La búsqueda de fosas en España y el caso británico

Lorca

García Lorca

La derecha española y una parte de la opinión pública española consideran que con la aprobación por las Cortes españolas de la Ley de Memoria Histórica y los proyectos de reforma de la misma en la nueva etapa política que vive España tras la llegada de los socialistas al poder, se ha promocionado una especie de manía por las fosas comunes, obviando que la preocupación por las mismas existe desde muchísimo antes, aunque sin la proyección mediática de esta última década y media. A pesar de que esta cuestión no salía en los medios, miles de españoles pensaban en sus muertos en las fosas, desde el mismo momento que se abrieron y se cerraron deprisa con los restos de sus seres queridos. Molesta la victoria sobre el silencio que vivimos, la publicidad que alborota y despierta la mala conciencia, y, en estos momentos el intento serio de que, por fin, la Administración asuma su responsabilidad en este asunto de tanta importancia para tantos y tantas, y para la sanación de las heridas nunca cicatrizadas.

Esta postura defiende el olvido sobre el atroz pasado de nuestro país pensando que una democracia puede vivir perfectamente sobre tantas fosas comunes repartidas por toda la geografía. Al horror de la muerte violenta se une la ignominia del olvido. No cabe duda que esta postura tiene una clara intención política, aunque no podemos descartar que, también se nutra de una supina ignorancia sobre el pasado y sobre lo que ocurre en el mundo en esta materia, algo de lo que hablaremos un poco más adelante. En realidad, nadie sabe con completa exactitud cuántas fosas hay en nuestro país, pero si hiciéramos caso exclusivamente a los mapas ya elaborados las cifras que nos aportan son escalofriantes. Ninguna provincia española está libre de fosas en cementerios, parajes más o menos accesibles, cunetas o bajo inmuebles urbanos. Recordemos que el franquismo desenterró ya muchas para llenar los nichos del Valle de los Caídos, sin pedir permiso a las familias de los vencidos. Pues aún así, sigue habiendo cientos y cientos de fosas. Quizás nunca sabremos cuántas. El paso del tiempo no es precisamente un aliado en esta búsqueda porque los testigos se están muriendo.

Fuera de nuestro país se han hecho grandes esfuerzos por recuperar los cuerpos de las víctimas de guerras, represiones y violencias políticas. Sabemos del trabajo que hace en América Latina, especialmente en la Argentina, pero no son los únicos. En países nada sospechosos para las conciencias conservadoras hay instituciones que se dedican a esta cuestión de forma exhaustiva. El caso británico es paradigmático. En 1917 se creó la Commonwealth War Graves Commision o la Comisión de las Fosas de Guerra de la Commonwealth, con real reconocimiento. Esta institución se dedica a rescatar los restos de los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad anglosajona que fueron víctimas de las dos guerras mundiales. Ha construido más de 2.500 cementerios y monumentos conmemorativos. Por fin, se dedica a recordar la muerte en guerra. Los interesados pueden entrar en su página web, permanentemente actualizada:  http://www.cwgc.org/

Eduardo Montagut

La sociedad de la catequesis

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Si hay una constante en todo tipo de sociedades es la catequesis, entendida como la acción de los grupos de poder para perpetuar sus intereses mediante la captación de fieles súbditos que son llamados a sostener el orden “natural” de las cosas.

La censura ya no es mediante la revisión de los libros que tienes en casa sino controlando los libros que pueden llegar al mercado, los que son vendibles en las grandes librerías y almacenes. Los libros “prohibidos” no estan formalmente prohibidos pero apenas llegan a la mayoría de la población. Prácticamente todos leen lo mismo, ven los mismos programas de televisión, disfrutan de las mismas películas e incluso visten parecido.

Detrás de una sociedad tan aparentemente cómoda se esconde un control férreo, mucho más eficaz que cualquier censura pasada en cuanto es recibido por sus víctimas con entusiasmo, desprovistas de cualquier sentido crítico.

Las ideologías de izquierda son ridiculizadas con el argumento de que son antiguas, desfasadas, contrarias al verdadero progreso, ese progreso que dictan las multinacionales y que, en síntesis, exige grandes beneficios para los más ricos y la esclavitud para la “inmensa mayoría”.

Esta “inmensa mayoría” no solo no se rebelará contra su precaria situación sino que votará en elecciones democráticas a sus explotadores y saldrá con sus banderas azules a celebrar la victoria de su desgracia.

Y tú les votas y les seguirás votando porque crees que esto que aquí se dice es una mera exageración de algún rojo alejado de la sociedad moderna y dinámica que tenemos la fortuna de disfrutar.

G.B. R. Cornide

El modelo municipal en el federalismo español en 1873

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Presidente Salmerón

El proyecto constitucional de 1873, en la Primera República Española, supuso un profundo cambio en relación con la legislación sobre los Ayuntamientos que había creado el liberalismo español en su idea del Estado centralista que controlaba a los poderes e instituciones territoriales, aunque con más libertad en la propuesta del liberalismo progresista. Ahora se planteaba, dentro de la estructura de la República Federal, un poder de amplia autonomía y plenamente democrático. Esta es la causa de la importancia de su estudio a pesar de que no pudiera ponerse en marcha.

En el artículo 42 de la Constitución federal se establecía que la soberanía residía en todos los ciudadanos y que se ejercía en representación suya por los organismos de la República, cuyos miembros eran elegidos por sufragio universal. Los organismos que constituían la República, de abajo a arriba, eran los siguientes: municipios, estados regionales y estado federal o nación. Quedaba muy clara la autonomía de los municipios, como del resto de organismos, porque cada uno de ellos era el único competente en sus funciones respectivas, que la Constitución detallaba en cada caso, y cada uno de estos organismos reconocía como límites las competencias del organismo inmediatamente superior.

El título XIV trata exclusivamente de los municipios. Solamente la Constitución de 1812 dedicó tanta atención a los municipios durante todo el siglo XIX.

Los municipios españoles tendrían plena autonomía administrativa, económica y política, rompiendo los controles que sobre ellos ejercían otros poderes: el regional y el central hasta ese momento, como queda patente en la legislación liberal sobre ayuntamientos. Los alcaldes y Ayuntamientos serían elegidos por sufragio universal, encargándose del ejercicio del poder ejecutivo local. También serían elegidos por sufragio universal los jueces encargados de las faltas, juicios verbales y actos de conciliación. Los alcaldes y sus Ayuntamientos tendrían que dar cuenta de sus gastos. No podrían ser separados de sus cargos más que por una sentencia de un tribunal competente, ni sustituidos sino lo eran en elecciones por sufragio universal.

La Constitución establecía que los estados, es decir, los organismos de la república inmediatamente superiores a los municipios, tenían que otorgarles las siguientes competencias: la administración de la justicia civil y criminal que les competiese, la policía, la limpieza, las cuestiones de infraestructuras referentes a caminos vecinales, calles y veredas, la sanidad y los centros de beneficencia locales. También tendrían exclusiva competencia en las haciendas locales: rentas y medios de crédito para llevar a cabo la política municipal. Los estados debían exigir a los municipios el sostenimiento de la enseñanza primaria y de adultos. La escuela primaria debía ser gratuita y obligatoria. Fuera de este título, ya que se encuentra en el dedicado a los españoles y sus derechos, existía un artículo que definía otra función de las autoridades municipales, ya que eran competentes a la hora de prohibir espectáculos que ofendiesen al decoro, costumbres y decencia pública.

En caso de que se detectasen irregularidades en materia económica, como podían ser repartos desiguales de la contribución o abuso en su cobro, existía la posibilidad de emprender un recurso de alzada en las asambleas de los estados y denunciarlo en los tribunales de distrito.

Eduardo Montagut

El posibilismo en política: el caso de Castelar

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Emilio Castelar fue uno de los máximos representantes del republicanismo conservador, como lo demostraría en su etapa como último presidente de la Primera República. En este trabajo nos detendremos en la fase última de su carrera política, una vez restaurada la Monarquía en la figura de Alfonso XII.

Cuando se produjo la Restauración, Castelar se encontraba de viaje y decidió permanecer en París. De esta etapa es su obra Un año en París (1875). Cuando regresó a España ingresó en la Real Academia Española y en la Real Academia de la Historia. Y decidió también regresar a la política activa, ya que fue elegido diputado por Barcelona en las primeras Cortes de la Restauración. En el Congreso de los Diputados lideró la opción del posibilismo republicano, es decir, la postura de aquellos republicanos, generalmente los más moderados o conservadores, que pretendía colaborar con el nuevo régimen, no cuestionando su carácter monárquico, para democratizarlo. Para ello creó el Partido Democrático Posibilista en el año 1876. El órgano de prensa de la formación era el periódico madrileño “El Pueblo Español”. Castelar defendió con su habitual fuerza verbal el establecimiento del sufragio universal, la libertad de cultos y el servicio militar obligatorio en las Cortes. El Partido tuvo cierta implantación en Cataluña con Eusebi Corominas i Cornell y Eusebi Pascual i Casas. Ambos fundarían en 1878 el diario “La Publicidad”. Corominas comenzó militando realmente en el republicanismo federalista, pero en la Restauración se inclinó hacia las posiciones de Castelar. Posteriormente estaría en Solidaridad Catalana, y fue diputado en varias legislaturas en el Congreso por Girona, además de alcalde accidental de Barcelona. En Mallorca destacaría Joaquim Fiol i Pujol, director de “La Opinión” y de “El Iris del Pueblo”, periódico fundamental del republicanismo balear, primero en la línea federal y luego en la posibilista. Fiol había sido amigo de Castelar y fue uno de los protagonistas de la Revolución de 1868 en las Islas Baleares, siendo elegido diputado en dos ocasiones. En la Restauración, ya en las filas del Partido Demócrata Posibilista, volvería a ser elegido diputado.

La opción política e ideológica posibilista terminaría desembarcando en el Partido Liberal. Cuando los liberales dominaron el poder ejecutivo en tiempos de la Regencia de María Cristina, Castelar y sus partidarios consideraron que el programa político de Sagasta recogía gran parte de sus demandas, como la Ley del jurado y el sufragio universal, aunque, como es bien sabido, no evitaría las consecuencias del caciquismo, no consiguiendo democratizar el sistema político. Castelar decidió retirarse de la vida política y recomendó a los suyos que ingresaran en la formación política liberal hacia 1893. En todo caso, aunque retirado, criticó con fuerza la actuación de los gobiernos españoles en la crisis de 1898. Al año siguiente moriría en San Pedro del Pinatar.

Eduardo Montagut

 

LA MOCIÓN DE CENSURA

 PS

¿Puede alguien quedar indiferente ante la primera sentencia de Gürtel (quedan más pendientes) que reconoce expresamente la existencia de “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional”?.

En su discurso de ingreso en la Academia, que no se leyó nunca, Antonio Machado decía que “Lo primero en el orden estético es hacer las cosas bien. Lo segundo, no hacerlas. Lo tercero y último, lo realmente abominable, es hacerlas mal”.

En una sociedad democrática avanzada ante acontecimientos tan relevantes que pueden poner en peligro la salud del sistema “el hacer las cosas bien” exige que reaccionen las instituciones y los mecanismos creados para renovar el pulso político y regenerar la ética social.

Es un alivio para el Estado social y democrático de Derecho que proclama nuestra Constitución que una parte importante del espectro político de nuestro país se haya decidido a rechazar conductas que la más elemental ética señala como deplorables, en definitiva a romper la actual situación exigiendo un cambio de gobierno.

Sea bienvenida la moción de censura anunciada por el PSOE para regenerar la vida política.

José Antonio García Regueiro, ex Letrado del Tribunal Constitucional.

 

El catalanismo conservador en tiempos de la II República

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La aceptación de la Dictadura de Primo de Rivera, al ser considerada como un mal menor y necesario para mantener el orden en Barcelona, así como la defensa realizada por Cambó de la continuidad de la Monarquía en su escrito Per la concòrdia (1930), terminaron por provocar un claro divorcio entre la Lliga Regionalista de Catalunya y el catalanismo de signo progresista. En todo caso, a pesar del apoyo implícito de la Lliga Regionalista al golpe de Primo, el partido fue ilegalizado, y su órgano de prensa, La Veu de Catalunya sufrió como todos los periódicos la censura previa.

La Lliga llegó a participar en el último Gobierno de Alfonso XIII con Joan Ventosa i Calvell en la cartera de finanzas.

En marzo de 1931 se creó el Centro Constitucional. Esta formación nació de la convergencia de la Lliga Regionalista, el Partido Maurista y de otros grupos regionalistas. El Centro Constitucional estuvo dirigido por Cambó y por Gabriel Maura. Propugnaba el establecimiento de una monarquía parlamentaria, un programa político reformador y descentralizador. Podría haber sido una baza importante para el mantenimiento de la Monarquía, pero llegaba muy tarde, apenas semanas antes del final de la misma.

En las elecciones municipales del 12 de abril la Lliga fue superada por la Esquerra Republicana. La proclamación de la República provocó la pérdida de liderazgo de la Lliga en Cataluña y una fuerte crisis interna, aunque aceptó el cambio de régimen. En las elecciones generales a Cortes Constituyentes de junio sacó solamente tres diputados.

Aunque el Estatuto de Autonomía no era del completo agrado de la Lliga, se aceptó y se participó en el referéndum. En las elecciones al Parlament recuperó parte de su electorado gracias a la caída del radicalismo y a las divisiones de Acció Catalana. Se convirtió en el principal grupo de la oposición.

Después de un período de debates internos, la Lliga se reorganizó, adoptando un nuevo nombre, Lliga Catalana, en el mes de febrero de 1933. Se configuró como un partido conservador, católico y opuesto el reformismo republicano, pero respetuoso con la legalidad. En las elecciones de noviembre de 1933 se recuperó electoralmente, después del fracaso electoral de 1931, en consonancia con el cambio político en toda España. Llegó a superar a la Esquerra en las Cortes. Cambó regresó a las mismas. La Lliga Catalana participaba de parte del programa de centro-derecha de la nueva época, pero siempre desde posiciones más dialogantes

La Lliga se enfrentó a la Ley de Contratos de Cultivo, aprobada por el Parlament de Catalunya, encontrando el apoyo del gobierno de centro-derecha de Madrid. La Lliga fue siempre contraria a la reforma agraria, ya fuera en el ámbito catalán, ya en el español, fiel a su ideología conservadora.

En las elecciones municipales catalanas de 1934 no pudo vencer a la ERC.

La Lliga Catalana condenó los hechos del Seis de Octubre de 1934 y participó en la gestión de la Generalitat tutelada por el gobierno central. En las elecciones de febrero de 1936 fue claramente derrotada.

La Lliga no participó en la conspiración que condujo a la sublevación militar de julio de 1936. Pero en octubre algunos dirigentes de la Lliga firmaron un escrito de apoyo a los militares rebeldes y desarrollaron algunas actividades, especialmente de difusión de sus ideas. Estos hechos provocaron que en Cataluña fueran perseguidos y reprimidos, por lo que muchos huyeron al extranjero o a la zona sublevada. Posteriormente, algunos miembros de la Lliga tuvieron algunas responsabilidades en el régimen franquista, pero el partido desapareció.

Eduardo Montagut

A vueltas con la huelga general

TOSHIBA CAMCORDER

Históricamente, la huelga general ha sido considerada por el sindicalismo revolucionario como el instrumento más adecuado para conseguir el triunfo de la Revolución sobre las fuerzas económicas, sociales y políticas que sostendrían el capitalismo. A través de la huelga general, los sectores productivos pasarían a manos de los obreros y campesinos, quienes expropiarían los medios de producción. Estos medios se organizarían a través de sindicatos, comités y cooperativas. Es la expresión máxima de la acción directa. En la Carta de Amiens de 1906 de la Confederación General del Trabajo de Francia se estableció que la huelga revolucionaria era el camino para llegar al final del proceso revolucionario, llegando a la total emancipación capitalista. En aquella reunión se reafirmó la independencia de los sindicatos frente a los partidos políticos.

Por su parte, en el ámbito socialista la cuestión de la huelga general fue intensamente debatida en la Segunda Internacional. En 1904 se llegó a una postura de compromiso sobre la huelga general que, en el fondo, suponía la renuncia a este instrumento para terminar con el capitalismo. Pero, al año siguiente, se reabrió el debate cuando estalló la Revolución rusa de 1905, iniciada con una huelga general. Por fin, en 1906, fueron derrotadas las tesis revolucionarias en el seno de la Internacional y se desechó definitivamente el empleo de la huelga general.

En España, tanto la CNT como la UGT, emplearon la huelga general en distintos momentos y ámbitos geográficos: en 1902 en Cataluña y en 1917 en toda España. En la línea de lo que hemos estudiado sobre las diferencias entre el sindicalismo revolucionario y el socialismo, el anarcosindicalismo español siempre fue más partidario de la huelga general que el sindicalismo socialista. Para los socialistas la huelga general generaba un desgaste de las fuerzas sindicales.

La huelga general no tiene, en la actualidad, un carácter revolucionario, ya que se emplea como un medio para solucionar problemas que no encuentran solución mediante huelgas parciales, o para acelerar cambios políticos y sociales.

 

Eduardo Montagut

Doctor en Historia

La primera escuela franquista

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La nueva educación impuesta por el franquismo debía borrar todos los aspectos de renovación y avance educativos, además de formar leales y entregados súbditos de la nueva España que se estaba construyendo. La escuela debía inculcar una serie de valores que se pueden resumir en un exaltado patriotismo españolista, obediencia a Franco y a las autoridades. Todas las asignaturas tendrían un marcado cariz ideológico en este sentido. El segundo pilar ideológico sería el de la defensa de los valores católicos en su versión más integrista o nacional-católica. La Iglesia recuperó el protagonismo en la educación que había perdido con la Segunda República: la religión católica volvió a ser una asignatura obligatoria en todos los niveles y la institución retornó a ejercer la inspección moral de las escuelas.

Curiosamente, el franquismo no consideró nunca que la educación debía ser responsabilidad exclusiva del Estado. Las nuevas leyes educativas dejaban esta responsabilidad a la sociedad, con la ayuda del Estado. Lo que ocurrió fue la Iglesia era la única fuerza social con posibilidades para asumir la tarea docente. El Estado se desatendió y la Iglesia alcanzó un poder educativo muchísimo mayor que el que había tenido antes de la Segunda República. Esta característica fue muy particular del franquismo a pesar de su clara vinculación con el fascismo, un sistema político totalitario que hizo de la educación un pilar fundamental del control de la población. Pero el franquismo tenía un componente religioso muy acusado y, en ese sentido, cedió el protagonismo a la Iglesia Católica en el terreno educativo, siempre y cuando se inculcase el ideario del nuevo régimen en la escuela. Por su parte, la Iglesia no tuvo ningún problema en aceptar esta condición.

En plena guerra civil se promulgó la Ley de Reforma de la Enseñanza Media de 1938, que pretendía diseñar la educación de las élites y clases medias españolas, y que estuvo en vigor hasta 1953. En el bachillerato se ingresaba con diez años, duraba siete cursos, teniendo el alumno que pasar un examen de estado para ingresar en la Universidad.

La siguiente ley del primer franquismo se aprobó el 29 de julio de 1943 y afectaba a la Universidad, considerada como católica. El rector debía ser miembro de la FET y de las JONS y los profesores universitarios necesitaban para ejercer una certificación de la Secretaría General del Movimiento que acreditase su adhesión a los principios del Estado.

La enseñanza primaria fue la última en ser reformada y lo fue por una Ley de 1945. Esta disposición otorgó un poder casi omnímodo a la Iglesia Católica. El nivel de primaria se dividía en dos etapas: la general de 6 a 10 años, y una especial de 10 a 12 años. Esta disposición estableció una rígida segregación, ya que, habría alumnos que con diez años, al terminar la etapa general, pasarían al bachillerato, mientras que otros, cursarían la etapa especial para terminar su vida escolar e ingresar en el mercado laboral, siendo obligación de la escuela orientar en un sentido u otro a los alumnos. Esta Ley es importante, además, porque dejó muy claro el derecho de la familia en relación con la educación, ya que afectaba a toda la población, al ser el único nivel obligatorio. Además, la familia tenía el deber de proporcionar esa educación a los hijos. Para ello, la familia podría elegir las personas o centros donde los niños y niñas recibirían su educación primaria. La escuela era definida como una comunidad activa de maestros y escolares, instituida por la familia, la Iglesia o el Estado, “como órganos de la educación primaria para la formación cristiana, patriótica e intelectual de la niñez española”. Habría tres tipos de escuelas: las públicas nacionales, las de la Iglesia y las privadas.

Por fin, en 1949 entró en vigor la Ley de Formación Profesional, que recogía parte del ideario en esta materia de una disposición de la época de la Dictadura de Primo de Rivera. Esta ley consagraba las tradicionales escuelas de artes y oficios, acorde con la situación económica española todavía lejos de la industrialización y de la necesidad de formar trabajadores cualificados y especializados.

Eduardo Montagut

Cánovas y la construcción de un sistema político

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Antonio Cánovas del Castillo es un personaje fundamental en la historia contemporánea española, ya que diseñó, en gran medida, el sistema político que existió en España en el último cuarto del siglo XIX y que continuó, aunque en crisis permanente, hasta el año 1923. En este breve trabajo intentaremos plantear las líneas maestras del pensamiento de Cánovas a la hora de crear el sistema político de la Restauración.

Cánovas respondió a los deseos de la oligarquía política española por encontrar un sistema político estable frente a las alternativas democráticas que supusieron la monarquía de Amadeo de Saboya y la I República. Pero Cánovas era consciente que volver al sistema político de Isabel II no era la solución, especialmente, en lo concerniente al cuasi monopolio en el poder de los liberales moderados que provocaba periódicos intentos de alcanzar el gobierno por parte de los progresistas a través de pronunciamientos militares. Aún así, como buen conservador que era, recogió parte de dicho sistema político en el nuevo, como tendremos oportunidad de ver.

Cánovas era conocedor de los sistemas políticos europeos y, como muchos políticos del siglo XIX, sentía predilección por el británico, tan estable frente a los profundos cambios que se daban en el resto de Europa. A Cánovas le gustaban tres elementos del sistema político liberal británico: la Monarquía, el Parlamento y la alternancia en el poder de dos partidos sin pronunciamientos, violencias, respetándose entre sí, así como, la obra política de cada uno cuando el otro accedía al poder. Cánovas quería aplicar en España la doctrina inglesa de la balanza de poderes entre la Corona y el Parlamento y elaborar una constitución moderada.

En primer lugar, rescató el concepto de soberanía compartida, propio del liberalismo moderado español, abandonando la soberanía nacional alcanzada en el Sexenio Democrático. La soberanía compartida partía de la concepción que tenía Cánovas de la nación y de la Corona. La primera sería una creación histórica configurada en el tiempo. De su larga e intensa experiencia histórica surgiría una constitución interna, propia y particular para cada nación. La nación española estaría representada, históricamente, en las Cortes. La historia también era protagonista a la hora de defender el principio monárquico, ya que la española habría convertido al rey en una institución fundamental. Así pues, las Cortes y la Corona debían ejercer la soberanía conjuntamente.

El siguiente punto era el concerniente a los partidos. Siguiendo el modelo bipartidista británico, Cánovas pretendía que la labor del gobierno recayese en exclusiva en dos partidos, alternándose en el poder y en la oposición. De esta manera, se evitaba el monopolio del poder ejercido por los moderados en tiempos de Isabel II, como hemos señalado anteriormente. Para ello, era fundamental el compromiso de los dos partidos en mantener el sistema político y de respetar la obra de cada uno cuando tenía la responsabilidad gubernamental, además de ejercer una leal oposición cuando tocaba estar en ese lugar.

El Partido Conservador surgió en el Sexenio, integrando a los moderados isabelinos, la Unión Católica de Pidal y los alfonsinos del propio Cánovas del Castillo. Pero era necesaria otra formación. La solución fue brindada por la colaboración de Práxedes Mateo Sagasta. Este político había tenido un claro protagonismo en el Sexenio en el Partido Constitucionalista. Sagasta consiguió atraer a un sector de los demócratas, algunos grupos menores y hasta a republicanos posibilistas y creó el Partido Liberal.

Estos partidos eran típicamente decimonónicos, es decir, de cuadros, de élites, no de masas.

La Constitución que se debía elaborar tenía que recoger todos estos principios políticos, como tuvo lugar con la de 1876, como la soberanía compartida y, sobre todo, tener un carácter elástico, es decir, aunque muy moderada, desde una perspectiva democrática, no debía ser monolítica ni excesivamente precisa, sino elástica, es decir, permitir interpretaciones diversas por parte de los gobiernos, como se vio en la cuestión de los derechos. Los conservadores siempre hicieron lecturas restrictivas sobre los mismos, primando el orden sobre las libertades, frente a los liberales, más proclives a garantizar dichas libertades y ampliar los derechos.

Eduardo Montagut

Los Defensores del Pueblo

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El defensor del pueblo –Ombudsman– es una figura que aparece por vez primera en la Constitución de Suecia de 1809. El artículo 96 de dicho texto constitucional establecía que el parlamento designaría en cada legislatura un individuo destacado por su saber y probidad, para que, en calidad de mandatario de dicho poder, y con arreglo a una serie de instrucciones, cuidara de que los jueces y funcionarios se ajustasen a las leyes y persiguiese ante los tribunales a los que en el ejercicio de su cargo cometiesen ilegalidades.

En un sistema político como el liberal, basado en el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos, aparecieron varios mecanismos y procedimientos en las constituciones para garantizar el cumplimiento y ejercicio de los mismos. Entre ellos, se encontraría la magistratura del defensor del pueblo. Su función fundamental sería la de controlar las posibles arbitrariedades cometidas por los poderes públicos. Sería una especie de “tramitador de las quejas” ante actuaciones de la administración, consideradas como no ortodoxas, ya que no tendría potestad para solucionar la queja formulada por el ciudadano.

Los defensores del pueblo son siempre instituciones personales, aunque con oficina propia compuesta de asistentes y funcionarios. Deben ser independientes y son nombrados por el parlamento para controlar la correcta aplicación de las leyes y para ser garantes de los derechos fundamentales, especialmente en su contacto con las distintas administraciones. Sus dictámenes tienen un carácter disuasorio, pero sin consecuencias jurídicas, algo distinto de lo que vimos en el origen del defensor sueco de 1809. Hace denuncias públicas y elabora informes públicos periódicos sobre los abusos cometidos por la administración o por su inactividad. Los defensores del pueblo actúan a partir de la formulación de una queja que se debe investigar.

La institución del defensor del pueblo terminó por generalizarse en el siglo XX en casi todas las democracias y ha tenido mucho prestigio, especialmente gracias a que ha sido ocupada por personajes públicos reconocidos, a pesar de que los gobiernos suelen ser muy reacios a hacer caso de los dictámenes e informes emitidos. En España hemos contado con algunos muy destacados y otros de perfil más bajo. Puede que ahí esté el problema. Al tratarse de una institución cuya actuación no tiene carácter vinculante, su importancia puede depender mucho de la personalidad de cada defensor del pueblo, de su mayor o menor compromiso con la denuncia de los recortes, abusos e irregularidades.

Eduardo Montagut