Los Defensores del Pueblo

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El defensor del pueblo –Ombudsman– es una figura que aparece por vez primera en la Constitución de Suecia de 1809. El artículo 96 de dicho texto constitucional establecía que el parlamento designaría en cada legislatura un individuo destacado por su saber y probidad, para que, en calidad de mandatario de dicho poder, y con arreglo a una serie de instrucciones, cuidara de que los jueces y funcionarios se ajustasen a las leyes y persiguiese ante los tribunales a los que en el ejercicio de su cargo cometiesen ilegalidades.

En un sistema político como el liberal, basado en el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos, aparecieron varios mecanismos y procedimientos en las constituciones para garantizar el cumplimiento y ejercicio de los mismos. Entre ellos, se encontraría la magistratura del defensor del pueblo. Su función fundamental sería la de controlar las posibles arbitrariedades cometidas por los poderes públicos. Sería una especie de “tramitador de las quejas” ante actuaciones de la administración, consideradas como no ortodoxas, ya que no tendría potestad para solucionar la queja formulada por el ciudadano.

Los defensores del pueblo son siempre instituciones personales, aunque con oficina propia compuesta de asistentes y funcionarios. Deben ser independientes y son nombrados por el parlamento para controlar la correcta aplicación de las leyes y para ser garantes de los derechos fundamentales, especialmente en su contacto con las distintas administraciones. Sus dictámenes tienen un carácter disuasorio, pero sin consecuencias jurídicas, algo distinto de lo que vimos en el origen del defensor sueco de 1809. Hace denuncias públicas y elabora informes públicos periódicos sobre los abusos cometidos por la administración o por su inactividad. Los defensores del pueblo actúan a partir de la formulación de una queja que se debe investigar.

La institución del defensor del pueblo terminó por generalizarse en el siglo XX en casi todas las democracias y ha tenido mucho prestigio, especialmente gracias a que ha sido ocupada por personajes públicos reconocidos, a pesar de que los gobiernos suelen ser muy reacios a hacer caso de los dictámenes e informes emitidos. En España hemos contado con algunos muy destacados y otros de perfil más bajo. Puede que ahí esté el problema. Al tratarse de una institución cuya actuación no tiene carácter vinculante, su importancia puede depender mucho de la personalidad de cada defensor del pueblo, de su mayor o menor compromiso con la denuncia de los recortes, abusos e irregularidades.

Eduardo Montagut

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