Ateneo: Gana el «Grupo 1820″

HAGION

El «Grupo 1820″ ha ganado de forma contundente las elecciones a la Junta de Gobierno del Ateneo de Madrid, en concreto los seis puestos en liza, por lo que tendrá seis de los once puestos de la misma, incluido el de Presidente que será el sociólogo Luis Arroyo.

Desde Arco Europeo Hagion damos la enhorabuena al nuevo Presidente y a toda la candidatura «Grupo 1820″ y les deseamos suerte en esta nueva etapa de la Docta Casa.

También felicitamos por su trabajo y saber estar a la candidatura «Pardo Bazán», que supo mantenerse fiel a sus principios e ideas a pesar de las dificultades derivadas de unas elecciones tan polarizadas.

Tribuna por un Ateneo Libre

ARCO ATENEO 

El Reglamento del Ateneo de Madrid, al igual que su Institución, es hijo de la Ilustración, del pensamiento ilustrado que se extendió por España, que cristalizó en la Constitución de 1812 y hoy disfrutamos en la Constitución de 1978, a pesar de los cien mil hijos de San Luis, de la Inquisición y de la intolerancia oligárquica y caciquil.

Con esa sangre ilustrada que corre por sus venas, dispone que en la segunda quincena de mayo deben celebrarse las elecciones a la Junta de Gobierno (art. 85), en concreto de la mitad, de forma que cada ejercicio se renueva una parte de sus miembros (art. 37), los cuales desempeñarán gratuitamente sus cargos (art.36), correspondiendo en este año 2021 a los de Presidente, Vicepresidente Segundo, Secretario Primero, Vocal Segundo, Depositario y Bibliotecario.

Siempre son elecciones de especial interés y trascendencia pues el Ateneo es una institución de relevancia histórica y de gran prestigio donde, desde su fundación en 1820 como Ateneo Español y su refundación en 1835 con su nombre actual (ampliado con “artístico” en 1860), se han expresado todas las ideologías, progresistas y conservadoras, se han discutido todas las tendencias culturales y se han presentado todos los logros científicos, por las más inminentes personalidades nacionales e internacionales o por sus propios socios caracterizados por ser librepensadores, intelectuales y comprometidos con los valores de la Ilustración, pilares, como se ha dicho, de la Docta Casa.

No debemos olvidar que en ocasiones ha dejado de ser un “Ateneo Libre”, como cuando fue intervenido por el dictador Primo de Rivera o después de la guerra civil, oscuros años en los que fue utilizado como dependencia de falange primero y de la oficina de propaganda del régimen después, dado que el régimen era consciente de la peligrosidad de sus principios de tolerancia, democracia y pluralidad, que tanto aborrecía.

Tuvimos que esperar al retorno de la democracia para que el Ateneo volviera a recuperar su naturaleza como “Ateneo Libre”, esto es, gobernado sólo por la voluntad soberana de sus socios expresada por sus votos y su hacer diario en las Secciones, Agrupaciones, Cátedras y Tertulias. Y volvimos los ateneístas a votar en 1982, renovando sus órganos con la dinámica potente de su Reglamento ilustrado.

En las elecciones a la Junta de Gobierno siempre es preocupación de los ateneístas que se pretenda modificar el Reglamento para quitarle su fuerza ilustrada, sus valores profundamente democráticos, en definitiva que se pretenda privar a los socios de su soberanía y con ello de la libre expresión de su pensamiento.

En efecto, en cada renovación de la Junta de Gobierno debemos los ateneístas estar alerta para que no desembarquen quienes pretendan pervertir la naturaleza fundacional del Ateneo; alerta para para proteger a sus Secciones, Agrupaciones, Cátedras y Tertulias, órganos de bombeo de su sangre ilustrada.

El Ateneo no puede terminar siendo un de club de ocio privado ni un salón de juego ni un gran centro comercial ni un think tank al servicio de una forma de pensar, por la sencilla razón de que dejaría de ser el Ateneo. No podemos permitir que la sede del libre pensamiento español termine bajo el fuego, como el libre pensador Giordano Bruno en el Campo de fiore de Roma.

Como ateneísta, que ha tenido el honor de ser Vicepresidente del Ateneo y ahora de ser Presidente de su Sección de Ciencias Jurídicas y Políticas, así como de su Agrupación Agustín Argüelles, considero un deber moral implicarme en la defensa de los elevados valores del Ateneo.

Por ello, no he dudado en formar parte de la cadena de unión de ateneístas, de todas las ideologías, progresistas o conservadoras pero siempre democráticas, que se ha constituido como “Tribuna por un Ateneo Libre”, tribuna para la defensa de lo que debe seguir siendo la Docta Casa: una institución abierta a todos, no excluyente, sin ánimo de lucro y faro guía de la democracia.

José Antonio García Regueiro. Ateneísta. Ex Letrado del Tribunal Constitucional

Este artículo fue publicado en la Revista Entreletras en marzo de 2021

ARCO EUROPEO 2021

Escudo AEP con triangulo 2

Estimados amigos de Arco,

Iniciamos el nuevo año 2021 con la esperanza de que las vacunas nos saquen de esta terrible pandemia y, por ello, con la ilusión de volver a tener una vida normal. En cualquier caso, también debemos aprender de esta situación para corregir una deriva que se ha ido acentuando en las últimas décadas en España con políticas neoliberales.

En este sentido, ha resultado evidente el debilitamiento de la sanidad pública. Se hace imprescindible reforzar la sanidad pública, y toda la investigación científica, con más profesionales (además mejor retribuidos) y medios. Política que debe mantenerse en el tiempo con independencia del gobierno de turno.

También hemos visto con preocupación como una democracia como EE.UU. se ha ido deteriorando durante los últimos cuatro años por un populismo que no ha tenido límites en su intento de crear una realidad paralela a base de falsedades. Tales falsedades han tenido una especial relevancia en su intento de deslegitimar la victoria del candidato demócrata, hasta el punto de llevar a miles de personas engañadas a asaltar el Capitolio. Afortunadamente, el Congreso ya ha confirmado la victoria de Joe Biden y el vicepresidente Mike Pence así lo ha declarado.

En España debemos de tomar nota del peligro de estos populismos de extrema derecha. Por ello, Arco Europeo siempre defenderá activamente el orden constitucional y la necesidad de que las fuerzas políticas eliminen de sus discursos arengas que, a sabiendas de su falsedad, busquen deslegitimar a gobiernos elegidos democráticamente por los ciudadanos.

Os deseamos a todos un Feliz 2021

José Antonio García Regueiro, Presidente de Arco Europeo Progresista

 

 

Pandemia, clase trabajadora y Madrid

victor villar

Pandemia, clase trabajadora y Madrid: Cuando lo laboral, lo social y lo sanitario convergen.

Por Víctor Villar Epifanio, Director del Observatorio de Iniciativa Social de Arco Europeo. Diplomado en Relaciones Laborales y Diplomado en Educación Social.

Esta época de pandemia, y particularmente, el aislamiento selectivo de barrios obreros de Madrid, resuelve una disyuntiva que yo, como el resto de la izquierda hemos tenido en las últimas décadas: ¿Hasta que punto es el obrerismo la base de la izquierda? ¿Hasta que punto lo social no ha sustituido a lo laboral? Este debate falso se debe a dos falacias del neoliberalismo salvaje que han conseguido sostenerle, llegando, en algunas partes del mundo como EE.UU o Brasil, a estar a punto de convertir las democracias representativas en dictaduras neoliberales. Esas dos falacias son:

1.- La falacia de la creación de empleo por parte del empresario, en lo laboral.

La falacia de la creación de empleo es aquella que argumenta que: “El empleo le crean los empresarios”. Con la caída del muro de Berlín y la llegada del capitalismo homogéneo, todos sus supuestos son tomados como verdades absolutas.

Esto se aumenta con el paso del capitalismo industrial al capitalismo financiero, lo cual, contribuyó a otra falacia del capitalismo: “Las clases sociales se difuminan”. El hecho de que no se vean masas obreras saliendo de las fábricas crea la ficción de que la clase obrera ha desaparecido.

Aquí conviene rememorar el concepto de Plusvalía, como aquella parte del beneficio económico que genera la clase obrera y que no se ve repercutida en esta. Por lo tanto, el empleo le saca materialmente adelante la clase trabajadora.

Por otro lado, conviene pensar que es la clase obrera. Tenemos que desechar la idea de una definición de clase en virtud del nivel salarial, y volver a la definición en función de la titularidad del capital.

Todo esto se ha visto con claridad durante estas segundas medidas contra la pandemia de Covid-19 tomadas por la Comunidad de Madrid. El sistema neoliberal, necesita a aquellas personas que desprecia, necesita a las personas que hacen sus informes, limpian sus oficinas, construyen sus edificios, etc, etc …,  aun cuando estén en las zonas más infectadas por el virus. Por esto, se rechaza la idea del confinamiento total de esas zonas, permitiendo desplazarse al trabajo a esas personas. De esa forma, se da la paradoja de que una persona confinada se vería obligada a meterse en un metro con miles de personas, tener contacto con cientos de personas en su lugar de trabajo y hacer la misma operación al volver a su casa, para encerrarse en esta.

Todo esto es la fantasía de todo propietario capitalista, tener trabajadores encerrados y que solamente salgan para trabajar en sus empresas. Otro argumento sería absurdo ya que, desde el punto de vista estrictamente sanitario, se trata de no expandir la pandemia. En todo caso, si se pretende hacer parecer que se ignora el factor de la clase social, las opciones serían cerrar toda la ciudad y/o la Comunidad de Madrid y decretare un confinamiento total. Es absurdo pensar que el virus distingue un desplazamiento laboral de cualquier otro desplazamiento.

Otra cosa que nos debemos preguntar es: ¿Por qué hay una mayor incidencia de la pandemia en los barrios obreros? Las razones son obvias:

– Las pocas posibilidades económicas de estas personas, lo que las impide comprar grandes cantidades de medios de protección.

  • El hacinamiento en espacios reducidos, lo que impide mantener la distancia de seguridad.

Evidentemente, las condiciones de

Insalubridad en los barrios obreros no son las mismas que las de barrios como El Soho londinense durante la revolución industrial y el éxodo rural. Sin embargo, no debemos olvidar que el éxodo rural de finales de los 60 y el éxodo de otros puntos del Estado español, es la causa del crecimiento de barrios obreros de Madrid y municipios de su Comunidad Autónoma. A esto se debe añadir la migración exterior.

Para acabar de rematar la situación de precariedad, hay que tener en cuenta los recortes sanitarios que hizo el Gobierno de Esperanza Aguirre. Según el portal Newtral , la variación del gasto sanitario de 2017 a 2018 fue solamente del 3´3%, si tenemos en cuenta que esta Comunidad es el segundo menor de todas las Comunidades, este gasto es un recorte de facto en la sanidad pública. A esto hay que añadir un personal mal pagado, el aumento salarial de estos profesionales en Madrid es solamente en 0´2 puntos porcentuales.

Todo esto da como resultado una sanidad pública desbordada en esta segunda ola de pandemia.

2.- La falacia postmoderna, (con las teorías queer y crip a la cabeza), en lo social.

Asimismo tiene un fiel aliado en el postmodernismo. Hemos visto como se ha conseguido difuminar la idea de clase obrera, siendo interiorizado este discurso por la nueva izquierda, abrazando el discurso de teóricos populistas como Laclau y Mouffe. La Profesora de la Universidad de Granada (UGR) y Directora del Observatorio Nacional de la Fobia a la Discapacidad (ONFD), Tasia Aránguez Sánchez, explica muy bien ese paralelismo del borrado de la clase obrera y de otros grupos de personas, (en su caso las mujeres), en su artículo para Tribuna Feminista: Del borrado de la clase trabajadora al borrado de las mujeres

Me van a permitir ustedes que centre mi ejemplo en mi propio colectivo, el de la discapacidad. Esa filosofía del “no etiquetado”, ha sido impulsada por la izquierda postmoderna, pero rápidamente ha sido asumida y absorbida por la derecha liberal y/o acomplejada y traumatizada por una discapacidad sobrevenida, intentando sobreponerse con frases como: “Yo llevo la silla en el culo y no en la cabeza”, y quitándose de la silla de ruedas para sentarse en su escaño de Diputados. Esta tontería simbólica, por ejemplo, supuso que el siguiente Diputado en silla de ruedas, (esta vez de motor), tuviera que solventar su situación en solitario. Este afán del “no etiquetado”, a nivel político puede hacer que las políticas de discapacidad se diluyan en un maremagnum diverso, como explica muy bien la profesora Aránguez en su artículo , en el caso de las mujeres.

Pues bien, apliquemos esta filosofía al tema que nos ocupa, el tema sanitario, el Covid-19 y las personas con discapacidad. Bien, si estudiamos las noticias de esta crisis sanitaria relacionadas con la discapacidad, vemos que en ningún momento se quiere hablar de la discapacidad como colectivo de riesgo. Se tratan otros temas como el empleo, la educación o las mascarillas transparentes. Como mucho, en otras Comunidades Autónomas, se habla de indicaciones para familiares para evitar los contagios. Concretamente, FAMMA (COCEMFE-Madrid), incidió incidió en la Comisión de Estudio para la recuperación e impulso de la actividad económica y social de la Asamblea de Madrid en el empleo y la educación, cosa que está bien, pero no dejo de preguntarme si no sería más urgente pedir que se estudie la forma en la que puede incidir el virus en las diferentes discapacidades y las consecuencias en las patologías ligadas a cada discapacidad. Pero… ¡horror! ¡Herejía patologizante!  ¡A la hoguera conmigo! Aquí vemos como, ni siquiera en una situación de vida o muerte, se quiere tener en cuenta nuestras discapacidades y enfermedades.

Por poner algunos ejemplos, una persona con secuelas de parálisis cerebral, huesos de cristal, tetraplégia, ELA u otras discapacidades, tenemos problemas respiratorios. Algo parecido a esto pasa en otros colectivos de riesgo.

Además, uniendo esto al argumento anterior, vemos que, lógicamente, los colectivos de riesgo coinciden en los barrios obreros que han sido confinados. Se trata de población con alto porcentaje de paro o jubilada, por lo tanto con un bajo nivel económico. De hecho, según numerosos estudios el colectivo de personas con discapacidad sufre una gran precariedad. Por ejemplo, según el último Informe del Relator de Pobreza de la ONU, publicada por el CERMI en 2019, la tasa AROPE de riesgo de pobreza y exclusión social de las personas con discapacidad en el Estado español en 2017, fue siete puntos porcentuales mayor que el de la población sin discapacidad, de tal forma que, mientras entre las personas sin discapacidad este porcentaje es del 24,4%, entre las personas con discapacidad es del 31,5%.

Con todo ello, esa pinza ideológica, entre la izquierda postmoderna y la derecha neoliberal, donde se une el beneficio empresarial con el miedo a las etiquetas, ha llevado al Gobierno de Madrid a confinar sin apenas oposición a las clases obreras y a los colectivos de riesgo  sin investigar las causas materiales de una mayor incidencia del virus, para buscar soluciones reales.

Afortunadamente, esta situación parece que está sirviendo para que la izquierda empiece a volver a su ser, despertarse de ese sueño postmoderno de la dicotomía entre lo social y lo laboral y darse cuenta de lo que ya vieron Marx y Engels en el Soho, los problemas de salud siempre se ceban en las mismas personas, en las pobres, en las enfermas, en las desahuciadas. Por eso, creo que ha llegado la hora de que los Ministerios sean recuperados por la Igualdad y las necesidades a cubrir sean reales y biológicas, no sentimientos identitarios o deseos sexuales y afectivos.

Los socialistas y la diplomacia española en el Congreso de 1918

rosa roja

El Partido Socialista dedicó mucha atención a la Administración del Estado en su XI Congreso del otoño de 1918. En este artículo nos acercaremos a las cuestiones de la organización diplomática española debatidas en dicho Congreso, que suponían cambios profundos en un mundo tan tradicional.

Los socialistas aprobaron en la Ponencia denominada “Legislación General” la democratización de los servicios diplomáticos, junto con cambios tendentes a fomentar la eficacia de los mismos, en un momento clave de las relaciones internacionales, justo cuando finalizaba la Gran Guerra y debía construirse un nuevo orden mundial. Si no se emprendía una profunda reforma de la política internacional española se agravaría el desprestigio internacional del país, según la opinión socialista. Esa reforma debía abarcar todos los órganos de la actividad exterior española para, además, contribuir a la formación de una “conciencia internacionalista en España”.

El Ministerio de Estado debía ser transformado profundamente, con una profunda reorganización del cuerpo diplomático y del consular, equiparándolos, es decir, se pretendía una democratización de toda la estructura diplomática española, potenciando a los cónsules. Por fin, se defendía la dimensión cultural de las embajadas españolas, e incluir la representación obrera en las mismas.

Por su parte, Antonio Fabra i Ribas planteó la necesidad de establecer un plan de estudios para el Cuerpo consular. El socialista catalán era muy conocedor de la realidad internacional.

Fabra pretendía que los cónsules recibiesen una completa formación teórica y práctica sobre las materias que abarcaba su carrera. Había que cambiar casi completamente el temario de las oposiciones porque tenía un carácter “especulativo y memorista”. Interesaba que los cónsules adquiriesen conocimientos en Geografía comercial e industrial, Estadística y Legislación social comparada.

El cónsul debía residir el mayor número posible de años en el mismo país. Debería estudiar, además, las características sobre la agricultura, industria y comercio de dicho país.

Los cónsules deberían redactar una memoria semestral indicando las condiciones en que vivían los españoles residentes en el país, la mayor o menor aceptación de los productos españoles importados en comparación con los de otros países, y los productos propios que fueran de interés para España.

Los Consulados debían estar dotados del personal necesario, debidamente remunerado para que pudiera atender todos los servicios asignados a estos organismos con el fin de que los españoles residentes en el extranjero estuviesen atendidos adecuadamente.

El Congreso del PSOE aprobó por unanimidad esta proposición, que se añadió a la Ponencia.

Hemos consultado los números 3414 y 3552 de El Socialista.  Es recomendable consultar la obra de Miguel Ángel Ochoa Brun, Historia de la diplomacia española, Tomo XI-XII. La Edad Contemporánea, publicada por el Ministerio de Asuntos Exteriores en 1995.

Eduardo Montagut

SEGURIDAD NACIONAL Y ESTADO DE ALARMA

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se debate en estos días si podría ser sustituido el Estado de Alarma por otras medidas jurídicas que fueran igualmente efectivas para combatir la pandemia, como, por ejemplo, las contenidas en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Seguridad Ciudadana, en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de Defensa Nacional y, especialmente, en la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, a la que nos vamos a referir en estas líneas comparando sus posibilidades con las del Estado de Alarma:

1º En el Estado de Alarma rige el principio de unidad de mando que corresponde al Gobierno de España, al cual supeditan sus competencias las demás Administraciones, tal y como disponen los artículos 7 y 9 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio: “A los efectos del estado de alarma la Autoridad competente será el Gobierno” … “Por la declaración del estado de alarma todas las Autoridades civiles de la Administración Pública del territorio afectado por la declaración, los integrantes de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, y los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas de la Autoridad competente en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza”.

Sin embargo, los principios básicos que orientan la “política de seguridad nacional” son los de coordinación y colaboración, tal y como establece el apartado 2 del art. 4 de la Ley 36/2015. En el mismo sentido, relata el preámbulo de esta Ley que sus medidas están orientadas esencialmente a la coordinación: “la dimensión que adquieren ciertos riesgos y amenazas, su acusada transversalidad, o la combinación de estos rasgos con su naturaleza abierta e incierta, como sucede en las situaciones de interés para la Seguridad Nacional definidas por la presente ley, son factores que indican claramente que toda respuesta que implique a los distintos agentes e instrumentos de la Seguridad Nacional se verá reforzada y resultará más eficiente si se realiza de forma coordinada”.

Precisa el Tribunal Constitucional que “la competencia estatal de coordinación presupone, lógicamente, la existencia de competencias autonómicas que deben ser coordinadas, competencia que el Estado debe respetar, evitando que la coordinación llegue ‘a tal grado de desarrollo’ que deje vacías de contenido las correspondientes competencias de las Comunidades Autónomas” (STC 45/1991).

Se caracteriza, pues, la “situación de interés para la Seguridad Nacional” por “una coordinación reforzada de las autoridades competentes”, coordinación que asume el Gobierno de España “en el marco del sistema de seguridad nacional” (apartado 2 del art. 23), respetando las competencias autonómicas.

2º El apartado 3 del art. 23 dispone que la situación de interés para la seguridad nacional se afrontará con “los poderes y medios ordinarios de las distintas Administraciones Públicas”. Lo anterior conlleva que se respetan las competencias autonómicas sobre protección civil o seguridad pública, si bien en el marco de una situación de mayor coordinación justificada por la envergadura y relevancia de la crisis que debe afrontarse, la cual exige una movilización unitaria de los medios disponibles (STC 184/2016).

Lo que explica que de la obligación de aportación de recursos humanos y materiales ordinarios que establece el apartado 2 del art. 24 no resulte una adscripción a las autoridades estatales pues la adscripción supondría una asignación orgánica y permanente, incompatible con la competencia autonómica; la aportación de recursos que el precepto contempla se refiere a la situación de crisis que se trata de gestionar, que, por definición, será temporal. Así, el apartado 1 c) del art. 24 dispone que el real decreto que declare la situación de interés para la seguridad nacional debe definir su “duración y, en su caso, su posible prórroga”.

Asimismo, el reconocimiento del Estado de Alarma como una situación de trascendencia superior se deduce de la Disposición adicional primera de esta ley que prevé que “Los instrumentos de gestión de crisis y de la contribución de recursos del Sistema de Seguridad Nacional servirán de apoyo en los estados de alarma y de excepción de conformidad con su propia regulación específica, a decisión del Gobierno, y sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de Defensa nacional”.

3º El art. 14 b) de la Ley 36/2015 al afirmar expresamente que corresponde al Gobierno “aprobar la Estrategia de Seguridad Nacional y sus revisiones mediante Real Decreto, en los términos previstos en esta Ley”, está refiriéndose a Decretos que no tienen rango legal, sólo reglamentario.

Al ser la decisión de declarar el Estado de Alarma expresión de una competencia constitucional atribuida con carácter exclusivo al Gobierno en tanto órgano constitucional al que le corresponde, por el art. 97 de la Constitución (C.E.), la dirección política del Estado, el Tribunal Constitucional reconoce a los Decretos del Estado de Alarma un rango legal (STC 83/2016).

4º Por último, es clave en estas diferencias que mientras que el Estado de Alarma permite restringir el derecho a la libertad de circulación reconocido en el artículo 19 C.E. (véanse los artículos 55 y 117 C.E. y la Ley Orgánica 4/1981), esta limitación no es posible ejercerla mediante la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional.

Es notorio que la limitación de movimientos está siendo fundamental para evitar los contagios por las comunicaciones entre países, provincias o, incluso, por el mero hecho de salir de casa, y que es, en definitiva, la que marca el pase de una fase a otra en la desescalada.

En conclusión, es manifiesto que el Estado de Alarma es el mejor instrumento jurídico que tiene el Gobierno de España para combatir la pandemia, especialmente en los momentos más complicados de la misma.

José Antonio García Regueiro.

Ha sido Letrado del Tribunal Constitucional. Ingresó por oposición en 1994 en el Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas y también por oposición en 1990 en el Cuerpo Jurídico Militar.

 

 

Los socialistas y la religión en la lucha contra la gripe en 1918

BOSCO

Los socialistas españoles denunciaron en las páginas de El Socialista la solución de tipo religioso que algunos Ayuntamientos plantearon para intentar combatir la famosa epidemia de gripe de 1918.

El periódico obrero señalaba que no era admisible que las Corporaciones municipales, encargadas de las cuestiones sanitarias, demostraran más confianza en la acción de milagros de las imágenes que en el trabajo científico dedicado a la lucha contra la enfermedad.

Al parecer, en el mes de octubre de 1918, en ciudades, como Pamplona, Valladolid y Ferrol, no se había pensado remedio mejor para combatir la gripe que sacar vírgenes y santos locales, que servían, siempre según el periódico, tanto para traer la lluvia a los campos cuando se necesitaba, como para “ahuyentar la peste que la higiene debía evitar”.

En Ferrol se iba a sacar a la Virgen de los Dolores en solemne rogativa por sus calles. En la capital castellana una comisión municipal había visitado al arzobispo para que fuera sacada la patrona de la ciudad en procesión de rogativas para implorar que cesase la epidemia.

En realidad, la denuncia socialista no iba contra la Iglesia en sí, sino contra los poderes locales que no trabajaban por la higiene urbana, especialmente de los barrios obreros, ni construían alcantarillado ni saneaban las viviendas, además de no fomentar la construcción de vivienda social (“casas baratas e higiénicas”), así como, tampoco combatían a los acaparadores para evitar que hicieran negocio con el hambre general que se estaba padeciendo, y que era un caldo de cultivo para el desarrollo de la enfermedad. Pero eso no importaba a muchas autoridades municipales. El contenido de la denuncia era muy duro porque se insistía en las terribles condiciones de vida de la clase trabajadora en las ciudades, aludiendo también a otras de las grandes lacras endémicas, la tuberculosis. Si los socialistas fueran creyentes pedirían a Dios no que la emprendiese con las imágenes (“esculturas representativas de un fanatismo bien arraigado”) sino con quienes autorizaban esas “mojigangas”.

Por otro lado, con este tipo de soluciones las autoridades fomentaban aún más la “leyenda negra” de una España que era un “país de pandereta” donde se suspiraba por el pan, la Inquisición y los toros.

Eduardo Montagut

Hemos consultado el número 3365 de El Socialista.