagar la hipoteca?”, quien se ha hipotecado al máximo políticamente, defendiendo la abstención y con ello entregando el gobierno a los peperos. O cómo se nos va a olvidar la sargentona, chusquera, que actuaba al puro estilo Luis XIV, sentenciando a la puerta de Ferraz “en este momento la única autoridad que existe en el PSOE  es la presidenta del Comité Federal, que les guste o no a algunos, soy yo”, frase con la que perdió todas sus máximas en la vida política y ni que decir tiene en cuanto a autoridad.

En fin, un trago amargo que tuvimos que pasar todos los que aquel día sentimos que se estaba jugando con esa voz que alto y claro decía “No es No” a un gobierno de Mariano, que los socialistas de sentimiento, con carné y sin él, no habían echado sus papeletas en las urnas para un final tan infeliz y que no querían atarse a las “caenas” de un futuro, bajo el yugo de la derecha más rancia de este país. Hemos podido comprobar en los últimos tiempos, como cuando la socialdemocracia se une o tan solo se acerca a políticas practicadas por los partidos más reaccionarios de esta Europa decadente en sus valores humanos, como ha sido el caso de Grecia con el PASOK, o sin ir más lejos, la del pasado domingo del SPD alemán (también 100%), provoca un irremediable batacazo electoral, podemos considerarnos afortunados, que aquel fatídico día, sábado 1 de octubre, ha quedado ya en una nebulosa, porque apostamos por un lema “No es No”, contra las políticas del PP, que se volvió “Si es Si” en estar al lado de los más desfavorecidos. Hechos que jamás se van a borrar de la historia del partido y que demuestran cómo el poder de la militancia es superior a la de cualquier aparato. Una rebelión militante que se sintetiza hoy por hoy en #SomosLaIzquierda.

RICARDO MARCHAND

Sobre el origen del término “socialismo”

SAINT SIMON

Saint-Simon

El término “socialismo” tiene un origen múltiple. En este trabajo ofrecemos algunas claves sobre el particular.

El primer personaje que empleó la palabra fue Ferdinando Fachinei en el siglo XVIII. Fachinei fue un religioso italiano nacido en 1725, siendo un verdadero sabio de la época en varias materias, con una intensa vida. Al parecer, en 1766 aludió al socialismo como la doctrina de los que defendían el contrato social como el fundamento de la organización social. El fraile empleó este concepto cuando acusó de ser socialista a Cesare Beccaria, autor de la fundamental obra De los Delitos y las Penas (1764), donde separaba el delito del pecado, replanteando la diferencia entre el bien y el mal combatiendo la moral tradicional, y defendiendo fundamentales reformas judiciales. En realidad, Beccaria no habló nunca de las reivindicaciones de los humildes y trabajadores, pero sí del delincuente condenado, planteando aspectos fundamentales en relación con la violencia que se ejercía hacia los condenados, la tortura y la pena capital. Pero todo eso provocó fuertes críticas, como las de Fachinei, aunque, realmente, Beccaria nunca fue un autor socialista. Unos decenios después, el religioso Appiano Buonafede (1716-1793) también aludió a este concepto. Ambos estaban calificando a los autores contractuales como socialistas. Así pues, socialismo tenía una connotación harto negativa.

Pero el concepto moderno de socialismo no nace hasta la década de los años treinta del siglo XIX en Gran Bretaña y Francia, patria una de la Revolución Industrial y de las primeras críticas a sus consecuencias sociales, y cuna la otra de una intensa tradición de intelectuales críticos con la realidad social. El término surge en el momento histórico preciso, cuando Europa estaba cambiando fruto tanto de las revoluciones liberales-burguesas, como de las industriales, generando la sociedad de clases con nuevos problemas y consecuencias.

El concepto se utilizó para designar a los seguidores de Robert Owen en Inglaterra, y de Saint-Simon en Francia. Pierre Leroux, un seguidor de éste, empleó el concepto en el otoño de 1833 en la Revue encyclopédique, donde publicó un artículo que tituló “Del individualismo y del socialismo”. En el trabajo hacía una reflexión y crítica a ambos conceptos, uno porque se basaba en la defensa extrema de la libertad, y el segundo porque pecaba de lo mismo, pero en relación con el principio de asociación. En todo caso, Leroux terminaría por aceptar que era socialista, y así lo expresó en una nueva edición de su escrito, aunque se consideraba un socialista que no combatía los principios de la libertad, algo sumamente interesante para el debate futuro en el universo socialista por la supuesta dicotomía entre libertad e igualdad, así como entre socialismo democrático y socialismo revolucionario hacia soluciones totalitarias.

Por su parte, unos años después, Louis Reybaud publicaba en la Revue des deux mondes unos trabajos titulados “Socialistas modernos dedicados a Saint-Simon, Charles Fourier y Robert Owen, confirmando que en esa década de los treinta había surgido el término.

Eduardo Montagut. Doctor en Historia.

Origen y evolución de los partidos políticos

Primer Consejo de Ministros de la II República

Primer Consejo de Ministros de la II República

En estos tiempos de profunda crisis de los partidos políticos planteamos una breve aproximación a su origen y evolución histórica.

Aunque existían “partidos” en el Antiguo Régimen, referidos a facciones clientelares en las cortes de las monarquías absolutas, y que se vinculaban a privados, validos o ministros, en realidad, el origen de los partidos políticos estaría en los procesos revolucionarios liberales, iniciados en el último cuarto del siglo XVIII, con el precedente del parlamentarismo inglés. El derecho a participar en la política que trajo consigo el triunfo de la soberanía nacional generó la necesidad de articular las distintas posturas que aspiraban a estar representadas en los parlamentos en torno a organizaciones políticas con objetivos comunes. Así pues, los partidos terminaron por ser piezas básicas de la relación entre el Estado y la sociedad o, al menos, de la parte de la sociedad con derecho al sufragio. En el Parlamento inglés aparecieron los whigs y los tories, los primeros más partidarios del mismo, frente a los segundos más vinculados a la Corona. El siguiente paso se dio en la Revolución Francesa, surgiendo grupos, destacando entre ellos, los monárquicos constitucionales, los girondinos y los jacobinos, entre otros

En 1832 se aprobó la Reform Act en Gran Bretaña, que fue la primera gran extensión del sufragio en dicho país, incorporando al sistema político a toda la burguesía. Este hecho generó que los viejos whigs tuvieran que organizarse de forma distinta, transformándose en el Partido Liberal, con algunas reglas de disciplina interna y cierta coherencia ideológica, para organizar las elecciones y generar adhesiones personales hacia los líderes. Ese fue el espíritu que terminó por triunfar en los partidos políticos en los Estados liberales europeos: organizaciones de cuadros, élites y comités, donde primaban las fidelidades personales. En realidad, solamente funcionaban en los períodos electorales y no estaban muy cohesionados.

La transformación de los sistemas políticos liberales en democráticos a finales del siglo XIX, es decir, con el triunfo del sufragio universal, provocó un cambio radical en la estructura de los partidos, porque el derecho a participar en política se había extendido a todas las capas sociales, por lo que los partidos si querían acceder a cuotas de poder ya no podían organizarse como antaño. En este sentido, es muy importante la llegada de los partidos socialistas, profundamente interesados en incorporar a los obreros a la vida política, dado el triunfo de las tesis reformistas sobre las revolucionarias en el socialismo occidental. Estas formaciones fomentaron la educación política de las masas, empleando los mítines, las casas del pueblo, la prensa y promoviendo la afiliación. Al crecer de forma considerable, se estructuraron de manera distinta a como lo habían hecho los partidos liberales. Se crearon estructuras burocráticas estables frente a los cuadros y comités episódicos de los partidos liberales. Era el momento en el que nacían los políticos profesionales frente al político liberal burgués que no recibía remuneración por su trabajo político, dada su riqueza personal basada en la propiedad. Los partidos socialistas primigenios eran de aparato, es decir, con una estructura piramidal, basada en secciones o agrupaciones que conformaban un primer nivel. Después, estaban en un segundo nivel las federaciones territoriales hasta el tercer nivel o vértice, que estaba constituido por una comisión ejecutiva con una secretaría general, elegidas por delegados de los niveles inferiores en los congresos.

El éxito organizativo y electoral de los partidos socialistas europeos generó una reacción en los sectores políticos burgueses, conservadores, católicos y nacionalistas, promoviendo la creación de partidos de masas, con estructuras parecidas a los de aparato pero que no se dirigían a una clase social determinada. Este fenómeno comenzó en el período de entreguerras, pero terminó por consagrarse después de la Segunda Guerra Mundial Con el tiempo, los partidos socialistas terminaron por conjugar el modelo de partido de aparato con el de masas, al dirigirse no sólo a la clase obrera.

Conviene tener en cuenta la existencia de los partidos únicos en los Estados totalitarios, con estructuras rígidas, sin democracia interna, y con un líder indiscutible al que se rinde culto y obediencia ciega. Aunque las ideologías que defendían eran distintas, en esta categoría estarían los partidos fascistas y los comunistas de las dictaduras del proletariado. Estos partidos generarían un gran aparato burocrático paralelo al del Estado, aunque con claras interferencias del primero sobre el segundo.

Los nuevos partidos de aparato y de masas, con estructuras internas permanentes, crecientes y complejas, necesitaban recursos para mantenerse. La financiación partiría de las cuotas de afiliación de los militantes, pero terminaron por no ser suficientes. Con el tiempo, los Estados ha tenido que realizar aportaciones proporcionales al peso electoral de los partidos, cifrado en el número de escaños obtenidos en los parlamentos y otras instituciones representativas. Una tercera fuente de financiación vendría de las aportaciones o donaciones externas de particulares y empresas.

Por fin, hay que recordar la cuestión de la mujer en los partidos políticos. Su presencia era inexistente en los partidos liberales, dado que, aunque terminara por imponerse el sufragio universal sobre el censitario, la mujer no tenía derecho al voto ni a participar en política. La lucha sufragista terminó por conseguir el derecho al sufragio, pero no provocó una masiva incorporación de la mujer a la actividad política a través de los partidos. Un sector importante de mujeres de la clase obrera se incorporó a los partidos socialistas, pero tuvieron grandes problemas para tener protagonismo interno y acceder a áreas de poder, con algunas excepciones. Con el tiempo, algunas formaciones políticas, generalmente en la izquierda, terminaron por adoptar políticas de discriminación positiva en la elaboración de listas de cargos orgánicos internos o en las listas electorales para garantizar la presencia femenina.

Eduardo Montagut. Doctor en Historia.

Aproximación al integrismo español decimonónico

Toledo

Catedral de Toledo

En este artículo estudiaremos la ideología del integrismo y su articulación política en la segunda mitad del siglo XIX en España.

La ideología integrista se basaba en dos pilares: la condena papal del liberalismo y la utilización de la religión como opción política. En las encíclicas Mirari Vos (1832) de Gregorio XVI y Sylabus (1864) de Pío IX se condenaba sin paliativos el liberalismo y se prohibía a los católicos aceptar la separación Iglesia-Estado, la libertad de cultos, el origen humano de la autoridad, es decir, la soberanía nacional, la competencia de las autoridades civiles en materias como la enseñanza o el matrimonio y, por fin, la democracia.

En España el integrismo tenía forzosamente que vincularse al carlismo, pero dicha asociación no fue automática ni completa. El integrismo comenzó a articularse a partir de los años sesenta del siglo XIX de la mano de Cándido Nocedal con la creación de un partido neocatólico que, en el Sexenio Democrático, se acercaría a la causa carlista. Nocedal se hizo con la jefatura del Partido Carlista y lo orientó en este sentido católico integrista. En esta misma época se inició con fuerza el activismo político de su hijo Ramón, especialmente en lo que se refiere a la propaganda, ya que comenzó a difundir las ideas integristas desde el “El Siglo Futuro”. Así pues, el objetivo de ambos Nocedal era ensanchar la base social y electoral del integrismo, queriendo superar lo estrictamente carlista en vista de las derrotas militares que estaba padeciendo después que Cánovas del Castillo se planteara de forma prioritaria acabar con el conflicto bélico, involucrando a Alfonso XII, como modelo de rey-soldado. Pero en el trabajo de hacerse con el espacio político que venía ocupando el carlismo desde los años treinta se presentó un competidor en la figura de Alejandro Pidal que, en 1881 fundó la Unión Católica, consiguiendo atraer a algunos sectores carlistas a la órbita de Cánovas. A la muerte de Cándido Nocedal en 1885, su hijo adquirió todo el protagonismo político en el seno del integrismo.

En 1887 salió a la luz el panfleto del cura Sardá, titulado muy significativamente El liberalismo es pecado, especie de catecismo o programa del integrismo, una ideología que no podía aceptar ninguna premisa o postulado liberal, ni tan siquiera en su versión doctrinaria o más conservadora. En lo organizativo el integrismo se articuló como partido político en España a partir del Manifiesto de Burgos del año 1888. Los integristas incorporaron las doctrinas políticas de la Iglesia, insistiendo en la crítica a la libertad de cultos, a la separación de la Iglesia del Estado, y a la libertad de cátedra y de la ciencia, precisamente en un momento en el que comenzaban con fuerza los impulsos renovadores en la educación y la ciencia españolas de la mano de la Institución Libre de Enseñanza.

El integrismo terminó agotándose por la tendencia a los enfrentamientos en su seno, aunque la Iglesia Católica española se empeñó en intentar aunar las diferencias internas para poder presentar una causa fuerte y común, por lo que se organizaron diversos congresos y reuniones con un evidente fracaso. En todo caso, tuvieron una destacada presencia pública en la España de finales del siglo XIX, ya que no era infrecuente que se manifestaran en peregrinaciones, rosarios y marchas. Esa presencia, a pesar de su evidente debilidad política, enconó los ánimos del anticlericalismo español.

El movimiento se debilitó cuando Ramón Nocedal murió en 1907. Muchos integrantes del integrismo terminaron por vincularse a las distintas extremas derechas que fueron surgiendo en los años veinte y treinta en España.

Eduardo Montagut. Doctor en Historia.

El derecho de petición en España

constitucin-43-638El derecho de petición no fue una creación del liberalismo, ya que en el Antiguo Régimen un súbdito podía elevar peticiones al rey por muy variadas razones: solicitar un cargo, una renta, una prebenda o un privilegio. Los archivos españoles están llenos de memoriales que constituyen una valiosa fuente para estudiar las sociedades modernas de los siglos XVI, XVII y XVIII. Otra cuestión es si una petición podía acarrear algún tipo de acción o represalia por parte del poder sobre el peticionario. Por otro lado, el derecho a pedir a un monarca absoluto debe ser entendido como una concesión graciosa de los reyes, no como un derecho natural a garantizar por el Estado, según la filosofía política liberal.

El derecho de petición y su garantía se incorporaron a las Declaraciones de Derechos y las Constituciones de las revoluciones liberales. En principio, el derecho era individual y no colectivo. El precedente quedó establecido en el Bill of Rights de 1689, culminación de la Revolución inglesa. Se reconocía el derecho de los súbditos a presentar peticiones al rey, siendo ilegal cualquier acción contra los peticionarios, es decir, que se garantizaba dicho derecho al prohibir que se pudiera abrir algún tipo de procedimiento legal contra el peticionario.

En las Declaraciones norteamericanas, como las de Delaware o de Maryland, podemos leer que todos los hombres tenían derecho a solicitar al legislativo la reparación de agravios. En Francia, el artículo 32 de la Declaración de Derechos de la Constitución de 1793 reconocía que no se podía prohibir ni suspender, ni tan siquiera limitar el derecho de presentar peticiones a los depositarios de la autoridad pública. Los belgas tenían derecho a dirigir a las autoridades peticiones firmadas por una o varias personas, según lo dispuesto en la Constitución de 1831. Este texto constitucional es importante porque reconoció que el derecho de petición también podía ser colectivo.

En la España del siglo XIX solamente estaba reconocido el derecho de petición individual. La Constitución de Cádiz establecía una fórmula más específica, ya que en el artículo 373 se decía que todo español tenía el derecho a representar a las Cortes o al rey para reclamar la observancia de la Constitución. Más claramente aparece el derecho de petición en el artículo tercero de la Constitución de 1837, al afirmar que todo español tenía derecho a dirigir peticiones por escrito a las Cortes y al rey, como determinasen las leyes. Formulado de forma idéntica aparece en las Constituciones de 1845, 1869 y 1876. El proyecto de Constitución Federal de 1873 sí reconocía el derecho a dirigir peticiones, individual y colectivamente a las Cortes y a las demás autoridades de la República, siendo la primera vez que se hacia este reconocimiento como derecho colectivo en la historia del constitucionalismo español.

La Constitución de la Segunda República de 1931 reconocía en su artículo 35, que el derecho de petición era individual y colectivo, recogiendo lo ya planteado en el proyecto constitucional de 1873. Por otro lado, y esto es muy importante por lo novedoso, la Constitución republicana reconocía que el pueblo español, ejerciendo el derecho de iniciativa popular, podía presentar a las Cortes una proposición de ley, siempre y cuando lo pidiera, al menos el 15% de los electores.

El régimen franquista reconoció el derecho de petición de los españoles en relación con el jefe del Estado, las Cortes y las autoridades, en el artículo 21 del Fuero de los Españoles de 1945, aunque establecía que las corporaciones, funcionarios públicos y los militares solamente podrían ejercitar dicho derecho de acuerdo con las disposiciones legales por las que se regían. Los problemas vinieron siempre, durante la dictadura, de la falta de garantías para poder ejercer los derechos reconocidos teóricamente, así como la frecuente suspensión temporal de derechos en los estados de excepción que se decretaron.

Por fin, la Constitución de 1978 reconoce en el artículo 29 el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, según lo determinado por la ley. Ese derecho solamente puede ser ejercido de forma individual por parte de los miembros de las fuerzas armadas y también referido a sus legislaciones respectivas y específicas. Pero, además, en el Título III correspondiente a las Cortes Generales, en el artículo 77 se reconocía que las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, pero quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas. Las Cámaras podrían remitir al Gobierno las peticiones recibidas y este estaría obligado a una respuesta si las Cortes lo exigían.

Eduardo Montagut

El derecho de resistencia

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Nuestro sistema político se sustenta en el postulado de los derechos naturales que deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. A lo largo de dos siglos el número de los derechos ha ido aumentando y haciéndose más complejo el asunto de las garantías de los mismos, especialmente, de los de carácter social.  Estos reconocimientos y garantías podrían resultar claramente insuficientes si los conflictos en las sociedades llegasen a un punto que no pudieran ser canalizados por las estructuras existentes. Estaríamos hablando de un asalto al poder a través de una revolución o de un golpe de estado, según sean las fuerzas asaltantes. Los ejemplos históricos en la historia contemporánea son abundantes y no hace falta mencionarlos. Los conflictos llevaron a las primeras Declaraciones de Derechos a abordar la cuestión del derecho de resistencia. En los nacientes Estados Unidos se articuló a través de la justificación del empleo del recurso a levantarse contra un gobierno considerado despótico, como queda patente en su Declaración de Independencia. El pueblo tendría derecho a cambiar o abolir y a implantar un nuevo gobierno si cualquier forma de gobierno existente fuera contraria a las verdades consideradas evidentes (postulados): igualdad entre los hombres, los derechos a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, así como que el poder debe derivar de la aprobación de los gobernados.

En Europa la cuestión fue más compleja porque no se trataba, en principio, de legitimar una independencia, aunque, posteriormente, los nacionalismos centrífugos sí emplearían ese argumento, sino de derribar a unas autoridades y de destruir un sistema considerado injusto, algo que ya era caduco, el Antiguo Régimen, de ahí esta denominación, en principio peyorativa, desde la perspectiva de los revolucionarios franceses. El derecho a la resistencia aparece en la Declaración de 1789, cuando, en el artículo segundo se expresan los “derechos naturales e imprescriptibles” del hombre. Entre ellos, estaría el de la “resistencia a la opresión”. Pero serían los jacobinos quienes elaborasen la formulación más acabada del derecho de resistencia. Fue desarrollada en tres artículos de la Declaración de Derechos de la Constitución de 1793. En el artículo 33 se establecía que el derecho de resistencia a la opresión era la consecuencia de los demás derechos del hombre. La opresión contra la sociedad existiría, según lo expresado en el siguiente artículo, cuando uno solo de sus individuos era oprimido y, a la vez, habría opresión hacia cualquier persona cuando la sociedad estaba oprimida. Por fin, en el artículo nº35 se enunciaba claramente el derecho de resistencia, al expresar que cuando un gobierno violaba los derechos del pueblo, la insurrección sería para el pueblo y para cada parte del mismo, “el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes”.

Pero las formulaciones jacobinas no se encuentran en más Declaraciones ni Constituciones. A lo sumo, el primer liberalismo y de signo progresista orientó este derecho hacia la defensa de la Constitución contra sus enemigos en el proceso revolucionario y de asentamiento del estado liberal. Para ello, se estableció el instrumento de la garde nationale o la milicia nacional, para el caso español. La milicia nacional se instituyó en la Constitución de 1812. Estaba integrada por todos los ciudadanos con la función de hacer preservar el nuevo orden liberal. La milicia nacional siempre se alineó con los pronunciamientos, levantamientos e insurrecciones de signo progresista y fueron combatidas por los moderados que la disolvían siempre que recuperaban el poder, y vuelta a ser restablecida con gobiernos progresistas. Al final, desapareció definitivamente en la Restauración canovista. Estos grupos armados fueron disueltos como consecuencia del giro conservador que el liberalismo europeo emprendió en la segunda mitad del siglo XIX. Las nuevas fuerzas que se fueron creando, como la guardia civil española, debían servir para mantener el orden público y reprimir cualquier intento revolucionario o insurreccional.

Eduardo Montagut

 

Del tiranicidio

Harmodio y Aristogitón tyrannicidesEn la época arcaica griega el tyrannos designaba ocasionalmente al basileus o rey, pero generalmente, aludía al hombre que, sin ser el heredero legítimo, se apoderaba del poder de una ciudad y lo ejercía de forma personal sin contar con las instituciones legales. En principio, el término no tenía connotaciones negativas. Tenemos que tener en cuenta el contexto histórico en el que aparecieron los tiranos. La tiranía se extendió como fórmula política entre los siglos VII y VI a. C. en relación con el deseo de cambio de los campesinos helenos afectados por la crisis agraria. El tirano encarnó la figura del hombre que abolía el régimen aristocrático. Una vez obtenido el poder, los tiranos emprendían reformas y perseguían a los aristócratas, que sufrían prisión, exilio y confiscaciones. Entre los tiranos destacó, sin lugar a dudas, Pisístrato, que se empleó en la mejora de los campesinos atenienses. En Corinto, Cípselo acuñó las primeras monedas e implantó un sistema fiscal. Otro de los aspectos a destacar del régimen que establecieron los tiranos fue el fomento del urbanismo, con el ornamento de las ciudades y la construcción de infraestructuras, especialmente las relacionadas con el agua. Pero en la época clásica el tirano comenzó a adquirir otras connotaciones. La constatación del comportamiento de algunos tiranos, como Fálaris de Agrigento, hizo que los pensadores comenzaran a condenar la tiranía. Los tiranos pasaron a ser déspotas crueles que utilizaban el terror y envilecían a los ciudadanos. Para Platón era el más vil de los seres humanos.

En Atenas, la muerte de Hiparco, tirano junto con su hermano Hipias, fue vista como una liberación y sus autores elevados a la categoría de héroes. La legitimidad del hecho de acabar con los tiranos comenzó a elaborarse teóricamente por algunos autores romanos como Cicerón, Plutarco y Polibio. En el siglo XII el obispo de Chartres, Juan de Salisbury, realizó la primera formulación clara del tiranicidio en Europa, pero Santo Tomás condenó esta práctica en el siglo siguiente, aunque contemplaba la posibilidad de que el tirano pudiera ser castigado por las autoridades. La Iglesia terminó por condenar el tiranicidio en el Concilio de Constanza (1414-1418) por considerarlo herético.

En el Renacimiento terminó por perfilarse la teoría del tiranicidio, concebido como la muerte del tirano en defensa de la legitimidad política. Los príncipes debían ejercer el poder para el bien de los súbditos y éstos tenían derecho a la resistencia, pero, además, aquel monarca que hubiera violado las leyes divinas y el pacto implícito con sus súbditos se convertía en un tirano y era lícito terminar con él. En esta defensa del tiranicidio se destacaron los monarcómacos. El relativo éxito de la teoría del tiranicidio en la época moderna tiene mucho que ver con los planteamientos de la teoría contractualista del poder, ya que la tiranía corrompería el pacto entre gobernantes y gobernados.

Sin lugar a dudas, el teórico más destacado sobre el tiranicidio fue el jesuita español Juan de Mariana con su obra De rege et regis institutione (Toledo, 1599). Algunos contemporáneos acusaron a Mariana de ser uno de los instigadores morales del asesinato de Enrique IV en Francia. Pero, los defensores del tiranicidio en esta época no contemplaban las reacciones individuales o de grupos particulares a la hora de defender el tiranicidio; éste debía contar con el beneplácito o consenso tácito del pueblo.

A finales del siglo XVII Locke defendió la legitimidad del principio de resistencia frente a un gobierno injusto y al derecho de cualquier ciudadano de acabar con el criminal que violaba la ley y la naturaleza que Dios había establecido para mantener la armonía social. Es importante destacar que el derecho de resistencia, aunque no exactamente el tiranicidio, estuvo en la base de la revolución americana, de las revoluciones liberales europeas y se incorporó a algunas de las declaraciones de derechos que se elaboraron en ese momento histórico.

El tiranicidio terminó por desaparecer en el pensamiento y en los sistemas políticos occidentales ante los reparos morales que generaba la pena de muerte. Los sistemas democráticos establecen en sus constituciones mecanismos que regulan y limitan los poderes para evitar la tiranía. Pero en el mundo actual ha habido casos evidentes de tiranicidio en determinados regímenes políticos y, sobre todo, en situaciones de profundas crisis. En la mente de todos están los casos de Nicolás Caeucescu, Sadam Hussein o Gadafi, tiranicidios cometidos por nuevas autoridades autóctonas, por otras tuteladas por poderes extranjeros o por linchamiento popular.

En conclusión, el concepto de tirano ha evolucionado en la historia y ha ido adquiriendo un perfil notoriamente negativo, mientras que, de forma paralela, ha generado la teoría del tiranicidio. Terminemos con las definiciones que nos ofrece el Diccionario de la Real Academia Española sobre lo que es un tirano. El término se aplica a quien obtiene contra derecho el gobierno de un Estado, y principalmente al que lo rige sin justicia y a medida de su voluntad. También se refiere a quien abusa de su poder, superioridad o fuerza en cualquier concepto o materia y, por último, un tirano es quien impone ese poder y superioridad en grado extraordinario. No cabe duda que si aplicamos estas definiciones nos saldrían muchos tiranos en la historia contemporánea mundial y española. Que cada uno elija los suyos. Otra cosa es que, como seres civilizados, hoy no aboguemos por el tiranicidio y sí más por la defensa y el desarrollo del derecho de resistencia.

Eduardo Montagut