La primera escuela franquista

IMG_20150813_131752

La nueva educación impuesta por el franquismo debía borrar todos los aspectos de renovación y avance educativos, además de formar leales y entregados súbditos de la nueva España que se estaba construyendo. La escuela debía inculcar una serie de valores que se pueden resumir en un exaltado patriotismo españolista, obediencia a Franco y a las autoridades. Todas las asignaturas tendrían un marcado cariz ideológico en este sentido. El segundo pilar ideológico sería el de la defensa de los valores católicos en su versión más integrista o nacional-católica. La Iglesia recuperó el protagonismo en la educación que había perdido con la Segunda República: la religión católica volvió a ser una asignatura obligatoria en todos los niveles y la institución retornó a ejercer la inspección moral de las escuelas.

Curiosamente, el franquismo no consideró nunca que la educación debía ser responsabilidad exclusiva del Estado. Las nuevas leyes educativas dejaban esta responsabilidad a la sociedad, con la ayuda del Estado. Lo que ocurrió fue la Iglesia era la única fuerza social con posibilidades para asumir la tarea docente. El Estado se desatendió y la Iglesia alcanzó un poder educativo muchísimo mayor que el que había tenido antes de la Segunda República. Esta característica fue muy particular del franquismo a pesar de su clara vinculación con el fascismo, un sistema político totalitario que hizo de la educación un pilar fundamental del control de la población. Pero el franquismo tenía un componente religioso muy acusado y, en ese sentido, cedió el protagonismo a la Iglesia Católica en el terreno educativo, siempre y cuando se inculcase el ideario del nuevo régimen en la escuela. Por su parte, la Iglesia no tuvo ningún problema en aceptar esta condición.

En plena guerra civil se promulgó la Ley de Reforma de la Enseñanza Media de 1938, que pretendía diseñar la educación de las élites y clases medias españolas, y que estuvo en vigor hasta 1953. En el bachillerato se ingresaba con diez años, duraba siete cursos, teniendo el alumno que pasar un examen de estado para ingresar en la Universidad.

La siguiente ley del primer franquismo se aprobó el 29 de julio de 1943 y afectaba a la Universidad, considerada como católica. El rector debía ser miembro de la FET y de las JONS y los profesores universitarios necesitaban para ejercer una certificación de la Secretaría General del Movimiento que acreditase su adhesión a los principios del Estado.

La enseñanza primaria fue la última en ser reformada y lo fue por una Ley de 1945. Esta disposición otorgó un poder casi omnímodo a la Iglesia Católica. El nivel de primaria se dividía en dos etapas: la general de 6 a 10 años, y una especial de 10 a 12 años. Esta disposición estableció una rígida segregación, ya que, habría alumnos que con diez años, al terminar la etapa general, pasarían al bachillerato, mientras que otros, cursarían la etapa especial para terminar su vida escolar e ingresar en el mercado laboral, siendo obligación de la escuela orientar en un sentido u otro a los alumnos. Esta Ley es importante, además, porque dejó muy claro el derecho de la familia en relación con la educación, ya que afectaba a toda la población, al ser el único nivel obligatorio. Además, la familia tenía el deber de proporcionar esa educación a los hijos. Para ello, la familia podría elegir las personas o centros donde los niños y niñas recibirían su educación primaria. La escuela era definida como una comunidad activa de maestros y escolares, instituida por la familia, la Iglesia o el Estado, “como órganos de la educación primaria para la formación cristiana, patriótica e intelectual de la niñez española”. Habría tres tipos de escuelas: las públicas nacionales, las de la Iglesia y las privadas.

Por fin, en 1949 entró en vigor la Ley de Formación Profesional, que recogía parte del ideario en esta materia de una disposición de la época de la Dictadura de Primo de Rivera. Esta ley consagraba las tradicionales escuelas de artes y oficios, acorde con la situación económica española todavía lejos de la industrialización y de la necesidad de formar trabajadores cualificados y especializados.

Eduardo Montagut

Cánovas y la construcción de un sistema político

roji

Antonio Cánovas del Castillo es un personaje fundamental en la historia contemporánea española, ya que diseñó, en gran medida, el sistema político que existió en España en el último cuarto del siglo XIX y que continuó, aunque en crisis permanente, hasta el año 1923. En este breve trabajo intentaremos plantear las líneas maestras del pensamiento de Cánovas a la hora de crear el sistema político de la Restauración.

Cánovas respondió a los deseos de la oligarquía política española por encontrar un sistema político estable frente a las alternativas democráticas que supusieron la monarquía de Amadeo de Saboya y la I República. Pero Cánovas era consciente que volver al sistema político de Isabel II no era la solución, especialmente, en lo concerniente al cuasi monopolio en el poder de los liberales moderados que provocaba periódicos intentos de alcanzar el gobierno por parte de los progresistas a través de pronunciamientos militares. Aún así, como buen conservador que era, recogió parte de dicho sistema político en el nuevo, como tendremos oportunidad de ver.

Cánovas era conocedor de los sistemas políticos europeos y, como muchos políticos del siglo XIX, sentía predilección por el británico, tan estable frente a los profundos cambios que se daban en el resto de Europa. A Cánovas le gustaban tres elementos del sistema político liberal británico: la Monarquía, el Parlamento y la alternancia en el poder de dos partidos sin pronunciamientos, violencias, respetándose entre sí, así como, la obra política de cada uno cuando el otro accedía al poder. Cánovas quería aplicar en España la doctrina inglesa de la balanza de poderes entre la Corona y el Parlamento y elaborar una constitución moderada.

En primer lugar, rescató el concepto de soberanía compartida, propio del liberalismo moderado español, abandonando la soberanía nacional alcanzada en el Sexenio Democrático. La soberanía compartida partía de la concepción que tenía Cánovas de la nación y de la Corona. La primera sería una creación histórica configurada en el tiempo. De su larga e intensa experiencia histórica surgiría una constitución interna, propia y particular para cada nación. La nación española estaría representada, históricamente, en las Cortes. La historia también era protagonista a la hora de defender el principio monárquico, ya que la española habría convertido al rey en una institución fundamental. Así pues, las Cortes y la Corona debían ejercer la soberanía conjuntamente.

El siguiente punto era el concerniente a los partidos. Siguiendo el modelo bipartidista británico, Cánovas pretendía que la labor del gobierno recayese en exclusiva en dos partidos, alternándose en el poder y en la oposición. De esta manera, se evitaba el monopolio del poder ejercido por los moderados en tiempos de Isabel II, como hemos señalado anteriormente. Para ello, era fundamental el compromiso de los dos partidos en mantener el sistema político y de respetar la obra de cada uno cuando tenía la responsabilidad gubernamental, además de ejercer una leal oposición cuando tocaba estar en ese lugar.

El Partido Conservador surgió en el Sexenio, integrando a los moderados isabelinos, la Unión Católica de Pidal y los alfonsinos del propio Cánovas del Castillo. Pero era necesaria otra formación. La solución fue brindada por la colaboración de Práxedes Mateo Sagasta. Este político había tenido un claro protagonismo en el Sexenio en el Partido Constitucionalista. Sagasta consiguió atraer a un sector de los demócratas, algunos grupos menores y hasta a republicanos posibilistas y creó el Partido Liberal.

Estos partidos eran típicamente decimonónicos, es decir, de cuadros, de élites, no de masas.

La Constitución que se debía elaborar tenía que recoger todos estos principios políticos, como tuvo lugar con la de 1876, como la soberanía compartida y, sobre todo, tener un carácter elástico, es decir, aunque muy moderada, desde una perspectiva democrática, no debía ser monolítica ni excesivamente precisa, sino elástica, es decir, permitir interpretaciones diversas por parte de los gobiernos, como se vio en la cuestión de los derechos. Los conservadores siempre hicieron lecturas restrictivas sobre los mismos, primando el orden sobre las libertades, frente a los liberales, más proclives a garantizar dichas libertades y ampliar los derechos.

Eduardo Montagut

Los Defensores del Pueblo

defensor_pueblo-620x250

El defensor del pueblo –Ombudsman– es una figura que aparece por vez primera en la Constitución de Suecia de 1809. El artículo 96 de dicho texto constitucional establecía que el parlamento designaría en cada legislatura un individuo destacado por su saber y probidad, para que, en calidad de mandatario de dicho poder, y con arreglo a una serie de instrucciones, cuidara de que los jueces y funcionarios se ajustasen a las leyes y persiguiese ante los tribunales a los que en el ejercicio de su cargo cometiesen ilegalidades.

En un sistema político como el liberal, basado en el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos, aparecieron varios mecanismos y procedimientos en las constituciones para garantizar el cumplimiento y ejercicio de los mismos. Entre ellos, se encontraría la magistratura del defensor del pueblo. Su función fundamental sería la de controlar las posibles arbitrariedades cometidas por los poderes públicos. Sería una especie de “tramitador de las quejas” ante actuaciones de la administración, consideradas como no ortodoxas, ya que no tendría potestad para solucionar la queja formulada por el ciudadano.

Los defensores del pueblo son siempre instituciones personales, aunque con oficina propia compuesta de asistentes y funcionarios. Deben ser independientes y son nombrados por el parlamento para controlar la correcta aplicación de las leyes y para ser garantes de los derechos fundamentales, especialmente en su contacto con las distintas administraciones. Sus dictámenes tienen un carácter disuasorio, pero sin consecuencias jurídicas, algo distinto de lo que vimos en el origen del defensor sueco de 1809. Hace denuncias públicas y elabora informes públicos periódicos sobre los abusos cometidos por la administración o por su inactividad. Los defensores del pueblo actúan a partir de la formulación de una queja que se debe investigar.

La institución del defensor del pueblo terminó por generalizarse en el siglo XX en casi todas las democracias y ha tenido mucho prestigio, especialmente gracias a que ha sido ocupada por personajes públicos reconocidos, a pesar de que los gobiernos suelen ser muy reacios a hacer caso de los dictámenes e informes emitidos. En España hemos contado con algunos muy destacados y otros de perfil más bajo. Puede que ahí esté el problema. Al tratarse de una institución cuya actuación no tiene carácter vinculante, su importancia puede depender mucho de la personalidad de cada defensor del pueblo, de su mayor o menor compromiso con la denuncia de los recortes, abusos e irregularidades.

Eduardo Montagut

El Regeneracionismo y sus límites

primo de rivera

En este artículo nos acercamos al regeneracionismo que analizó la crisis de otro sistema político español de nuestro pasado no tan lejano, influyó en las fuerzas políticas y sociales de su momento y terminó fracasando.

El regeneracionismo fue una corriente o movimiento de pensamiento que, muy a finales del siglo XIX y comienzos del XX, pretendía una “regeneración” de la vida política y económica de España, partiendo de la convicción de su agotamiento. Para los regeneracionistas, como para casi todas las fuerzas políticas y sociales al margen del sistema, la Restauración estaba agotada y se sustentaba en la corrupción.

Esta corriente fue protagonizada por diversos sectores de la clase media y de un grupo de intelectuales, que pretendían la movilización política para salir del estancamiento en que el país se encontraba, dentro del contexto del Desastre del 98. El regeneracionismo tenía el precedente de la corriente de reformismo social que nació en la década de los años ochenta del siglo XIX. El modelo liberal del Estado no atendía o no podía atender a los retos de la modernización en muchos aspectos: la universalización de la educación, la necesidad de encarar grandes obras de infraestructuras, la promoción de reformas sociales importantes previas a la formación de un Estado del bienestar (seguros sociales), y, por tanto, un Estado que interviniera en la economía y en la sociedad. Estas ideas fueron recogidas por el regeneracionismo, y se planteaban como en consonancia a los cambios que algunos países europeos occidentales estaban realizando en el cambio de siglo. El regeneracionismo imprimió en sus teorías y planteamientos una sensación de urgencia para que se realizaran los cambios.

Pero una de las características del regeneracionismo fue su ambigüedad a la hora de establecer que sistema político debía encarar estos cambios, cuestión ésta, por otro lado, que luego serviría a distintas fuerzas políticas para incorporar parte de sus planteamientos. En el regeneracionismo cabían desde planteamientos republicanos y democráticos, muy críticos con el anquilosado bipartidismo y turnismo de la Restauración, hasta un fuerte antiparlamentarismo, tendente al autoritarismo; de hecho, en alguna medida, Primo de Rivera, recogería aspectos del Regeneracionismo, como es la idea del “cirujano de hierro”, o su política de obras públicas. Pero, también influyó en los partidos dinásticos. Por eso, se habla de que Maura intentó plantear desde el Partido Conservador un programa de reformas regeneracionista desde arriba y, por otro lado, Canalejas interpretó el regeneracionismo en una clave más liberal.

El regeneracionismo no terminaría de cuajar organizativamente.

Eduardo Montagut

El sistema de partidos en la España liberal

ISABEL

Durante el reinado de Isabel II, y con el consiguiente establecimiento del Estado liberal, se conformaron las dos grandes familias liberales españolas, es decir, la moderada y la progresista, herederas, en cierta medida, de la división ya iniciada en el Trienio Liberal, y que se fueron convirtiendo en partidos políticos más o menos organizados, aunque muy distintos a las organizaciones de masas del siglo XX, ya que eran partidos de cuadros. También aparecieron otros partidos, como el Demócrata y la Unión Liberal, aunque ésta última sería una combinación de moderados y progresistas.

El Partido Moderado estaba compuesto por políticos seguidores del liberalismo doctrinario francés. Sus miembros defendían la soberanía compartida entre la Corona y las Cortes, que la Corona tuviese el derecho de veto, la capacidad para nombrar y separar el gobierno y el poder de disolver las Cortes. El mantenimiento del orden público era una de sus principales objetivos, por lo que tendieron a restringir los derechos. Aplicaron el sufragio censitario más restrictivo. Su base social estaba compuesta por la aristocracia, la burguesía financiera y comercial y los altos cargos del Estado, la Iglesia y del Ejército. Contaron siempre con el apoyo de la Corona. Fue el partido político que más tiempo estuvo en el poder durante el reinado isabelino. Su época de mayor poder se dio en la Década Moderada (1844-1854). En ese momento la figura clave fue el general Narváez.

El Partido Progresista estaba integrado por los defensores de la soberanía nacional, el sufragio censitario, pero más amplio que el defendido por los moderados para atender a su base social, la milicia nacional y la extensión de los derechos individuales. Deseaban una Corona con un poder limitado aunque se le reconocía su facultad de disolver las Cortes. Los progresistas consiguieron apoyos entre la pequeña burguesía de comerciantes, artesanos y oficiales militares de baja graduación. Ejercieron la oposición en el Congreso y en la prensa, y dadas sus dificultades para acceder al poder por el monopolio moderado del mismo emplearon los pronunciamientos para poder acceder al mismo, destacando la Vicalvarada en 1854, que abrió el Bienio Progresista.

El Partido Demócrata surgió en 1849 como una escisión del ala radical del progresismo. Persiguió la instauración del sufragio universal, la extensión de los derechos y la intervención del Estado en algunas cuestiones, como la instrucción pública. Un sector importante de los demócratas derivaría hacia el republicanismo.

La Unión Liberal nació en 1854, y estuvo dirigida por el general O’Donnell. Aglutinó a sectores moderados y progresistas, en una especie de centro político. Pretendía armonizar el orden con la libertad con el objetivo de renovar el sistema político, aunque tendió hacia el moderantismo. Dominó la escena política entre 1858 y 1863.

Al margen del liberalismo seguirían los carlistas que, con el tiempo, organizarían sus propias formaciones políticas.

Pero estos partidos, organizados desde arriba, apenas tenían contacto con la realidad social. La escasa participación electoral hacía del pueblo un mero espectador de la vida política. Tenemos que tener en cuenta que el sufragio era censitario y que el porcentaje de votantes osciló entre el 0’1% y el 25% de los españoles de sexo masculino entre 1834 y 1868. Además, la maquinaria electoral estuvo siempre al servicio de los intereses del gobierno, gracias a las leyes electorales de 1837 y 1846, que daban mucho poder a los jefes políticos y a los notables locales, los conocidos en la época posterior de la Restauración como caciques, que organizaban y negociaban los resultados gracias a una amplia red clientelar de fidelidades, sin olvidar otras medidas de presión.

Por último, debemos insistir en la constante presencia de los militares en la política española isabelina. Los pronunciamientos continuaron y, en ocasiones, sustituyeron a la mecánica electoral para asegurar cambios políticos, como hemos apuntado anteriormente.

Eduardo Montagut

El Fabianismo

Eduardo Montagut

En este trabajo nos acercamos a la importancia histórica de los fabianos en el seno de la izquierda británica y europea por su especial aportación ideológica en la construcción de uno de los modelos de Estado del Bienestar.

La Sociedad Fabiana se creó en enero de 1884. Estaba integrada por intelectuales británicos de clase media. Los fabianos eligieron para denominarse el nombre del general romano Quinto Fabio Máximo, famoso por intentar debilitar a Aníbal en las Guerras Púnicas, mediante maniobras de hostigamiento pero evitando la lucha frontal. Así se trató de simbolizar el rechazo al método revolucionario marxista, defendiendo que el sufragio universal llevaría, inevitablemente, a la implantación del socialismo, tras un proceso educativo y legislativo de reformas, pero sin enfrentamientos frontales ni violentos. La economía debía estar centralizada y administrada por un grupo de dirigentes con un marcado carácter racional. Había que superar las deficiencias propias del capitalismo porque se había demostrado que generaba paro y pobreza. En este sentido, algunos autores han calificado al fabianismo de una especie de “socialismo administrativo”.

Los fabianos defendían la extensión de la educación y la sanidad a toda la población. Las condiciones laborales debían estar reguladas para evitar abusos y atender a los riesgos de la vida laboral, así como para impedir la explotación infantil. Todos estos controles tenían que ser compatibles con la democracia y el parlamentarismo, ya que la democracia era un principio irrenunciable.

Los fabianos más destacados fueron Sidney y Beatrice Webb, Annie Besant y George Bernard Shaw, autor del más importante programa del grupo, publicado en 1889 con el título de Fabian Ensays in Socialism. Muchos dirigentes, diputados y ministros del futuro Partido Laborista serían fabianos.

La Sociedad colaboró en el proceso de creación del Partido Laborista, al participar en el Comité de Representación Laborista en el Memorial Hall de Farrington Street de Londres del año 1900.

La Sociedad entró en declive en la segunda mitad de los años treinta por las disensiones internas en torno a la experiencia de la URSS y porque su peso en el seno del Partido Laborista comenzó a disminuir frente al protagonismo de los sindicatos. La Sociedad siguió existiendo, aunque sin el peso de antaño. Pero, indudablemente, gran parte de los fundamentos ideológicos del Estado del Bienestar británico, levantado por el laborismo después de la Segunda Guerra Mundial, debe mucho a los fabianos y sus ideas.

Eduardo Montagut

PACTOS DE SILENCIO

Recuerdo a las víctimas

Durante la transición vivida en España, de una dictadura a un modelo democrático, jamás pudo ser cuestionada la presencia en el modelo de estado que se planteaba, de la “huella” y legado del “amo-patriarca-dictador” con respecto a la figura de un “hijo-heredero” designado por él y que permanecerá como figura intocable, algo que en mi opinión debe ser revisado en el momento actual, porque rompe el orden simbólico para el desarrollo de un auténtico estado democrático y moderno, de progreso, no sujeto a un pasado que no ha podido ser adecuadamente elaborado, y que producen situaciones de alienación del sujeto en discursos que fuerzan a ocultar aquello que no puede ser nombrado y donde el gobernante cede al poder judicial una carga que a nivel inconsciente siempre quedará como una marca de dominio y poder, a modo del padre terrible del que nos habla el psicoanálisis y que amenaza, pero sin opción al diálogo y la razón, padre que será excluido por el horror que provoca y que empujaría a nuestra sociedad a un modelo de psicosis social.

En ese contexto, la recuperación de la memoria histórica, en nuestro país, ha supuesto un duro camino jalonado por múltiples críticas de los sectores más conservadores de la sociedad, pero también de silencios de algunos militantes de izquierdas a los que la culpa o el miedo les hizo callar. No creo que el sentido y el hondo alcance de esta memoria histórica haya calado en el pensar de nuestra población, incluso la más progresista, de un modo comprometido y solidario.

Se estima que todavía hoy existen en España más de 800 fosas comunes de muertos de la guerra pertenecientes en su mayor número al bando republicano, además de los que se encuentran en montes y cunetas y que no han podido ser recuperados por sus familiares. Al final de la guerra civil, Franco hizo causa común con sus aliados y recuperó los cuerpos de los mismos facilitando un entierro digno, olvidando a los no afines. Es necesario poder, como nos indica Marie-Ange Lebas en su libro”La vida, una enfermedad mortal” poner palabras sobre el pasado, a fin de vivir el presente sin que este pasado ocultado nos sumerja. Es necesario abrir las fosas que Franco dejó pendientes y que han estado cerradas en el silencio y en la vergüenza.

Surgió de este modo la “Asociación por la recuperación de la Memoria Histórica” que ha estado dedicada no solamente a la apertura de fosas sino  también como uno de sus objetivos más importantes, a la tarea de rescatar del olvido a unas víctimas que fueron ignoradas para que de ese modo puedan regresar públicamente y encontrar un lugar en nuestra memoria colectiva. Cada historia individual se cruza con la historia con mayúsculas. Son muchos los desaparecidos de la guerra civil. Afecta a miles de españoles “silenciados” y silenciosos en su dolor, y a los que se ha avergonzado y culpabilizado.

La ética del psicoanálisis, como todos sabemos, es una ética del no olvido, de mantener la memoria. Por eso es mi artículo también una muestra de apoyo y solidaridad con tantos “silenciados” y obligados a vivir en un “sin memoria”. A esos nietos que no pudieron entrar en la vida de sus abuelos, siendo sus abuelos los padres y las madres de nuestra democracia. Víctimas olvidadas sobre las que gravita el peso del silencio.

Pero el abrir las fosas supone también que no sólo aparezcan los cuerpos, sino también el horror y la historia singular de cada víctima y su recuperación de un lugar en la historia familiar, donde hasta entonces y en muchos casos sólo había un tabú y el sentimiento de culpa de los que perdieron la guerra. Primaba el miedo a las represalias, miedo que se transmitió de generación en generación. El General Mola decía: “Hay que sembrar el terror, dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensan como nosotros”. Y este terror sigue inscrito en  el inconsciente de muchos.

Es necesario recordar, porque lo que no se recuerda se repite y retorna en la historia atravesando las generaciones. La transición en España se construyó sobre el olvido, tal vez no hubo en ese momento otro remedio. Pero ya ha pasado tiempo y es necesario que las nuevas generaciones no vivan en el pacto de silencio. Lo que escapa a la memoria puede reaparecer como acto violento ligado a la pulsión de muerte. En nuestro país, no debemos engañarnos, hemos vivido una memoria censurada y me temo que la seguimos viviendo.

El silencio y el olvido de los hechos de la guerra civil y la dictadura posterior posibilitan reactualizaciones  en los sucesos políticos o sociales que generan divisiones, odio, silencio o terror. El fantasma de la guerra civil sigue presente, aunque a algunos esto les pueda parecer extraño. Y paradójicamente pueden surgir en el presente tensiones y enfrentamientos por el intento de sepultamiento de todos esos recuerdos.

De hecho, para Freud, lo siniestro era esa parte extraña que se aloja en nuestro interior y que no conocemos y que aún siendo familiar se reprimió y olvidó. Amenaza con volver para destruir el difícil e inestable equilibrio psíquico.

En nuestra transición política, la izquierda tuvo en parte que “echar al olvido” muchos aspectos pendientes y dolorosos que aún no han podido ser revisados adecuadamente, según mi opinión. Esto no significa que se olvidó, por supuesto, en el sentido pleno. Era más bien un mirar a otro lado. Aquella izquierda, es también cierto, facilitó el advenimiento de la democracia en un país donde el franquismo se había enquistado.

En una entrevista realizada en 2006 al psicoanalista Jorge Alemán, se le preguntó sobre la actitud frente a la memoria de los hechos en la historia reciente de Argentina. Él respondió que en un país, como Argentina, donde el psicoanálisis ha cuajado en la sociedad, se ha llevado bastante lejos el debate sobre la memoria y sus políticas. Tal vez nosotros estemos lejos de que una profundización con relación a “nuestra” memoria histórica impregne a la sociedad en general. Pero sí se han dado muy importantes avances. Lo deseable sería que esos avances permeabilicen en la población para conseguir, una comunidad reflexiva y solidaria, de progreso, con ciudadanos de presencia, que englobe el concepto de personas y la dimensión social de sus interrelaciones.

Madrid, febrero de 2018

Alfonso A. Gómez Prieto

La confluencia de las derechas: la CEDA

Gil Robles y Franco

La CEDA o Confederación Española de Derechas Autónomas fue un partido resultante de la fusión de varios grupos políticos, y que se puso en marcha en el año 1933. Entre estos grupos destacaron dos: Acción Popular (antes Acción Nacional), dirigida por José María Gil Robles, y la Derecha Regional Valenciana de Luis Lucía. También formaban parte de esta coalición otras formaciones regionales conservadoras. El partido aglutinó a diversos sectores de la derecha: desde elementos de tendencia fascista, muy presentes en las Juventudes de Acción Popular (JAP), hasta democristianos, centralistas y hasta autonomistas, con los representantes de la mencionada Derecha Regional Valenciana.

En el otoño de 1932 se produjeron diversos movimientos en la derecha española aprovechando la crisis política que vivía la coalición gobernante de izquierdas, y que desembocaron en la creación de la formación en los primeros días de marzo del año siguiente. La coalición defendía los principios católicos en la política, la necesidad de una revisión constitucional de acuerdo con estos principios, es decir, planteaba una alternativa al laicismo de la República. La defensa del orden social era otro de sus pilares. La CEDA supuso la apuesta más clara por una postura posibilista por parte de la derecha española, en el sentido de intentar alcanzar el poder por vía electoral para transformar la República progresista en otra de signo conservador.

En las elecciones del otoño de 1933 obtuvo 122 escaños pero no consiguió que Alcalá-Zamora les encargase la formación del gobierno, ya que temeroso de la reacción de la izquierda, llamó a Lerroux para formarlo. Pero la CEDA terminó por participar a partir de 1934 en los gobiernos de la República, al lado de los radicales. El acceso a algunos ministerios por parte de la CEDA fue considerado como intolerable por gran parte de la izquierda española, especialmente por el PSOE, que veía peligrar las conquistas alcanzadas en el Bienio anterior y en un contexto europeo nada favorable para la democracia; de ahí la apuesta hacia la revolución, y que en octubre se saldó con un rotundo fracaso.

En las elecciones de febrero de 1936 la CEDA se radicalizó ante la evidente unión de la izquierda en el Frente Popular. El mensaje electoral sin ser claramente fascista sí incluía gestos, ideas y planteamientos muy cercanos a esta ideología, en la necesidad de crear un frente “contrarrevolucionario”.

La CEDA fue perdiendo influencia y militancia a partir de las elecciones cuando parte de la derecha decidió que la mejor solución no pasaba por participar en el juego político sino por apoyar la sublevación militar. En realidad, comenzó a perder apoyos antes cuando los sectores más beligerantes contra la República vieron que Gil Robles no estaba dispuesto a dar un golpe de Estado y cambiar radicalmente el sistema político. Destacados miembros de la CEDA participaron en los movimientos conspiratorios y algunos jugarían un gran papel en los primeros momentos del franquismo como Serrano Súñer, aunque su máximo líder, Gil Robles, pasaría a un segundo plano y, con el tiempo, se convertiría en un miembro de la oposición al régimen franquista.

Incluimos parte del artículo publicado en el diario conservador “El Debate” sobre el acto de constitución de la CEDA:

“Anoche se constituyó, entre vítores de entusiasmo, la Confederación Española de Derechas Autónomas. Las mujeres y los jóvenes, puestos en pie sobre las sillas, como si éstas fueran un peldaño que llevara a los altos ideales comunes, certificaron la unidad de pensar, de querer y de obrar de las 750.000 personas representadas directamente en ese acto solemne.

Cerraron la asamblea dos intervenciones: la de un obrero valenciano, vestido con la negra blusa de su región, el Sr. Martín, y otra del Sr. Gil Robles.

-Me dirijo a todas las derechas, a todos los ciudadanos de buena voluntad -decía el primero- para decirles que somos responsables ante España y ante Cristo de la salvación de aquélla. Hablo en nombre de los hombres de mi clase, de los obreros españoles, que en su noventa por ciento son honrados, para deciros que tenemos interés en que quienes creen en Cristo y en el Papa cumplan lo que Cristo y el Papa ordenan. Muchos de vosotros sois aristócratas y ricos, y por eso mismo tengo un gusto especial en hablaros.

Si los católicos, por haber dejado de serlo, hemos sido los causantes de lo ocurrido en España, pensemos que es esta la hora de rectificar el camino, pues para hacer el bien todos los instantes son el instante supremo. Los obreros tenemos derecho a esperar mucho de esta asamblea.

Poco después, Gil Robles, en las palabras finales, decía:

-Debemos felicitarnos de los trabajos, de la misma diversidad de tendencias manifestadas, porque sólo han revelado la pugna de llevar a las conclusiones la interpretación más fiel y avanzada de la doctrina social y política cristiana. Dios ha bendecido nuestros trabajos porque los ha presidido la humildad del corazón y la pureza de los fines. Me limito, pues, a darle las gracias y a declarar solemnemente que ha quedado constituida la C.E.D.A., que ha de ser el núcleo derechista que salve a la Patria, hoy en peligro.

Se leyó y subrayó con vítores a Navarra el saludo y adhesión telegráficos remitidos por la «Liga de Mujeres Tudelanas», y una carta emocionada sobre el programa social de Acción Popular y las conclusiones a que ustedes han llegado.

Viejo ya, doy por bien empleados los golpes sufridos al defender eso mismo, y es para mí un gran consuelo ver que aquellas viejas sugestiones que presentábamos con timidez, como un requerimiento leal de la fraternidad cristiana y como una lucecilla de ideal, esos jóvenes y esas masas de Acción Popular las están convirtiendo en antorchas con las que espero han de prender incendios espirituales de redención próxima de España.

Nuestro ideal ya no muere. A él dediqué lo mejor de mi vida, y al ver asegurada su perpetuidad, no me importa ya morir.»

El señor Fernández Ladreda pidió que se hiciera constar como dos conclusiones finales del Congreso la derogación de las leyes de excepción y la petición de garantías ante la próxima lucha electoral.

Cuando la asamblea se disponía a levantarse, el señor Gil Robles propuso, y los reunidos asintieron unánimes, dirigir un telegrama de protesta en nombre de los 800.000 afiliados de la C.E.D.A., al Ayuntamiento de Bilbao, por el acuerdo de derribar el monumento al Sagrado Corazón de Jesús.

Las coincidencias que deben unir a las derechas.

Así terminó sus trabajos sobre política, municipalismo, cuestiones sociales, agrarias, política internacional y, en suma, cuantos grandes problemas generales tiene planteados una agrupación de partidos modernos, el Congreso e la C.E.D.A., que comenzó bajo el signo de la Cruz cinco días antes.

Al discutirse, por la tarde, después de terminar todas las secciones sus respectivos trabajos, el Estatuto de la C.E.D.A., se admitieron como coincidencias fundamentales de los partidos que la integran -aparte de las conclusiones aprobadas en detalle- las siguientes, debidas a la iniciativa de la Derecha Regional Valenciana:

  1. a) Afirmación y defensa de los principios fundamentales de la civilización cristiana.
  2. b) Necesidad de una revisión constitucional de acuerdo con dichos principios.
  3. c) Aceptación, como táctica para toda su actuación política, de las normas dadas por el Episcopado a los católicos españoles en su declaración colectiva de diciembre de 1931.

El peso de los debates recayó ayer sobre Medina Togores, defensor de la ponencia sobre los Estatutos de la C.E.D.A. y autor de la relativa a organización interna del partido de Acción Popular.

El Debate, 5 de marzo de 1933.”

Eduardo Montagut

España en sus Constituciones

CARMEN ROMERO. Escenificacion de la proclamacion de las cortes de 1812. Cadiz

Proclamación de las Cortes de 1812 en Cádiz

El Estatuto Real de 1834 no perfilaba ninguna definición de España porque, en realidad, era una convocatoria de Cortes Generales y regulaba su organización y composición. Las dos Constituciones del reinado de Isabel II -1837 y 1845- tampoco definían lo que era España. Al parecer, el liberalismo español no consideró necesario especificar lo que era España, después de lo dispuesto en la exhaustiva Constitución gaditana. Le importaba más la organización y relación entre los distintos poderes y la cuestión de los derechos, formulándose, en este sentido, dos modelos, el progresista y el moderado, dándose por hecho que España era una Monarquía.

El liberalismo democrático español, consagrado en la Constitución de 1869, sí formuló explícitamente la forma de gobierno porque definía en su artículo treinta y tres que era una Monarquía. Creemos que, en la “Revolución Gloriosa”, el bloque dominante liberal-democrático veía la necesidad de remarcar el principio monárquico frente a la presión del bloque republicano, que había presionado mucho desde las juntas revolucionarias y tenía una importante representación parlamentaria.

El primer republicanismo español elaboró el Proyecto Constitucional federal de 1873. Ya en su título preliminar se habla de España como una República, al afirmar que en la misma toda persona veía asegurados todos los derechos naturales. Pero, además, el artículo treinta y nueve afirmaba que la forma de gobierno de la nación española era la República federal, definiéndose, en otro lugar cuáles eran sus componentes. Como es sabido, esta Constitución no entró en vigor.

El sistema político diseñado por Cánovas del Castillo rescató, con algunas diferencias importantes, muchos de los aspectos del régimen isabelino. La Constitución de 1876 no presentaba novedades en relación con las Constituciones de 1837 y 1845 en lo referente a la definición de España, es decir, se volvía a considerar que no era necesario especificar nada porque se había restaurado la Monarquía y con eso bastaba.

La II República abrió una nueva etapa política en España. En el primer artículo de la Constitución de 1931 se define al país como “una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia”. Pero, además, la República era un Estado integral, compatible con la autonomía de municipios y regiones, es decir, pretendía terminar con el centralismo clásico del liberalismo español, aunque en un sentido distinto al federal de 1873.

Como es sabido, la dictadura franquista no elaboró una Constitución, término y concepto que formaba parte de las concepciones políticas consideras como anatemas por la misma. Pero sí se elaboraron siete leyes fundamentales. Pues bien, en la Ley de Principios del Movimiento Nacional del año 1958 se definía a España como “una unidad de destino universal”, recogiendo el programa del fascismo español, ya que en el punto segundo de los Veintisiete de la Falange se definía a España de esa manera, pero su significación es harto compleja y ha movido a muchas interpretaciones, algunas de ellas rozando la ironía, aun dentro del mismo régimen. La definición, en realidad, no era operativa, quedando casi como un homenaje a José Antonio Primo de Rivera. Más importantes fueron, en esta cuestión, otras dos Leyes Fundamentales. La Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado del año 1946 dejaba claro que España era un Reino, además de un Estado católico, social y representativo, justificando dicha definición utilizando el argumento de la tradición histórica. Por su parte, la Ley Orgánica del Estado de 1967 establecía, por su parte, en su primer artículo, que el Estado Español era la primera institución de la comunidad nacional, recordando su condición de Reino, un Reino sin monarca, aunque habría uno cuando desapareciera Franco, como regulaba exhaustivamente la anterior disposición.

Por fin, la Constitución de 1978, estipula que España se constituye en un “Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Además, la forma política del Estado español es la Monarquía Parlamentaria. La definición de España terminaba perfilándose con la organización del Estado en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, cuestiones tratadas en el Título VIII.

Eduardo Montagut

El liberalismo doctrinario en España

416c65676f72c3ad615f495f526570c3ba626c6963615f45737061c3b16f6c61

Durante el reinado de Isabel II se produjo la división del liberalismo en dos grandes tendencias, moderada y progresista, aunque su origen se puede rastrear ya en el Trienio Liberal. En este artículo intentaremos acercarnos a las ideas y planteamientos de la primera que, sin grandes variaciones, terminaría siendo la que informaría al conservadurismo de la época de la Restauración.

El liberalismo moderado o doctrinario pretendía conciliar los intereses de la alta burguesía con los de la nobleza y alto clero, que terminaron por conformar la oligarquía española dominante durante el resto del siglo XIX menos en la época del Sexenio Democrático. En este sentido, las libertades se supeditaban al mantenimiento del orden público, la seguridad de las personas y, sobre todo, de la propiedad. Por eso siempre tendieron a limitar el reconocimiento y la garantía de los derechos individuales, especialmente la libertad de imprenta o de expresión. En esta misma línea estaría la creación de la Guardia Civil en 1844, cuerpo de seguridad con misiones civiles, pero con estructura militar, para mantener el orden, especialmente en el medio rural.

El liberalismo moderado era partidario del más puro centralismo en la organización del Estado con instituciones fuertes y que defendieran el principio de autoridad frente a cualquier intento revolucionario o de conflicto social.  El papel del gobernador civil sería primordial, al ser el representante del poder central, acumulando amplias atribuciones o competencias en asuntos políticos, administrativos, electorales, judiciales y fiscales, y haciendo cumplir las órdenes que establecía el gobierno a través del Ministerio de la Gobernación. El poder municipal, por su parte, debía estar controlado. En este sentido es paradigmática la Ley de Administración Local de 1845. Los alcaldes de las capitales de provincia y principales municipios serían nombrados por el gobierno, y el resto por el gobernador civil correspondiente. En relación con el País Vasco y Navarra se mantuvieron sus fueros, pero sus instituciones vieron recortadas algunas de sus funciones. La uniformidad legal y judicial se consolidó con la promulgación del Código Penal de 1848, así como con la imposición del sistema métrico decimal frente a la diversidad de pesos y medidas del Antiguo Régimen.

Frente al principio liberal de la soberanía nacional, el liberalismo doctrinario aportaba el de la soberanía compartida entre las Cortes, representantes de la nación, y la Corona, que era la encarnación de la Historia. Este hecho permitía un gran poder a la segunda. La Constitución de 1845 otorgaba a la Corona la iniciativa legal, el nombramiento y separación de ministros, y el poder para disolver las Cortes. El bicameralismo establecía una cámara alta, el Senado, cuyos miembros eran nombrados por el rey. Este hecho permitía a la Corona poder frenar el posible mayor radicalismo del Congreso de los Diputados sin tener que intervenir directamente.

El liberalismo moderado era partidario del más restrictivo sufragio censitario. Solamente una minoría tendría derechos políticos, ya fuera para votar, ya para ser elegido. La ley electoral de la Década Moderada establecía que solamente podían votar para las elecciones al Congreso de los Diputados unos 100.000 españoles. Para ser elegible se exigían, por lo demás, condiciones económicas muy estrictas.

En materia religiosa siempre defendió el entendimiento con la Iglesia Católica y la Santa Sede, después del evidente deterioro de las relaciones que supuso la desamortización eclesiástica y las políticas de los progresistas. El Concordato de 1851 selló la reconciliación entre el Estado español y la Iglesia Católica. Este Concordato no devolvió los bienes ya desamortizados, pero suspendió las ventas que no se habían realizado y permitió la devolución de lo no vendido. España reconocería al catolicismo como la única religión legal, y se establecía la obligación de financiar y sostener a la Iglesia española. Por fin, ésta conseguía un inmenso poder en materia educativa.

Los moderados diseñaron la reforma fiscal liberal que supuso la racionalización de hacienda, centralizando los impuestos en manos del Estado y estableciendo claramente una imposición directa sobre la propiedad, aunque predominó la tributación indirecta, los famosos consumos, que gravaban los productos de primera necesidad, siendo profundamente injustos y fuente de constantes conflictos sociales.

Eduardo Montagut

Doctor en Historia