Ríos de tinta han corrido sobre el impacto que un acuerdo nuclear pudiera tener en la situación de los derechos humanos en el país persa. Los representantes de la comunidad internacional y de la sociedad civil iraní reconocen la existencia de vasos comunicantes positivos y negativos entre estas dos cuestiones.
Suiza albergó en marzo dos reuniones clave para la negociación nuclear y los derechos humanos en Irán. En Lausana, las grandes potencias e Irán alcanzaron el 2 de abril un acuerdo marco para resolver el conflicto nuclear que ha enfrentado a Teherán con la comunidad internacional desde 2002. El comunicado establece limitaciones considerables al programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones económicas a Irán. El Gobierno iraní desmantelará 12.000 de sus 19.000 centrifugadoras, neutralizará la mayor parte de sus “stocks” de uranio enriquecido, no enriquecerá por encima del 3.67% en Uranio-235 (235U) y reconfigurará la planta de agua pesada de Arak[i]. Las partes tienen hasta finales de junio para redactar un tratado de carácter vinculante.
En Ginebra, el relator especial de la ONU para Irán, Ahmed Shaheed, presentó al Consejo de Derechos Humanos su último informe sobre la situación de los derechos humanos en Irán. Según Shaheed, la República Islámica ejecuta a más personas per cápita que cualquier otro país en el mundo y encarcela a más periodistas casi que cualquier otro país. El informe indica que el número de ejecuciones se disparó en 2014 para alcanzar la cifra de 753 (la más alta en los últimos doce años). Además, a finales de 2014 había 30 periodistas detenidos y acusados de delitos contra la seguridad nacional, el sistema político o insultos contra el Líder Supremo de la Revolución.
Las autoridades iraníes siguen acosando, arrestando, enjuiciando y encarcelando a los miembros de la sociedad civil que expresan críticas al gobierno, según Shaheed. El informe recoge que los líderes del Movimiento Verde, Mehdi Karroubi y Hossein Mousavi, que lideraron las protestas contra el pucherazo de la reelección del presidente Mahmud Ahmadinejad en 2009, continúan bajo arresto domiciliario desde 2011. En el informe se insta al gobierno iraní a modificar todas las leyes que violan los derechos de la mujer y socavan el disfrute pleno de sus derechos políticos, económicos y sociales incluyendo el derecho al trabajo sin ser objeto de discriminación.
El relator especial de la ONU concluye que la situación de los derechos humanos en Irán ha empeorado a pesar de las reformas prometidas por el presidente Hasan Rouhani que llegó al poder en junio de 2013. No obstante, Ahmed Shaheed anticipa que un acuerdo nuclear mejoraría la situación de los derechos humanos en Irán. No es el único que se ha pronunciado en ese sentido.
El escritor Akbar Ganji, un icono de la disidencia iraní que pasó seis años entre rejas por atentar contra la seguridad nacional, coincide con el alto dignatario de la ONU. Para Ganji, el acuerdo marco de 2 de abril representa una victoria para las aspiraciones democráticas de los iraníes, al menos por dos razones. Por un lado, la democracia se convirtió en un sueño imposible en un país sobre el que pesaba la espada de Damocles de la amenaza militar norteamericana e israelí y un régimen de sanciones económicas sin parangón. El régimen utilizó al “Gran Satán” como su mejor excusa para aumentar la represión interna y acusar de traición a la oposición. La normalización de las relaciones con la comunidad internacional privará al régimen de su justificación habitual para atar corto a la sociedad civil y política del país.
Por otro, la guerra y las injerencias externas no son el camino para impulsar la democracia y los derechos humanos en el Gran Oriente Medio. Irak, Afganistán y Libia fueron invadidos o bombardeados por los EEUUs; Siria y Yemen son el campo de batalla de una guerra soterrada entre Irán y Arabia Saudí. La situación de los derechos humanos en esos países es bastante peor que en Irán. Ninguno de esos países es una democracia. Para los iraníes, conscientes del caos que sufren sus vecinos, el acuerdo nuclear, la paz y la seguridad constituyen requisitos imprescindibles para avanzar por el sendero de la democracia y el respecto de los derechos humanos.
A mayor abundamiento, un acuerdo nuclear afectará los equilibrios de poder entre las facciones político-religiosas que compiten por el control de las instituciones electivas de la autocracia competitiva iraní. El acuerdo nuclear supondrá un espaldarazo para las expectativas de una coalición de moderados y reformistas cuando se renueven en febrero de 2016 el Parlamento y la Asamblea de Expertos, la institución encargada de elegir al Líder supremo de la Revolución, la magistratura más poderosa del régimen islámico.
Muchos activistas de derechos humanos se muestran más cautelosos y niegan los vínculos entre los derechos humanos, una cuestión de política interna y la negociación nuclear, una cuestión de política exterior. Peor aún, el régimen de los Ayatolás utilizará la baza de la normalización de las relaciones con la comunidad internacional para apuntalar el sistema político creado por la Revolución de 1979.
Otros representantes de la sociedad civil piensan que el acuerdo nuclear no se traducirá ipso facto en una mejora de la situación de los derechos humanos aunque sí reconocen unos efectos positivos indirectos: una vez cumplida su prioridad política, el presidente Rouhani prestará más atención a la sociedad civil. Por idéntica razón, los derechos humanos interesarán más a Occidente una vez resuelto el conflicto nuclear. Además, el desarrollo económico que acompañará el levantamiento de las sanciones mejorará las condiciones de vida de los iraníes y aumentará los presupuestos del Estado para educación y salud.
Debemos, por último, tener en cuenta la advertencia del disidente iraní Akbar Ganji contra el uso interesado de la carta de los derechos humanos por parte de los detractores del acuerdo nuclear. Muchos neoconservadores en EEUUs y representantes de la Diáspora iraní oponen la situación de los derechos humanos en el país persa al levantamiento de las sanciones al país persa. No importa que el acuerdo marco de 2 de abril no contemple el levantamiento de las sanciones impuestas a Teherán en razón de su vulneración de los derechos humanos. Esas sanciones seguirán en vigor.
Por su parte, los duros del régimen iraní utilizarán la cuestión de los derechos humanos para sabotear la negociación nuclear a través del control que ejercen de los aparatos de seguridad y del poder judicial. Evidenciarán así las limitaciones de las prerrogativas del presidente Hasan Rouhani. En ese contexto debe contemplarse la detención desde agosto pasado del corresponsal norteamericano del Washington Post, Jason Rezaian, al que las autoridades iraníes acusan de espionaje[ii].
Sin duda, el acuerdo nuclear representa una palanca esperanzadora para provocar un cambio político en Irán en la dirección de la democracia y de los derechos humanos. Pero el proceso será harto complicado. El Ayatolá Ali Jamenei, que concentra en sus manos la mayor parte del poder, recela de los cambios incontrolados e identifica la apertura de Irán al mundo y el fin del aislamiento con la experiencia fallida de la “Perestroika” y la caída de Mijaíl Gorbachov en 1991. Él recuerda que el líder soviético y el presidente Ronald Reagan firmaron dos acuerdos de limitación de armas nucleares en 1987 y 1991 que precedieron la caída apresurada de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría. Las comparaciones son odiosas pero inevitables.
@joseluismase / Blog: La mirada a Oriente
[i] Para más información sobre el acuerdo se recomienda este artículo de Graham Allison, el profesor de Harvard especialista en la negociación nuclear con Irán.
[ii] En esos términos se pronunciaba Thomas Erdbrink, el corresponsal del New York Times en Irán, hace unos días en el programa GPS (CNN) de Fareed Zakaria.
