La responsabilidad pública

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En estos de intensas crisis económica y política, de escándalos casi diarios por la corrupción, de protestas y de descontento, la sociedad española exige una mayor responsabilidad a sus políticos, empresarios, banqueros y sindicalistas. En este trabajo pretendemos plantear la cuestión de la responsabilidad en la vida pública.

Existen tres aspectos relacionados con la responsabilidad en la vida pública. En primer lugar, estaría la responsabilidad política. En una democracia esta responsabilidad se regula en las Constituciones y ordenamientos legales donde se exige a los gobernantes y miembros de las instituciones que rindan cuentas ante los parlamentos, consistorios e instituciones democráticas. La responsabilidad ante los tribunales también estaría encuadrada en este tipo. Los actos de los políticos en el ejercicio de sus cargos deben ser evaluados y juzgados según unas normas especificadas.

Pero existe otro tipo de evaluación de la responsabilidad política. Nos referimos a la electoral, aunque sin repercusiones jurídicas. A tenor de muchas conductas y hechos recientes, creemos que se debe hacer un profundo examen no del segundo tipo de responsabilidad política, ya que depende del sufragio universal y parece un tanto peligroso juzgar si los ciudadanos y ciudadanas saben o no exigir responsabilidades, especialmente cuando votan en sentido contrario a nuestros posicionamientos ideológicos, una tentación muy común en este país donde abunda la falta de respeto hacia el contrincante político. En todo caso, al menos, desde el escrupuloso respeto hacia las opiniones de los demás sí conviene resaltar cómo, a pesar de lo que ocurre con la corrupción, el principal partido involucrado no se hunde en las encuestas. Supone, cuando menos, una realidad harto interesante para el estudioso.

Pero sí parecen necesarias reformas institucionales para elevar los mecanismos de control y exigencia de responsabilidades de los ejecutivos en las Cortes, a través de reformas de sus reglamentos, o en relación con el posible abuso de los aforamientos, por poner dos ejemplos. Un estudio de estas cuestiones de la responsabilidad política en los sistemas políticos anglosajones podría darnos muchas pistas, habida cuenta del alto nivel de exigencia que les caracteriza en esta materia.

En segundo lugar, nos referiremos a la responsabilidad moral. Este tipo de responsabilidad se vincula no a leyes u ordenamientos jurídicos sino a sistemas éticos, que son empleados como referencia para evaluar una determinada conducta, así como las acciones, ya sean por su realización o por omisión. Esa una responsabilidad que tiene mucho que ver con la conciencia personal. Un personaje público ha podido cometer un delito que ha prescrito según la ley, pero, en realidad, esa conducta sigue siendo moralmente reprochable. En este país es muy común que el nivel de responsabilidad moral sea muy bajo en la vida pública, debido a muchas causas, entre ellas, la falta de una tradición ética en la vida pública política y económica, fruto de una nula educación democrática sobre la importancia del servicio y el compromiso, y por el peso de un pasado dictatorial ajeno a todo tipo de conciencia moral.

Por fin, la responsabilidad social alude a la obligación o compromiso que un individuo o entidad (partido, sindicato, organización empresarial, empresa, banco, etc..) adquiere de responder ante la sociedad por las consecuencias de sus acciones. El problema de este tipo de responsabilidad es que no está regulada por leyes y apela a las buenas intenciones de la persona u organización. Muchas empresas y bancos aluden a esta responsabilidad, aunque termine siendo un simple recurso publicitario sin más consecuencias reales.

Eduardo Montagut, Doctor en Historia

Sobre el abuso de autoridad

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El abuso de autoridad tiene que ver con el mal uso de las atribuciones de los gobernantes y funcionarios de cualquier nivel y tipo de administración. En nuestro país el abuso de autoridad o del poder se relaciona con un conjunto de delitos tipificados y perseguidos por la ley. Serían el cohecho, la prevaricación, las violaciones del domicilio y del secreto de la correspondencia, incluyendo, claro está, la vinculada a la red. Por fin, estaría la detención ilegal. Pero el abuso de autoridad es aún más amplio. Incluye la obstrucción a la justicia, la percepción ilegal de impuestos, el maltrato y el trato humillante a las personas.

El abuso de autoridad o del poder es moneda corriente en todas las dictaduras, regímenes autoritarios y totalitarios. Estos regímenes se basan en la prepotencia, el exceso y la impunidad con que sus gobernantes y funcionarios actúan y tratan a los ciudadanos y ciudadanas. El abuso de autoridad es un mecanismo más de la amplia gama de instrumentos represivos y promueve el terror terminando por convertir algo que debiera ser excepcional en habitual, en algo natural. La aceptación del abuso genera que cualquiera puede asumir ese rol e inducir a la víctima a que lo piense.

El franquismo fue un ejemplo evidente de constante abuso de poder hasta el final de sus días, generando terror y convirtiéndolo en algo aceptado y aceptable. El franquismo inoculó en la ciudadanía comportamientos abusivos como algo habitual. Lo más grave es que esta práctica ha dejado un poso que permanece en el denominado franquismo sociológico, nunca fenecido y periódicamente renacido, y en determinadas conductas privadas, ejemplificadas en la famosa frase de “usted no sabe con quién está hablando”. Por otro lado, se está enquistado en el poder, especialmente cuando es administrado por la derecha. Los tics autoritarios y de abuso han sido constantes en las administraciones de Aznar y en la de Rajoy, sobre todo en la forma de actuar de altos funcionarios y políticos con la oposición política, sindical y social. Suele asociarse a formas y tratamientos achulados, despectivos, irrespetuosos y a discursos denigratorios hacia el oponente o discrepante. Uno de los comportamientos más sangrantes es la forma de actuar hacia las víctimas del franquismo y sus familiares, no sólo porque no se legisla a su favor o se dota económicamente a la ley de memoria existente, sino también porque se insulta y se menosprecia el dolor ajeno.

Con la primera legislatura de Rajoy esos abusos de autoridad han terminado por adquirir el barniz de la legalidad gracias a su rodillo parlamentario. No podemos dejar de afirmar que algunas leyes y disposiciones atacan derechos fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional, como la tristemente famosa “ley mordaza”. Hacen legal lo que no debería ser.

El autor de este artículo nunca dejará de insistir en la cantidad de aspectos en los que el franquismo ha sobrevivido décadas después de la muerte del dictador, sin negar que el abuso de autoridad tampoco es monopolio exclusivo de la derecha.

Eduardo Montagut

Doctor en Historia

Con Memoria Histórica

TOSHIBA CAMCORDER

El pasado viernes llegaba la maravillosa noticia, ¡por fin!, del hallazgo del cuerpo de Timoteo Mendieta. Para muchos un hombre desconocido, para Ascensión Mendieta, una luchadora infatigable, su padre. Un padre asesinado por los fascistas que sometieron a este país a un régimen despiadado y que fue mal enterrado en una fosa común en el cementerio de Guadalajara. Han sido largos meses de espera hasta conocer este final feliz para ella, que podrá cumplir su deseo de enterrarse junto a su padre, y para las 27 familias que pueden recuperar los cuerpos de sus familiares hallados también en esta fosa. Un largo tiempo de espera que comenzó con la querella interpuesta en un juzgado de… ¡Argentina!, para que se pudiera llevar a cabo esta acción.

Esto en nuestro país no es de extrañar y menos en la época en la que vivimos y bajo el gobierno que soportamos. Por eso cada vez que leo en la prensa noticias como “debajo de la cruz más grande del mundo (se refiere a la cruz del Valle de los Caídos) fueron secuestradas 33.832 personas, procedentes de 500 fosas de toda España” (artículo de Eduardo Ranz para el periódico digital ElPlural.com) se me ruboriza el cuerpo contemplando cómo en un país como este, a día de hoy, se sigue sin saber la verdad. La verdad de todos aquellos y aquellas que fueron detenidos ilegalmente, que fueron torturados con técnicas que jamás pasarían por la mente de una persona civilizada, de aquellos y aquellas que fueron fusilados en cunetas, en paredones de cárceles hacinadas por la injusticia, en las tapias de los cementerios e incluso de aquellos y aquellas que fueron a “dar el paseo” y que no volvieron con sus mujeres, con sus maridos, con sus padres, en definitiva, con lo más preciado de su vida: sus hijos. Porque hoy hay hijos e hijas, pero también nietos y nietas, que siguen reivindicando ese derecho, el derecho a saber qué pasó con sus padres y abuelos, y más si cabe, el derecho a saber dónde están sus padres y madres, abuelos y abuelas, y por supuesto, el derecho a darles una sepultura digna.

Si queremos una España del siglo XXI, deberíamos empezar por arreglar cuestiones pendientes del siglo XX: la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo.

Hace unos meses, comencé una de las aventuras más apasionantes que he podido vivir en los últimos años. Gracias a un artículo del compañero Juan Pedro Rodríguez sobre el campo de concentración de Dahau, a donde fue deportado desde Extremadura su tío abuelo Isidro, pude encontrar el punto de partida para buscar (y posteriormente encontrar) los expedientes penales de dos personas muy allegadas, que fueron reprimidas y encarceladas durante la dictadura franquista: Mercedes Benito López y Críspulo López Alcolea.

Este fue el inicio de un camino en el que logramos encontrar información sobre su persecución, condena y reclusión en las prisiones franquistas. Pero no todo quedó ahí. Gracias a la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2007, pudimos solicitar el certificado de reparación moral de ambos casos. Rellenamos la solicitud, adjuntamos el expediente condenatorio y lo llevamos al registro del Ministerio de Justicia. Un trámite que podríamos pensar que resulta muy sencillo, pero al que no tienen acceso, o bien por desconocimiento, o bien porque nadie se lo ha informado, esos cientos de miles de descendientes de represaliados por la dictadura franquista. Una diligencia que tenía que ser de oficio, del propio Estado hacia sus ciudadanos, honrando con ello una reparación ética y moral, que son los únicos valores que les queda a esta gente, por todo aquello que sufrieron sus padres, sus abuelos, sus hijos, que lo único que hicieron fue defender una causa tan noble y tan humana como la libertad, la igualdad y la justicia.

Hoy ya tenemos el reconocimiento de ambos gracias a la ley que lo ampara. Un simple papel, pero que moral y éticamente tiene un valor incalculable. Pero todavía sigue pendiente en miles de familiares de represaliados y asesinados por la dictadura franquista que esto se cumpla. ¿Lo conseguiremos algún día? Por la fuerza de muchos como Ascensión Mendieta, seguro que sí.

Ricardo Marchand Aguilera

La violencia

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La violencia en nuestro mundo tiene una presencia constante, casi agobiante, aunque no lo parezca a primera vista.

Intentemos definir qué es violencia. Se trataría de la coacción física o moral ejercida sobre una persona o grupo de personas, mediante una fuerza desproporcionada y que intimida con el fin de doblegar su voluntad y/o inspirar temor relacionado con la propia persona, los bienes propios o seres allegados, y para obligar a seguir una conducta determinada. La OMS nos ofrece también una definición de violencia. Este organismo internacional explica que la violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder hacia otra persona, grupo o comunidades y que trae como consecuencias lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono y hasta la propia muerte.

La violencia ha sido una constante en la Historia y no hace falta que apuntemos ejemplos de tantos que existen. El marxismo ha interpretado la violencia en su análisis del capitalismo. Las relaciones entre los propietarios de los medios de producción y el proletariado tendrían una naturaleza o raíz coercitiva, que sería el origen de la violencia en la sociedad. Así pues, la violencia se relacionaría con el control social y con la violencia subliminal que ejercerían el poder y las clases dominantes. Es la represión, y que se manifiesta de diversas maneras: el uso de la violencia física, la eliminación de los disidentes o contestatarios, el dirigismo de conductas privadas o públicas y hasta la imposición de una cultura y/o moral oficial. Esta visión de la violencia chocaría con la que se tendría desde posicionamientos conservadores o desde el poder, siempre preocupado por el orden contra la violencia que se desataría en la protesta social. En este sentido, parece muy interesante aplicar las dos visiones distintas sobre la violencia en la Historia contemporánea de España. La derecha española siempre ha acusado al movimiento obrero y a la izquierda de fomentar la violencia y el desorden en las calles y en el campo, con la quema de Iglesias y el terrorismo anarquista y de otro signo. Pero, por otro lado, pensemos en la violencia que se ejercería con la represión del movimiento obrero o con la situación de miseria impuesta a amplios sectores obreros y entre los jornaleros del campo. ¿Y la violencia ejercida por la dictadura franquista durante tantas décadas?

¿Cuál sería, pues, el origen o naturaleza de la violencia? Trasladándonos a nuestro presente: ¿son violentos o no los escraches, las manifestaciones, la presión en la calle, o los desahucios, el paro, la elevación de las tasas universitarias, las cargas contra los inmigrantes en las vallas de nuestras fronteras, la penalización por manifestarse, el posible fin de la sanidad universal…?

Pero la violencia tiene otras facetas presentes en nuestra vida. La principal de todas ellas es la violencia de género, la que ejerce el hombre contra la mujer como un instrumento de dominación, discriminación, desigualdad y supremacía del varón. La violencia de género incluye las agresiones físicas, sexuales y psicológicas, así como las coacciones, y la privación de la libertad personal. Por otro lado, tenemos la violencia homófoba, en el puesto de trabajo y la violencia en el seno del ámbito escolar o infantil y juvenil. Todos estos tipos de violencias tienen que ver con graves problemas o carencias en la educación de valores de la sociedad y con el arraigo de comportamientos de dominación de épocas pasadas. Lamentablemente, estas últimas violencias han dejado de ser una prioridad para las administraciones controladas por nuestra derecha, con la excusa de los recortes económicos. Tampoco interesa mucho la violencia que se ejerce contra los más desfavorecidos. La única violencia que importa es la que estalla en la calle, una violencia, por cierto, bien moderada con lo que está ocurriendo cada día.

Eduardo Montagut

Doctor en Derecho

La desobediencia civil

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La desobediencia civil es una forma de protesta social que consiste en la resistencia pacífica hacia el poder, sus leyes, órdenes y exigencias. Es un desafío público a la autoridad. Sus protagonistas aceptan la sanción que supone dicha desobediencia. Este tipo de protesta tiene como objetivo presionar al poder para cambiar una ley, un orden y hasta para transformar los valores sobre los que se asienta el mismo.

La desobediencia civil no debe confundirse con la acción de delinquir, ya que ésta no conlleva una protesta y sí un beneficio egoísta y, además, la primera es abierta, a la luz pública, sin el componente clandestino del delito. La desobediencia civil puede confundirse con la objeción de conciencia porque tienen un origen común, pero la objeción suele estar regulada o permitida, al menos, en los países democráticos, frente a la desobediencia que no tiene ninguna cobertura legal en los ordenamientos constitucionales y jurídicos.

El concepto de desobediencia civil fue ideado por Henry D. Thoreau. En 1848, precisamente un año clave en la Historia por el ciclo revolucionario de lo que se conoció como la “primavera de los pueblos”, publicó su obra Civil Desobediency. En este opúsculo defendía que toda reforma social debía partir de la conciencia moral del individuo, que se rebela contra un orden que le parece injusto.

En la Historia contemporánea se han producido movimientos de desobediencia civil de gran calado y que han quedado grabados en la conciencia colectiva de este planeta. Gandhi protagonizó un movimiento de desobediencia civil de gran magnitud porque fue seguido masivamente en la India. La Marcha de la Sal del año 1930 expresó el malestar del Congreso Nacional Indio por la negativa británica de conceder el status de dominio a la India. Gandhi eligió el impopular impuesto sobre la sal como objetivo de la campaña de protesta. En esa época, el gobierno indio tenía establecido el monopolio de la sal, un producto básico y fuertemente gravado fiscalmente. Aquellos que utilizaban su propia sal podían ser multados con una elevada cantidad. Así pues, Gandhi inició una larga marcha desde Sabarmati hasta la ciudad costera de Dandi, acompañado de setenta y ocho seguidores. A lo largo de la ruta se fueron añadiendo a la marcha miles de personas. El impacto en la India y en el mundo fue muy considerable. En cada lugar se animaba a las gentes a desafiar el monopolio de la sal y a autoabastecerse de la misma. Al final de la marcha, Gandhi cogió simbólicamente una pizca de sal. Cuando los participantes de la protesta se dirigieron al depósito gubernamental de sal Gandhi fue detenido. No fue la única detención, ya que en los meses siguientes fueron detenidas sesenta mil personas, incluidas las principales personalidades del Congreso. Al final, Gandhi fue puesto en libertad e hizo un llamamiento a la calma, dando por concluida la protesta en marzo de 1931 tras llegar a un acuerdo con el virrey Irwin. Dicho acuerdo establecía que Gandhi podía asistir a la Conferencia de Round Table y, a cambio, se desconvocaba la campaña de protesta. Pero, también se logró que se permitiera la producción de sal para uso doméstico.

Eduardo Montagut

Doctor en Historia

RECUPERANDO EL PULSO DEL PSOE

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En sus “Cartas filosóficas” Voltaire, con el pretexto de elogiar las virtudes de la Inglaterra del siglo XVIII, esboza, con sentido humanista, recomendaciones y críticas en temas políticos, religiosos y filosóficos en defensa de la libertad entendida como derecho de cada ciudadano a elegir su destino.

El sentido de libertad de Voltaire, que recorrerá toda Europa durante los siglos siguientes, será completado por las doctrinas igualitarias y solidarias marxistas dando lugar a los Partidos socialistas, que pronto se convertirán en los principales diques de contención del capitalismo salvaje. Uno de los primeros Partidos socialistas en nacer fue el PSOE, fundado en Madrid el 2 de mayo de 1879 por intelectuales y obreros, liderados por Pablo Iglesias.

El socialista Fernando de los Ríos en “Capitalismo y humanismo” (1926) manifestará que “son, en efecto, dos términos antitéticos, contradictorios; la oposición en ellos es esencial, y por mucha que sea la elasticidad del capitalismo en cuanto régimen económico, y es extraordinaria, no puede, en tanto perviva, negar lo que le es consustancial: su indiferencia, cuando no hostilidad, ante lo humano”. Lo propio del capitalismo, dice, “es desentenderse del carácter de hombre de quien se utiliza como mercancía, comprando su trabajo”; el socialismo es, en concordancia con el pensamiento volteriano, liberador y humanista, un “intento de reconstrucción de esa relación de intimidad entre el hombre y su obra”.

La libertad, en el sentido que Voltaire la dio, se ha manifestado en las primarias socialistas, a la par que la mirada del mundo democrático, especialmente europeo, las ha seguido con especial atención. Y el 21 de mayo los militantes no sólo han ejercido libre y democráticamente su derecho a elegir Secretario General sino que también han expresado mayoritariamente que respaldaban el “no es no” de Pedro Sánchez, o dicho de otro modo, que rechazaban de plano la abstención que permitió un Gobierno del PP, un Gobierno tan antitético con el PSOE como lo son capitalismo y humanismo.

En palabras de la líder del PSOE aragonés Susana Sumelzo, la candidatura de Sánchez es “un PSOE a la izquierda, mirando al futuro con ilusión y esperanza. Dispuesto a hacer lo que esperan los ciudadanos de un Partido Socialista Obrero Español” (entrevista con Óscar F. Civieta, 16 mayo 2017).

En opinión del sociólogo José Félix Tezanos, “la batalla de Sánchez es un reflejo más de la “nueva ciudadanía activa” que está emergiendo en Occidente. Un movimiento transversal que ha dejado ya importantes impactos electorales y que también sería una de las causas de la convulsión que sufre la socialdemocracia europea” (entrevista con David Martínez, 26 febrero 2017, en Voz Populi).

Ahora es necesario que se reconstruya la unidad del Partido, y para ello es imprescindible contar con todos los militantes con independencia del candidato al que apoyaron; en este sentido, también decía Susana Sumelzo que este PSOE quiere zanjar “el que obligatoriamente estés conmigo o frente a mí. Nuestro mensaje es el de la izquierda que une, no el del miedo”. Pero también se debe exigir a los que tienen responsabilidades orgánicas y públicas que asuman con lealtad la voluntad soberana de los militantes expresada en las urnas.

En consecuencia, reorientada la ruta por sus militantes, el nuevo Secretario General tiene toda la autoridad para impulsar políticas nítidamente de izquierdas, alcanzar pactos con otras fuerzas de izquierdas y desembarcar en la Moncloa con un programa de izquierdas, en definitiva tiene vía libre para recuperar el pulso normal del PSOE.

José Antonio García Regueiro, Secretario General de la Agrupación Socialista de Villanueva de la Cañada

Presidente de Arco Europeo Progresista, Coordinador del Foro de debate Arco Socialista. Ex Letrado del Tribunal Constitucional.

 

El moderado Rohaní

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El moderado Rohaní desborda todas las previsiones en las elecciones presidenciales de Irán

El moderado Hasan Rohaní ha sido reelegido, en primera vuelta, presidente de la República Islámica de Irán en las elecciones del pasado viernes, gracias a 23,54 millones de votos (57%) frente a los 15,77 millones de votos (38,5%) que ha conseguido el candidato conservador Ebrahim Raisi.

Se trata de una gran victoria para Rohaní que ensancha su base de apoyo al conseguir siete millones de votos más que en las elecciones presidenciales de 2013 en las que la facción conservadora se presentó dividida. Ni siquiera la unión ahora del bando conservador en torno al clérigo Ebrahim Raisi, muy próximo al Líder Supremo, el Ayatolá Ali Jamenei, ha logrado frenar la marea pro Rohaní.

Los iraníes han revalidado el “gobierno de prudencia y esperanza” del centrista Rohaní con el que prometió en 2013 resolver el conflicto nuclear y mejorar la situación económica. Han respaldado su principal logro en cuatro años: el Acuerdo Nuclear de 2015 que se ha traducido en el levantamiento de las sanciones económicas a Irán a cambio de la implantación de limitaciones al programa nuclear iraní y el despegue meteórico de las exportaciones de petróleo. Los iraníes también han avalado las políticas económicas prudentes del gobierno actual que han rebajado sustancialmente la inflación y reactivado sectores no vinculados al petróleo como el turismo.

El triunfo de Hasan Rohaní es incluso más meritorio cuando tenemos en cuenta que el pueblo iraní apenas ha percibido todavía los beneficios del Pacto Nuclear (el 72% de los iraníes indica que éste no ha mejorado sus condiciones de vida), un asunto, la economía y el desempleo que fueron las principales armas arromadizas que utilizó el candidato conservador Ebrahim Raisi contra Hasan Rohan.

No se debe entender el éxito de Hasan Rohaní como un voto en contra del establishment porque el mismo Rohaní es un hombre que ha sido todo en el régimen iraní excepto Líder Supremo. No olvidemos que su candidatura fue permitida por el Consejo de los Guardianes, representante de la ortodoxia revolucionaria, brazo ejecutor del Ayatolá Ali Jamenei y con derecho de veto de los candidatos a las elecciones. Si Rohaní no gozara del favor de éste último, su apuesta por un segundo mandato hubiese sido bloqueada al igual que lo fue la candidatura de Mahmoud Ahmadinejad.

En este sentido se puede entender el tweet del columnista de The Guardian, Saeed Kamali Dehghan, cuando señala que los resultados de estas elecciones significan un compromiso entre el Establishment y el electorado iraní. Ambos han demostrado un raudal de madurez política. Es un voto a favor del cambio tranquilo, sin estridencias que desemboquen en el caos que viven sus vecinos.

Los resultados refuerzan a la facción moderada liderada por Hasan Rohaní como una bisagra imprescindible en la gobernanza iraní a la hora de arbitrar entre la facción reformista, apartada del poder desde el movimiento verde de 2009, y la facción conservadora o principalista que pierde unas elecciones por tercera vez consecutiva (presidenciales de 2013 y legislativas y a la Asamblea de Expertos de 2016).

Quizás más importante, el triunfo moderado sitúa a esta facción y a su líder Hasan Rohaní en una posición ventajosa en la carrera sucesoria del Ayatolá Ali Jamenei (77 años), aquejado de problemas de saludad desde hace años. El Líder Supremo de la Revolución tiene la última palabra en todos los asuntos y se reserva la dirección de la política exterior, de seguridad, inteligencia y defensa.

En política exterior el éxito electoral del moderado Hasan Rohaní significa el mantenimiento del compromiso iraní con el Acuerdo Nuclear de 2015 y la continuidad de su proyecto de normalización de relaciones con Occidente. Significa la apertura del país a la inversión extranjera frente a la autarquía preconizada por los conservadores.

Un presidente moderado, que cuenta con el beneplácito del Líder Supremo y con el apoyo indiscutible del pueblo iraní, constituye una oportunidad histórica para alumbrar una nueva relación de Irán con el mundo. Occidente no debería desaprovecharla. Sin embargo, no parece que vaya a existir sintonía del régimen iraní con la nueva administración del presidente Trump que demoniza a Irán y exagera la amenaza que representa para la región y Occidente.  De hecho, mientras Rohaní se declaraba vencedor en las elecciones presidenciales, el presidente Trump visitaba Riad para anunciar un nuevo acuerdo estratégico con Arabia Saudí que incluía la venta multimillonaria de armas a Riad para contener la amenaza de Irán a las Monarquías Árabes del Golfo, según afirmó el Secretario de Estado Rex Tillerson.

José Luis Masegosa

@lamiradaaoriente

Reflexiones sobre el bipartidismo

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El bipartidismo es un término que procede de bipartitus, es decir, dos partidos. Se trataría de un sistema político en el que solamente dos formaciones políticas estarían en condiciones de luchar por el poder y de turnarse en el ejercicio del mismo. Los casos más acabados de bipartidismo se dan en los sistemas políticos democráticos anglosajones: EEUU y Reino Unido. El bipartidismo encuentra defensores y críticos. Los primeros opinan que otorga estabilidad política porque marginaría a los más radicales de la posibilidad de ejercer el poder. Pero los detractores de este sistema político consideran que falsea la realidad política de un país, que distorsiona la representación y, en consecuencia, supone una merma democrática.

El bipartidismo nace cuando se estabilizan los Estados liberales en Europa, cuando el liberalismo se divide en dos familias o partidos. Por un lado, estarían los partidos moderados y/o conservadores, defensores del sufragio censitario, el bicameralismo, la soberanía compartida y la asignación del poder ejecutivo a la Corona. También eran partidarios de la limitación del reconocimiento de los derechos, primando el orden sobre las libertades. Por otro lado, se encontrarían los partidos liberales progresistas y/o democráticos, partidarios de extender el sufragio y/o de llegar a hacerlo universal, siendo menos amigos del bicameralismo, pero sí de la soberanía nacional y de la extensión de los derechos. Es evidente que hemos descrito las líneas generales, y que luego habría que ver los casos concretos de cada país.

El bipartidismo de corte liberal se transformaría después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se estabilizó la democracia en Europa occidental, en un bipartidismo entre partidos de centro-derecha o derecha y partidos socialdemócratas o socialistas, con algunas variantes. También es cierto que en otros países el bipartidismo nunca cuajó por su realidad compleja y/o por el sistema electoral. Por fin, se dieron sistemas con un bipartidismo especial por la existencia de partidos bisagras.

El sistema electoral es un factor clave, aunque no el único, para entender el bipartidismo. El sistema D’Hont prima las candidaturas más votadas. También es importante comprobar cómo el sistema electoral establece las circunscripciones electorales, si es un sistema político propenso a la creación de coaliciones y alianzas políticas, y la exigencia o no de un porcentaje mínimo para poder entrar en el parlamento.

Otro aspecto a tener muy en cuenta es la existencia del denominado voto útil, que los ciudadanos emiten cuando consideran que la formación política más cercana a sus ideas no tiene posibilidad de llegar al gobierno y conceden su voto a la más próxima ideológicamente.

En España, el bipartidismo decimonónico fue muy evidente en el régimen isabelino entre el partido moderado y el progresista, y en la Restauración, entre el partido conservador y el liberal. La diversidad ideológica y la agitada vida política de la época de la Segunda República, así como su sistema electoral, favorecieron la creación de parlamentos muy plurales y complejos. Quizás esto hizo que, renacida la democracia, el sistema electoral favoreciera el bipartidismo para fomentar la estabilidad parlamentaria. Pero también es cierto que hay otros factores que propiciaron el bipartidismo. El voto útil ha sido muy claro en la izquierda, en detrimento de IU y a favor del PSOE. En el caso de la derecha, se aprendió la lección de la UCD, una coalición hecha muy deprisa y con mimbres muy poco estables, y se optó por aglutinar férreamente todos los sectores, desde los menos democráticos a los más liberales y democristianos, en una formación con estructuras sólidas y muy controladas desde arriba para recoger todo el voto de derechas y centro-derecha, poniéndolo muy fácil al electorado conservador español, que no ha tenido otras opciones para elegir, con la excepción de las Comunidades Autónomas con fuertes formaciones nacionalistas conservadoras.

Pero ahora las cosas están cambiando. La crisis ha llegado al sistema de partidos, como a casi todo en este país, aunque no se haya transformado el sistema electoral, y ahora ese bipartidismo ha desaparecido.

Eduardo Montagut

Doctor en Historia

POR UN PSOE SOCIALISTA

Igualdad[1]

El próximo domingo 21 de mayo los militantes del PSOE no sólo deberán elegir a su Secretario General sino también decidir si quieren que su formación política siga siendo el principal referente del socialismo en nuestro país, pues tras el examen de los respectivos programas de las candidaturas y de las manifestaciones de sus líderes principales, resulta fácil llegar a la conclusión de que estamos ante un duelo entre el llamado “social liberalismo” y el “socialismo o socialdemocracia”, dos ideologías que merecen nuestro máximo respeto pero que es necesario diferenciar.

Los principios del socio liberalismo europeo son, en síntesis, la libertad, la laicidad y la democracia liberal, con una visión de la economía que aboga por crecer primero para distribuir después, lo que en la práctica, según las experiencias acumuladas, impide combatir a la desigualdad eficazmente. Su triunfo el próximo domingo facilitaría el entronque del PSOE en la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa que conforma un grupo en el Parlamento Europeo. Evidentemente tendría el PSOE en este caso que compartir espacio político con Ciudadanos y con la menguada UPyD.

La candidatura de Pedro Sánchez, al ser genuinamente socialista, presenta una especial sensibilidad ante cuestiones como la distribución del producto social y la tendencia hacia su concentración en pocas manos. Por ello propone reducir desigualdades mediante la distribución equitativa del producto social, en un marco de solidaridad que favorezca la ayuda pública. Considera que el crecimiento es necesario pero garantizando la inclusión de los más desfavorecidos, la solidaridad y la equidad, elementos básicos para un adecuado reparto del producto social.

La socialdemocracia de Pedro Sánchez aboga por una fiscalidad progresiva que permita crear una sólida red de protección social, así como por un mejor y más transparente control del gasto público; también se decide por un incremento de la vigilancia de los mercados con instituciones independientes, así como por una defensa de la sanidad pública y de la educación pública y laica.

En conclusión, se percibe que la candidatura de Pedro Sánchez descansa en el triángulo constituido por la libertad, la igualdad y la fraternidad, y no sólo en la libertad como ocurre con el social liberalismo.

Estas razones, junto con las que expresé ayer en el artículo “Recuperemos al PSOE”, me llevan a apoyar plenamente a la candidatura de Pedro Sánchez.

José Antonio García Regueiro

Secretario General de la Agrupación Socialista de Villanueva de la Cañada

Presidente de Arco Europeo Progresista, Coordinador del Foro de debate Arco Socialista. Ex Letrado del Tribunal Constitucional.

RECUPEREMOS AL PSOE

Pablo Iglesias Fundador PSOE

Con los desastres socialdemócratas en Grecia (el PASOK pasó del 43,94% de los votos en 2009 al 4,75% en 2015) y Holanda (PvdA de 38 escaños a 9 en las elecciones de 2017), así como con los desalentadores resultados del SPD alemán de Schulz, que ha perdido en tres elecciones regionales, entre ellas la de la progresista Renania del Norte-Westfalia, no es difícil colegir que algo está fallando.

Ese “fallo”, sin embargo, no se da en Portugal pues el socialista Antonio Costa gobierna desde 2015 con el apoyo del Partido Comunista y del Bloco de Esquerda con un programa que ha puesto fin a las políticas de ajuste, con excelentes datos también en las cifras macro económicas y consiguiendo situar el desempleo en un excelente 10,5%.

En España el futuro de la socialdemocracia está pendiente de los tres candidatos a la Secretaría General del PSOE, de los cuales sólo uno será ungido el próximo 21 de mayo como Secretario General, tras la expresión soberana y democrática de los militantes del Partido más relevante de la historia de España.

A nadie se le escapa que estamos en un mano a mano entre Pedro Sánchez y Susana Díaz pues el reducido número de avales de Patxi López así lo confirman. En consecuencia, el militante socialista tendrá que elegir entre dos modelos claramente diferenciados:

Un modelo es el que representa Susana Díaz y que trae causa del  Comité Federal del 23 de octubre de 2016, en el que 139 votos contra 96 dieron lugar a la dimisión del Secretario General Pedro Sánchez y, unos días después, a la abstención del PSOE que facilitó la continuidad de Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno; este modelo, además, descarta coaliciones a su izquierda para gobernar España, lo que en la práctica supone perpetuar a la derecha en el poder pues resulta poco realista pensar que en los próximos años el PSOE va a volver a tener mayoría absoluta.

El otro modelo es el que encabeza Pedro Sánchez y que, por lo que parece, se encuentra más cercano a la manera de pensar de los votantes socialistas, tal y como puede deducirse, por ejemplo, de las interesantes conclusiones, recogidas en el diario El Mundo, de Sigma 2, tras realizar a primeros de mayo 1.200 entrevistas telefónicas: con Sánchez el PSOE conseguiría 600.000 o más votos que con Díaz.

Pedro Sánchez apuesta por un PSOE de izquierdas fundamentado en dar el poder efectivo a los militantes frente a los “notables” del partido, en reducir al mínimo los acuerdos con el PP y en no descartar acuerdos con otras fuerzas de izquierdas para recuperar el poder a nivel nacional, aceptando así el modelo portugués.

Todo ello, entiendo, es más acorde con los principios socialistas, con el pensamiento del fundador Pablo Iglesias y con una tradición que resiste orgullosa aunque haya sufrido duros golpes como la modificación del artículo 135 de la Constitución, símbolo de la claudicación de una parte del Partido ante el modelo económico neoliberal.

En consideración a lo expuesto, apoyo, sin duda alguna, el modelo de Partido socialista que defiende la candidatura de Pedro Sánchez. Es el mejor camino para recuperar al PSOE.

José Antonio García Regueiro, Presidente de Arco Europeo Progresista y Coordinador del Foro de debate Arco Socialista. Ex Letrado del Tribunal Constitucional.