Las privatizaciones

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Privatizar ha sido y es el objetivo de todas las administraciones del Partido Popular, en distinto grado, en los tres ámbitos de poder y gestión: estatal, autonómico y municipal. Quizás la única diferencia entre unas y otras es su mayor entrega a la causa de otorgar a empresas privadas servicios, bienes y empresas públicas. En este sentido, ha sido paradigmática la administración autonómica madrileña en las últimas legislaturas, que hasta ahora había tenido a gala ser pionera y marcar la tendencia al resto. Pues bien, realicemos algunas observaciones sobre este fenómeno tan querido del neoliberalismo.

Privatizar es transferir una empresa o actividad pública al sector privado. Mediante esta transferencia los actores no gubernamentales intervienen en la producción y prestación de servicios haciéndose cargo de ellos en sustitución del Estado, Comunidad Autónoma o Municipio. La transferencia de la propiedad y explotación de bienes y servicios al sector privado es una aspiración del capitalismo desde siempre, aunque se ha llevado al paroxismo con el triunfo de las tesis neoliberales, y que se viene produciendo en las últimas décadas. El objetivo es reducir al máximo la intervención y presencia del Estado para dejarlo como simple gestor de lo imprescindible y garante del cumplimiento de las reglas del mercado, para regresar al sueño de Adam Smith.

Uno de los aspectos más controvertidos o discutidos se da cuando la transferencia afecta a industrias o servicios estratégicos para la seguridad nacional, como ocurre con la energía, las comunicaciones y hasta con las fuerzas armadas o la seguridad, o toca a los servicios que constituyen los pilares del Estado del Bienestar, es decir la educación, la sanidad, los transportes públicos, etcétera. Ambos tipos de cesiones suponen un evidente debilitamiento del Estado porque subordinan el interés económico de unos pocos, de los dueños y gestores de las empresas, sobre el bien común, tocando derechos constitucionales bajo el argumento de la supuesta mejor gestión en manos privadas.

Las privatizaciones tienden a darse en un marco donde la frontera entre lo legal y lo ilegal es fácilmente traspasable, ya que es muy fácil entrar en el proceloso mundo de la corrupción que contamina a los administradores públicos.

La sociedad española ha demostrado en estos duros años de crisis que la movilización contra la privatización, al menos de los elementos del Estado del Bienestar, puede dar sus frutos, como el caso de la sanidad madrileña. En estos agitados tiempos convendría, entre tantas cosas que hay que estudiar, comprobar quienes siguen en la brecha privatizadora con el argumento de la mejor gestión.

Eduardo Montagut. Doctor en Historia

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