El pasado viernes llegaba la maravillosa noticia, ¡por fin!, del hallazgo del cuerpo de Timoteo Mendieta. Para muchos un hombre desconocido, para Ascensión Mendieta, una luchadora infatigable, su padre. Un padre asesinado por los fascistas que sometieron a este país a un régimen despiadado y que fue mal enterrado en una fosa común en el cementerio de Guadalajara. Han sido largos meses de espera hasta conocer este final feliz para ella, que podrá cumplir su deseo de enterrarse junto a su padre, y para las 27 familias que pueden recuperar los cuerpos de sus familiares hallados también en esta fosa. Un largo tiempo de espera que comenzó con la querella interpuesta en un juzgado de… ¡Argentina!, para que se pudiera llevar a cabo esta acción.

Esto en nuestro país no es de extrañar y menos en la época en la que vivimos y bajo el gobierno que soportamos. Por eso cada vez que leo en la prensa noticias como “debajo de la cruz más grande del mundo (se refiere a la cruz del Valle de los Caídos) fueron secuestradas 33.832 personas, procedentes de 500 fosas de toda España” (artículo de Eduardo Ranz para el periódico digital ElPlural.com) se me ruboriza el cuerpo contemplando cómo en un país como este, a día de hoy, se sigue sin saber la verdad. La verdad de todos aquellos y aquellas que fueron detenidos ilegalmente, que fueron torturados con técnicas que jamás pasarían por la mente de una persona civilizada, de aquellos y aquellas que fueron fusilados en cunetas, en paredones de cárceles hacinadas por la injusticia, en las tapias de los cementerios e incluso de aquellos y aquellas que fueron a “dar el paseo” y que no volvieron con sus mujeres, con sus maridos, con sus padres, en definitiva, con lo más preciado de su vida: sus hijos. Porque hoy hay hijos e hijas, pero también nietos y nietas, que siguen reivindicando ese derecho, el derecho a saber qué pasó con sus padres y abuelos, y más si cabe, el derecho a saber dónde están sus padres y madres, abuelos y abuelas, y por supuesto, el derecho a darles una sepultura digna.

Si queremos una España del siglo XXI, deberíamos empezar por arreglar cuestiones pendientes del siglo XX: la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo.

Hace unos meses, comencé una de las aventuras más apasionantes que he podido vivir en los últimos años. Gracias a un artículo del compañero Juan Pedro Rodríguez sobre el campo de concentración de Dahau, a donde fue deportado desde Extremadura su tío abuelo Isidro, pude encontrar el punto de partida para buscar (y posteriormente encontrar) los expedientes penales de dos personas muy allegadas, que fueron reprimidas y encarceladas durante la dictadura franquista: Mercedes Benito López y Críspulo López Alcolea.

Este fue el inicio de un camino en el que logramos encontrar información sobre su persecución, condena y reclusión en las prisiones franquistas. Pero no todo quedó ahí. Gracias a la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2007, pudimos solicitar el certificado de reparación moral de ambos casos. Rellenamos la solicitud, adjuntamos el expediente condenatorio y lo llevamos al registro del Ministerio de Justicia. Un trámite que podríamos pensar que resulta muy sencillo, pero al que no tienen acceso, o bien por desconocimiento, o bien porque nadie se lo ha informado, esos cientos de miles de descendientes de represaliados por la dictadura franquista. Una diligencia que tenía que ser de oficio, del propio Estado hacia sus ciudadanos, honrando con ello una reparación ética y moral, que son los únicos valores que les queda a esta gente, por todo aquello que sufrieron sus padres, sus abuelos, sus hijos, que lo único que hicieron fue defender una causa tan noble y tan humana como la libertad, la igualdad y la justicia.

Hoy ya tenemos el reconocimiento de ambos gracias a la ley que lo ampara. Un simple papel, pero que moral y éticamente tiene un valor incalculable. Pero todavía sigue pendiente en miles de familiares de represaliados y asesinados por la dictadura franquista que esto se cumpla. ¿Lo conseguiremos algún día? Por la fuerza de muchos como Ascensión Mendieta, seguro que sí.

Ricardo Marchand Aguilera