La intervención militar en la vida política española en el siglo XIX

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La presencia militar en la vida política española del siglo XIX obedece a un conjunto de causas. Las guerras carlistas dieron un gran protagonismo a los militares. Se convirtieron en elementos imprescindibles para establecer el nuevo sistema político liberal, habida cuenta de la debilidad de la burguesía y el escaso cuando no nulo apoyo popular hacia el cambio político. Los generales, conocidos popularmente como “espadones”, fueron conscientes de su importancia, encontrando en los dos grandes partidos políticos, el moderado y el progresista, así como luego en la Unión Liberal, un lugar destacado, ya que terminaron por liderarlos en muchos momentos. Recordemos la trascendencia histórica de nombres como Espartero, Narváez, O’Donnell, Serrano o Prim.

En este trabajo estudiamos el fenómeno del pronunciamiento en la España decimonónica, una fórmula casi habitual de participación política, especialmente en los reinados de Fernando VII e Isabel II. Aunque los hubo de signo absolutista en los momentos liberales del primer reinado, la mayoría fueron de tendencia liberal para traer la Constitución de 1812. En el segundo los habría moderados, pero, sobre todo, progresistas, dada la tendencia conservadora dominante en el poder del liberalismo español.

El pronunciamiento vendría a ser una sublevación o rebeldía militar que buscaría el apoyo de las fuerzas armadas o de un sector de las mismas, de los partidos y facciones políticas y, por fin, de la opinión pública en la España del siglo XIX. El pronunciamiento pretende la conquista del poder o una rectificación de la línea política del gobierno de turno. Los pronunciamientos solían ser incruentos, con una acción militar indirecta. El pronunciamiento se desarrollaba en diferentes fases. En primer luga,r nacía como complot militar y civil, ya que la presencia de civiles siempre fue muy destacada en los pronunciamientos. Una vez que se había puesto en marcha se solía sondear a otros militares para que se comprometieran. Otro aspecto importante era el manifiesto, declaración o “grito”, que era el programa donde los que se “pronunciaban” anunciaban sus intenciones, de ahí el nombre de este tipo de sublevación. Por fin, se daba la acción, que solía consistir además de la presentación de ese programa, en la presión más o menos indirecta al gobierno con amenazas veladas, o conquistando directamente el poder. Aunque no solía haber baños de sangre se trataba de un acto violento para acceder al poder frente al mecanismo electoral, aunque éste estuviera muy viciado.

El término de pronunciamiento surgió cuando Riego se pronunció en Cabezas de San Juan contra el régimen absolutista restaurado de Fernando VII en 1820, aunque no sería el primer pronunciamiento, ya que seguramente fue el del general absolutista Elío en 1814. En el Sexenio Absolutista proliferaron los pronunciamientos de signo liberal: Espoz y Mina en 1814, Díaz Porlier (1815), Richart (1816), o el Lacy y Milans del Bosch en 1817, todos ellos fallidos hasta el de Riego. Instaurado el Trienio Liberal, el nuevo régimen se vio atacado por pronunciamientos de signo absolutista, como el de la Guardia Real en el verano de 1822 en Madrid, aunque abundó más el fenómeno de las partidas rurales, precedente del comienzo de la futura guerra carlista. La restauración absolutista a partir de la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis inauguró la Década Absolutista. En esa época hay que destacar el pronunciamiento liberal del coronel Valdés en 1824, los de signo absolutista de Bessières y Capapé en ese mismo año, y sobre todo el liberal de Torrijos en 1831.

La época del Estatuto Real, a partir de 1834, vivió una gran inestabilidad política con pronunciamientos progresistas como los del teniente Cordero y de Quesada en 1835, desembocando en el motín de los sargentos de la Granja en agosto de 1836, que liquidaría este régimen, restableciendo la Constitución de 1812. La reina gobernadora María Cristina terminaría su Regencia por la combinación de la presión militar con la civil, subiendo al poder el general Espartero, liberal progresista, pero de marcado carácter populista y autoritario. Durante su Regencia se pronunciaron O’Donnell, Concha, Narváez y Diego de León en septiembre de 1841. Espartero caería en 1843, teniendo un gran protagonismo en este desenlace la Orden Militar Española.

Los progresistas recurrieron a los pronunciamientos para intentar conquistar el poder durante el monopolio que los moderados hicieron del mismo en la conocida como Década Moderada en el período inicial del reinado efectivo de Isabel II. Al final, el pronunciamiento de O’Donnell y Dulce, conocido como la Vicalvarada (1854), terminó con el domino moderado y permitió el acceso de los progresistas al gobierno, que lo conservarían durante el Bienio Progresista. Este pronunciamiento puede ser considerado como paradigmático por la clara combinación de elementos militares y civiles, con un programa condensado en el Manifiesto de Manzanares y gran apoyo de la opinión pública, cansada de una larga etapa de gobiernos moderados.

La época de la Unión Liberal sería la más tranquila en lo que se refiere a pronunciamientos, a excepción del acontecido en San Carlos de la Rápita en 1860. Pero la etapa final del reinado de Isabel II resucitó la inestabilidad y se dieron muchos pronunciamientos, teniendo Prim un destacado protagonismo en los mismos.

El pronunciamiento supuso un ejemplo de lo que se conoce como pretorianismo, es decir, injerencia del ejército en la vida política interior de un estado empleando su fuerza en beneficio de una facción o partido político. Pero con el tiempo fue creciendo la autonomía militar respecto a las opciones políticas, ganando el militarismo, que terminó impregnando al Estado y a la sociedad.  Efectivamente, el cambio comenzó a gestarse en el Sexenio Democrático. La inestabilidad política con dos regímenes –Monarquía democrática de Amadeo I y Primera República-, las guerras de Cuba y la tercera carlista, y el ímpetu del movimiento obrero y del cantonalismo generó en los cuarteles una nueva opción que pasaba por la defensa de los intereses corporativos de la oficialidad, alejándose de las opciones partidistas. Esta autonomía hacia los partidos y opciones políticas terminaría por triunfar en el sistema canovista de la Restauración. Este nuevo régimen nació por el pronunciamiento de Martínez Campos a finales de 1874, el último gran pronunciamiento del siglo XIX, pero sin la participación de Cánovas del Castillo. El político malagueño no quería que la Monarquía se restaurase de esta forma y tuvo que aceptar los hechos consumados. Los intentos de pronunciamiento de signo más progresista, impulsados por el eterno conspirador republicano que fue Ruiz Zorrilla contra la Monarquía, fueron fracasos rotundos desde el primer momento. Cánovas hizo un esfuerzo para que los militares se mantuviesen al margen del fragor político con evidente éxito, pero el Desastre de 1898 trastocaría esta situación y generaría, junto con otros factores, un creciente militarismo.

Eduardo Montagut

Fuerzas armadas y Constitución de Cádiz

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La Constitución de 1812 dedicó su Título VIII a tratar sobre lo que se denominó “la fuerza militar nacional”. La importancia de los dos capítulos de este Título es fundamental en la historia de España porque diseñaba por vez primera lo que el liberalismo esperaba de las fuerzas armadas. En este trabajo solamente aludiremos al primero de dichos capítulos, sin tratar exhaustivamente la cuestión de la Milicia Nacional.

El nuevo Estado debía contar con una fuerza militar nacional permanente, de tierra y mar para la defensa exterior de España, pero también para la conservación del orden interior, aspecto éste de hondas repercusiones a lo largo de toda la historia contemporánea de nuestro país, ya que se interpretó de dos maneras. Por un lado, la Milicia Nacional se encargaría de preservar el orden constitucional frente a sus enemigos, pero, por otro el liberalismo más moderado o conservador consideró que el ejército debía contribuir al orden público; de ahí el carácter militar con el que nacería la Guardia Civil en la Década Moderada del reinado de Isabel II. La composición de las fuerzas debía ser aprobada por las Cortes, así como el método para levantarlas, es decir, era una materia de tal calibre que era el poder legislativo el competente en esta cuestión. Esto era aplicado a los buques de la denominada marina militar.

Las Cortes eran competentes también en la forma de organización militar, ya que debían aprobar las ordenanzas respectivas, que abarcarían la disciplina, los ascensos, salarios y administración.

Para contar con un ejército y marina modernos había que cuidar la formación, por lo que había que establecer escuelas militares para todas las armas.

Por fin, se estableció la imposibilidad de excusarse del servicio militar.

Como es sabido, en el Trienio Liberal esta Constitución estuvo en vigor. Las Cortes, por su parte, aprobaron dos leyes relativas a las fuerzas armadas. En primer lugar estaría la Ley Constitutiva del Ejército de junio de 1821, y luego la Ley Orgánica de la Armada de diciembre de dicho año. Las Cortes del Trienio reforzaron el control de las fuerzas militares, en la línea marcada por la Constitución.

Eduardo Montagut