Las socialistas en el primero de mayo de 1915

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En este artículo abordamos la presencia de las mujeres socialistas en la celebración del Primero de mayo de 1915, con el fin de comprobar la creciente posición femenina en esta celebración fundamental del movimiento obrero socialista en España, a pesar del protagonismo masculino evidente.

El Comité de la Agrupación Femenina Socialista Madrileña (Juana Taboada, María Ruedas, Dolores Fernández, María Rojo, Carolina Esteban, Elena Enhorabuena, Faustina García y María Merino) firmaron el 24 de abril un manifiesto, publicado en El Socialista en el número de ese mismo día, en el que se hacía un llamamiento a las mujeres para que acudieran a la manifestación en Madrid. En ese año se insistía en esta participación porque gran parte de las peticiones que se iban a elevar a las autoridades tenían mucho que ver con la carestía de la vida. La situación de profunda desigualdad existente en España debía ser motivo para que “todas las madres, todas las explotadas, todas las mujeres que sientan en su corazón las amarguras y el dolor ajeno se decidan venir a nuestro lado, cobijándose bajo nuestra roja bandera, que instaurará la paz en el mundo entero”. En el llamamiento, por tanto, se unía el problema de la elevación desmesurada de los precios que castigaba especialmente a los hogares de la clase trabajadora, con el de la guerra.

Otro aspecto fundamental del llamamiento tenía que ver con la propia emancipación de la mujer. Las socialistas madrileñas expresaban que luchaban para conseguir una sociedad donde la mujer fuese más considerada, menos explotada y escarnecida. Se recordaba el duro trabajo femenino en las minas, puertos, fábricas y en el campo. Además, muchas perdían sus hijos en la guerra (recordemos la presencia constante de la guerra de Marruecos, y no sólo la cuestión de la Gran Guerra), mientras que otras se veían abocadas a la prostitución y la miseria.

En el inicio de la manifestación madrileña las mujeres socialistas tuvieron un gran protagonismo. Mientras se iban concentrando los manifestantes, la Agrupación Femenina Socialista se dedicó a vender claveles y flores rojas a beneficio de El Socialista. Se calcula que se vendieron unos quinientos claveles rojos. Las mujeres socialistas se lamentaban porque se habían quedado muy pronto sin existencias al superarse las expectativas. El resto de flores se vendieron mientras transcurría la manifestación. Esta verdadera fiesta de la flor se convirtió en parte de las manifestaciones del Primero de Mayo en muchas localidades españolas.

Eduardo Montagut

El matrimonio según el socialismo a principios del siglo XX

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Una de las manifestaciones más evidentes del anticlericalismo del socialismo español tiene que ver con los actos y ceremonias de la vida, como los entierros y los matrimonios.

Muchos de los socialistas españoles quisieron tener sepelios no religiosos, y este hecho ocasionó no pocos conflictos con la Iglesia Católica, especialmente a fines del XIX y comienzos del XX. Pues bien, se dio el caso de socialistas que deseaban casarse solamente por lo civil, y en esa misma época tuvieron problemas para hacerlo en algunos lugares, por lo que algunos optaron por una tercera ceremonia. En El Socialista se pueden encontrar múltiples referencias, especialmente en relación con los sepelios, aunque también con algunas ceremonias de boda. En este artículo vamos a relatar una de ellas, acontecida en febrero de 1904 en Mieres, cuya crónica fue publicada en el periódico socialista en el número 938 del periódico obrero con el título de “Matrimonio popular”.

Al parecer, Martín Saénz había pretendido casarse civilmente con Pilar Álvarez, pero le pusieron muchas dificultades con el fin de que se casase por lo religioso, por lo que decidió casarse con su compañera ante el pueblo y bajo los auspicios de la Agrupación Socialista de Mieres. Tenemos que tener en cuenta que los inicios del socialismo en esta localidad asturiana no fueron fáciles por la hostilidad de las autoridades y poderes establecidos, como hemos tenido oportunidad de comprobar en un breve estudio que hemos realizado sobre la creación de dicha Agrupación, y que podemos consultar en El Obrero. La Agrupación se había creado unos pocos años antes, en 1897.

Así pues, el Centro Obrero de Mieres, el 12 de febrero de 1904, a las ocho de la tarde, se llenó de concurrentes (según el periódico había tres mil asistentes). Además de los protagonistas de la boda y sus familiares, estuvieron Manuel Vigil y Josefa Molines presidiendo la mesa, habiendo sido elegidos por los representantes de los contrayentes. Vigil fue un personaje muy importante del socialismo asturiano, como nos explica el Diccionario Biográfico del Socialismo Español, secretario de la Agrupación Socialista y del Ateneo Casino de Gijón, concejal en Oviedo, presidente de la Federación Socialista Asturiana, destacado sindicalista de la UGT, miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE, y que llegó a ser diputado en 1931. Se da la circunstancia, en relación con el tema de este trabajo, que fue condenado a prisión el año anterior a la boda que presidió en Mieres, aunque no entraría en la misma hasta agosto de 1904, por la publicación de un artículo considerado “escarnio a la religión católica”.

Vigil explicó el sentido del acto y preguntó a los contrayentes si ratificaban su deseo de contraer matrimonio, y a los padres si daban su correspondiente consentimiento. Preguntó a los asistentes sobre si había algún impedimento para que se celebrase el matrimonio. No hubo ninguno, por lo que se casaron, levantando acta de lo procedido. Pero, aunque la ceremonia se coronó con un aplauso general, el acto no terminó porque intervino el Orfeón Socialista, se leyeron versos y se hicieron algunos discursos. En este sentido destacaría el del propio Vigil porque aprovechó la ocasión para criticar el matrimonio burgués.

El Socialista opinaba que este nuevo tipo de matrimonio había producido una viva impresión entre los trabajadores de Mieres, y se esperaba que cundiera el ejemplo mientras el Juzgado Municipal siguiese poniendo tantas trabas a quiénes no querían casarse por la Iglesia.

Eduardo Montagut

La amnistía de febrero del 36

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El 19 de febrero de 1936, Portela Valladares presidía el que sería su último Consejo de Ministros. En la reunión se dio cuenta del deterioro del orden público porque se habían producido algunos motines en distintas cárceles españolas. Al parecer, en Zaragoza los disturbios en la calle habían sido de importancia. La manifestación que había ocupado unos días antes la Puerta del Sol madrileña había sido un grito por la amnistía. Portela creía que todo esto era obra de los líderes del Frente Popular, victorioso en las elecciones del 16 de febrero. Portela decidió que había que dimitir y no esperar al proceso legal, ni a los plazos para el relevo del poder. Así pues, Alcalá-Zamora se vio obligado a encargar a Azaña la formación de un nuevo Gobierno, aunque sabemos que éste hubiera preferido que se hubiera cumplido la legalidad. Era consciente de que las condiciones en las que se produjo el relevo no eran las más adecuadas.

Formado el nuevo Gobierno, se comenzó a actuar. En este trabajo nos referiremos a la amnistía aprobada a los pocos días.

La Diputación Permanente de las Cortes aprobaba el 21 de febrero de 1936 la amnistía de todos los condenados por los sucesos de la Revolución de octubre de 1934, por propuesta de Azaña, y que constituía uno de los puntos más destacados del programa político del Frente Popular para las elecciones:

“A conceder por una ley una amplia amnistía de los delitos políticos sociales cometidos posteriormente a noviembre de 1933, aunque no hubieran sido considerados como tales por los Tribunales. Alcanzará también a aquellos de igual carácter no comprendidos en la ley de 24 de abril de 1934. Se revisarán, con arreglo a la ley, las sentencias pronunciadas en aplicación indebida de la de Vagos por motivos de carácter político; hasta tanto que se habiliten las instituciones que en dicha ley se prescriben, se restringirá la aplicación de la misma y se impedirá que en lo sucesivo se utilice para perseguir ideales o actuaciones políticas. “

Debe tenerse en cuenta que esta amnistía fue demandada desde la calle desde el primer momento en el que se produjo la victoria electoral de la izquierda, como hemos señalado. Era evidente que el encarcelamiento de miles de personas a raíz de aquellos hechos había generado un intenso malestar social, muy agudizado en Cataluña con el encarcelamiento de sus principales autoridades.

El Decreto-ley fue aprobado por la Diputación Permanente, presidida por Santiago Alba. Se produjo por unanimidad. Constaba de un solo artículo, y se tuvo que debatir de forma muy rápida, con una convocatoria del día anterior hecha por telegrama, provocando que no pudieran acudir todos los diputados, aunque los no asistentes mandaron votos favorables. Al final, se reunieron dieciocho diputados, cumpliendo lo exigido por la ley, ya que se necesitaba un mínimo de catorce. Los propios diputados de la CEDA votaron favorablemente, animados por la necesidad de mantener el orden público, y porque era evidente que había sido una demanda que había ganado en las elecciones.

Por su parte, también tuvo que actuar el Tribunal de Garantías para aplicar el Decreto, habida cuenta de que esta alta institución había condenado a los consejeros de la Generalitat y a otras personalidades políticas.

Se calcula que la amnistía afectó a unas treinta mil personas, una cifra muy importante.

Pero, además, en el programa del Frente Popular se planteaba en un segundo punto:

“Los funcionarios y empleados públicos que hayan sido objeto de suspensión, traslado o separación, acordada sin garantía de expediente o por medio de persecución política, serán repuestos en sus destinos.

El Gobierno tomará las medidas necesarias para que sean readmitidos en sus respectivos puestos los obreros que hubiesen sido despedidos por sus ideas o con motivo de huelgas políticas en todas las corporaciones públicas, en las empresas gestoras de servicios públicos y en todas aquellas en que el Estado tenga vínculo directo.

Por lo que se refiere a las empresas de carácter privado, el Ministerio de Trabajo adoptará las disposiciones conducentes a la discriminación de todos los casos de despido que hubieran sido fundados en un momento político social y que serán sometidos a los Jurados Mixtos para que éstos amparen en su derecho, con arreglo a la legislación anterior a noviembre de 1933 a quienes hubieren sido indebidamente eliminados.”

Así pues, los alcaldes y concejales fueron repuestos en sus cargos en los consistorios. Muchos Ayuntamientos habían sido gestionados desde finales de 1934 por gestoras administradas por ediles de la derecha. Otro tanto se hizo con los Ayuntamientos vascos.

A finales del mes de febrero el gobierno decretó la readmisión de los trabajadores despedidos por los motivos señalados, y se ordenaba a las empresas que indemnizasen a los trabajadores por los salarios no recibidos. Esta medida generó el rechazo y la preocupación de la derecha y los empresarios.

Pues bien, la última de las medidas tomadas para terminar con los efectos de la represión ejercida hacia los protagonistas de los hechos de octubre de 1934, tenía que ver con Cataluña. Después de que salieran de la cárcel los miembros del gobierno de la Generalitat, en aplicación de la amnistía aprobada, el 1 de marzo un Decreto reponía las funciones del Parlament y a Companys en su puesto de presidente, así como a sus consejeros. Debemos recordar que había sido una de las principales reivindicaciones del programa político del Front d’Esquerres, que había triunfado en las circunscripciones electorales catalanas.

Eduardo Montagut

Las potencias en el inicio de la Gran Guerra

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En este artículo estudiamos las fuerzas de las potencias en el inicio de la Primera Guerra Mundial.

Comenzamos nuestro análisis con los Imperios Centrales. Alemania era, sin lugar a dudas, gracias al esfuerzo emprendido en la Segunda Revolución Industrial, una potencia económica que había alcanzado en muchos aspectos a Gran Bretaña, superando a ésta en otros. Contaba con otra ventaja, su peso demográfico. El gobierno alemán, por fin, dedicaba al gasto militar grandes cantidades de su presupuesto. Entre 1910 y 1913 se dieron disposiciones para mejorar y agilizar el reclutamiento y la movilización. El servicio militar alemán duraba entre dos y tres años con un programa muy intensivo de formación. Después de cumplir con el servicio militar, el alemán pasaba muchos años a disposición en la reserva. El ejército alemán podía movilizar unos ocho millones y medio de efectivos. Por otro lado, la formación de su oficialidad era ejemplar, contando con un muy profesional Estado Mayor.

En relación con el armamento, su poder era inmenso, especialmente en artillería pesada gracias a que tenía la mejor industria siderúrgica del mundo. En el campo de las ametralladoras no tenía rival. Otra gran ventaja alemana era el uso avanzado y estratégico del ferrocarril, como se demostró en la guerra franco-prusiana.

En cuestión naval es importante destacar que en 1905 el almirante Von Tirpitz, que comandaba la marina imperial desde fines del siglo anterior, obtuvo del gobierno más fondos para que se construyeran más barcos de guerra. Tirpitz era consciente de la dificultad de igualar la potencia naval británica, pero diseñó la denominada “teoría del riesgo”, por la cual se pensaba que los británicos no podrían concentrar todas sus fuerzas navales contra las alemanas y, aunque al final sí pudieran hacerlo y, por lo tanto, derrotarles, la Royal Navy saldría muy debilitada y ya no volvería a ser hegemónica. El problema es que esta teoría obviaba a otras dos potencias navales, la francesa y la norteamericana, que podrían ser fácilmente aliadas de la británica. Así pues, aunque la flota alemana era imponente y asustó en principio a los británicos, acostumbrados a su poderío marítimo incontestable, nunca tuvo la iniciativa. Por otro lado, una fuerza naval muy importante para los alemanes fue la de los submarinos.

En la Primera Guerra Mundial entró a servir un nuevo tipo de barco de guerra, el Dreadnought. Era el navío con mayor tonelaje hasta el momento y dotado de la más potente artillería del momento, un logro indudable de las ingenierías militares del momento. El primero de todos ellos entró en servicio en la Royal Navy Este hecho provocaría un cambio sustancial en la consideración de las fuerzas navales en los conflictos bélicos y desencadenó una infernal carrera naval.

En cuanto a la aviación, los alemanes tenían al comenzar la contienda unos 174 aparatos.

Si la potencia militar alemana era una realidad palpable, no podemos decir lo mismo de la austro-húngara. Su ejército era inferior en número y, sobre todo, en preparación, y sus unidades de combate no tenían mucho armamento. En primer lugar, el Imperio Austro-Húngaro no poseía la potencia económica del Imperio Alemán, y aunque era evidente su peso demográfico sufría el problema de la diversidad de nacionalidades, que hacía muy difícil la coordinación de sus fuerzas y la entrega en el combate por las rivalidades internas. Austria-Hungría siempre fue un aliado complicado para Alemania y fueron frecuentes las fricciones y los desencuentros entre sus respectivos Estados Mayores. Alemania siempre priorizó el frente occidental que interesaba menos a Austria-Hungría, volcada en los frentes oriental e italiano.

En el lado de la Triple Entente comenzamos con Francia, un país poderoso, pero, en comparación con Alemania, muy débil demográficamente. Su economía no estaba tan desarrollada y eso se notaba en su armamento, especialmente en el campo de la artillería pesada, ya que frente a los 2.000 cañones alemanes solamente podía presentar unos 308. En cuanto a su ejército, hubo una intensa polémica parlamentaria en 1913 para que se ampliara el servicio militar de dos a tres años. Contaba con menos efectivos humanos que Alemania. Por su parte, los soldados franceses estaban peor preparados que los alemanes. En cuanto al poder naval, sin lugar a dudas Francia tenía una gran flota, especialmente en el Mediterráneo, mucho más potente que la del Imperio Austro-Húngaro.

Gran Bretaña contaba con el ejército menos numeroso de los principales contendientes, aunque era muy profesional. No había servicio militar obligatorio, siendo voluntario, lo que obligó a intensas campañas publicitarias. En compensación, poseía un ejército colonial muy numeroso, dado su inmenso Imperio. Era el único país que había desarrollado una eficaz fuerza de Defensa Territorial. El poderío británico se encontraba en sus fuerzas navales. Unos años antes del comienzo de la guerra Churchill fue nombrado Primer Lord del Almirantazgo, cambiando la estrategia naval británica hasta el momento, ya que abandonó la tradición del enfrentamiento directo en alta mar. Esta decisión tenía que ver con los cambios en la guerra moderna. Churchill temía una posible invasión. Era consciente de lo vital que era mantener el contacto marítimo con las colonias y con la fuerza expedicionaria británica cuando tuviera que acudir al frente occidental continental. Y sus preocupaciones tenían que ver con artefacto que podía distorsionar todo, el submarino, una de las apuestas más exitosas de los alemanes. Por lo tanto, la Royal Navy debía ser protegida como un seguro de vida para Gran Bretaña. La flota fue concentrada en la base de Scapa Flow, en Escocia, desde donde podía bloquear las costas alemanas y amenazar a la flota enemiga si decidía salir a alta mar. Y esta estrategia fue un éxito, porque los alemanes no se arriesgaron y su flota llegó casi intacta al final de la guerra. Todos estos factores explican el escaso protagonismo naval en la Primera Guerra Mundial, todo lo contrario de lo que ocurriría en la Segunda.

Las fuerzas aéreas conjuntas de los aliados eran superiores a las alemanas.

Por fin, Rusia aportó el mayor peso demográfico a la Gran Guerra, pero poco más, porque su ejército estaba muy mal preparado en cuanto a su formación militar, tanto de la oficialidad como de los reclutas. Además, al ser el país más atrasado industrialmente de las grandes potencias en conflicto, no poseía un armamento a la altura de las circunstancias.

En conclusión, las fuerzas humanas y militares estaban muy equilibradas al comenzar la guerra. La Triple Entente tenía más peso demográfico y mayor poderío naval. Pero los Imperios Centrales contaban con más potencia de fuego y mayor capacidad de movimientos. Los aliados –Francia y Reino Unido- contaban con sus imperios coloniales frente a los Imperios Centrales, factor que debe ser muy tenido en cuenta por la aportación constante de soldados y, sobre todo, porque disponían de inmensas reservas de materias primas y fuentes de energía. En contrapartida, la distancia entre los aliados de la Triple Entente y con sus colonias generó no pocos problemas logísticos y de coordinación, además de muchos y diversos esfuerzos, frente a los Imperios Centrales, que formaban un bloque territorial muy compacto.

Para Alemania lo fundamental al comenzar la guerra era la rapidez. El tiempo siempre fue un aliado de la Triple Entente.

Eduardo Montagut

Las tensiones balcánicas en el origen de la Gran Guerra

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Entre las causas que originaron el estallido de la Primera Guerra Mundial destaca, sin lugar a dudas, el complejo y largo conflicto de los Balcanes, que se inicia en la segunda mitad del siglo XIX.

Esta zona de Europa llevaba varios siglos bajo dominio del Imperio turco otomano. A la altura de 1830 solamente Grecia había obtenido la independencia después de una larga e intensa guerra. En los Balcanes, el nacionalismo eslavo comenzó a ser muy activo frente a Estambul, el centro del poder de un imperio que comenzaba a demostrar su decadencia. Los serbios protagonizaron los más duros e intensos enfrentamientos y muy pronto intentaron desempeñar un papel protagonista en la zona.

Pero además de la lucha nacionalista eslava frente a los turcos, actuaban dos fuerzas poderosas en el área balcánica. Austria, desde el noroeste, deseaba estar presente en el reparto del Imperio turco, controlando Bosnia. Y, en el otro lado, estaba el Imperio ruso, la gran potencia que se consideraba la protectora natural de los eslavos por razones étnicas y religiosas. Los rusos desarrollaron desde muy pronto una política agresiva en la zona contra los turcos, además de pretender una salida al Mediterráneo para su flota del Mar Negro. Esta política condujo a la guerra de Crimea (1853-1856), un conflicto que enfrentó a los rusos contra los turcos pero que terminó involucrando a austriacos, franceses, británicos y piamonteses en ayuda de los segundos, dispuestos a frenar las pretensiones rusas. La derrota rusa fue contundente. El Tratado de París reconoció de hecho la independencia de Rumanía y Serbia, el dominio austriaco sobre los pueblos eslavos del norte (eslovenos y croatas) y mantuvo el dominio turco sobre los territorios del sur de los Balcanes (Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Albania y Macedonia). Pero la Cuestión de Oriente no había hecho más que comenzar, porque las tensiones siguieron.

Entre 1877 y 1878 tuvo lugar la guerra ruso-turca, cuyo origen siguió estando en las pretensiones nunca satisfechas de los rusos de acceder al Mediterráneo y expansionarse en los Balcanes. La guerra estalló por la rebelión de algunos pueblos eslavos, apoyados por Rusia, contra los turcos en Bosnia y Bulgaria. Para solucionar el conflicto se celebró el Congreso de Berlín en 1878. En el Congreso se decidió que fueran independientes de derecho Serbia, Rumanía y Montenegro, y se estableció una región autónoma: Bulgaria. Gran Bretaña recibió Chipre y dejó claro que sostendría al Imperio turco. Los austriacos obtuvieron la administración de Bosnia-Herzegovina.

En 1908, el Imperio austro-húngaro proclamó la anexión de Bosnia-Herzegovina de forma unilateral. Esta decisión provocó que los rusos se movilizasen, tanto para intentar frenar a Austria como para aprovecharse de la debilidad turca. Así pues, Rusia promovió la creación de una coalición de pequeños estados de la zona. En 1912, serbios, búlgaros, griegos y montenegrinos crearon la Liga Balcánica. En octubre de ese año estalló la primera guerra balcánica entre la Liga y el Imperio turco. Fue una guerra corta y que acabó con la derrota de los turcos. Rusia había conseguido uno de sus objetivos, debilitar aún más al Imperio turco, y los miembros de la Liga ampliaron sus territorios respectivos a costa del derrotado, que perdió casi todos sus dominios europeos.

Pero los conflictos no terminaron con esta guerra. En 1913 la Liga se rompió por las profundas diferencias internas y estalló la segunda guerra balcánica. Aunque todos los miembros de la Liga compartían el mismo deseo de terminar con la presencia turca en los Balcanes, cada uno tenía sus intereses particulares que chocaban con los de sus vecinos. Bulgaria atacó a Serbia y Grecia. Los rumanos y los turcos decidieron apoyar a los atacados. Los búlgaros fueron derrotados. Por el Tratado de Bucarest, Bulgaria perdió las ganancias territoriales que habían conseguido en la guerra anterior, que pasaron a manos de Serbia, que se convirtió en un protagonista de los Balcanes. Serbia deseaba crear un Estado que agrupase a todos los serbios y eslavos que estaban bajo dominio austriaco. Las tensiones con Viena se acrecentaron a partir de entonces. Los austriacos estaban muy alarmados y concibieron la necesidad de que sería conveniente una guerra preventiva para impedir que se cumpliesen los sueños serbios. Eran conscientes, además, de que Rusia estaría detrás de Serbia, como terminaría ocurriendo. Por su parte, Berlín ya había decidido que apoyaría a Viena en caso de conflicto. El sector más belicista en Francia se inclinaba por apoyar claramente a Rusia, según lo establecido en la Triple Entente.

Eduardo Montagut

Del colonialismo al imperialismo

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En este artículo pretendemos comparar y diferencias entre el colonialismo de la época moderna con el imperialismo de la era industrial.

La industrialización en el siglo XIX y el enorme desarrollo tecnológico de Europa, especialmente en la época de la Segunda Revolución Industrial, provocaron la separación del mundo en dos grandes polos: los países industrializados y los no industrializados. Los primeros terminaron por imponerse sobre los segundos, que quedaron bajo su dependencia directa o indirecta. La Europa industrial, gracias a su vitalidad demográfica, su superioridad industrial, técnica, comercial y financiera impuso su modelo económico, sus valores e ideales, así como su cultura a gran parte del mundo.

El término de imperialismo comenzó a usarse en el vocabulario político y periodístico en la década de los años noventa del siglo XIX para designar un nuevo fenómeno. El imperialismo se definiría como el sistema en el que la política, la economía y la cultura de gran parte del mundo se organizan en función del dominio de unos países sobre otros, siendo la culminación del colonialismo iniciado en los siglos XV y XVI. Pero ambas formas de dominación colonial fueron muy distintas. Los viejos imperios coloniales estuvieron ubicados principalmente en América, mientras que los nuevos imperios coloniales del siglo XIX, se centraron en Asia y África. Las antiguas colonias habían sido de asentamiento y los emigrantes habían creado sociedades que pretendían ser similares a las europeas, frente a las nuevas colonias que fueron, sobre todo, territorios de ocupación, donde una minoría europea no se mezclaba con la autóctona y ejercía el control político y económico. Por otro lado, si el ritmo de ocupación había sido lento y limitado en el pasado, en el siglo XIX la rapidez fue la tónica general. Por último, las posesiones coloniales de la época moderna dieron lugar a escasos conflictos en comparación con los desarrollados con el imperialismo del siglo XIX, con guerras constantes, ya que la expansión colonial se había convertido en un objetivo fundamental de la economía y la política de los países industrializados.

Eduardo Montagut

¿Es moderado, conservador o reaccionario el PP?

Gil Robles y Franco

En este artículo nos preguntamos si el Partido Popular es moderado, conservador o reaccionario, partiendo del análisis de estos conceptos políticos nacidos en el siglo XIX y que han evolucionado posteriormente.

Según el Diccionario de la Real Academia la moderación es la acción o efecto de moderar o moderarse. También es sinónimo de cordura, sensatez o templanza en las palabras o en las acciones. En el sistema político decimonónico español era un término que se aplicaba a una de las familias del liberalismo, defensora de la soberanía compartida entre el rey y la nación, el bicameralismo, el sufragio censitario, la limitación de derechos y libertades, y la salvaguarda del orden. En el reinado de Isabel II fue el partido que más gobernó frente a la opción progresista del liberalismo. El concepto de moderación en política ha terminado por aplicarse, ya en nuestro tiempo, a partidos, sectores y líderes, tanto de la derecha como de la izquierda; de hecho, la Transición española terminó por hacerse por políticos que moderaron mucho sus planteamientos iniciales. El Partido Popular siempre ha hecho gala de ser el partido de la moderación en España, y la izquierda a la izquierda del PSOE achaca a este partido su supuesta excesiva moderación, especialmente cuando gobierna.

El conservadurismo se referiría a las personas, partidos, gobiernos, etc., favorables a la continuidad de estructuras políticas establecidas y contra los cambios que serían considerados como bruscos o radicales. El Partido Moderado isabelino, con otras aportaciones, terminó por convertirse en el Partido Conservador de Cánovas del Castillo, pilar fundamental de la Restauración. Gran parte del ideario moderado anterior fue incorporado a la nueva formación con la única novedad del pacto con el Partido Liberal –el antiguo progresista- para la alternancia pacífica en el poder, ideando un sistema electoral amañado que garantizaba la paz política, pero falseaba la realidad. En el anterior gobierno del PP se desarrollaron políticas económicas asentadas en la defensa del neoliberalismo, pero, por otro lado, muchas de sus otras políticas, como las relacionadas con la Iglesia, la cuestión del reconocimiento y garantía de derechos y libertades, la educación, la estructura del Estado, entre las principales, eran intensamente conservadoras

La reacción sería la tendencia tradicionalista en lo político, opuesta completamente a las innovaciones y con un talante autoritario e intolerante. En España, el franquismo era reaccionario, entre otras cosas. Esta tendencia, muy amortiguada por la UCD en la Transición, reapareció en el Partido Popular con José María Aznar y, al parecer, encontró un hueco cómodo en la actual Administración de Mariano Rajoy, en algunas de sus políticas, en determinados dirigentes y en ciertos talantes, formas y maneras, como vimos en su negativa a condenar el franquismo y aplicar la ley de memoria histórica, en su nulo intento de hacer un análisis sosegado y crítico del pasado, en la resurrección de simbologías franquistas entre sus juventudes, en su proyecto de ley del aborto, en la ley de seguridad ciudadana, o en los discursos despreciativos hacia la ciudadanía desfavorecida por la crisis y los recortes. Los reaccionarios, cuando son pocos o están fuera del juego parlamentario, son sólo relativamente preocupantes, pero cuando se instalan en las políticas, el discurso y en las formas de un partido fundamental del sistema político estaríamos ante el abandono de la moderación, del propio conservadurismo y derivando hacia derroteros inquietantes. Hoy parece que la renovación del Partido Popular, de la mano de Casado, incide más en lo reaccionario que en lo conservador.

Eduardo Montagut

Las Diputaciones Provinciales entre el XIX y el XX

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La Constitución de 1812 creó las Diputaciones Provinciales. En su artículo 325 se establecía que en cada provincia existiese una Diputación para promover la educación y la economía. La Diputación estaría presidida por el jefe superior. Estaría conformada por el intendente y siete miembros elegidos. Al parecer, el carácter de esta nueva institución generó cierto debate, estableciéndose al final una especie de dualidad o equilibrio entre lo estrictamente representativo y lo puramente gubernamental. La Diputación Provincial consagra el sistema uniforme y centralista de la Administración territorial del liberalismo español.

La Diputación Provincial se convirtió en un órgano consultivo para el liberalismo español. La legislación posterior así lo confirmó. La autoridad en la provincia era el jefe político, que podía solicitar de la Diputación informes y consultas sobre diferentes cuestiones de gobierno y fomento. La Ley de 1823, en el Trienio, dejó muy clara esta autoridad, que emanaba del Gobierno. También es cierto que la Diputación adquirió otras funciones más que las puramente consultivas y que tenían cierta importancia. Destacaría la de repartimiento de los cupos de la contribución entre los Ayuntamientos de su provincia, así como el establecimiento de los contingentes para cubrir el reemplazo del Ejército. Pero ir más allá era algo que los liberales españoles no deseaban establecer, dejando el poder siempre en el representante del Gobierno, reforzando el carácter centralista del nuevo Estado. Pero la realidad hizo que las Diputaciones fueran arañando competencias. En primer lugar, terminó por considerarse un órgano administrativamente superior al del Ayuntamiento, pero, sobre todo, comenzó a preocuparse de algunos servicios de cierta entidad y muy cercanos al ciudadano: algunas competencias en enseñanza, en la beneficencia y hasta en lo sanitario.

El liberalismo democrático, triunfante tras la Revolución de 1868, dio más importancia a las Diputaciones, aligerando el acusado centralismo previo. El artículo 99 (Título VIII) de la Constitución de 1869 definió claramente lo que debía ser esta corporación. Era una novedad importante porque los anteriores textos constitucionales, es decir, los de 1837 y 1845, remitían a leyes específicas. Ahora adquirían la dirección de los intereses de su provincia. Sus sesiones debían ser públicas, así como públicos serían sus presupuestos y acuerdos o decisiones que se tomasen. También es cierto que se les ponían límites. No podían extralimitarse en sus funciones y por eso podían intervenir tanto el legislativo como el ejecutivo para impedirlo, y tampoco podían establecer contribuciones que entraran en contradicción con los tributos generales. Pero el Sexenio no se conformó con la definición constitucional. En agosto de 1870 entró en vigor una Ley que dejaba bien delimitada lo que era una Diputación provincial. Se afirmaba su carácter representativo y surgía la figura del presidente de la Diputación. De ese modo, la Diputación dependería menos del jefe político, es decir, de la figura gubernamental. También habría que aludir a la creación de la Comisión Provincial como una especie de órgano permanente. Es importante destacar, por fin, que decenios antes de que se aprobase la Ley de Mancomunidades, se habría una tímida puerta a estas instituciones con el nombre de Juntas. El Proyecto Constitucional de 1873, con su modelo federal, solamente establecía Municipios y Estados.

La Restauración canovista supuso una vuelta al más puro centralismo al quitarle autonomía a la Diputación Provincial, como establecía la legislación aprobada en 1877 y 1882. El Gobierno central adquirió muchas facultades para poder intervenir estas corporaciones. En compensación, es cierto que casi se introduce el sufragio universal para elegir a sus miembros, porque podían votar los hombres mayores de edad que supieran saber leer y escribir.

La primera reforma importante de las Diputaciones provinciales se planteó en tiempos de la Dictadura de Primo de Rivera, a partir del conocido como Estatuto Provincial de marzo de 1925. Las Diputaciones se convertirían en corporaciones representativas con determinados fines relacionados con la creación, conservación y mejora de los servicios e instituciones. Para ello, había que establecer la consabida financiación. La Diputación pasaría a estar presidida por un diputado. El gobernador civil no tendría voto en las sesiones de la Diputación, y solamente los tribunales de justicia podrían suspender cargos o revocar acuerdos. Pero quedaba un resquicio para la actuación del gobernador, instrumento del gobierno, ya que podía suspender actuaciones de la corporación provincial en caso de infracción manifiesta de las leyes que generasen una grave perturbación del orden público. El problema residía en que esto era a arbitrio del gobernador y, en última instancia del gobierno.

La reforma provincial de Primo de Rivera se inscribe en la general de la administración no central del Estado que se intentó aplicar, y que incluía la local con el Estatuto Municipal de 1924. Se pretendía acabar con el caciquismo y dinamizar la administración, aunque realmente lo que se buscaba era crear una estructura afín al nuevo régimen. En todo caso, bien es cierto que la reforma de las Diputaciones de la Dictadura dejó consagrada la provincia como circunscripción territorial fundamental.

La Constitución de 1931 estableció en su artículo décimo, dentro del Título I sobre la organización nacional, que las provincias se constituían por los municipios mancomunados conforme a una ley posterior que debía dedicarse monográficamente a desarrollar esta unidad administrativa. La gran novedad sería que provincias limítrofes, dentro de una serie de circunstancias y cumpliendo una variedad de requisitos, podrían organizarse en región autónoma. Pero, realmente, la Segunda República no planteó grandes novedades en relación con el gobierno de las provincias ni con las Diputaciones provinciales.

El franquismo suprimió taxativamente todos los elementos o caracteres democráticos de las Diputaciones provinciales. Por otro lado, las Diputaciones adquirían más competencias de control sobre los Ayuntamientos. Se puede afirmar que la provincia ganaba terreno frente a la localidad en la dictadura franquista, pero también es cierto que, en última instancia, la Diputación y la provincia perdían poder frente al Estado, dentro del acusado centralismo de esta etapa histórica. Y lo hacían porque se creó la Comisión Provincial de Servicios Técnicos que se hizo cargo de muchas atribuciones. Esta Comisión nació por la Ley de Bases del 17 de julio de 1945, desarrollada en la de Régimen Local de 16 de diciembre de 1950. Fue una creación novedosa porque anteriormente no hubo nada parecido. La Comisión Provincial estaba presidida por el gobernador civil y se dedicaba al estudio y resolución de planes para el desarrollo de la cooperación provincial con los servicios municipales. La legislación posterior fue dotando de más competencias a estas Comisiones, y se fue perfilando la diferenciación de las mismas con las propias de las Diputaciones. Por fin, la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1956 otorgaba las competencias urbanísticas provinciales a las Comisiones Provinciales de Urbanismo.

Eduardo Montagut