Del tiranicidio

Harmodio y Aristogitón tyrannicidesEn la época arcaica griega el tyrannos designaba ocasionalmente al basileus o rey, pero generalmente, aludía al hombre que, sin ser el heredero legítimo, se apoderaba del poder de una ciudad y lo ejercía de forma personal sin contar con las instituciones legales. En principio, el término no tenía connotaciones negativas. Tenemos que tener en cuenta el contexto histórico en el que aparecieron los tiranos. La tiranía se extendió como fórmula política entre los siglos VII y VI a. C. en relación con el deseo de cambio de los campesinos helenos afectados por la crisis agraria. El tirano encarnó la figura del hombre que abolía el régimen aristocrático. Una vez obtenido el poder, los tiranos emprendían reformas y perseguían a los aristócratas, que sufrían prisión, exilio y confiscaciones. Entre los tiranos destacó, sin lugar a dudas, Pisístrato, que se empleó en la mejora de los campesinos atenienses. En Corinto, Cípselo acuñó las primeras monedas e implantó un sistema fiscal. Otro de los aspectos a destacar del régimen que establecieron los tiranos fue el fomento del urbanismo, con el ornamento de las ciudades y la construcción de infraestructuras, especialmente las relacionadas con el agua. Pero en la época clásica el tirano comenzó a adquirir otras connotaciones. La constatación del comportamiento de algunos tiranos, como Fálaris de Agrigento, hizo que los pensadores comenzaran a condenar la tiranía. Los tiranos pasaron a ser déspotas crueles que utilizaban el terror y envilecían a los ciudadanos. Para Platón era el más vil de los seres humanos.

En Atenas, la muerte de Hiparco, tirano junto con su hermano Hipias, fue vista como una liberación y sus autores elevados a la categoría de héroes. La legitimidad del hecho de acabar con los tiranos comenzó a elaborarse teóricamente por algunos autores romanos como Cicerón, Plutarco y Polibio. En el siglo XII el obispo de Chartres, Juan de Salisbury, realizó la primera formulación clara del tiranicidio en Europa, pero Santo Tomás condenó esta práctica en el siglo siguiente, aunque contemplaba la posibilidad de que el tirano pudiera ser castigado por las autoridades. La Iglesia terminó por condenar el tiranicidio en el Concilio de Constanza (1414-1418) por considerarlo herético.

En el Renacimiento terminó por perfilarse la teoría del tiranicidio, concebido como la muerte del tirano en defensa de la legitimidad política. Los príncipes debían ejercer el poder para el bien de los súbditos y éstos tenían derecho a la resistencia, pero, además, aquel monarca que hubiera violado las leyes divinas y el pacto implícito con sus súbditos se convertía en un tirano y era lícito terminar con él. En esta defensa del tiranicidio se destacaron los monarcómacos. El relativo éxito de la teoría del tiranicidio en la época moderna tiene mucho que ver con los planteamientos de la teoría contractualista del poder, ya que la tiranía corrompería el pacto entre gobernantes y gobernados.

Sin lugar a dudas, el teórico más destacado sobre el tiranicidio fue el jesuita español Juan de Mariana con su obra De rege et regis institutione (Toledo, 1599). Algunos contemporáneos acusaron a Mariana de ser uno de los instigadores morales del asesinato de Enrique IV en Francia. Pero, los defensores del tiranicidio en esta época no contemplaban las reacciones individuales o de grupos particulares a la hora de defender el tiranicidio; éste debía contar con el beneplácito o consenso tácito del pueblo.

A finales del siglo XVII Locke defendió la legitimidad del principio de resistencia frente a un gobierno injusto y al derecho de cualquier ciudadano de acabar con el criminal que violaba la ley y la naturaleza que Dios había establecido para mantener la armonía social. Es importante destacar que el derecho de resistencia, aunque no exactamente el tiranicidio, estuvo en la base de la revolución americana, de las revoluciones liberales europeas y se incorporó a algunas de las declaraciones de derechos que se elaboraron en ese momento histórico.

El tiranicidio terminó por desaparecer en el pensamiento y en los sistemas políticos occidentales ante los reparos morales que generaba la pena de muerte. Los sistemas democráticos establecen en sus constituciones mecanismos que regulan y limitan los poderes para evitar la tiranía. Pero en el mundo actual ha habido casos evidentes de tiranicidio en determinados regímenes políticos y, sobre todo, en situaciones de profundas crisis. En la mente de todos están los casos de Nicolás Caeucescu, Sadam Hussein o Gadafi, tiranicidios cometidos por nuevas autoridades autóctonas, por otras tuteladas por poderes extranjeros o por linchamiento popular.

En conclusión, el concepto de tirano ha evolucionado en la historia y ha ido adquiriendo un perfil notoriamente negativo, mientras que, de forma paralela, ha generado la teoría del tiranicidio. Terminemos con las definiciones que nos ofrece el Diccionario de la Real Academia Española sobre lo que es un tirano. El término se aplica a quien obtiene contra derecho el gobierno de un Estado, y principalmente al que lo rige sin justicia y a medida de su voluntad. También se refiere a quien abusa de su poder, superioridad o fuerza en cualquier concepto o materia y, por último, un tirano es quien impone ese poder y superioridad en grado extraordinario. No cabe duda que si aplicamos estas definiciones nos saldrían muchos tiranos en la historia contemporánea mundial y española. Que cada uno elija los suyos. Otra cosa es que, como seres civilizados, hoy no aboguemos por el tiranicidio y sí más por la defensa y el desarrollo del derecho de resistencia.

Eduardo Montagut

EL CAUDILLAJE

Reyes Católicos

En este trabajo nos acercamos al fenómeno de los caudillos, de tanta trascendencia en la historia contemporánea de Sudamérica y de España.

Por caudillo se entiende el jefe, cabecilla militar y/o político de un grupo, partido o comunidad. Los caudillos exigen obediencia y lealtad y, a cambio, ofrecen protección y dádivas. El caudillaje es una variante de los sistemas de relaciones personales clientelares del poder, no muy alejado del caciquismo, especialmente como se entendía en algunas zonas de América Latina. Aunque ha habido caudillos desde la Antigüedad, aquí nos interesan más los que han pertenecido a la historia contemporánea. Como decíamos, en Hispanoamérica abundaron en el siglo XIX. Participaron en los procesos de independencia, pero, sobre todo, adquirieron protagonismo en la época postcolonial. Muchos terratenientes decidieron intervenir en política, fundamentándose en su poder económico. Levantaron ejércitos y movilizaron a la población de sus extensas propiedades para hacerse con el poder en las recién creadas repúblicas. Existen varios ejemplos que se pueden citar. El uruguayo José Artigas destacó en la zona rioplatense al reunir bajo su mando a muchos caudillos locales en la década de los veinte del siglo XIX. En Paraguay, los caudillos rurales del Partido Blanco fueron muy activos. Por fin, en Argentina brilló entre todos los caudillos la figura de Juan Manuel de Rosas, que dominó la vida política del país entre 1820 y 1852. Cuando Argentina consiguió cierta estabilidad institucional a partir de la década de los sesenta, los caudillos argentinos se incorporaron al sistema, pero a través de los partidos políticos.

El caudillismo no desapareció con la llegada del siglo XX. En la propia Argentina, Perón y el peronismo remozaron el concepto, fomentando el desarrollo de las relaciones clientelares en política, aspecto que llega hasta hoy en día. Pero para los españoles el caso más importante de caudillo, por su trascendencia histórica, ha sido el de Francisco Franco. Cuando el bando sublevado contra la Segunda República fue consciente del fracaso del golpe y de que, en consecuencia, había que afrontar una guerra y elegir un jefe, elección que recayó en Franco en el otoño de 1936, comenzó a funcionar un potente aparato de propaganda que generó el único culto a la personalidad que ha habido en la historia contemporánea española. Entre los múltiples títulos y atributos que recibió Franco hubo dos fundamentales: generalísimo y caudillo. El título de caudillo casaba con el interés del franquismo en convertir a Franco en el heredero de una saga de homónimos que, desde la época antigua, pasando por la medieval, habían luchado y hasta salvado, supuestamente a España de poderosos enemigos, como los musulmanes, entre otros, haciendo una interpretación muy sesgada de la Historia y cometiendo anacronismos evidentes. Franco sería el moderno caudillo que, enviado por la Divina Providencia, venía a salvar a España de los enemigos de los años treinta, tanto internos –los “malos españoles”-, como externos. Franco pasó a ser “caudillo de España, por la gracia de Dios”.

Bajo el aparato institucional que organizó la dictadura franquista, funcionaron las características propias del caudillaje. Las relaciones clientelares se basaron en el principio de la conocida como la “adhesión inquebrantable” hacia Franco, así como a los principios del Movimiento Nacional. Esa fidelidad al caudillo garantizaba el acceso a distintas parcelas del poder. Aún hoy, los nostálgicos del franquismo, en pleno auge, rememoran a Franco, anhelando la llegada de otro caudillo salvador ante lo que consideran la desmembración de España.

Eduardo Montagut

¿Qué entendemos por Derecha?

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¿Qué se entiende por derecha?, ¿es una única ideología o abarca, en la Historia contemporánea varias concepciones ideológicas?, ¿es un término peyorativo?, ¿todos los que, en teoría, pudieran estar encuadrados en la derecha se reconocen en este término? No pretendemos dar respuestas a todas estas preguntas, pero sí plantear algunas reflexiones sobre este concepto político entre los márgenes de un artículo

Por derecha se puede entender el conjunto de posturas, ideas y actitudes políticas que tienen que ver con la preferencia por la defensa de la tradición y el mantenimiento de las jerarquías sociales. Esta última idea puede traducirse, tanto por una defensa de los privilegios heredados, como por el exclusivo reconocimiento de los méritos personales, en relación con el concepto de meritocracia. La derecha es contraria a la intervención del Estado en la economía a través de las políticas fiscales progresivas que redistribuyen la renta. También critica la extensión del reconocimiento de derechos sociales y de minorías discriminadas. La derecha abomina de estas políticas por igualitaristas. La derecha defiende la existencia de un Estado fuerte en relación con el uso de la fuerza, y tiende a un acusado nacionalismo. Es firme partidaria del orden frente al reconocimiento, extensión y garantía de las libertades, en línea con lo explicado anteriormente, porque son interpretadas como provocadoras de desorden e inestabilidad. La derecha valora la importancia de la religión, y no es partidaria de una clara y definida separación entre la Iglesia y el Estado. Por fin, defiende un modelo tradicional de familia como único posible.

El término de derecha nace en la Revolución Francesa y por algo, aparentemente muy anecdótico relacionado con el lugar en el que se sentaban unos y otros en el legislativo. A partir de la consolidación del Estado liberal en el siglo XIX, la derecha pasa a identificarse con la burguesía triunfante y defensora del nuevo orden, en ese momento ya cuestionado desde abajo por las crecientes corrientes democráticas y por el movimiento obrero.

La derecha abarca varias manifestaciones en la Historia contemporánea en un abanico amplio: desde posturas populistas hasta el propio fascismo, pasando por partidos o movimientos autoritarios o con conexiones con el liberalismo en su versión más conservadora, hasta su aceptación del juego democrático, terminando por abrazar la causa del neoliberalismo económico. Es, pues, un concepto o término amplio, siendo necesario conocer el contexto histórico en el que nos encontremos. Pensemos en la propia historia de España en el siglo XX. El concepto de derecha puede ser aplicado al maurismo, a las ideas imperantes en la dictadura de Primo de Rivera y la Unión Patriótica, a la CEDA, al falangismo, a las ideas de Acción Católica, al conjunto de ideas y familias políticas del franquismo, a la UCD o al Partido Popular, y como vemos, existen importantes diferencias y no solamente en el tiempo sino, también, entre formaciones contemporáneas.

En la actualidad, el término se suele usar por sus adversarios como algo peyorativo, y algunas derechas tienden a autodenominarse centro-derecha, quizás por influencia de esa concepción no positiva que se genera desde la izquierda. En todo caso, en España Aznar revalorizó el concepto de derecha, tan denostado en los años ochenta, además de conseguir englobar en un solo partido casi todas las tendencias de las derechas españolas, algo impensable en la Transición; otra cuestión es si esta unidad no estaría comenzando a resquebrajarse con la irrupción de Ciudadanos en el panorama nacional.

Eduardo Montagut

La contrademocracia: beneficios y peligros

TOSHIBA CAMCORDER

Se entiende por contrademocracia la forma de control popular de la actuación de las instituciones y administraciones públicas. En las democracias es ejercida por ONGs, organizaciones sociales, ideológicas o religiosas, grupos de presión, etc. a través de manifestaciones, firmas de peticiones, expresiones colectivas de solidaridad y otros medios de acción pública. La contrademocracia no debe ser entendida como un ataque a la democracia. Se trata, en realidad, de un ejercicio democrático que surge de los miembros de donde parte el poder en una democracia, es decir, de la población, de la gente, aunque pueda ser canalizada por esas organizaciones que hemos mencionado anteriormente. La contrademocracia parte, pues, de una enorme desconfianza popular, aunque plantea problemas importantes porque puede ser alimentada por un debate político de escasa altura, en parte muy frívolo, gracias a algunos medios de comunicación, aficionados a los titulares fáciles, las encuestas manipuladas y a la demagogia. Pero ese no es el único riesgo de la contrademocracia, ya que el permanente estado de movilización puede llevar a menoscabar la legitimidad de los representantes elegidos mediante el sufragio universal. Se corre el peligro de la estigmatización de los representantes, los políticos y las autoridades.

En nuestra democracia actual hemos tenido dos grandes momentos de contrademocracia con sus particulares características y consecuencias. El primero de ellos se vivió en tiempos de la última administración socialista. Se produjeron constantes manifestaciones públicas antigubernamentales contra determinadas políticas establecidas por los gobiernos de Zapatero. Por un lado, se dieron movilizaciones en la calle contra la política antiterrorista, organizadas por una parte de las víctimas del terrorismo. Las reformas del Código Civil para el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, así como las cuestiones del aborto y de la asignatura de Educación para la Ciudanía, movilizaron a la Iglesia y asociaciones afines católicas integristas. Por otro lado, la derecha mediática se movilizó contra la victoria electoral socialista del año 2004, considerándola ilegítima por la supuesta manipulación de la población española ante los atentados de Atocha. Estos ejercicios de contrademocracia ejercieron una gran presión, e intentaron deslegitimar al gobierno y al presidente con una presión constante, y fueron instrumentalizados por el Partido Popular en su estrategia de erosión, crispando la vida política.

El siguiente momento de contrademocracia surgió en mayo de 2011 y se desarrolló en los años siguientes. En este caso, numerosos sectores de la población han reaccionado ante la gravedad de la situación por el paro, la corrupción, y lo que consideran ataques intolerables de la derecha a los pilares del Estado del Bienestar y a las libertades y derechos, así como contra la supuesta inacción o connivencia de la izquierda clásica. Por un lado, la contrademocracia actual ha sido una reacción ante una situación general de crisis en todos los ámbitos, y ha permitido plantar cara a la corrupción del sistema democrático. Pero también ha tendido a la estigmatización total de los políticos y autoridades.

La evidente crispación que vivimos se está canalizando a través de fórmulas políticas como Podemos o las distintas Mareas, que están entrando en el juego político de la democracia, y que están formulando sus propuestas e ideas para presentarlas electoralmente a la sociedad española. Precisamente, ese proceso es necesario para evitar los riesgos de quiebra democrática por mucho que a la derecha le asuste y tienda a enfangar el debate político con su inveterada costumbre a insultar al contrario político, y a la izquierda clásica le produzca pánico por pérdida de apoyo electoral. El debate ya se está desarrollando, y ahora ya están aflorando las grandezas y miserias del programa de la nueva formación política. Ahora se está haciendo política, que es lo que hay que hacer, pero sería deseable sin dramas, sin sustos, con serenidad y con inteligencia. Luego, los ciudadanos y ciudadanas de este país harán lo que estimen oportuno en las urnas, que son la que mandan y no los sondeos. Y las urnas españolas son propicias a dar sorpresas de vez en cuando.

Eduardo Montagut, Doctor en Historia

¿Qué es una dictadura?

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La fórmula política que conocemos por dictadura tiene su origen en Roma. La dictadura era una magistratura en el sistema político de la República. El dictador era escogido e investido por el cónsul, ya que solamente un magistrado cum imperium podía transmitir este poder a otro, aunque, eso sí, con la aquiescencia del Senado. El imperium era el poder originario y soberano de vida y muerte. Solamente tenían este máximo poder las más altas magistraturas: cónsules, pretores y dictadores. La dictadura era, realmente, un recurso temporal de seis meses de duración para momentos complicados. Era la única magistratura romana no colegiada. Pero la naturaleza de la dictadura cambió con la crisis de la República romana, con Sila y con César: se amplió su duración y sus ya muy amplias atribuciones. En ese momento, estos personajes emplearon la magistratura para cumplir sus ambiciones políticas personales, desvirtuando el sentido primigenio de la misma.

En la época moderna las dictaduras se dieron en las formas política republicanas europeas, siendo el caso más notorio el de Cromwell en Inglaterra cuando triunfó la primera Revolución inglesa.

En los albores de la edad contemporánea la primera dictadura fue, sin lugar a dudas, la establecida por los jacobinos entre 1793 y 1794. Pero no solamente lo fue por cuestiones cronológicas, sino también porque estableció algunas características de las dictaduras posteriores: el control a través de un estado centralizado, concentración del poder en el ejecutivo frente a los otros poderes y el contar con apoyos populares. A lo largo del siglo XIX se produjeron más ejemplos. En nuestro país el caso más notorio fue la dictadura de Serrano en el año 1874 entre la disolución de las Cortes de la Primera República y el pronunciamiento de Martínez Campos que permitió el comienzo de la Restauración borbónica. Pero, sin lugar a dudas, el siglo XX ha sido la época dorada de las dictaduras en todo el mundo.

Definir una dictadura no es tarea fácil porque existe una gran variedad de tipos, aunque podemos encontrar rasgos comunes en todas ellas: la negación del estado de derecho, la no existencia de la separación de poderes y el rechazo a la democracia representativa. Se pueden establecer tipologías de dictaduras atendiendo a diversos criterios, teniendo en cuenta, por otro lado, que no son excluyentes entre sí. Los criterios comunes a todas las dictaduras nos permiten caracterizar a las mismas como sistemas políticos contrarios a las democracias donde no hay división de poderes, inexistencia de derechos básicos o, sobre todo, aunque se proclamen, sin garantías para su ejercicio, ausencia de pluralidad política, sindical y asociativa, tendencia al ejercicio del poder de forma arbitraria a favor del dictador, grupo, clase o minoría que sostiene y se beneficia de la dictadura. Las dictaduras no se basan en el consentimiento libre de los gobernados, aunque los dictadores tienden a insistir en que dicha aquiescencia sí existe, ya que se utilizan métodos populistas como los plebiscitos para buscar su legitimación popular, a pesar de que dichas consultas no son, realmente libres, al impedirse la propaganda política contraria. Pero, también, conviene señalar que las dictaduras no pueden permanecer largos períodos de tiempo si no tienen ciertos apoyos sociales. Los métodos represivos no pueden ser los únicos que permitan su permanencia.

Las dictaduras suelen estar muy vinculadas a un concepto muy personalista del poder y suelen vincularse a la ambición política de los dictadores. Los dictadores emplean un sistema de propaganda para su enaltecimiento. Se impide que los opositores puedan expresar, libremente, sin menoscabo de su integridad física o de sus libertades, el rechazo a la misma. Si el grado de represión es muy alto, y con un sistema de ideas que lo apoya, la dictadura se tiñe de totalitaria.

La dictadura suele estar muy vinculada a un concepto muy personalista del poder, a la ambición de quien detenta el mismo. Se enaltece al dictador, jefe, líder o caudillo a través de la propaganda. Es un personaje que ejercería el poder con grandes sacrificios personales, un jefe que renuncia a los placeres de la vida privada por la patria o el país. Puede llegar a ser presentado como un estadista dispuesto a darlo todo por el pueblo, hasta la vida, y sin pedir nada a cambio, bueno, sí la obediencia al mismo, precisamente por esos sacrificios. Muchas dictaduras tienen, pues, un marcado carácter paternalista.

Las dictaduras suelen buscar la justificación de su existencia en la necesidad de la misma, apelando a una situación extraordinaria o terrible y que se solucionaría con este ejercicio del poder. Es la legitimación de la dictadura y de su permanencia durante un tiempo, o de forma indefinida, al menos hasta la muerte del dictador. Se tiende, además, a que el sistema sobreviva a la muerte de su creador o impulsor.

En la teoría marxista se trata de un sistema político temporal, como paso previo para la instauración de la sociedad comunista. Fue promulgada por Marx, aunque el gran teórico de la misma sería, realmente, Lenin. Cuando triunfa la revolución se hacía necesario un estadio intermedio antes de llegar a la sociedad comunistas sin clases ni opresiones. La dictadura serviría para eliminar al estado, sus instituciones y estructuras, así como todos los poderes económicos y sociales existentes, y en manos de la burguesía.

La primera y más importante dictadura del proletariado de la Historia fue la instaurada por Lenin y los bolcheviques cuando triunfaron en la Revolución de Octubre. Se instauró una estructura política totalitaria que creó un nuevo estado, con una clase dirigente y unos fuertes resortes del poder. El carácter transitorio de la dictadura del proletariado, enunciada por Marx, terminó por convertirse en permanente.

Eduardo Montagut, Doctor en Historia.

Felipe Juan Froilán de todos los Diablos

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Todos los que nos sentimos en cierta manera algo republicanos, unos más y otros menos, pero al fin y al cabo republicanos, y manifestamos nuestra constante defensa de que en el siglo en el que vivimos, el sistema monárquico es un modelo de Estado totalmente anacrónico, privilegiado e injusto, ya que ningún ciudadano puede ostentar legítimamente con ello la Jefatura del Estado, aparte de otras injusticias de todo tipo que produce esta situación. Nos ha vuelto a indignar, ya por decir algo suave, la imagen de uno de los vástagos de esta estirpe fumándose un puro después de un “ritual graduatorio” en uno de los centros más elitistas y caros de los Estados Unidos. Un incompetente integral – para lo que él quiere, porque parece ser que es único repartiendo flyers en las puertas de las discotecas -, que en España no fue capaz de superar el segundo curso de la educación secundaria y que ha recurrido al pago de cerca de 90000 euros, 42500 por curso, para ser más exactos – no se preocupen, pagados por sus abuelos, o sea, por nosotros – para poder acceder a la universidad.

A estas alturas de la Historia, los españoles ya no vivimos en esa ignorancia perpetua que se creen que seguimos teniendo. Ya dejamos hace tiempo de ser súbditos de esta familia y el ciudadano Felipe de Borbón tendría que tener más en consideración estos comportamientos familiares de cara a la opinión pública. Pero parece ser que tampoco les importa mucho, como pudimos comprobar después de la fatídica, para el ciudadano Juan Carlos, caza del elefante africano, que solucionó con un “lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir”, mientras ponía cara de no haber roto un plato nunca. Pues es evidente que sigue ocurriendo.

No tenemos a una familia real ejemplar. Ni defienden la sanidad pública –una de las mejores del mundo- ni la educación pública – en la que todo niño y niña de este país tiene asegurado un aprendizaje gratuito, en iguales condiciones y de calidad. Por ello, cuando se ponen enfermos, van a hospitales privados, de lujosas habitaciones, con un “todo incluido”, como si se tratara de un lujoso hotel del Caribe, mientras otros, los españoles de a pie, se amontonan en pasillos de hospitales por la mala gestión de los recursos que hacen algunos que se parecen a ellos, vamos, los del PP, para que quede claro. La misma situación se da cuando tienen hijos, su principal objetivo en esta vida: la perpetuación de la saga. Y cuando les da por estudiar, estudian en prestigiosos colegios de pago, confesionales, por supuesto, que parece que a veces fallan y no otorgan el privilegio de aprobar, ni cuando se trata del vástago primogénito de la ciudadana Elena. Parece ser que los religiosos de SAFA de Sigüenza no tragaron esta vez. Me gustaría ver los exámenes que le han hecho al ciudadano Froilán en Estados Unidos para titular. Y encima, nos tenemos que ir preparando para el próximo curso, donde estudiará ADE (Administración y Dirección de Empresas), carrera “humanista” como todos saben, en la elitista universidad estadounidense del CIS The College for International Studies, en Madrid. No se preocupen, los 20000 euros anuales que cuesta, también lo pagarán su familia – vamos, nosotros.

Cuando la gran mayoría de los españoles, de esa España más humilde que se levanta todos los días para conseguir un jornal para poder vivir, ha sufrido en sus propias carnes, cinco largos años de terribles recortes en los derechos sociales adquiridos, viendo como en educación, uno de los pilares del Estado del Bienestar, se ha producido un aumento del ratio de alumnos por clase, una reducción considerable de becas y ayudas para libros, el cierre de bibliotecas, el repago de la FP, la subida del precio de las tasas en la universidad – que han provocado que muchas familias humildes no puedan dar una educación universitaria a sus hijos- o la reducción de la plantilla de profesores, entre otras, que ahora veamos cómo el ciudadano Felipe Juan Froilán de todos los Diablos celebre su título, previo pago, con un puro en la boca, en esa manera tan campechana que tiene esta familia, es para que se les cayera a todos ellos la cara de vergüenza.

Por todo esto y todo lo que llevamos trillado, cada vez estoy más convencido de que es más necesario, tal y como escribió en el diario El Sol el maestro Ortega aquel 15 de noviembre de 1930, que “Delenda est Monarchia”.

Ricardo Marchand

La legitimidad

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La legitimidad define la cualidad que tiene un poder o sistema político para que su autoridad emane del consenso social articulado en un compromiso tácito entre los que gobiernan y los gobernados, sin tener que recurrir a la coacción o amenaza del empleo de la fuerza.

El concepto nació en plena época de la Restauración después de la derrota de Napoleón en la segunda década del siglo XIX. En ese momento histórico se vinculaba a la necesidad de devolver el poder a los monarcas absolutos, por lo que se declaraban ilegítimos los sistemas políticos sustentados en la soberanía nacional, fruto de las primeras revoluciones. Posteriormente, Max Weber estudió el concepto de la legitimidad y consideró que había tres tipos. La primera era la establecida con la Restauración. La segunda era la carismática y se daría en los sistemas políticos donde los gobernados se entregarían a una persona por sus capacidades excepcionales. La tercera legitimidad sería la que calificaba de racional. Esta legitimidad se basaría en motivaciones objetivas o impersonales, en la legalidad.

El positivismo estableció la diferencia entre legitimidad y legalidad. La primera era previa y la segunda era el único concepto capaz de ofrecer criterios racionales y científicos. La principal garantía de la legalidad sería que contara con el requisito moral de la legitimidad. En la actualidad, evidentemente, la legitimidad estaría ligada a los sistemas democráticos con un escrupuloso respeto a los procedimientos para alcanzar el poder y para ejercerlo. La legalidad existiría en sistemas dictatoriales, como en el franquismo, pero éstos serían ilegítimos, precisamente por su origen, fruto de la violencia y por su forma de ejercer el poder, que no es democrática.

En vista de los argumentos expuestos, evidentemente, nuestro sistema político es legítimo porque se trataría de una democracia y por las formas de acceder al poder y de ejercerlo, pero, no cabe duda que hay una serie de problemas graves que podemos plantear. En primer lugar, estaría el origen de nuestra democracia al no haberse establecido a partir de una ruptura clara con el sistema anterior. ¿Hubiera sido mejor esa ruptura, como en principio pretendió la izquierda, aunque luego cediera?, y dicho esto, ¿hubiera sido posible esa ruptura? En segundo lugar y, creemos más determinante, ¿no estamos asistiendo a una profunda crisis del consenso social y del compromiso tácito subsiguiente necesario para que el sistema sea legítimo?, ¿la destrucción del estado del bienestar no está minando ese consenso?, ¿la corrupción no es un disolvente aún más poderoso de dicho consenso?, ¿la tensión entre los nacionalismos no españolistas y el rebrote del centralismo no están dinamitando ese consenso?

Creemos que es necesaria una intensa e ineludible reflexión en nuestro país que derive en una reforma constitucional que aborde claramente un cambio en la articulación de los distintos poderes de nuestro sistema político, del sistema de partidos y de su financiación, así como en relación con la efectiva garantía de los derechos sociales y que aborde una nueva estructura territorial del estado. Creemos, en fin, que la izquierda con responsabilidad de gobierno debe liderar con valentía este proceso frente a una derecha fundamentalista de la Constitución actual, a unos nacionalismos lanzados a la aventura o a movimientos que, aunque expresen un malestar evidente, no están articulados para estructurar y efectuar cambios. Se hace necesario, pues, recuperar el consenso y el compromiso tácito para superar la crisis de legitimidad que estamos padeciendo.

Eduardo Montagut. Doctor en Historia.

Sobre las campañas electorales

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En este artículo pretendemos planteamos una serie de reflexiones sobre las campañas electorales: su historia y presente.

Una campaña electoral es un período de tiempo durante el cual los partidos políticos propagan su programa y muestran públicamente sus candidatos a través de mítines, encuentros en espacios públicos, medios de comunicación clásicos y en la red, con el fin de conseguir votos para una próxima cita electoral.

Las campañas electorales surgen como resultado del proceso de democratización de los sistemas políticos liberales. El establecimiento del sufragio universal y la consiguiente transformación de los viejos partidos decimonónicos de cuadros en partidos de masas obligaron a transformar los procesos electorales. En los tiempos del Estado liberal, sustentado en una participación política limitada a través del sufragio censitario o en uno universal masculino, pero amañado a través de la falsificación electoral, como en el caso español, no se necesitaba una movilización política muy acusada ni extensa. Pero la irrupción de las masas en la política en el siglo XX cambió las características de las elecciones. Ahora era necesario utilizar una serie de medios para conseguir el favor del electorado. El concepto de campaña, en sí, nace después de la Primera Guerra Mundial. Los partidos políticos comenzaron a emplear la terminología militar: conflicto, militantes, y campaña. Era un lenguaje nuevo que permitía llegar a una población que conocía bien estos conceptos por la experiencia vivida.

Con el tiempo, las campañas electorales se han ido transformando de forma paralela a cómo han evolucionado la tecnología asociada a la información y las técnicas de la mercadotecnia. Desde finales del siglo XX se han combinado los medios clásicos con los vinculados a internet y las redes sociales. Estos hechos han provocado que el mensaje político se haya reducido o simplificado para que quepa en los espacios digitales y pueda ser recordado con facilidad por los electores. Se potencia el espectáculo y, en muchos casos, se entra de lleno en la frivolidad.

En las campañas electorales tienen un gran peso los asesores publicitarios y de imagen que pueden eclipsar a los propios responsables políticos de los partidos, siendo muy paradigmático el caso norteamericano, aunque este hecho también está presente en Europa cada vez más.

Eduardo Montagut

Doctor en Historia

 

 

 

Las privatizaciones

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Privatizar ha sido y es el objetivo de todas las administraciones del Partido Popular, en distinto grado, en los tres ámbitos de poder y gestión: estatal, autonómico y municipal. Quizás la única diferencia entre unas y otras es su mayor entrega a la causa de otorgar a empresas privadas servicios, bienes y empresas públicas. En este sentido, ha sido paradigmática la administración autonómica madrileña en las últimas legislaturas, que hasta ahora había tenido a gala ser pionera y marcar la tendencia al resto. Pues bien, realicemos algunas observaciones sobre este fenómeno tan querido del neoliberalismo.

Privatizar es transferir una empresa o actividad pública al sector privado. Mediante esta transferencia los actores no gubernamentales intervienen en la producción y prestación de servicios haciéndose cargo de ellos en sustitución del Estado, Comunidad Autónoma o Municipio. La transferencia de la propiedad y explotación de bienes y servicios al sector privado es una aspiración del capitalismo desde siempre, aunque se ha llevado al paroxismo con el triunfo de las tesis neoliberales, y que se viene produciendo en las últimas décadas. El objetivo es reducir al máximo la intervención y presencia del Estado para dejarlo como simple gestor de lo imprescindible y garante del cumplimiento de las reglas del mercado, para regresar al sueño de Adam Smith.

Uno de los aspectos más controvertidos o discutidos se da cuando la transferencia afecta a industrias o servicios estratégicos para la seguridad nacional, como ocurre con la energía, las comunicaciones y hasta con las fuerzas armadas o la seguridad, o toca a los servicios que constituyen los pilares del Estado del Bienestar, es decir la educación, la sanidad, los transportes públicos, etcétera. Ambos tipos de cesiones suponen un evidente debilitamiento del Estado porque subordinan el interés económico de unos pocos, de los dueños y gestores de las empresas, sobre el bien común, tocando derechos constitucionales bajo el argumento de la supuesta mejor gestión en manos privadas.

Las privatizaciones tienden a darse en un marco donde la frontera entre lo legal y lo ilegal es fácilmente traspasable, ya que es muy fácil entrar en el proceloso mundo de la corrupción que contamina a los administradores públicos.

La sociedad española ha demostrado en estos duros años de crisis que la movilización contra la privatización, al menos de los elementos del Estado del Bienestar, puede dar sus frutos, como el caso de la sanidad madrileña. En estos agitados tiempos convendría, entre tantas cosas que hay que estudiar, comprobar quienes siguen en la brecha privatizadora con el argumento de la mejor gestión.

Eduardo Montagut. Doctor en Historia

La responsabilidad pública

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En estos de intensas crisis económica y política, de escándalos casi diarios por la corrupción, de protestas y de descontento, la sociedad española exige una mayor responsabilidad a sus políticos, empresarios, banqueros y sindicalistas. En este trabajo pretendemos plantear la cuestión de la responsabilidad en la vida pública.

Existen tres aspectos relacionados con la responsabilidad en la vida pública. En primer lugar, estaría la responsabilidad política. En una democracia esta responsabilidad se regula en las Constituciones y ordenamientos legales donde se exige a los gobernantes y miembros de las instituciones que rindan cuentas ante los parlamentos, consistorios e instituciones democráticas. La responsabilidad ante los tribunales también estaría encuadrada en este tipo. Los actos de los políticos en el ejercicio de sus cargos deben ser evaluados y juzgados según unas normas especificadas.

Pero existe otro tipo de evaluación de la responsabilidad política. Nos referimos a la electoral, aunque sin repercusiones jurídicas. A tenor de muchas conductas y hechos recientes, creemos que se debe hacer un profundo examen no del segundo tipo de responsabilidad política, ya que depende del sufragio universal y parece un tanto peligroso juzgar si los ciudadanos y ciudadanas saben o no exigir responsabilidades, especialmente cuando votan en sentido contrario a nuestros posicionamientos ideológicos, una tentación muy común en este país donde abunda la falta de respeto hacia el contrincante político. En todo caso, al menos, desde el escrupuloso respeto hacia las opiniones de los demás sí conviene resaltar cómo, a pesar de lo que ocurre con la corrupción, el principal partido involucrado no se hunde en las encuestas. Supone, cuando menos, una realidad harto interesante para el estudioso.

Pero sí parecen necesarias reformas institucionales para elevar los mecanismos de control y exigencia de responsabilidades de los ejecutivos en las Cortes, a través de reformas de sus reglamentos, o en relación con el posible abuso de los aforamientos, por poner dos ejemplos. Un estudio de estas cuestiones de la responsabilidad política en los sistemas políticos anglosajones podría darnos muchas pistas, habida cuenta del alto nivel de exigencia que les caracteriza en esta materia.

En segundo lugar, nos referiremos a la responsabilidad moral. Este tipo de responsabilidad se vincula no a leyes u ordenamientos jurídicos sino a sistemas éticos, que son empleados como referencia para evaluar una determinada conducta, así como las acciones, ya sean por su realización o por omisión. Esa una responsabilidad que tiene mucho que ver con la conciencia personal. Un personaje público ha podido cometer un delito que ha prescrito según la ley, pero, en realidad, esa conducta sigue siendo moralmente reprochable. En este país es muy común que el nivel de responsabilidad moral sea muy bajo en la vida pública, debido a muchas causas, entre ellas, la falta de una tradición ética en la vida pública política y económica, fruto de una nula educación democrática sobre la importancia del servicio y el compromiso, y por el peso de un pasado dictatorial ajeno a todo tipo de conciencia moral.

Por fin, la responsabilidad social alude a la obligación o compromiso que un individuo o entidad (partido, sindicato, organización empresarial, empresa, banco, etc..) adquiere de responder ante la sociedad por las consecuencias de sus acciones. El problema de este tipo de responsabilidad es que no está regulada por leyes y apela a las buenas intenciones de la persona u organización. Muchas empresas y bancos aluden a esta responsabilidad, aunque termine siendo un simple recurso publicitario sin más consecuencias reales.

Eduardo Montagut, Doctor en Historia