Origen y evolución de los partidos políticos

Primer Consejo de Ministros de la II República

Primer Consejo de Ministros de la II República

En estos tiempos de profunda crisis de los partidos políticos planteamos una breve aproximación a su origen y evolución histórica.

Aunque existían “partidos” en el Antiguo Régimen, referidos a facciones clientelares en las cortes de las monarquías absolutas, y que se vinculaban a privados, validos o ministros, en realidad, el origen de los partidos políticos estaría en los procesos revolucionarios liberales, iniciados en el último cuarto del siglo XVIII, con el precedente del parlamentarismo inglés. El derecho a participar en la política que trajo consigo el triunfo de la soberanía nacional generó la necesidad de articular las distintas posturas que aspiraban a estar representadas en los parlamentos en torno a organizaciones políticas con objetivos comunes. Así pues, los partidos terminaron por ser piezas básicas de la relación entre el Estado y la sociedad o, al menos, de la parte de la sociedad con derecho al sufragio. En el Parlamento inglés aparecieron los whigs y los tories, los primeros más partidarios del mismo, frente a los segundos más vinculados a la Corona. El siguiente paso se dio en la Revolución Francesa, surgiendo grupos, destacando entre ellos, los monárquicos constitucionales, los girondinos y los jacobinos, entre otros

En 1832 se aprobó la Reform Act en Gran Bretaña, que fue la primera gran extensión del sufragio en dicho país, incorporando al sistema político a toda la burguesía. Este hecho generó que los viejos whigs tuvieran que organizarse de forma distinta, transformándose en el Partido Liberal, con algunas reglas de disciplina interna y cierta coherencia ideológica, para organizar las elecciones y generar adhesiones personales hacia los líderes. Ese fue el espíritu que terminó por triunfar en los partidos políticos en los Estados liberales europeos: organizaciones de cuadros, élites y comités, donde primaban las fidelidades personales. En realidad, solamente funcionaban en los períodos electorales y no estaban muy cohesionados.

La transformación de los sistemas políticos liberales en democráticos a finales del siglo XIX, es decir, con el triunfo del sufragio universal, provocó un cambio radical en la estructura de los partidos, porque el derecho a participar en política se había extendido a todas las capas sociales, por lo que los partidos si querían acceder a cuotas de poder ya no podían organizarse como antaño. En este sentido, es muy importante la llegada de los partidos socialistas, profundamente interesados en incorporar a los obreros a la vida política, dado el triunfo de las tesis reformistas sobre las revolucionarias en el socialismo occidental. Estas formaciones fomentaron la educación política de las masas, empleando los mítines, las casas del pueblo, la prensa y promoviendo la afiliación. Al crecer de forma considerable, se estructuraron de manera distinta a como lo habían hecho los partidos liberales. Se crearon estructuras burocráticas estables frente a los cuadros y comités episódicos de los partidos liberales. Era el momento en el que nacían los políticos profesionales frente al político liberal burgués que no recibía remuneración por su trabajo político, dada su riqueza personal basada en la propiedad. Los partidos socialistas primigenios eran de aparato, es decir, con una estructura piramidal, basada en secciones o agrupaciones que conformaban un primer nivel. Después, estaban en un segundo nivel las federaciones territoriales hasta el tercer nivel o vértice, que estaba constituido por una comisión ejecutiva con una secretaría general, elegidas por delegados de los niveles inferiores en los congresos.

El éxito organizativo y electoral de los partidos socialistas europeos generó una reacción en los sectores políticos burgueses, conservadores, católicos y nacionalistas, promoviendo la creación de partidos de masas, con estructuras parecidas a los de aparato pero que no se dirigían a una clase social determinada. Este fenómeno comenzó en el período de entreguerras, pero terminó por consagrarse después de la Segunda Guerra Mundial Con el tiempo, los partidos socialistas terminaron por conjugar el modelo de partido de aparato con el de masas, al dirigirse no sólo a la clase obrera.

Conviene tener en cuenta la existencia de los partidos únicos en los Estados totalitarios, con estructuras rígidas, sin democracia interna, y con un líder indiscutible al que se rinde culto y obediencia ciega. Aunque las ideologías que defendían eran distintas, en esta categoría estarían los partidos fascistas y los comunistas de las dictaduras del proletariado. Estos partidos generarían un gran aparato burocrático paralelo al del Estado, aunque con claras interferencias del primero sobre el segundo.

Los nuevos partidos de aparato y de masas, con estructuras internas permanentes, crecientes y complejas, necesitaban recursos para mantenerse. La financiación partiría de las cuotas de afiliación de los militantes, pero terminaron por no ser suficientes. Con el tiempo, los Estados ha tenido que realizar aportaciones proporcionales al peso electoral de los partidos, cifrado en el número de escaños obtenidos en los parlamentos y otras instituciones representativas. Una tercera fuente de financiación vendría de las aportaciones o donaciones externas de particulares y empresas.

Por fin, hay que recordar la cuestión de la mujer en los partidos políticos. Su presencia era inexistente en los partidos liberales, dado que, aunque terminara por imponerse el sufragio universal sobre el censitario, la mujer no tenía derecho al voto ni a participar en política. La lucha sufragista terminó por conseguir el derecho al sufragio, pero no provocó una masiva incorporación de la mujer a la actividad política a través de los partidos. Un sector importante de mujeres de la clase obrera se incorporó a los partidos socialistas, pero tuvieron grandes problemas para tener protagonismo interno y acceder a áreas de poder, con algunas excepciones. Con el tiempo, algunas formaciones políticas, generalmente en la izquierda, terminaron por adoptar políticas de discriminación positiva en la elaboración de listas de cargos orgánicos internos o en las listas electorales para garantizar la presencia femenina.

Eduardo Montagut. Doctor en Historia.

Aproximación al integrismo español decimonónico

Toledo

Catedral de Toledo

En este artículo estudiaremos la ideología del integrismo y su articulación política en la segunda mitad del siglo XIX en España.

La ideología integrista se basaba en dos pilares: la condena papal del liberalismo y la utilización de la religión como opción política. En las encíclicas Mirari Vos (1832) de Gregorio XVI y Sylabus (1864) de Pío IX se condenaba sin paliativos el liberalismo y se prohibía a los católicos aceptar la separación Iglesia-Estado, la libertad de cultos, el origen humano de la autoridad, es decir, la soberanía nacional, la competencia de las autoridades civiles en materias como la enseñanza o el matrimonio y, por fin, la democracia.

En España el integrismo tenía forzosamente que vincularse al carlismo, pero dicha asociación no fue automática ni completa. El integrismo comenzó a articularse a partir de los años sesenta del siglo XIX de la mano de Cándido Nocedal con la creación de un partido neocatólico que, en el Sexenio Democrático, se acercaría a la causa carlista. Nocedal se hizo con la jefatura del Partido Carlista y lo orientó en este sentido católico integrista. En esta misma época se inició con fuerza el activismo político de su hijo Ramón, especialmente en lo que se refiere a la propaganda, ya que comenzó a difundir las ideas integristas desde el “El Siglo Futuro”. Así pues, el objetivo de ambos Nocedal era ensanchar la base social y electoral del integrismo, queriendo superar lo estrictamente carlista en vista de las derrotas militares que estaba padeciendo después que Cánovas del Castillo se planteara de forma prioritaria acabar con el conflicto bélico, involucrando a Alfonso XII, como modelo de rey-soldado. Pero en el trabajo de hacerse con el espacio político que venía ocupando el carlismo desde los años treinta se presentó un competidor en la figura de Alejandro Pidal que, en 1881 fundó la Unión Católica, consiguiendo atraer a algunos sectores carlistas a la órbita de Cánovas. A la muerte de Cándido Nocedal en 1885, su hijo adquirió todo el protagonismo político en el seno del integrismo.

En 1887 salió a la luz el panfleto del cura Sardá, titulado muy significativamente El liberalismo es pecado, especie de catecismo o programa del integrismo, una ideología que no podía aceptar ninguna premisa o postulado liberal, ni tan siquiera en su versión doctrinaria o más conservadora. En lo organizativo el integrismo se articuló como partido político en España a partir del Manifiesto de Burgos del año 1888. Los integristas incorporaron las doctrinas políticas de la Iglesia, insistiendo en la crítica a la libertad de cultos, a la separación de la Iglesia del Estado, y a la libertad de cátedra y de la ciencia, precisamente en un momento en el que comenzaban con fuerza los impulsos renovadores en la educación y la ciencia españolas de la mano de la Institución Libre de Enseñanza.

El integrismo terminó agotándose por la tendencia a los enfrentamientos en su seno, aunque la Iglesia Católica española se empeñó en intentar aunar las diferencias internas para poder presentar una causa fuerte y común, por lo que se organizaron diversos congresos y reuniones con un evidente fracaso. En todo caso, tuvieron una destacada presencia pública en la España de finales del siglo XIX, ya que no era infrecuente que se manifestaran en peregrinaciones, rosarios y marchas. Esa presencia, a pesar de su evidente debilidad política, enconó los ánimos del anticlericalismo español.

El movimiento se debilitó cuando Ramón Nocedal murió en 1907. Muchos integrantes del integrismo terminaron por vincularse a las distintas extremas derechas que fueron surgiendo en los años veinte y treinta en España.

Eduardo Montagut. Doctor en Historia.

El derecho de petición en España

constitucin-43-638El derecho de petición no fue una creación del liberalismo, ya que en el Antiguo Régimen un súbdito podía elevar peticiones al rey por muy variadas razones: solicitar un cargo, una renta, una prebenda o un privilegio. Los archivos españoles están llenos de memoriales que constituyen una valiosa fuente para estudiar las sociedades modernas de los siglos XVI, XVII y XVIII. Otra cuestión es si una petición podía acarrear algún tipo de acción o represalia por parte del poder sobre el peticionario. Por otro lado, el derecho a pedir a un monarca absoluto debe ser entendido como una concesión graciosa de los reyes, no como un derecho natural a garantizar por el Estado, según la filosofía política liberal.

El derecho de petición y su garantía se incorporaron a las Declaraciones de Derechos y las Constituciones de las revoluciones liberales. En principio, el derecho era individual y no colectivo. El precedente quedó establecido en el Bill of Rights de 1689, culminación de la Revolución inglesa. Se reconocía el derecho de los súbditos a presentar peticiones al rey, siendo ilegal cualquier acción contra los peticionarios, es decir, que se garantizaba dicho derecho al prohibir que se pudiera abrir algún tipo de procedimiento legal contra el peticionario.

En las Declaraciones norteamericanas, como las de Delaware o de Maryland, podemos leer que todos los hombres tenían derecho a solicitar al legislativo la reparación de agravios. En Francia, el artículo 32 de la Declaración de Derechos de la Constitución de 1793 reconocía que no se podía prohibir ni suspender, ni tan siquiera limitar el derecho de presentar peticiones a los depositarios de la autoridad pública. Los belgas tenían derecho a dirigir a las autoridades peticiones firmadas por una o varias personas, según lo dispuesto en la Constitución de 1831. Este texto constitucional es importante porque reconoció que el derecho de petición también podía ser colectivo.

En la España del siglo XIX solamente estaba reconocido el derecho de petición individual. La Constitución de Cádiz establecía una fórmula más específica, ya que en el artículo 373 se decía que todo español tenía el derecho a representar a las Cortes o al rey para reclamar la observancia de la Constitución. Más claramente aparece el derecho de petición en el artículo tercero de la Constitución de 1837, al afirmar que todo español tenía derecho a dirigir peticiones por escrito a las Cortes y al rey, como determinasen las leyes. Formulado de forma idéntica aparece en las Constituciones de 1845, 1869 y 1876. El proyecto de Constitución Federal de 1873 sí reconocía el derecho a dirigir peticiones, individual y colectivamente a las Cortes y a las demás autoridades de la República, siendo la primera vez que se hacia este reconocimiento como derecho colectivo en la historia del constitucionalismo español.

La Constitución de la Segunda República de 1931 reconocía en su artículo 35, que el derecho de petición era individual y colectivo, recogiendo lo ya planteado en el proyecto constitucional de 1873. Por otro lado, y esto es muy importante por lo novedoso, la Constitución republicana reconocía que el pueblo español, ejerciendo el derecho de iniciativa popular, podía presentar a las Cortes una proposición de ley, siempre y cuando lo pidiera, al menos el 15% de los electores.

El régimen franquista reconoció el derecho de petición de los españoles en relación con el jefe del Estado, las Cortes y las autoridades, en el artículo 21 del Fuero de los Españoles de 1945, aunque establecía que las corporaciones, funcionarios públicos y los militares solamente podrían ejercitar dicho derecho de acuerdo con las disposiciones legales por las que se regían. Los problemas vinieron siempre, durante la dictadura, de la falta de garantías para poder ejercer los derechos reconocidos teóricamente, así como la frecuente suspensión temporal de derechos en los estados de excepción que se decretaron.

Por fin, la Constitución de 1978 reconoce en el artículo 29 el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, según lo determinado por la ley. Ese derecho solamente puede ser ejercido de forma individual por parte de los miembros de las fuerzas armadas y también referido a sus legislaciones respectivas y específicas. Pero, además, en el Título III correspondiente a las Cortes Generales, en el artículo 77 se reconocía que las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, pero quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas. Las Cámaras podrían remitir al Gobierno las peticiones recibidas y este estaría obligado a una respuesta si las Cortes lo exigían.

Eduardo Montagut

El derecho de resistencia

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Nuestro sistema político se sustenta en el postulado de los derechos naturales que deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. A lo largo de dos siglos el número de los derechos ha ido aumentando y haciéndose más complejo el asunto de las garantías de los mismos, especialmente, de los de carácter social.  Estos reconocimientos y garantías podrían resultar claramente insuficientes si los conflictos en las sociedades llegasen a un punto que no pudieran ser canalizados por las estructuras existentes. Estaríamos hablando de un asalto al poder a través de una revolución o de un golpe de estado, según sean las fuerzas asaltantes. Los ejemplos históricos en la historia contemporánea son abundantes y no hace falta mencionarlos. Los conflictos llevaron a las primeras Declaraciones de Derechos a abordar la cuestión del derecho de resistencia. En los nacientes Estados Unidos se articuló a través de la justificación del empleo del recurso a levantarse contra un gobierno considerado despótico, como queda patente en su Declaración de Independencia. El pueblo tendría derecho a cambiar o abolir y a implantar un nuevo gobierno si cualquier forma de gobierno existente fuera contraria a las verdades consideradas evidentes (postulados): igualdad entre los hombres, los derechos a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, así como que el poder debe derivar de la aprobación de los gobernados.

En Europa la cuestión fue más compleja porque no se trataba, en principio, de legitimar una independencia, aunque, posteriormente, los nacionalismos centrífugos sí emplearían ese argumento, sino de derribar a unas autoridades y de destruir un sistema considerado injusto, algo que ya era caduco, el Antiguo Régimen, de ahí esta denominación, en principio peyorativa, desde la perspectiva de los revolucionarios franceses. El derecho a la resistencia aparece en la Declaración de 1789, cuando, en el artículo segundo se expresan los “derechos naturales e imprescriptibles” del hombre. Entre ellos, estaría el de la “resistencia a la opresión”. Pero serían los jacobinos quienes elaborasen la formulación más acabada del derecho de resistencia. Fue desarrollada en tres artículos de la Declaración de Derechos de la Constitución de 1793. En el artículo 33 se establecía que el derecho de resistencia a la opresión era la consecuencia de los demás derechos del hombre. La opresión contra la sociedad existiría, según lo expresado en el siguiente artículo, cuando uno solo de sus individuos era oprimido y, a la vez, habría opresión hacia cualquier persona cuando la sociedad estaba oprimida. Por fin, en el artículo nº35 se enunciaba claramente el derecho de resistencia, al expresar que cuando un gobierno violaba los derechos del pueblo, la insurrección sería para el pueblo y para cada parte del mismo, “el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes”.

Pero las formulaciones jacobinas no se encuentran en más Declaraciones ni Constituciones. A lo sumo, el primer liberalismo y de signo progresista orientó este derecho hacia la defensa de la Constitución contra sus enemigos en el proceso revolucionario y de asentamiento del estado liberal. Para ello, se estableció el instrumento de la garde nationale o la milicia nacional, para el caso español. La milicia nacional se instituyó en la Constitución de 1812. Estaba integrada por todos los ciudadanos con la función de hacer preservar el nuevo orden liberal. La milicia nacional siempre se alineó con los pronunciamientos, levantamientos e insurrecciones de signo progresista y fueron combatidas por los moderados que la disolvían siempre que recuperaban el poder, y vuelta a ser restablecida con gobiernos progresistas. Al final, desapareció definitivamente en la Restauración canovista. Estos grupos armados fueron disueltos como consecuencia del giro conservador que el liberalismo europeo emprendió en la segunda mitad del siglo XIX. Las nuevas fuerzas que se fueron creando, como la guardia civil española, debían servir para mantener el orden público y reprimir cualquier intento revolucionario o insurreccional.

Eduardo Montagut

 

Del tiranicidio

Harmodio y Aristogitón tyrannicidesEn la época arcaica griega el tyrannos designaba ocasionalmente al basileus o rey, pero generalmente, aludía al hombre que, sin ser el heredero legítimo, se apoderaba del poder de una ciudad y lo ejercía de forma personal sin contar con las instituciones legales. En principio, el término no tenía connotaciones negativas. Tenemos que tener en cuenta el contexto histórico en el que aparecieron los tiranos. La tiranía se extendió como fórmula política entre los siglos VII y VI a. C. en relación con el deseo de cambio de los campesinos helenos afectados por la crisis agraria. El tirano encarnó la figura del hombre que abolía el régimen aristocrático. Una vez obtenido el poder, los tiranos emprendían reformas y perseguían a los aristócratas, que sufrían prisión, exilio y confiscaciones. Entre los tiranos destacó, sin lugar a dudas, Pisístrato, que se empleó en la mejora de los campesinos atenienses. En Corinto, Cípselo acuñó las primeras monedas e implantó un sistema fiscal. Otro de los aspectos a destacar del régimen que establecieron los tiranos fue el fomento del urbanismo, con el ornamento de las ciudades y la construcción de infraestructuras, especialmente las relacionadas con el agua. Pero en la época clásica el tirano comenzó a adquirir otras connotaciones. La constatación del comportamiento de algunos tiranos, como Fálaris de Agrigento, hizo que los pensadores comenzaran a condenar la tiranía. Los tiranos pasaron a ser déspotas crueles que utilizaban el terror y envilecían a los ciudadanos. Para Platón era el más vil de los seres humanos.

En Atenas, la muerte de Hiparco, tirano junto con su hermano Hipias, fue vista como una liberación y sus autores elevados a la categoría de héroes. La legitimidad del hecho de acabar con los tiranos comenzó a elaborarse teóricamente por algunos autores romanos como Cicerón, Plutarco y Polibio. En el siglo XII el obispo de Chartres, Juan de Salisbury, realizó la primera formulación clara del tiranicidio en Europa, pero Santo Tomás condenó esta práctica en el siglo siguiente, aunque contemplaba la posibilidad de que el tirano pudiera ser castigado por las autoridades. La Iglesia terminó por condenar el tiranicidio en el Concilio de Constanza (1414-1418) por considerarlo herético.

En el Renacimiento terminó por perfilarse la teoría del tiranicidio, concebido como la muerte del tirano en defensa de la legitimidad política. Los príncipes debían ejercer el poder para el bien de los súbditos y éstos tenían derecho a la resistencia, pero, además, aquel monarca que hubiera violado las leyes divinas y el pacto implícito con sus súbditos se convertía en un tirano y era lícito terminar con él. En esta defensa del tiranicidio se destacaron los monarcómacos. El relativo éxito de la teoría del tiranicidio en la época moderna tiene mucho que ver con los planteamientos de la teoría contractualista del poder, ya que la tiranía corrompería el pacto entre gobernantes y gobernados.

Sin lugar a dudas, el teórico más destacado sobre el tiranicidio fue el jesuita español Juan de Mariana con su obra De rege et regis institutione (Toledo, 1599). Algunos contemporáneos acusaron a Mariana de ser uno de los instigadores morales del asesinato de Enrique IV en Francia. Pero, los defensores del tiranicidio en esta época no contemplaban las reacciones individuales o de grupos particulares a la hora de defender el tiranicidio; éste debía contar con el beneplácito o consenso tácito del pueblo.

A finales del siglo XVII Locke defendió la legitimidad del principio de resistencia frente a un gobierno injusto y al derecho de cualquier ciudadano de acabar con el criminal que violaba la ley y la naturaleza que Dios había establecido para mantener la armonía social. Es importante destacar que el derecho de resistencia, aunque no exactamente el tiranicidio, estuvo en la base de la revolución americana, de las revoluciones liberales europeas y se incorporó a algunas de las declaraciones de derechos que se elaboraron en ese momento histórico.

El tiranicidio terminó por desaparecer en el pensamiento y en los sistemas políticos occidentales ante los reparos morales que generaba la pena de muerte. Los sistemas democráticos establecen en sus constituciones mecanismos que regulan y limitan los poderes para evitar la tiranía. Pero en el mundo actual ha habido casos evidentes de tiranicidio en determinados regímenes políticos y, sobre todo, en situaciones de profundas crisis. En la mente de todos están los casos de Nicolás Caeucescu, Sadam Hussein o Gadafi, tiranicidios cometidos por nuevas autoridades autóctonas, por otras tuteladas por poderes extranjeros o por linchamiento popular.

En conclusión, el concepto de tirano ha evolucionado en la historia y ha ido adquiriendo un perfil notoriamente negativo, mientras que, de forma paralela, ha generado la teoría del tiranicidio. Terminemos con las definiciones que nos ofrece el Diccionario de la Real Academia Española sobre lo que es un tirano. El término se aplica a quien obtiene contra derecho el gobierno de un Estado, y principalmente al que lo rige sin justicia y a medida de su voluntad. También se refiere a quien abusa de su poder, superioridad o fuerza en cualquier concepto o materia y, por último, un tirano es quien impone ese poder y superioridad en grado extraordinario. No cabe duda que si aplicamos estas definiciones nos saldrían muchos tiranos en la historia contemporánea mundial y española. Que cada uno elija los suyos. Otra cosa es que, como seres civilizados, hoy no aboguemos por el tiranicidio y sí más por la defensa y el desarrollo del derecho de resistencia.

Eduardo Montagut

EL CAUDILLAJE

Reyes Católicos

En este trabajo nos acercamos al fenómeno de los caudillos, de tanta trascendencia en la historia contemporánea de Sudamérica y de España.

Por caudillo se entiende el jefe, cabecilla militar y/o político de un grupo, partido o comunidad. Los caudillos exigen obediencia y lealtad y, a cambio, ofrecen protección y dádivas. El caudillaje es una variante de los sistemas de relaciones personales clientelares del poder, no muy alejado del caciquismo, especialmente como se entendía en algunas zonas de América Latina. Aunque ha habido caudillos desde la Antigüedad, aquí nos interesan más los que han pertenecido a la historia contemporánea. Como decíamos, en Hispanoamérica abundaron en el siglo XIX. Participaron en los procesos de independencia, pero, sobre todo, adquirieron protagonismo en la época postcolonial. Muchos terratenientes decidieron intervenir en política, fundamentándose en su poder económico. Levantaron ejércitos y movilizaron a la población de sus extensas propiedades para hacerse con el poder en las recién creadas repúblicas. Existen varios ejemplos que se pueden citar. El uruguayo José Artigas destacó en la zona rioplatense al reunir bajo su mando a muchos caudillos locales en la década de los veinte del siglo XIX. En Paraguay, los caudillos rurales del Partido Blanco fueron muy activos. Por fin, en Argentina brilló entre todos los caudillos la figura de Juan Manuel de Rosas, que dominó la vida política del país entre 1820 y 1852. Cuando Argentina consiguió cierta estabilidad institucional a partir de la década de los sesenta, los caudillos argentinos se incorporaron al sistema, pero a través de los partidos políticos.

El caudillismo no desapareció con la llegada del siglo XX. En la propia Argentina, Perón y el peronismo remozaron el concepto, fomentando el desarrollo de las relaciones clientelares en política, aspecto que llega hasta hoy en día. Pero para los españoles el caso más importante de caudillo, por su trascendencia histórica, ha sido el de Francisco Franco. Cuando el bando sublevado contra la Segunda República fue consciente del fracaso del golpe y de que, en consecuencia, había que afrontar una guerra y elegir un jefe, elección que recayó en Franco en el otoño de 1936, comenzó a funcionar un potente aparato de propaganda que generó el único culto a la personalidad que ha habido en la historia contemporánea española. Entre los múltiples títulos y atributos que recibió Franco hubo dos fundamentales: generalísimo y caudillo. El título de caudillo casaba con el interés del franquismo en convertir a Franco en el heredero de una saga de homónimos que, desde la época antigua, pasando por la medieval, habían luchado y hasta salvado, supuestamente a España de poderosos enemigos, como los musulmanes, entre otros, haciendo una interpretación muy sesgada de la Historia y cometiendo anacronismos evidentes. Franco sería el moderno caudillo que, enviado por la Divina Providencia, venía a salvar a España de los enemigos de los años treinta, tanto internos –los “malos españoles”-, como externos. Franco pasó a ser “caudillo de España, por la gracia de Dios”.

Bajo el aparato institucional que organizó la dictadura franquista, funcionaron las características propias del caudillaje. Las relaciones clientelares se basaron en el principio de la conocida como la “adhesión inquebrantable” hacia Franco, así como a los principios del Movimiento Nacional. Esa fidelidad al caudillo garantizaba el acceso a distintas parcelas del poder. Aún hoy, los nostálgicos del franquismo, en pleno auge, rememoran a Franco, anhelando la llegada de otro caudillo salvador ante lo que consideran la desmembración de España.

Eduardo Montagut

¿Qué entendemos por Derecha?

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¿Qué se entiende por derecha?, ¿es una única ideología o abarca, en la Historia contemporánea varias concepciones ideológicas?, ¿es un término peyorativo?, ¿todos los que, en teoría, pudieran estar encuadrados en la derecha se reconocen en este término? No pretendemos dar respuestas a todas estas preguntas, pero sí plantear algunas reflexiones sobre este concepto político entre los márgenes de un artículo

Por derecha se puede entender el conjunto de posturas, ideas y actitudes políticas que tienen que ver con la preferencia por la defensa de la tradición y el mantenimiento de las jerarquías sociales. Esta última idea puede traducirse, tanto por una defensa de los privilegios heredados, como por el exclusivo reconocimiento de los méritos personales, en relación con el concepto de meritocracia. La derecha es contraria a la intervención del Estado en la economía a través de las políticas fiscales progresivas que redistribuyen la renta. También critica la extensión del reconocimiento de derechos sociales y de minorías discriminadas. La derecha abomina de estas políticas por igualitaristas. La derecha defiende la existencia de un Estado fuerte en relación con el uso de la fuerza, y tiende a un acusado nacionalismo. Es firme partidaria del orden frente al reconocimiento, extensión y garantía de las libertades, en línea con lo explicado anteriormente, porque son interpretadas como provocadoras de desorden e inestabilidad. La derecha valora la importancia de la religión, y no es partidaria de una clara y definida separación entre la Iglesia y el Estado. Por fin, defiende un modelo tradicional de familia como único posible.

El término de derecha nace en la Revolución Francesa y por algo, aparentemente muy anecdótico relacionado con el lugar en el que se sentaban unos y otros en el legislativo. A partir de la consolidación del Estado liberal en el siglo XIX, la derecha pasa a identificarse con la burguesía triunfante y defensora del nuevo orden, en ese momento ya cuestionado desde abajo por las crecientes corrientes democráticas y por el movimiento obrero.

La derecha abarca varias manifestaciones en la Historia contemporánea en un abanico amplio: desde posturas populistas hasta el propio fascismo, pasando por partidos o movimientos autoritarios o con conexiones con el liberalismo en su versión más conservadora, hasta su aceptación del juego democrático, terminando por abrazar la causa del neoliberalismo económico. Es, pues, un concepto o término amplio, siendo necesario conocer el contexto histórico en el que nos encontremos. Pensemos en la propia historia de España en el siglo XX. El concepto de derecha puede ser aplicado al maurismo, a las ideas imperantes en la dictadura de Primo de Rivera y la Unión Patriótica, a la CEDA, al falangismo, a las ideas de Acción Católica, al conjunto de ideas y familias políticas del franquismo, a la UCD o al Partido Popular, y como vemos, existen importantes diferencias y no solamente en el tiempo sino, también, entre formaciones contemporáneas.

En la actualidad, el término se suele usar por sus adversarios como algo peyorativo, y algunas derechas tienden a autodenominarse centro-derecha, quizás por influencia de esa concepción no positiva que se genera desde la izquierda. En todo caso, en España Aznar revalorizó el concepto de derecha, tan denostado en los años ochenta, además de conseguir englobar en un solo partido casi todas las tendencias de las derechas españolas, algo impensable en la Transición; otra cuestión es si esta unidad no estaría comenzando a resquebrajarse con la irrupción de Ciudadanos en el panorama nacional.

Eduardo Montagut

La contrademocracia: beneficios y peligros

TOSHIBA CAMCORDER

Se entiende por contrademocracia la forma de control popular de la actuación de las instituciones y administraciones públicas. En las democracias es ejercida por ONGs, organizaciones sociales, ideológicas o religiosas, grupos de presión, etc. a través de manifestaciones, firmas de peticiones, expresiones colectivas de solidaridad y otros medios de acción pública. La contrademocracia no debe ser entendida como un ataque a la democracia. Se trata, en realidad, de un ejercicio democrático que surge de los miembros de donde parte el poder en una democracia, es decir, de la población, de la gente, aunque pueda ser canalizada por esas organizaciones que hemos mencionado anteriormente. La contrademocracia parte, pues, de una enorme desconfianza popular, aunque plantea problemas importantes porque puede ser alimentada por un debate político de escasa altura, en parte muy frívolo, gracias a algunos medios de comunicación, aficionados a los titulares fáciles, las encuestas manipuladas y a la demagogia. Pero ese no es el único riesgo de la contrademocracia, ya que el permanente estado de movilización puede llevar a menoscabar la legitimidad de los representantes elegidos mediante el sufragio universal. Se corre el peligro de la estigmatización de los representantes, los políticos y las autoridades.

En nuestra democracia actual hemos tenido dos grandes momentos de contrademocracia con sus particulares características y consecuencias. El primero de ellos se vivió en tiempos de la última administración socialista. Se produjeron constantes manifestaciones públicas antigubernamentales contra determinadas políticas establecidas por los gobiernos de Zapatero. Por un lado, se dieron movilizaciones en la calle contra la política antiterrorista, organizadas por una parte de las víctimas del terrorismo. Las reformas del Código Civil para el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, así como las cuestiones del aborto y de la asignatura de Educación para la Ciudanía, movilizaron a la Iglesia y asociaciones afines católicas integristas. Por otro lado, la derecha mediática se movilizó contra la victoria electoral socialista del año 2004, considerándola ilegítima por la supuesta manipulación de la población española ante los atentados de Atocha. Estos ejercicios de contrademocracia ejercieron una gran presión, e intentaron deslegitimar al gobierno y al presidente con una presión constante, y fueron instrumentalizados por el Partido Popular en su estrategia de erosión, crispando la vida política.

El siguiente momento de contrademocracia surgió en mayo de 2011 y se desarrolló en los años siguientes. En este caso, numerosos sectores de la población han reaccionado ante la gravedad de la situación por el paro, la corrupción, y lo que consideran ataques intolerables de la derecha a los pilares del Estado del Bienestar y a las libertades y derechos, así como contra la supuesta inacción o connivencia de la izquierda clásica. Por un lado, la contrademocracia actual ha sido una reacción ante una situación general de crisis en todos los ámbitos, y ha permitido plantar cara a la corrupción del sistema democrático. Pero también ha tendido a la estigmatización total de los políticos y autoridades.

La evidente crispación que vivimos se está canalizando a través de fórmulas políticas como Podemos o las distintas Mareas, que están entrando en el juego político de la democracia, y que están formulando sus propuestas e ideas para presentarlas electoralmente a la sociedad española. Precisamente, ese proceso es necesario para evitar los riesgos de quiebra democrática por mucho que a la derecha le asuste y tienda a enfangar el debate político con su inveterada costumbre a insultar al contrario político, y a la izquierda clásica le produzca pánico por pérdida de apoyo electoral. El debate ya se está desarrollando, y ahora ya están aflorando las grandezas y miserias del programa de la nueva formación política. Ahora se está haciendo política, que es lo que hay que hacer, pero sería deseable sin dramas, sin sustos, con serenidad y con inteligencia. Luego, los ciudadanos y ciudadanas de este país harán lo que estimen oportuno en las urnas, que son la que mandan y no los sondeos. Y las urnas españolas son propicias a dar sorpresas de vez en cuando.

Eduardo Montagut, Doctor en Historia

¿Qué es una dictadura?

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La fórmula política que conocemos por dictadura tiene su origen en Roma. La dictadura era una magistratura en el sistema político de la República. El dictador era escogido e investido por el cónsul, ya que solamente un magistrado cum imperium podía transmitir este poder a otro, aunque, eso sí, con la aquiescencia del Senado. El imperium era el poder originario y soberano de vida y muerte. Solamente tenían este máximo poder las más altas magistraturas: cónsules, pretores y dictadores. La dictadura era, realmente, un recurso temporal de seis meses de duración para momentos complicados. Era la única magistratura romana no colegiada. Pero la naturaleza de la dictadura cambió con la crisis de la República romana, con Sila y con César: se amplió su duración y sus ya muy amplias atribuciones. En ese momento, estos personajes emplearon la magistratura para cumplir sus ambiciones políticas personales, desvirtuando el sentido primigenio de la misma.

En la época moderna las dictaduras se dieron en las formas política republicanas europeas, siendo el caso más notorio el de Cromwell en Inglaterra cuando triunfó la primera Revolución inglesa.

En los albores de la edad contemporánea la primera dictadura fue, sin lugar a dudas, la establecida por los jacobinos entre 1793 y 1794. Pero no solamente lo fue por cuestiones cronológicas, sino también porque estableció algunas características de las dictaduras posteriores: el control a través de un estado centralizado, concentración del poder en el ejecutivo frente a los otros poderes y el contar con apoyos populares. A lo largo del siglo XIX se produjeron más ejemplos. En nuestro país el caso más notorio fue la dictadura de Serrano en el año 1874 entre la disolución de las Cortes de la Primera República y el pronunciamiento de Martínez Campos que permitió el comienzo de la Restauración borbónica. Pero, sin lugar a dudas, el siglo XX ha sido la época dorada de las dictaduras en todo el mundo.

Definir una dictadura no es tarea fácil porque existe una gran variedad de tipos, aunque podemos encontrar rasgos comunes en todas ellas: la negación del estado de derecho, la no existencia de la separación de poderes y el rechazo a la democracia representativa. Se pueden establecer tipologías de dictaduras atendiendo a diversos criterios, teniendo en cuenta, por otro lado, que no son excluyentes entre sí. Los criterios comunes a todas las dictaduras nos permiten caracterizar a las mismas como sistemas políticos contrarios a las democracias donde no hay división de poderes, inexistencia de derechos básicos o, sobre todo, aunque se proclamen, sin garantías para su ejercicio, ausencia de pluralidad política, sindical y asociativa, tendencia al ejercicio del poder de forma arbitraria a favor del dictador, grupo, clase o minoría que sostiene y se beneficia de la dictadura. Las dictaduras no se basan en el consentimiento libre de los gobernados, aunque los dictadores tienden a insistir en que dicha aquiescencia sí existe, ya que se utilizan métodos populistas como los plebiscitos para buscar su legitimación popular, a pesar de que dichas consultas no son, realmente libres, al impedirse la propaganda política contraria. Pero, también, conviene señalar que las dictaduras no pueden permanecer largos períodos de tiempo si no tienen ciertos apoyos sociales. Los métodos represivos no pueden ser los únicos que permitan su permanencia.

Las dictaduras suelen estar muy vinculadas a un concepto muy personalista del poder y suelen vincularse a la ambición política de los dictadores. Los dictadores emplean un sistema de propaganda para su enaltecimiento. Se impide que los opositores puedan expresar, libremente, sin menoscabo de su integridad física o de sus libertades, el rechazo a la misma. Si el grado de represión es muy alto, y con un sistema de ideas que lo apoya, la dictadura se tiñe de totalitaria.

La dictadura suele estar muy vinculada a un concepto muy personalista del poder, a la ambición de quien detenta el mismo. Se enaltece al dictador, jefe, líder o caudillo a través de la propaganda. Es un personaje que ejercería el poder con grandes sacrificios personales, un jefe que renuncia a los placeres de la vida privada por la patria o el país. Puede llegar a ser presentado como un estadista dispuesto a darlo todo por el pueblo, hasta la vida, y sin pedir nada a cambio, bueno, sí la obediencia al mismo, precisamente por esos sacrificios. Muchas dictaduras tienen, pues, un marcado carácter paternalista.

Las dictaduras suelen buscar la justificación de su existencia en la necesidad de la misma, apelando a una situación extraordinaria o terrible y que se solucionaría con este ejercicio del poder. Es la legitimación de la dictadura y de su permanencia durante un tiempo, o de forma indefinida, al menos hasta la muerte del dictador. Se tiende, además, a que el sistema sobreviva a la muerte de su creador o impulsor.

En la teoría marxista se trata de un sistema político temporal, como paso previo para la instauración de la sociedad comunista. Fue promulgada por Marx, aunque el gran teórico de la misma sería, realmente, Lenin. Cuando triunfa la revolución se hacía necesario un estadio intermedio antes de llegar a la sociedad comunistas sin clases ni opresiones. La dictadura serviría para eliminar al estado, sus instituciones y estructuras, así como todos los poderes económicos y sociales existentes, y en manos de la burguesía.

La primera y más importante dictadura del proletariado de la Historia fue la instaurada por Lenin y los bolcheviques cuando triunfaron en la Revolución de Octubre. Se instauró una estructura política totalitaria que creó un nuevo estado, con una clase dirigente y unos fuertes resortes del poder. El carácter transitorio de la dictadura del proletariado, enunciada por Marx, terminó por convertirse en permanente.

Eduardo Montagut, Doctor en Historia.

Felipe Juan Froilán de todos los Diablos

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Todos los que nos sentimos en cierta manera algo republicanos, unos más y otros menos, pero al fin y al cabo republicanos, y manifestamos nuestra constante defensa de que en el siglo en el que vivimos, el sistema monárquico es un modelo de Estado totalmente anacrónico, privilegiado e injusto, ya que ningún ciudadano puede ostentar legítimamente con ello la Jefatura del Estado, aparte de otras injusticias de todo tipo que produce esta situación. Nos ha vuelto a indignar, ya por decir algo suave, la imagen de uno de los vástagos de esta estirpe fumándose un puro después de un “ritual graduatorio” en uno de los centros más elitistas y caros de los Estados Unidos. Un incompetente integral – para lo que él quiere, porque parece ser que es único repartiendo flyers en las puertas de las discotecas -, que en España no fue capaz de superar el segundo curso de la educación secundaria y que ha recurrido al pago de cerca de 90000 euros, 42500 por curso, para ser más exactos – no se preocupen, pagados por sus abuelos, o sea, por nosotros – para poder acceder a la universidad.

A estas alturas de la Historia, los españoles ya no vivimos en esa ignorancia perpetua que se creen que seguimos teniendo. Ya dejamos hace tiempo de ser súbditos de esta familia y el ciudadano Felipe de Borbón tendría que tener más en consideración estos comportamientos familiares de cara a la opinión pública. Pero parece ser que tampoco les importa mucho, como pudimos comprobar después de la fatídica, para el ciudadano Juan Carlos, caza del elefante africano, que solucionó con un “lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir”, mientras ponía cara de no haber roto un plato nunca. Pues es evidente que sigue ocurriendo.

No tenemos a una familia real ejemplar. Ni defienden la sanidad pública –una de las mejores del mundo- ni la educación pública – en la que todo niño y niña de este país tiene asegurado un aprendizaje gratuito, en iguales condiciones y de calidad. Por ello, cuando se ponen enfermos, van a hospitales privados, de lujosas habitaciones, con un “todo incluido”, como si se tratara de un lujoso hotel del Caribe, mientras otros, los españoles de a pie, se amontonan en pasillos de hospitales por la mala gestión de los recursos que hacen algunos que se parecen a ellos, vamos, los del PP, para que quede claro. La misma situación se da cuando tienen hijos, su principal objetivo en esta vida: la perpetuación de la saga. Y cuando les da por estudiar, estudian en prestigiosos colegios de pago, confesionales, por supuesto, que parece que a veces fallan y no otorgan el privilegio de aprobar, ni cuando se trata del vástago primogénito de la ciudadana Elena. Parece ser que los religiosos de SAFA de Sigüenza no tragaron esta vez. Me gustaría ver los exámenes que le han hecho al ciudadano Froilán en Estados Unidos para titular. Y encima, nos tenemos que ir preparando para el próximo curso, donde estudiará ADE (Administración y Dirección de Empresas), carrera “humanista” como todos saben, en la elitista universidad estadounidense del CIS The College for International Studies, en Madrid. No se preocupen, los 20000 euros anuales que cuesta, también lo pagarán su familia – vamos, nosotros.

Cuando la gran mayoría de los españoles, de esa España más humilde que se levanta todos los días para conseguir un jornal para poder vivir, ha sufrido en sus propias carnes, cinco largos años de terribles recortes en los derechos sociales adquiridos, viendo como en educación, uno de los pilares del Estado del Bienestar, se ha producido un aumento del ratio de alumnos por clase, una reducción considerable de becas y ayudas para libros, el cierre de bibliotecas, el repago de la FP, la subida del precio de las tasas en la universidad – que han provocado que muchas familias humildes no puedan dar una educación universitaria a sus hijos- o la reducción de la plantilla de profesores, entre otras, que ahora veamos cómo el ciudadano Felipe Juan Froilán de todos los Diablos celebre su título, previo pago, con un puro en la boca, en esa manera tan campechana que tiene esta familia, es para que se les cayera a todos ellos la cara de vergüenza.

Por todo esto y todo lo que llevamos trillado, cada vez estoy más convencido de que es más necesario, tal y como escribió en el diario El Sol el maestro Ortega aquel 15 de noviembre de 1930, que “Delenda est Monarchia”.

Ricardo Marchand