PACTOS DE SILENCIO

Recuerdo a las víctimas

Durante la transición vivida en España, de una dictadura a un modelo democrático, jamás pudo ser cuestionada la presencia en el modelo de estado que se planteaba, de la “huella” y legado del “amo-patriarca-dictador” con respecto a la figura de un “hijo-heredero” designado por él y que permanecerá como figura intocable, algo que en mi opinión debe ser revisado en el momento actual, porque rompe el orden simbólico para el desarrollo de un auténtico estado democrático y moderno, de progreso, no sujeto a un pasado que no ha podido ser adecuadamente elaborado, y que producen situaciones de alienación del sujeto en discursos que fuerzan a ocultar aquello que no puede ser nombrado y donde el gobernante cede al poder judicial una carga que a nivel inconsciente siempre quedará como una marca de dominio y poder, a modo del padre terrible del que nos habla el psicoanálisis y que amenaza, pero sin opción al diálogo y la razón, padre que será excluido por el horror que provoca y que empujaría a nuestra sociedad a un modelo de psicosis social.

En ese contexto, la recuperación de la memoria histórica, en nuestro país, ha supuesto un duro camino jalonado por múltiples críticas de los sectores más conservadores de la sociedad, pero también de silencios de algunos militantes de izquierdas a los que la culpa o el miedo les hizo callar. No creo que el sentido y el hondo alcance de esta memoria histórica haya calado en el pensar de nuestra población, incluso la más progresista, de un modo comprometido y solidario.

Se estima que todavía hoy existen en España más de 800 fosas comunes de muertos de la guerra pertenecientes en su mayor número al bando republicano, además de los que se encuentran en montes y cunetas y que no han podido ser recuperados por sus familiares. Al final de la guerra civil, Franco hizo causa común con sus aliados y recuperó los cuerpos de los mismos facilitando un entierro digno, olvidando a los no afines. Es necesario poder, como nos indica Marie-Ange Lebas en su libro”La vida, una enfermedad mortal” poner palabras sobre el pasado, a fin de vivir el presente sin que este pasado ocultado nos sumerja. Es necesario abrir las fosas que Franco dejó pendientes y que han estado cerradas en el silencio y en la vergüenza.

Surgió de este modo la “Asociación por la recuperación de la Memoria Histórica” que ha estado dedicada no solamente a la apertura de fosas sino  también como uno de sus objetivos más importantes, a la tarea de rescatar del olvido a unas víctimas que fueron ignoradas para que de ese modo puedan regresar públicamente y encontrar un lugar en nuestra memoria colectiva. Cada historia individual se cruza con la historia con mayúsculas. Son muchos los desaparecidos de la guerra civil. Afecta a miles de españoles “silenciados” y silenciosos en su dolor, y a los que se ha avergonzado y culpabilizado.

La ética del psicoanálisis, como todos sabemos, es una ética del no olvido, de mantener la memoria. Por eso es mi artículo también una muestra de apoyo y solidaridad con tantos “silenciados” y obligados a vivir en un “sin memoria”. A esos nietos que no pudieron entrar en la vida de sus abuelos, siendo sus abuelos los padres y las madres de nuestra democracia. Víctimas olvidadas sobre las que gravita el peso del silencio.

Pero el abrir las fosas supone también que no sólo aparezcan los cuerpos, sino también el horror y la historia singular de cada víctima y su recuperación de un lugar en la historia familiar, donde hasta entonces y en muchos casos sólo había un tabú y el sentimiento de culpa de los que perdieron la guerra. Primaba el miedo a las represalias, miedo que se transmitió de generación en generación. El General Mola decía: “Hay que sembrar el terror, dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensan como nosotros”. Y este terror sigue inscrito en  el inconsciente de muchos.

Es necesario recordar, porque lo que no se recuerda se repite y retorna en la historia atravesando las generaciones. La transición en España se construyó sobre el olvido, tal vez no hubo en ese momento otro remedio. Pero ya ha pasado tiempo y es necesario que las nuevas generaciones no vivan en el pacto de silencio. Lo que escapa a la memoria puede reaparecer como acto violento ligado a la pulsión de muerte. En nuestro país, no debemos engañarnos, hemos vivido una memoria censurada y me temo que la seguimos viviendo.

El silencio y el olvido de los hechos de la guerra civil y la dictadura posterior posibilitan reactualizaciones  en los sucesos políticos o sociales que generan divisiones, odio, silencio o terror. El fantasma de la guerra civil sigue presente, aunque a algunos esto les pueda parecer extraño. Y paradójicamente pueden surgir en el presente tensiones y enfrentamientos por el intento de sepultamiento de todos esos recuerdos.

De hecho, para Freud, lo siniestro era esa parte extraña que se aloja en nuestro interior y que no conocemos y que aún siendo familiar se reprimió y olvidó. Amenaza con volver para destruir el difícil e inestable equilibrio psíquico.

En nuestra transición política, la izquierda tuvo en parte que “echar al olvido” muchos aspectos pendientes y dolorosos que aún no han podido ser revisados adecuadamente, según mi opinión. Esto no significa que se olvidó, por supuesto, en el sentido pleno. Era más bien un mirar a otro lado. Aquella izquierda, es también cierto, facilitó el advenimiento de la democracia en un país donde el franquismo se había enquistado.

En una entrevista realizada en 2006 al psicoanalista Jorge Alemán, se le preguntó sobre la actitud frente a la memoria de los hechos en la historia reciente de Argentina. Él respondió que en un país, como Argentina, donde el psicoanálisis ha cuajado en la sociedad, se ha llevado bastante lejos el debate sobre la memoria y sus políticas. Tal vez nosotros estemos lejos de que una profundización con relación a “nuestra” memoria histórica impregne a la sociedad en general. Pero sí se han dado muy importantes avances. Lo deseable sería que esos avances permeabilicen en la población para conseguir, una comunidad reflexiva y solidaria, de progreso, con ciudadanos de presencia, que englobe el concepto de personas y la dimensión social de sus interrelaciones.

Madrid, febrero de 2018

Alfonso A. Gómez Prieto

La confluencia de las derechas: la CEDA

Gil Robles y Franco

La CEDA o Confederación Española de Derechas Autónomas fue un partido resultante de la fusión de varios grupos políticos, y que se puso en marcha en el año 1933. Entre estos grupos destacaron dos: Acción Popular (antes Acción Nacional), dirigida por José María Gil Robles, y la Derecha Regional Valenciana de Luis Lucía. También formaban parte de esta coalición otras formaciones regionales conservadoras. El partido aglutinó a diversos sectores de la derecha: desde elementos de tendencia fascista, muy presentes en las Juventudes de Acción Popular (JAP), hasta democristianos, centralistas y hasta autonomistas, con los representantes de la mencionada Derecha Regional Valenciana.

En el otoño de 1932 se produjeron diversos movimientos en la derecha española aprovechando la crisis política que vivía la coalición gobernante de izquierdas, y que desembocaron en la creación de la formación en los primeros días de marzo del año siguiente. La coalición defendía los principios católicos en la política, la necesidad de una revisión constitucional de acuerdo con estos principios, es decir, planteaba una alternativa al laicismo de la República. La defensa del orden social era otro de sus pilares. La CEDA supuso la apuesta más clara por una postura posibilista por parte de la derecha española, en el sentido de intentar alcanzar el poder por vía electoral para transformar la República progresista en otra de signo conservador.

En las elecciones del otoño de 1933 obtuvo 122 escaños pero no consiguió que Alcalá-Zamora les encargase la formación del gobierno, ya que temeroso de la reacción de la izquierda, llamó a Lerroux para formarlo. Pero la CEDA terminó por participar a partir de 1934 en los gobiernos de la República, al lado de los radicales. El acceso a algunos ministerios por parte de la CEDA fue considerado como intolerable por gran parte de la izquierda española, especialmente por el PSOE, que veía peligrar las conquistas alcanzadas en el Bienio anterior y en un contexto europeo nada favorable para la democracia; de ahí la apuesta hacia la revolución, y que en octubre se saldó con un rotundo fracaso.

En las elecciones de febrero de 1936 la CEDA se radicalizó ante la evidente unión de la izquierda en el Frente Popular. El mensaje electoral sin ser claramente fascista sí incluía gestos, ideas y planteamientos muy cercanos a esta ideología, en la necesidad de crear un frente “contrarrevolucionario”.

La CEDA fue perdiendo influencia y militancia a partir de las elecciones cuando parte de la derecha decidió que la mejor solución no pasaba por participar en el juego político sino por apoyar la sublevación militar. En realidad, comenzó a perder apoyos antes cuando los sectores más beligerantes contra la República vieron que Gil Robles no estaba dispuesto a dar un golpe de Estado y cambiar radicalmente el sistema político. Destacados miembros de la CEDA participaron en los movimientos conspiratorios y algunos jugarían un gran papel en los primeros momentos del franquismo como Serrano Súñer, aunque su máximo líder, Gil Robles, pasaría a un segundo plano y, con el tiempo, se convertiría en un miembro de la oposición al régimen franquista.

Incluimos parte del artículo publicado en el diario conservador “El Debate” sobre el acto de constitución de la CEDA:

“Anoche se constituyó, entre vítores de entusiasmo, la Confederación Española de Derechas Autónomas. Las mujeres y los jóvenes, puestos en pie sobre las sillas, como si éstas fueran un peldaño que llevara a los altos ideales comunes, certificaron la unidad de pensar, de querer y de obrar de las 750.000 personas representadas directamente en ese acto solemne.

Cerraron la asamblea dos intervenciones: la de un obrero valenciano, vestido con la negra blusa de su región, el Sr. Martín, y otra del Sr. Gil Robles.

-Me dirijo a todas las derechas, a todos los ciudadanos de buena voluntad -decía el primero- para decirles que somos responsables ante España y ante Cristo de la salvación de aquélla. Hablo en nombre de los hombres de mi clase, de los obreros españoles, que en su noventa por ciento son honrados, para deciros que tenemos interés en que quienes creen en Cristo y en el Papa cumplan lo que Cristo y el Papa ordenan. Muchos de vosotros sois aristócratas y ricos, y por eso mismo tengo un gusto especial en hablaros.

Si los católicos, por haber dejado de serlo, hemos sido los causantes de lo ocurrido en España, pensemos que es esta la hora de rectificar el camino, pues para hacer el bien todos los instantes son el instante supremo. Los obreros tenemos derecho a esperar mucho de esta asamblea.

Poco después, Gil Robles, en las palabras finales, decía:

-Debemos felicitarnos de los trabajos, de la misma diversidad de tendencias manifestadas, porque sólo han revelado la pugna de llevar a las conclusiones la interpretación más fiel y avanzada de la doctrina social y política cristiana. Dios ha bendecido nuestros trabajos porque los ha presidido la humildad del corazón y la pureza de los fines. Me limito, pues, a darle las gracias y a declarar solemnemente que ha quedado constituida la C.E.D.A., que ha de ser el núcleo derechista que salve a la Patria, hoy en peligro.

Se leyó y subrayó con vítores a Navarra el saludo y adhesión telegráficos remitidos por la «Liga de Mujeres Tudelanas», y una carta emocionada sobre el programa social de Acción Popular y las conclusiones a que ustedes han llegado.

Viejo ya, doy por bien empleados los golpes sufridos al defender eso mismo, y es para mí un gran consuelo ver que aquellas viejas sugestiones que presentábamos con timidez, como un requerimiento leal de la fraternidad cristiana y como una lucecilla de ideal, esos jóvenes y esas masas de Acción Popular las están convirtiendo en antorchas con las que espero han de prender incendios espirituales de redención próxima de España.

Nuestro ideal ya no muere. A él dediqué lo mejor de mi vida, y al ver asegurada su perpetuidad, no me importa ya morir.»

El señor Fernández Ladreda pidió que se hiciera constar como dos conclusiones finales del Congreso la derogación de las leyes de excepción y la petición de garantías ante la próxima lucha electoral.

Cuando la asamblea se disponía a levantarse, el señor Gil Robles propuso, y los reunidos asintieron unánimes, dirigir un telegrama de protesta en nombre de los 800.000 afiliados de la C.E.D.A., al Ayuntamiento de Bilbao, por el acuerdo de derribar el monumento al Sagrado Corazón de Jesús.

Las coincidencias que deben unir a las derechas.

Así terminó sus trabajos sobre política, municipalismo, cuestiones sociales, agrarias, política internacional y, en suma, cuantos grandes problemas generales tiene planteados una agrupación de partidos modernos, el Congreso e la C.E.D.A., que comenzó bajo el signo de la Cruz cinco días antes.

Al discutirse, por la tarde, después de terminar todas las secciones sus respectivos trabajos, el Estatuto de la C.E.D.A., se admitieron como coincidencias fundamentales de los partidos que la integran -aparte de las conclusiones aprobadas en detalle- las siguientes, debidas a la iniciativa de la Derecha Regional Valenciana:

  1. a) Afirmación y defensa de los principios fundamentales de la civilización cristiana.
  2. b) Necesidad de una revisión constitucional de acuerdo con dichos principios.
  3. c) Aceptación, como táctica para toda su actuación política, de las normas dadas por el Episcopado a los católicos españoles en su declaración colectiva de diciembre de 1931.

El peso de los debates recayó ayer sobre Medina Togores, defensor de la ponencia sobre los Estatutos de la C.E.D.A. y autor de la relativa a organización interna del partido de Acción Popular.

El Debate, 5 de marzo de 1933.”

Eduardo Montagut

España en sus Constituciones

CARMEN ROMERO. Escenificacion de la proclamacion de las cortes de 1812. Cadiz

Proclamación de las Cortes de 1812 en Cádiz

El Estatuto Real de 1834 no perfilaba ninguna definición de España porque, en realidad, era una convocatoria de Cortes Generales y regulaba su organización y composición. Las dos Constituciones del reinado de Isabel II -1837 y 1845- tampoco definían lo que era España. Al parecer, el liberalismo español no consideró necesario especificar lo que era España, después de lo dispuesto en la exhaustiva Constitución gaditana. Le importaba más la organización y relación entre los distintos poderes y la cuestión de los derechos, formulándose, en este sentido, dos modelos, el progresista y el moderado, dándose por hecho que España era una Monarquía.

El liberalismo democrático español, consagrado en la Constitución de 1869, sí formuló explícitamente la forma de gobierno porque definía en su artículo treinta y tres que era una Monarquía. Creemos que, en la “Revolución Gloriosa”, el bloque dominante liberal-democrático veía la necesidad de remarcar el principio monárquico frente a la presión del bloque republicano, que había presionado mucho desde las juntas revolucionarias y tenía una importante representación parlamentaria.

El primer republicanismo español elaboró el Proyecto Constitucional federal de 1873. Ya en su título preliminar se habla de España como una República, al afirmar que en la misma toda persona veía asegurados todos los derechos naturales. Pero, además, el artículo treinta y nueve afirmaba que la forma de gobierno de la nación española era la República federal, definiéndose, en otro lugar cuáles eran sus componentes. Como es sabido, esta Constitución no entró en vigor.

El sistema político diseñado por Cánovas del Castillo rescató, con algunas diferencias importantes, muchos de los aspectos del régimen isabelino. La Constitución de 1876 no presentaba novedades en relación con las Constituciones de 1837 y 1845 en lo referente a la definición de España, es decir, se volvía a considerar que no era necesario especificar nada porque se había restaurado la Monarquía y con eso bastaba.

La II República abrió una nueva etapa política en España. En el primer artículo de la Constitución de 1931 se define al país como “una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia”. Pero, además, la República era un Estado integral, compatible con la autonomía de municipios y regiones, es decir, pretendía terminar con el centralismo clásico del liberalismo español, aunque en un sentido distinto al federal de 1873.

Como es sabido, la dictadura franquista no elaboró una Constitución, término y concepto que formaba parte de las concepciones políticas consideras como anatemas por la misma. Pero sí se elaboraron siete leyes fundamentales. Pues bien, en la Ley de Principios del Movimiento Nacional del año 1958 se definía a España como “una unidad de destino universal”, recogiendo el programa del fascismo español, ya que en el punto segundo de los Veintisiete de la Falange se definía a España de esa manera, pero su significación es harto compleja y ha movido a muchas interpretaciones, algunas de ellas rozando la ironía, aun dentro del mismo régimen. La definición, en realidad, no era operativa, quedando casi como un homenaje a José Antonio Primo de Rivera. Más importantes fueron, en esta cuestión, otras dos Leyes Fundamentales. La Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado del año 1946 dejaba claro que España era un Reino, además de un Estado católico, social y representativo, justificando dicha definición utilizando el argumento de la tradición histórica. Por su parte, la Ley Orgánica del Estado de 1967 establecía, por su parte, en su primer artículo, que el Estado Español era la primera institución de la comunidad nacional, recordando su condición de Reino, un Reino sin monarca, aunque habría uno cuando desapareciera Franco, como regulaba exhaustivamente la anterior disposición.

Por fin, la Constitución de 1978, estipula que España se constituye en un “Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Además, la forma política del Estado español es la Monarquía Parlamentaria. La definición de España terminaba perfilándose con la organización del Estado en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, cuestiones tratadas en el Título VIII.

Eduardo Montagut

El liberalismo doctrinario en España

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Durante el reinado de Isabel II se produjo la división del liberalismo en dos grandes tendencias, moderada y progresista, aunque su origen se puede rastrear ya en el Trienio Liberal. En este artículo intentaremos acercarnos a las ideas y planteamientos de la primera que, sin grandes variaciones, terminaría siendo la que informaría al conservadurismo de la época de la Restauración.

El liberalismo moderado o doctrinario pretendía conciliar los intereses de la alta burguesía con los de la nobleza y alto clero, que terminaron por conformar la oligarquía española dominante durante el resto del siglo XIX menos en la época del Sexenio Democrático. En este sentido, las libertades se supeditaban al mantenimiento del orden público, la seguridad de las personas y, sobre todo, de la propiedad. Por eso siempre tendieron a limitar el reconocimiento y la garantía de los derechos individuales, especialmente la libertad de imprenta o de expresión. En esta misma línea estaría la creación de la Guardia Civil en 1844, cuerpo de seguridad con misiones civiles, pero con estructura militar, para mantener el orden, especialmente en el medio rural.

El liberalismo moderado era partidario del más puro centralismo en la organización del Estado con instituciones fuertes y que defendieran el principio de autoridad frente a cualquier intento revolucionario o de conflicto social.  El papel del gobernador civil sería primordial, al ser el representante del poder central, acumulando amplias atribuciones o competencias en asuntos políticos, administrativos, electorales, judiciales y fiscales, y haciendo cumplir las órdenes que establecía el gobierno a través del Ministerio de la Gobernación. El poder municipal, por su parte, debía estar controlado. En este sentido es paradigmática la Ley de Administración Local de 1845. Los alcaldes de las capitales de provincia y principales municipios serían nombrados por el gobierno, y el resto por el gobernador civil correspondiente. En relación con el País Vasco y Navarra se mantuvieron sus fueros, pero sus instituciones vieron recortadas algunas de sus funciones. La uniformidad legal y judicial se consolidó con la promulgación del Código Penal de 1848, así como con la imposición del sistema métrico decimal frente a la diversidad de pesos y medidas del Antiguo Régimen.

Frente al principio liberal de la soberanía nacional, el liberalismo doctrinario aportaba el de la soberanía compartida entre las Cortes, representantes de la nación, y la Corona, que era la encarnación de la Historia. Este hecho permitía un gran poder a la segunda. La Constitución de 1845 otorgaba a la Corona la iniciativa legal, el nombramiento y separación de ministros, y el poder para disolver las Cortes. El bicameralismo establecía una cámara alta, el Senado, cuyos miembros eran nombrados por el rey. Este hecho permitía a la Corona poder frenar el posible mayor radicalismo del Congreso de los Diputados sin tener que intervenir directamente.

El liberalismo moderado era partidario del más restrictivo sufragio censitario. Solamente una minoría tendría derechos políticos, ya fuera para votar, ya para ser elegido. La ley electoral de la Década Moderada establecía que solamente podían votar para las elecciones al Congreso de los Diputados unos 100.000 españoles. Para ser elegible se exigían, por lo demás, condiciones económicas muy estrictas.

En materia religiosa siempre defendió el entendimiento con la Iglesia Católica y la Santa Sede, después del evidente deterioro de las relaciones que supuso la desamortización eclesiástica y las políticas de los progresistas. El Concordato de 1851 selló la reconciliación entre el Estado español y la Iglesia Católica. Este Concordato no devolvió los bienes ya desamortizados, pero suspendió las ventas que no se habían realizado y permitió la devolución de lo no vendido. España reconocería al catolicismo como la única religión legal, y se establecía la obligación de financiar y sostener a la Iglesia española. Por fin, ésta conseguía un inmenso poder en materia educativa.

Los moderados diseñaron la reforma fiscal liberal que supuso la racionalización de hacienda, centralizando los impuestos en manos del Estado y estableciendo claramente una imposición directa sobre la propiedad, aunque predominó la tributación indirecta, los famosos consumos, que gravaban los productos de primera necesidad, siendo profundamente injustos y fuente de constantes conflictos sociales.

Eduardo Montagut

Doctor en Historia

Las reformas militares de Azaña

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Las reformas militares emprendidas por Manuel Azaña como ministro de la Guerra fueron las más importantes de la Historia contemporánea española hasta ese momento. Y, aunque generaron polémica, fueron las que menos se intentaron rectificar, curiosamente, por el centro y la derecha cuando estuvo en el poder en el siguiente bienio de la República.

En este artículo nos centraremos en las primeras reformas, las más urgentes y emprendidas en la primavera y verano de 1931 antes de la aprobación de la Constitución. En un segundo trabajo hablaremos de las políticas emprendidas de más profundo calado y que buscaban cambiar completamente las Fuerzas Armadas en España.

Al llegar la República el Ejército español había decrecido en efectivos de reemplazo, tendencia que venía produciéndose desde los últimos años veinte, una vez que se había terminado la Guerra de Marruecos. Pero esta lógica disminución al encontrarse el país en paz no se acompañó de la consiguiente disminución del número de oficiales. Se estaba ante un Ejército con una extraña relación entre oficialidad y tropa, ya que era, al parecer, el segundo europeo con menos soldados por oficial. Pero, además, el nivel de instrucción y profesionalidad de los oficiales era, como media, muy bajo, con lógicas excepciones. Había tantos oficiales por razones políticas. Las guerras del 98 y la de Marruecos habían promovido a muchos mandos, pero luego no se había establecido ninguna política para prescindir de su exceso a través de retiros bien remunerados. Tenemos que tener en cuenta que para los hijos de las clases medias el ingreso en el Ejército, accediendo a la oficialidad, era una salida profesional cuando no se tenían muchos medios económicos propios. Esto generó un creciente gasto militar pero no para la modernización de las Fuerzas Armadas sino para pagar las nóminas. Además, como no había casi tropa que mandar, muchos oficiales estaban dedicados a tareas burocráticas como simples funcionarios.

Las unidades militares españolas no estaban muy bien preparadas ni organizadas, salvo las que estaban destinadas en África donde se habían curtido en complejos y durísimos combates. El Ejército peninsular se había dedicado a tareas de represión del movimiento obrero y no estaba preparado para las funciones de la guerra moderna, precisamente en momentos en los que la estrategia y la táctica militares comenzaban a cambiar de forma radical. El armamento estaba obsoleto y era de principios de siglo, sin aportaciones modernas sustanciales. A pesar del esfuerzo de algunos pioneros sobresalientes la Aviación española se encontraba casi en su infancia.

Por fin, el Ejército había incrementado su presencia en la vida política española desde el Desastre del 98, habiendo culminado esta intervención con el golpe de 1923 y la consiguiente Dictadura.

Azaña era consciente que el Ejército español necesitaba un cambio profundo, buscando dos objetivos. En primer lugar, había que crear un Ejército al servicio de la República, del Estado, sin intervenciones en la política. En segundo lugar, debía racionalizarse y reorganizarse su funcionamiento y estructura.

No era el primero que había intentado emprender reformas militares de envergadura. Ya en la transición del siglo XIX al XX hubo personajes como el general Cassola y Canalejas que intentaron cambios importantes con poco éxito. Pero Azaña estaba en otro régimen político con férrea voluntad de emprender transformaciones profundas. Para ello, contó con buenos colaboradores como los generales Ruiz-Fornells, Goded y el comandante Hernández Saravia. El equipo se puso a trabajar casi frenéticamente para sacar una serie de decretos en la primavera y verano de 1931, como hemos apuntado anteriormente.

El primero de ellos, ya de una fecha tan temprana como el 22 de abril, exigía la promesa de la fidelidad a la República, forzando a los muy monárquicos a abandonar. Muy pocos renunciaron, realmente, y eso no supuso, ni mucho menos, que la mayoría de la oficialidad fuera sincera en la lealtad al nuevo régimen; simplemente primó el continuar en su puesto y oficio. Tres días después se publicó el Decreto de retiros extraordinarios. Se pretendía aligerar la abultada plantilla de oficiales. Los que se acogieran a lo dispuesto mantendrían sus haberes. En este caso se acogieron más oficiales, especialmente los menos capacitados, por lo que mejoró bastante la calidad profesional media. Otras consecuencias favorables fueron que permitió reorganizar mejor las unidades y ofreció más posibilidades de promoción a los que se quedaron. Desde el punto de vista estrictamente militar fue un éxito, pero el objetivo político no se cumplió, porque entre los retirados no sólo hubo monárquicos sino también muchos militares más progresistas y republicanos que vieron en esta disposición una salida vital a una situación profesional difícil dentro del Ejército, al estar rodeados de militares muy reaccionarios.

En los meses de mayo y junio se dio un conjunto de Decretos que reformaron intensamente la organización militar. Se mantuvo la unidad de división, aunque se redujeron las existentes y la Aviación pasó a ser un cuerpo militar independiente del ejército. También se reformaron las Regiones Militares, ya que pasaron a ser divisiones orgánicas y comandancias. También desparecieron las Capitanías Generales. El Ministerio de la Guerra experimentó profundos cambios internos, por su parte. El Ejército de África también fue reformado en el mes de julio.

La justicia militar fue completamente reformada porque debía estar en consonancia con la unidad de jurisdicción que la Constitución terminaría por establecer. El gobierno abolió la Ley de Jurisdicciones, que había puesto bajo la justicia militar los delitos cometidos por civiles contra la Patria y el Ejército, y que había generado tanta polémica cuando se promulgó en tiempos de Alfonso XIII. Además, la jurisdicción militar se supeditó a la civil porque pasó a depender del Ministerio de Justicia, en línea con la idea de unas Fuerzas Armadas al servicio del Estado. El Tribunal Supremo asumió las funciones del suprimido Consejo Supremo de Guerra y Marina. Hasta los fiscales militares pasaron a depender del fiscal de la República.

También había que reformar el sistema de reclutamiento, aunque ya había hecho algo Canalejas. Ahora se pretendía que los soldados de reemplazo permaneciesen un año, aunque los universitarios y bachilleres solamente prestarían un período de instrucción de un mes. En todo caso, se mantuvo el sistema de redención del servicio mediante dinero, aunque solamente se aplicaría a los seis meses de servicio activo.

La política de los destinos y ascensos, que tanta polémica había generado en su momento cuando surgieron las Juntas de Defensa, debía cambiar. La reforma inmediata que había aligerado la sobrecarga de oficiales permitía ahora abordar una nueva reglamentación de las escalas eliminando el clasismo que imperaba. Había que primar la antigüedad en relación con los destinos, aunque el del más alto mando, es decir, el de los generales debía depender de las decisiones del poder civil, del ministro de la Guerra. Las Cortes aprobarían una Ley que determinó el pase a la reserva de los generales que no hubieran tenido destino en seis meses, un mecanismo legal que permitía retirar algunos militares de dudosa lealtad. En relación con los ascensos se optó por la anulación de los que se habían producido en tiempos de la Dictadura de Primo de Rivera, afectando a unos trescientos militares. La Ley de Reclutamiento y Ascensos de la Oficialidad, del mes de septiembre de 1932 confirmó todo lo establecido en esta materia en los primeros meses de existencia del régimen republicano, pero, sobre todo, estableció un baremo para determinar los ascensos, y que pivotaba sobre los criterios de antigüedad y capacitación profesional. Además, en la línea con la lucha contra el clasismo, que planteamos anteriormente, se estableció una única escala en la que se incluían a los oficiales de carrera y a los de tropa.

La reforma de la enseñanza militar fue otro objetivo de la República, habida cuenta de la preocupación para formar oficiales capaces. Azaña cerró la Academia General de Zaragoza, que dirigía el general Franco. En julio de 1931 se creó el Centro de Estudios Superiores Militares, para atender a la formación de coroneles y generales. Se mantuvieron las Academias de Toledo y Segovia.

La República creó el Cuerpo de suboficiales y refuerzo de la escala de complemento. Se convirtió en un recurso para Azaña porque así podía disponer de efectivos para el mando sin volver a sobredimensionar las plantillas de profesionales. Pero, además, convertir en suboficiales a determinadas clases de tropa permitía mejorar la situación de amplios sectores del Ejército, muy castigados o menospreciados en el pasado, y que por sus orígenes y condición eran potencialmente más proclives al nuevo régimen que los oficiales de siempre.

Azaña fue consciente de las gravísimas carencias materiales del Ejército español. La República quería modernizar las armas, pero el presupuesto no daba para mucho. Comprar armas y material en el extranjero era una opción muy poco viable, por lo que se optó por fomentar la producción nacional. En febrero de 1932 se aprobó una Ley que creaba el Consorcio de Industrias Militares, que pretendía agrupar y coordinar la producción de las fábricas existentes en España para estimular la producción. Pero en este campo no se avanzó mucho por los evidentes problemas económicos del momento.

La derecha española y la oficialidad más reaccionarias criticaron con extrema dureza algunos de los aspectos de estas reformas, especialmente la reducción de personal porque veían que se pretendía terminar con los militares monárquicos. El propio Azaña tuvo una parte de responsabilidad en la polémica porque, aunque siempre pretendió la modernidad y un sincero interés en convertir a las Fuerzas Armadas en efectivas y al servicio del Estado, no se caracterizó por la diplomacia verbal y por buscar entendimientos. Azaña, como casi todos los políticos republicanos, no confiaba en gran parte de la oficialidad, aunque tenía poderosos motivos para no hacerlo. Azaña sufrió una intensísima campaña difamatoria en los medios más reaccionarios y conservadores. El malestar de un sector de la oficialidad se canalizaría a través de la Sanjurjada de 1932 y alimentaría la conspiración militar contra la República.

Eduardo Montagut

El origen de la política militar de Azaña

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El hecho que provocó que Azaña comenzara a preocuparse de los asuntos militares llegaría, sin lugar a dudas, con el estallido de la Gran Guerra, su conocimiento directo de la misma en los frentes, y su participación en la polémica entre aliadófilos y germanófilos. Esta situación le llevaría a escribir sobre el civismo, el patriotismo vinculado al mismo y la misión del Ejército en una democracia.

El estallido de la Primera Guerra Mundial provocó un intenso debate en España sobre la postura a tomar y sobre los dos bandos. La opinión pública se dividió entre aliadófilos y germanófilos. A grandes rasgos, los liberales, republicanos y, en realidad, los socialistas después de un intenso debate en su seno, se decantaron por distintas razones por la Entente, frente a los conservadores, carlistas y otros sectores vinculados a las futuras extremas derechas, que preferían la causa de los Imperios Centrales. Azaña no podía dejar de intervenir en la polémica.

Un año antes del estallido del conflicto, Manuel Azaña había ingresado en el Partido Reformista de Melquiades Álvarez, además de ser elegido secretario del Ateneo en una candidatura presidida por Romanones. En 1914 desistió de presentarse a las elecciones por su localidad natal, Alcalá de Henares, y al iniciarse la Guerra, se lanzó con su vehemencia habitual a favor de la causa de los aliados. En primer lugar, abrió el Ateneo a los intelectuales franceses para que defendieran su postura, y respaldó el “Manifiesto de Adhesión a las Naciones Aliadas”, que se publicó en julio de 1915 en la revista “España”.

En el mes de octubre de 1916, cuando la guerra ya se había convertido en una sangría, marchó a Francia junto con otros intelectuales españoles para conocer el conflicto de cerca, visitando el frente, donde comprobó lo que era realmente el horror.

En febrero de 1917 se constituyó la Liga Antigermanófila, que reunió a destacados líderes políticos republicanos, socialistas y reformistas. En abril se celebró un mitin que iba dirigido a todas las izquierdas españolas y que se había organizado para responder a otro de Antonio Maura. Azaña firmó el Manifiesto de la Liga. Los aliadófilos fueron muy activos y se enfrentaron vehementemente a los germanófilos. Al respecto, Azaña dictó una conferencia en el Ateneo donde comentó, según su opinión, las razones de los germanófilos y explicó la causa de la neutralidad española, vinculada a sus carencias militares. Otro de los aspectos fundamentales de la conferencia tiene que ver con el primer planteamiento sobre su concepción de las Fuerzas Armadas, que luego inspiraría sus reformas. Azaña admiraba a los franceses por su virtud cívica, la raíz de su patriotismo, que había sido la fuerza que había permitido frenar el casi arrollador avance germano al comenzar la contienda cuando casi llegaron a París. No cabe duda que Azaña, en su francofilia, estaba sentando las bases de un patriotismo muy distinto del que el Ejército y las derechas estaban desarrollando en ese momento y que culminaría en la Segunda República.

Azaña visitó el frente italiano en septiembre de 1917 con Unamuno, Américo Castro y Santiago Rusiñol. Dos meses después regresó al frente francés.

En enero de 1918 profundizó más en la cuestión porque inició un ciclo de conferencias en el Ateneo sobre la política militar francesa, y que debían ser el germen de una obra impresa de gran envergadura sobre Francia, pero que solamente se concretó en un volumen que trataba, precisamente, de la cuestión militar. Azaña planteó claramente lo que ya había apuntado anteriormente en relación con la virtud cívica, el patriotismo y el Ejército. Azaña hablaba del contrato social que creaba la colectividad, el Estado, recogiendo toda la tradición de pensamiento liberal y democrático. El Ejército sería una de las instituciones fundamentales que actualizaban ese pacto porque lo hacía para defender la nación, los ciudadanos, sin distinción de clase, y para ello los militares estaban dispuestos a dar su vida, de ahí la gravedad de su misión. Aquí debemos encontrar, insistimos, la base ideológica de su posterior política reformista.

El Partido Reformista le encargó que elaborara su programa sobre el Ejército y la Marina. En ese momento ya explicó la necesidad de alejar al Ejército de la política, la reducción del número de oficiales y del tiempo del servicio militar.

Eduardo Montagut

La intervención del ejército en la España de Alfonso XIII

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En el reinado de Alfonso XIII el ejército español inició un camino claro hacia la intervención en la vida política del país y que desembocaría en el golpe de Estado de Primo de Rivera de 1923.

Las fuerzas armadas habían sufrido directamente las consecuencias del Desastre del 98. Los militares sentían que la clase dirigente y el país, en general, no les apoyaban lo suficiente. La guerra de Marruecos, por su parte, nunca fue popular por los desastres que causó, por el alto número de bajas que se produjo, y por el mantenimiento de los privilegios en el reclutamiento. Además, en el ejército se sentía que el empuje de los regionalismos y nacionalismos, especialmente del catalán, suponía una amenaza a la unidad de la patria. La explosión del movimiento obrero también era vista con temor en los cuarteles, especialmente a partir del triunfo de la Revolución Rusa de 1917. Por último, también habría que aludir a los problemas internos del ejército en cuestiones corporativas, entre los militares en la Península y los africanistas, ya que los primeros se consideraban relegados y agraviados en los ascensos frente a los primeros, que los obtenían rápidamente y no por antigüedad sino por méritos de guerra.

Aunque debe ser cuestionada la excesiva importancia que se ha dado al rey en este proceso de intervención militar, es cierto que Alfonso XIII tendió a mantener y fomentar estrechas relaciones con los militares más allá de las que establecía la Constitución, especialmente cuando comenzó a darse cuenta del peligro que suponía la tensión social para su reinado, habida cuenta de lo que estaba aconteciendo en gran parte de Europa con las Monarquías a partir del final de la Primera Guerra Mundial. Deberemos volver a esta cuestión cuando expliquemos el golpe de 1923 en un próximo artículo de esta serie.

Los hechos acontecidos en la noche del 25 de noviembre de 1905 en las redacciones barcelonesas de la revista ¡Cu-Cut! y el diario La Veu de Catalunya suponen el primer capítulo importante en el inicio de la crisis del sistema político de la Restauración, de las relaciones entre el poder civil y el militar, y entre el poder central y el catalanismo.

El 12 de noviembre de 1905 se celebraron elecciones municipales. En Barcelona ganaron las candidaturas de la Lliga Regionalista y los republicanos frente a las fuerzas dinásticas tradicionales, conservadores y liberales. Había sido una intensa campaña electoral. La Lliga organizó un acto el día 18 de noviembre para celebrar el triunfo. Se trataba de una cena festiva en el Frontón Condal de Barcelona, era el Banquet de la Victòria. Al terminar el acto se produjeron enfrentamientos entre catalanistas y republicanos.

El día 25, la revista ¡Cu-Cut!,una revista cultural y de humor, vinculada a la Lliga sacó un número dedicado al banquete. El dibujante Joan García Junceda relacionó en un dibujo dicho episodio con el desprestigio del ejército español, un tema ya recurrente en la prensa satírica de la época. El dibujo, en cuestión, reflejaba al fondo la entrada de los catalanistas al banquete, mientras dos personas, en primer plano, mantenían una conversación. Uno de dichos personajes era un militar vestido de gala, pero de forma anacrónica; el otro personaje era un civil. Este era el diálogo que entablaron:

“-¿Qué se celebra aquí, que hay tanta gente?

-El Banquet de la Victòria.

-¿De la victoria? Ah, vaya, serán paisanos”

Era una sátira sobre el mencionado desprestigio del ejército después del desastre colonial. Los militares no podían celebrar victorias. Pero el chiste fue censurado, por lo que no tuvo gran repercusión, pero en los cuarteles de la guarnición de la ciudad corrió muy pronto la voz de que aquello era una ofensa muy grave al honor militar. Cientos de militares se concentraron en la Plaza Real en la tarde del día 25 de noviembre para preparar una acción en respuesta. Por la noche saquearon los locales de la imprenta y de la redacción de la revista ¡Cu-Cut! y de la redacción de La Veu de Catalunya. En estos episodios hubo enfrentamientos con civiles. La violencia terminó en la madrugada.

El ejército aprovechó la circunstancia para obtener lo que pretendía desde hace tiempo, es decir, que las consideradas ofensas a la patria o al mismo ejército fueran materia de la jurisdicción militar. Para ello, había que hacer una reforma legislativa. Se presionó con fuerza al gobierno, que terminó por suspender las garantías constitucionales en la provincia de Barcelona. Montero Ríos dimitió el 2 de diciembre cuando supo que el rey había hablado con altos mandos militares a sus espaldas.

El nuevo gobierno de Segismundo Moret, con Romanones como ministro de la Gobernación, admitió a trámite el cambio legislativo deseado por los militares. Se trataba de la “Ley de Jurisdicciones”, que modificaba el Código de Justicia Militar. La Ley se aprobó el día 22 de marzo de 1906 y entró en vigor al día siguiente. Por esta ley la jurisdicción militar podía juzgar las críticas al ejército, la bandera o cualquier símbolo nacional. Generó una intensa polémica parlamentaria y en la opinión pública. Unamuno impartió una conferencia contra dicha Ley en el Teatro de la Zarzuela. La Ley estuvo en vigor hasta el 17 de abril de 1931 cuando Azaña la derogó. El día 20 de mayo de 1906 se levantó el estado de excepción en Barcelona.

El siguiente episodio importante de intervención militar sería la creación de las Juntas Militares de Defensa, especie de asambleas de jefes y oficiales del arma de Infantería que surgieron en el año 1916 y duraron hasta 1922. Nacieron con un elevado espíritu corporativo por varias causas. Por un lado, recogían parte del ideario regeneracionista que, como es bien sabido tuvo diversas interpretaciones desde distintas posturas ideológicas en un no muy articulado movimiento de cambio, pero además los militares estaban preocupados por el elevado coste de la vida en plena Gran Guerra y que les afectaba directamente, habida cuenta del desfase entre sus salarios y los elevados precios. Pero, sobre todo, sus integrantes eran contrarios a la política de ascensos practicada por las autoridades del Ministerio de la Guerra que promocionaban a los militares africanistas por méritos de guerra de forma muy rápida frente a los tradicionales ascensos por antigüedad, que seguían un proceso mucho más lento.

El pretexto que impulsó a la creación de estas Juntas se produjo por una orden del gobierno de Romanones que exigía pruebas de aptitud a los oficiales que quisieran ascender. Un sector de oficiales consideró estas pruebas como humillantes. Los propios artilleros se negaron a efectuarlas y el arma de Infantería se sumó a este plante. En Cataluña comenzaron a funcionar las primeras Juntas en el otoño de 1916. La figura principal de este movimiento sería el coronel del Regimiento Vergara de Barcelona, Benito Márquez. En diciembre ya existía el primer reglamento de la Junta de del Arma de Infantería. En mayo del año siguiente, el capitán general de Cataluña, Alfau, arrestó a los principales protagonistas porque se negaron a disolver las Juntas. Pero ante el aumento de la tensión con el Manifiesto de las Juntas, donde se recogían las quejas de los militares y se llegaba a amenazar con liberar a los detenidos, el gobierno cedió y se ordenó liberar a Márquez y demás arrestados.

Tenemos que tener en cuenta que el movimiento de las Juntas militares gozó, al principio, de cierto predicamento social, desde algunos periódicos y tribunas de opinión, y el propio monarca no desaprobaba claramente a estos militares.

El ministro La Cierva maniobró para dividir a los junteros al aceptar algunas de las reivindicaciones de tipo técnico o militar, aunque no las de contenido político. Pero el gobierno liberal de García Prieto era contrario a las Juntas por considerar que se inmiscuían en asuntos que sólo competían al poder civil. Eso le valió su caída. Vueltos los conservadores al poder con Eduardo Dato, y con el veterano Fernando Primo de Rivera como ministro de la Guerra, se reconocieron las Juntas. A cambio, estos militares acudieron en ayuda del gobierno cuando estalló la huelga general de 1917 y en Barcelona se había organizado la Asamblea de Parlamentarios. Los militares no estaban dispuestos a aliarse ni con los parlamentarios contrarios al ya desgastado turnismo y favorables a abrir un proceso constituyente, ni mucho menos con las organizaciones obreras. El propio Juárez se empleó en la represión en Sabadell, aunque en 1918 fue expulsado del Ejército.

En 1922, las Juntas decayeron y fueron disueltas por Sánchez Guerra. Habían perdido su poder y su prestigio inicial, pero, sobre todo, tenían la fuerte oposición de los militares africanistas. Estos militares acusaban a los junteros de cobardes, burócratas e insolidarios con el sufrimiento que padecían los que luchaban en la Guerra de Marruecos.

Eduardo Montagut

La intervención militar en la vida política española en el siglo XIX

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La presencia militar en la vida política española del siglo XIX obedece a un conjunto de causas. Las guerras carlistas dieron un gran protagonismo a los militares. Se convirtieron en elementos imprescindibles para establecer el nuevo sistema político liberal, habida cuenta de la debilidad de la burguesía y el escaso cuando no nulo apoyo popular hacia el cambio político. Los generales, conocidos popularmente como “espadones”, fueron conscientes de su importancia, encontrando en los dos grandes partidos políticos, el moderado y el progresista, así como luego en la Unión Liberal, un lugar destacado, ya que terminaron por liderarlos en muchos momentos. Recordemos la trascendencia histórica de nombres como Espartero, Narváez, O’Donnell, Serrano o Prim.

En este trabajo estudiamos el fenómeno del pronunciamiento en la España decimonónica, una fórmula casi habitual de participación política, especialmente en los reinados de Fernando VII e Isabel II. Aunque los hubo de signo absolutista en los momentos liberales del primer reinado, la mayoría fueron de tendencia liberal para traer la Constitución de 1812. En el segundo los habría moderados, pero, sobre todo, progresistas, dada la tendencia conservadora dominante en el poder del liberalismo español.

El pronunciamiento vendría a ser una sublevación o rebeldía militar que buscaría el apoyo de las fuerzas armadas o de un sector de las mismas, de los partidos y facciones políticas y, por fin, de la opinión pública en la España del siglo XIX. El pronunciamiento pretende la conquista del poder o una rectificación de la línea política del gobierno de turno. Los pronunciamientos solían ser incruentos, con una acción militar indirecta. El pronunciamiento se desarrollaba en diferentes fases. En primer luga,r nacía como complot militar y civil, ya que la presencia de civiles siempre fue muy destacada en los pronunciamientos. Una vez que se había puesto en marcha se solía sondear a otros militares para que se comprometieran. Otro aspecto importante era el manifiesto, declaración o “grito”, que era el programa donde los que se “pronunciaban” anunciaban sus intenciones, de ahí el nombre de este tipo de sublevación. Por fin, se daba la acción, que solía consistir además de la presentación de ese programa, en la presión más o menos indirecta al gobierno con amenazas veladas, o conquistando directamente el poder. Aunque no solía haber baños de sangre se trataba de un acto violento para acceder al poder frente al mecanismo electoral, aunque éste estuviera muy viciado.

El término de pronunciamiento surgió cuando Riego se pronunció en Cabezas de San Juan contra el régimen absolutista restaurado de Fernando VII en 1820, aunque no sería el primer pronunciamiento, ya que seguramente fue el del general absolutista Elío en 1814. En el Sexenio Absolutista proliferaron los pronunciamientos de signo liberal: Espoz y Mina en 1814, Díaz Porlier (1815), Richart (1816), o el Lacy y Milans del Bosch en 1817, todos ellos fallidos hasta el de Riego. Instaurado el Trienio Liberal, el nuevo régimen se vio atacado por pronunciamientos de signo absolutista, como el de la Guardia Real en el verano de 1822 en Madrid, aunque abundó más el fenómeno de las partidas rurales, precedente del comienzo de la futura guerra carlista. La restauración absolutista a partir de la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis inauguró la Década Absolutista. En esa época hay que destacar el pronunciamiento liberal del coronel Valdés en 1824, los de signo absolutista de Bessières y Capapé en ese mismo año, y sobre todo el liberal de Torrijos en 1831.

La época del Estatuto Real, a partir de 1834, vivió una gran inestabilidad política con pronunciamientos progresistas como los del teniente Cordero y de Quesada en 1835, desembocando en el motín de los sargentos de la Granja en agosto de 1836, que liquidaría este régimen, restableciendo la Constitución de 1812. La reina gobernadora María Cristina terminaría su Regencia por la combinación de la presión militar con la civil, subiendo al poder el general Espartero, liberal progresista, pero de marcado carácter populista y autoritario. Durante su Regencia se pronunciaron O’Donnell, Concha, Narváez y Diego de León en septiembre de 1841. Espartero caería en 1843, teniendo un gran protagonismo en este desenlace la Orden Militar Española.

Los progresistas recurrieron a los pronunciamientos para intentar conquistar el poder durante el monopolio que los moderados hicieron del mismo en la conocida como Década Moderada en el período inicial del reinado efectivo de Isabel II. Al final, el pronunciamiento de O’Donnell y Dulce, conocido como la Vicalvarada (1854), terminó con el domino moderado y permitió el acceso de los progresistas al gobierno, que lo conservarían durante el Bienio Progresista. Este pronunciamiento puede ser considerado como paradigmático por la clara combinación de elementos militares y civiles, con un programa condensado en el Manifiesto de Manzanares y gran apoyo de la opinión pública, cansada de una larga etapa de gobiernos moderados.

La época de la Unión Liberal sería la más tranquila en lo que se refiere a pronunciamientos, a excepción del acontecido en San Carlos de la Rápita en 1860. Pero la etapa final del reinado de Isabel II resucitó la inestabilidad y se dieron muchos pronunciamientos, teniendo Prim un destacado protagonismo en los mismos.

El pronunciamiento supuso un ejemplo de lo que se conoce como pretorianismo, es decir, injerencia del ejército en la vida política interior de un estado empleando su fuerza en beneficio de una facción o partido político. Pero con el tiempo fue creciendo la autonomía militar respecto a las opciones políticas, ganando el militarismo, que terminó impregnando al Estado y a la sociedad.  Efectivamente, el cambio comenzó a gestarse en el Sexenio Democrático. La inestabilidad política con dos regímenes –Monarquía democrática de Amadeo I y Primera República-, las guerras de Cuba y la tercera carlista, y el ímpetu del movimiento obrero y del cantonalismo generó en los cuarteles una nueva opción que pasaba por la defensa de los intereses corporativos de la oficialidad, alejándose de las opciones partidistas. Esta autonomía hacia los partidos y opciones políticas terminaría por triunfar en el sistema canovista de la Restauración. Este nuevo régimen nació por el pronunciamiento de Martínez Campos a finales de 1874, el último gran pronunciamiento del siglo XIX, pero sin la participación de Cánovas del Castillo. El político malagueño no quería que la Monarquía se restaurase de esta forma y tuvo que aceptar los hechos consumados. Los intentos de pronunciamiento de signo más progresista, impulsados por el eterno conspirador republicano que fue Ruiz Zorrilla contra la Monarquía, fueron fracasos rotundos desde el primer momento. Cánovas hizo un esfuerzo para que los militares se mantuviesen al margen del fragor político con evidente éxito, pero el Desastre de 1898 trastocaría esta situación y generaría, junto con otros factores, un creciente militarismo.

Eduardo Montagut

La enseñanza de la religión en la escuela liberal española

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En este trabajo estudiamos la inclusión de la enseñanza de la religión y moral católicas en los planes educativos del Estado liberal.

El liberalismo español estableció la secularización de la enseñanza. Si la Iglesia había ejercido casi el monopolio educativo durante el Antiguo Régimen, en el nuevo sistema político surgido de la Revolución liberal el Estado debía asumir el protagonismo en la enseñanza, aunque permitiese la existencia de la escuela privada. Por un lado, la Constitución de 1812 elevó la educación a un derecho, aunque, posteriormente los textos constitucionales no la incluyesen, y, por otro lado, la desamortización desposeyó a la Iglesia de la mayor parte de sus establecimientos educativos. Pero una cuestión era que el Estado regulase todo lo relacionado con la enseñanza y otra muy distinta que esa enseñanza fuera laica. El liberalismo español siempre consideró imprescindible la enseñanza de la religión católica en los niveles primario y secundario porque partía del reconocimiento constitucional de esta confesión como oficial en España. El artículo 12 de la Constitución de 1812 señalaba que la religión de la nación española era y sería “perpetuamente la religión católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra”. El mandato constitucional era inequívoco y contundente, siendo una de las pocas concesiones a los diputados absolutistas de las Cortes de Cádiz. Pero, además, el propio texto constitucional ordenaba que en las escuelas de primeras letras había que enseñar el catecismo de la religión católica, del mismo modo que los alumnos debían aprender las “obligaciones civiles”. Por su parte, la Constitución de 1837 en su artículo 11 establecía que la nación estaba obligada a mantener el culto y los ministros de la religión católica, que profesaban los españoles. Por fin, la Constitución de 1845, además de seguir estipulando la obligación de la nación a mantener el culto, en la misma línea que el texto constitucional anterior, señalaba, previamente, que la religión de la nación española era la católica, apostólica y romana.

Así pues, en consonancia y derivando de los mandatos constitucionales, el sistema educativo liberal incluyó la religión católica en los planes que se fueron elaborando y sucediendo. El Proyecto de Decreto para el arreglo general de la enseñanza pública de 1814 establecía que en las escuelas de primeras letras los niños debían aprender el catecismo religioso y moral “que comprenda brevemente los dogmas de la Religión y las máximas principales de buena conducta y buena crianza”. Los autores del dictamen de este proyecto legislativo defendían la necesidad, junto con el inicio del estudio de los derechos y deberes de los ciudadanos, de que se grabasen en el corazón de los niños los principales dogmas de la religión católica. Esta enseñanza debía emprenderse a través de catecismos breves y claros. En cambio, la religión no tenía cabida en el nivel de segunda enseñanza, seguramente, porque no lo especificaba la Constitución, como sí lo hacía en el caso de las escuelas de primeras letras. El Reglamento de Instrucción Pública de 1821, en el Trienio Liberal, recogía el espíritu y letra del Proyecto de 1814 al establecer el aprendizaje de los dogmas de la religión en un catecismo. De la misma manera que lo presentado en las Cortes en 1814, el Reglamento del Trienio no decía nada de la enseñanza de la religión católica en el nivel educativo medio.

El Plan del duque de Rivas del año 1836 introdujo la religión entre las asignaturas que debían impartirse en la instrucción secundaria pública. Tanto en el nivel elemental como en el superior se enseñarían “Elementos de Religión, de Moral y de Política”, aunque con más extensión en el segundo, al igual que pasaba con el resto de materias.

El Reglamento de las Escuelas Públicas de Instrucción Primaria Elemental de 1838 dejó muy clara la importancia de la enseñanza religiosa y desarrolló de forma exhaustiva cómo debía ser dicha enseñanza en este primer nivel educativo. La “instrucción moral y religiosa” era considerada como fundamental para la educación de los niños, y como un medio para evitar “la corrupción de costumbres”, aunque se reconocía que era difícil el ejercicio de las “facultades morales”, ya que no existía una didáctica clara sobre cómo enseñar valores como la paciencia, la sobriedad, el valor o la docilidad. En todo caso, era fundamental que la enseñanza que recibiese el pueblo fuese religiosa. El capítulo quinto del Reglamento se dedicó monográficamente a la religión. En primer lugar, se ordenaba que en las escuelas primarias el estudio de la religión católica quedaría bajo la inspección directa del párroco o del miembro eclesiástico de la Comisión local. Las autoridades eclesiásticas conocerían de antemano todas las lecciones y ejercicios relacionados con la religión que se iban a impartir en la escuela. Las clases comenzarían siempre con una oración. Todos los días se enseñaría la doctrina cristiana aplicándose a una parte de la historia sagrada. Cada tres días, durante un cuarto de hora, un alumno leería un capítulo de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento, terminando con una explicación por parte del maestro. Los niños debían ir a la misa dominical con su maestro.  La tarde de los sábados estaría dedicada, exclusivamente, al examen de la doctrina e historia sagrada estudiadas en la semana, así como al estudio del catecismo. Los alumnos debían aprender las preguntas y respuestas del catecismo y se harían preguntarse unos a otros. El párroco o el miembro eclesiástico de la Comisión local debía examinar sobre este particular, al menos una vez al mes. La sesión vespertina del sábado terminaría con la lección del Evangelio del día siguiente, el rezo del rosario y una oración por la salud de los reyes y por la prosperidad del país. Los maestros tenían la obligación de acompañar a los alumnos, una vez que hubieran hecho la primera comunión, a la Iglesia para que se confesasen cada tres meses, con el propósito de que fueran adquiriendo los hábitos relacionados con los actos religiosos. Para que los beneficios que proporcionaba la enseñanza religiosa no se perdiesen fuera de la escuela se instaba a los maestros a que mantuviesen reuniones con los padres de sus alumnos.

El Plan Pidal de 1845 también incluía la religión católica en la segunda enseñanza. En el nivel elemental de la misma, en el segundo curso, los alumnos aprenderían principios de moral y religión, aunque no aparecía en el nivel de ampliación de la segunda enseñanza.

Por fin, la Ley Moyano de 1857 establecía el aprendizaje de la doctrina cristiana y de la historia sagrada adaptada a los niños en el nivel de primera enseñanza elemental. En el primer nivel de la segunda enseñanza existía una asignatura parecida a la de primaria, aunque, presumiblemente con más contenido. En el segundo nivel de esta enseñanza la materia pasaba a denominarse “religión y moral cristiana”.

Eduardo Montagut. Doctor en Historia.

Educación para la ciudadanía en la España liberal

Rodolfo Llopis

Rodolfo Llopis, inspirador e impulsor del sistema educativo progresista durante la II República.

Los sistemas educativos se sustentan en valores que se enseñan de forma explícita o implícita a los alumnos y que están en consonancia con los que informan los sistemas políticos, sociales y económicos donde aquellos se inscriben. Las leyes educativas de nuestro Estado actual han explicitado y explicitan la importancia del aprendizaje de los valores democráticos que son los pilares del mismo, pero en los últimos años se ha desarrollado en España una intensísima polémica entre la izquierda, la derecha y la Iglesia Católica, como principales protagonistas, acerca de la necesidad o no de la asignatura de Educación para la Ciudadanía.. Aunque ninguna de las partes cuestione los valores democráticos sí hay profundas diferencias en algunos aspectos de la interpretación de dichos valores y de otras cuestiones anejas (libertad de enseñanza y de cátedra, etc.) que proceden de las distintas posiciones ideológicas de unos y de otros. Pues bien, en este artículo viajamos a la época liberal para buscar referencias históricas sobre la educación de valores y para conocer, en realidad, una parte del origen lejano de esas diferencias ideológicas, aunque sea de forma aproximada.

El Título IX de la Constitución de 1812 trataba de la Instrucción pública. En el artículo 368 se explicitaba la obligación de que se explicase la Constitución. El Proyecto de Decreto de 7 de marzo de 1814 especificaba que la enseñanza de la Constitución se inscribiría en la denominada segunda enseñanza. Este nivel educativo se organizó en tres áreas: la de las ciencias físicas y matemáticas, la de literatura y artes y la de ciencias morales y políticas. En esta última parte se impartirían un curso de “Moral y Derecho Natural”, otro de “Derecho Político y Constitución” y, por fin, uno de “Economía política y Estadística”. Pero, además, para poder acceder a la denominada tercera enseñanza había que certificar, entre otros, el haber superado el curso de “Derecho Político y Constitución”. En el Dictamen que se presentó sobre el Proyecto, los autores del mismo insistían en la necesidad que los alumnos aprendiesen los fundamentos del derecho político y que conociesen las “reglas de cuya observancia depende el justo régimen y la felicidad de las naciones; y que instruidos en los principios generales de esta ciencia, los apliquen después á su patria, y estudien las leyes fundamentales que la rigen, para ver su consonancia con los principios constitutivos de la sociedad, y amar por convencimiento propio lo que debe respetar por obligación”.

En el Trienio Liberal el Reglamento de 1821 ordenaba que ya en las escuelas públicas de primeras letras los niños tenían que aprender las “máximas de buena moral y los derechos y obligaciones civiles”. En el siguiente nivel educativo –segunda enseñanza- debía establecerse en cada universidad de provincia (asimilable al instituto, en la legislación educativa posterior), una cátedra de Derecho político y Constitución. Pero la legislación liberal no consideraba necesario que las mujeres tuvieran una educación igual a la de los hombres en esta cuestión de los valores, como tampoco en ninguna otra, ya que solamente se abrirían escuelas públicas para enseñar a leer, escribir y contar a las niñas, así como labores y habilidades “propias de su sexo” para las mujeres.

La inclusión del estudio de la Constitución en el sistema educativo que se comenzó a diseñar en Cádiz y se intentó desarrollar en el Trienio Liberal obedece, a nuestro juicio, a dos causas. En primer lugar, los liberales eran conscientes de que había que difundir la Constitución en toda España, una vez que  había sido elaborada y aprobada en un Cádiz sitiado y aislado. Este era un medio que parecía eficaz y que se relaciona con otras iniciativas para crear cátedras o escuelas promovidas por distintas instituciones y corporaciones con el mismo fin. Se trataba de que el texto constitucional fuera conocido porque era la base de un nuevo Estado completamente distinto al anterior, ya que era la primera vez que, realmente, España tenía una Constitución, si exceptuamos el Estatuto de Bayona, más bien Carta Otorgada y que, salvo algunas importantes novedades, no planteaba cambios revolucionarios y sí más bien la culminación del programa reformista ilustrado en versión afrancesada. En segundo lugar, y mucho más importante, los primeros liberales querían educar futuros ciudadanos, no súbditos, enseñar a los alumnos los derechos naturales, el ejercicio de los mismos y el sistema que los garantizaba para que los asimilaran como propios y no como algo impuesto. En todo caso, las mujeres no eran consideradas ciudadanas.

El Plan General de Instrucción Pública de 4 de agosto de 1836 del duque de Rivas establecía en la instrucción secundaria pública y en su nivel elemental una asignatura denominada “Ideología” y otra de “Religión, Moral y Política”, aunque no quede muy claro el contenido de la primera y se unan aspectos religiosos y morales con los políticos en la segunda. Las cuestiones relacionadas con las obligaciones civiles en primaria, según el Reglamento del Trienio Liberal, fueron abandonadas definitivamente a partir de este Plan de 1836, como se puede comprobar en la Ley para plantear provisionalmente el Plan de Instrucción Primaria de 21 de julio de 1838 y el consiguiente Reglamento de las Escuelas Públicas de Instrucción primaria elemental de ese mismo año. Los alumnos de este primer nivel educativo tenían que estudiar solamente los principios de “Religión y Moral”. Algo parecido ocurrió con el Plan Pidal de 1845 relativo a la segunda enseñanza. En el nivel de segunda enseñanza elemental se estudiaba “Religión y Moral”, y  se impartía una asignatura, en el tercer año, denominada “Principios de Psicología, Ideología y Lógica”. En el nivel de ampliación de la segunda enseñanza, en el área de letras, existía una asignatura de “Derecho Político y Administrativo”. En la cuestión que aquí nos atañe, la definitiva Ley Moyano de 1857 liquidó en el programa educativo de la segunda enseñanza las asignaturas que tuvieran que ver con el derecho político.

El abandono del estudio de la Constitución una vez asentado el Estado Liberal puede deberse a varias causas. En primer lugar, se podría argumentar la inestabilidad constitucional que se dio en la época de las Regencias del reinado de Isabel II, aunque el sistema terminaría estabilizándose con la Constitución  moderada de 1845,  texto constitucional definitivo hasta la caída de la reina en 1868, ya que el proyecto del Bienio Progresista no fue aprobado. Pero esas variaciones podían subsanarse cambiando el temario de una posible asignatura sobre la Constitución cuando entrara en vigor una nueva Carta Magna y, además, no hubo grandes diferencias entre la Constitución de 1837 y la de 1845. En realidad, al liberalismo moderado hegemónico no le interesaba que se enseñasen a los alumnos valores relativos al ejercicio de la ciudadanía, aunque se mantuvieran, durante un tiempo, los estudios relativos al derecho y la administración en secundaria porque estas asignaturas proporcionaban conocimientos teóricos y técnicos necesarios para los hijos de la burguesía –únicos que accedían a este nivel educativo- en sus futuros estudios, profesiones o para ejercer los derechos políticos, vetados, realmente para el resto de la población. Pero, como hemos señalado, hasta estas asignaturas desaparecieron en la Ley Moyano. Los hijos de la burguesía ya aprendían en sus casas la esencia y los valores del sistema político liberal que sus padres sustentaban y gobernaban.

El ideario revolucionario de Cádiz, una vez más, fue abandonado por el liberalismo posterior. Es significativo lo que expresaba el preámbulo del Reglamento de las Escuelas Públicas de 1838 en relación con los valores que debían adquirir los alumnos. En el nivel de primaria lo que importaba, además de la instrucción reglada, era enseñar reglas de urbanidad y ofrecer una formación religiosa y moral. El legislador pensaba que la última se había descuidado mucho, como lo probaría una supuesta “corrupción de las costumbres”. Había pues, que fomentar el ejercicio de las denominadas “facultades morales”: paciencia, sobriedad, valor, docilidad, etc.., de la misma manera que se enseñaban las demás materias, es decir, formar españoles obedientes; imaginamos que para que unos se dedicasen a un oficio y no exigiesen derechos políticos y para que los otros fueran buenos y aplicados estudiantes el resto de su vida académica y, de ese modo, reprodujeran el dominio ejercido por sus padres en el sistema político.

Eduardo Montagut. Doctor en Historia.