Eduardo Montagut

Uno de los aspectos más importantes de un sistema democrático se encuentra en el poder que su órgano legislativo tiene para controlar al poder ejecutivo.  Hemos vivido tiempos de una mayoría absoluta, junto con una fuerte tendencia a gobernar por decreto, factores que ha minando ese control y, por ende, la calidad de nuestra democracia. El primero de ellos ha cambiado con el nuevo panorama político, pero parece fundamental que se legisle para evitar que este mal pueda repetirse. En este artículo planteamos una serie de reflexiones teóricas sobre el concepto de control parlamentario en ciencia política.

El Parlamento tiene tres funciones fundamentales: legislar, debatir y aprobar los presupuestos generales y, por fin, controlar al gobierno. Este es el interés de este trabajo. En primer lugar, en un sistema parlamentario estaría la investidura del gobierno. Recordemos que los ciudadanos y ciudadanas no eligen directamente al gobierno en nuestro sistema político sino la composición de las cámaras legislativas, teniendo el Congreso de los Diputados la potestad de votar la investidura del presidente del gobierno. El control se ejerce, además, a través de la comprobación periódica del grado de confianza del mismo y de su gobierno, aunque las mayorías absolutas otorgan esa confianza de forma automática. La pérdida de la confianza genera una pérdida de legitimidad para ejercer la función gubernativa o la hace muy complicada. El caso más evidente es cuando no se aprueban los presupuestos o alguna ley orgánica o muy importante. En algunos sistemas  parlamentarios, ante una situación de este tipo, el presidente del gobierno puede someterse a una votación de confianza que puede reforzarle u obligarle a dimitir.

Pero aquí nos interesan más otros mecanismos de control del gobierno y que tienen que ver con la calidad democrática de un sistema político. Esos mecanismos se activan por parte de la oposición parlamentaria. El principal de ellos es la moción de censura, por la que se puede exigir responsabilidad política al gobierno y, en función, de los votos, cesarlo. En ocasiones, las mociones se presentan, aunque se sepa de antemano que no se van a ganar, como un medio de estrategia política para desgastar a un gobierno. Las mociones de censura están muy reglamentadas y son en la actualidad muy restrictivas en casi todos los sistemas políticos parlamentarios occidentales para evitar la inestabilidad que en la primera mitad del siglo pasado se dio en los parlamentos europeos. Además, estas mociones exigen la presentación de un candidato alternativo para asegurar la estabilidad institucional. La pregunta que nos podemos hacer es si para evitar ese riesgo no se han hecho demasiado restrictivas.

Otro medio es el rendimiento de cuentas periódico, o lo que los anglosajones denominan la accountability. Creemos que es el instrumento más eficaz de control parlamentario. Se realiza a través de preguntas, interpelaciones y comisiones de investigación sobre el ejecutivo. Las preguntas al gobierno o a uno de sus componentes tienen como objeto aclarar cuestiones concretas. Las interpelaciones son un medio más importante, ya que suelen versar sobre cuestiones más generales o de mayor calado y generan debates. Por fin, las comisiones de investigación son instrumentos colegiados donde un grupo de parlamentarios ejercen una misión exhaustiva de control, fiscalización y esclarecimiento de un asunto de capital importancia.

Es en esta última cuestión de la rendición de cuentas donde, creemos, deben hacerse algunas reformas en el legislativo español para agilizarlos más y que una mayoría absoluta no impida que se puedan ejercer. Hoy no hay esas mayorías y es más evidente el control al gobierno, pero pueden regresar en cualquier momento, por lo que creemos que se puede combinar la necesidad de respeto de los votos de la mayoría con el respeto a las minorías y a la oposición en general, arbitrando medios para que propuestas que parten de los grupos de la misma no terminen siendo desestimadas. Pensamos que los medios que se han arbitrado para dar estabilidad política en el Parlamento pueden estar coartando un instrumento fundamental para la salud democrática de este país, y que la ciudadanía vea tan lejos las Cortes españolas. En fin, si el número es un pilar de la democracia, que no termine convirtiéndose en su sepultura.

Eduardo Montagut

En estos tiempos de crisis de liderazgo político dentro y fuera de nuestro país, intentamos plantear algunas cuestiones teóricas.

El origen del concepto de liderazgo político es anglosajón, es el conocido como “leadership”. El liderazgo político puede ser definido como la cualidad personal para ejercer influencia en un partido, favoreciendo la obediencia en un sistema dictatorial o el seguimiento en una organización democrática. Un líder se asienta sobre un consenso o acuerdo tácito en la formación política, pero que debe renovarse periódicamente, empleando distintos medios: actos de exaltación personal en partidos únicos o elecciones internas en las formaciones políticas democráticas. La cualidad del liderazgo surge o se adquiere por el carisma personal, determinante en las formaciones dictatoriales, pero también importante en las democráticas, aunque, en este caso interesarían más los mecanismos de elección o selección internas. Al respecto, convendría añadir que en nuestros principales partidos no abundan, precisamente, los procedimientos plenamente democráticos a la hora de elegir a sus líderes. En la derecha clásica española priman las designaciones y no abundan los procedimientos democráticos internos. En el PSOE se establecen las primarias, aunque luego en la elaboración de listas suelen aparecer los problemas. La cuestión se complica en Podemos donde hay rasgos muy democráticos con otros no tanto, y que han generado polémicas y rupturas internas. La búsqueda de líderes en Ciudadanos ha sido también compleja en sus primeros momentos, al ser una formación muy nueva.

El liderazgo político va unido a una serie de atributos: facilidad para la oratoria, habida cuenta de la importancia de la comunicación en política, vitalidad, inteligencia, capacidad para tomar decisiones sin gran demora de tiempo y la cualidad de poder prever los imprevistos y las contingencias que aparecen en el juego político, algo que en los últimos tiempos casi se ha convertido en regla.

En los partidos políticos es importante el liderazgo porque sirve para aglutinar y fomentar la movilización de los militantes o afiliados. En los sistemas dictatoriales y totalitarios el líder es el jefe indiscutible del partido único y, por tanto, el dictador del régimen político, el que toma todas las decisiones y su figura se asocia al culto a la personalidad con todo tipo de alabanzas y difusión de virtudes reales o inventadas. En la Historia contemporánea de España contamos con un ejemplo evidente de líder dictatorial con un intenso culto a su personalidad, aunque éste evolucionara en el tiempo para adaptarse a los cambios internos y externos que se produjeron, habida cuenta de la longevidad de su mandato.

En las democracias puede surgir un problema cuando los líderes tienden a concentrar poder y las organizaciones políticas a las que deben servir y representar, además de liderar, quedan relegadas a un segundo plano o son empleadas para sus promociones personales. Eso supone una merma de la calidad democrática, al primar las personalidades sobre los equipos y su participación o colaboración en la toma de decisiones. En el otro extremo, se corre el peligro de tener líderes de muy bajo perfil y carentes de algunas de los atributos descritos, por lo que algunas direcciones políticas se pueden resentir por falta de imaginación y coraje. Y teniendo en cuenta estas últimas observaciones, ¿cómo son nuestros líderes políticos?, ¿concentran mucho poder?, ¿tienen personalidades muy marcadas o son de bajo perfil, con las consecuencias que ambos casos acarrean?.

Eduardo Montagut

Foto del Presidente Azaña

¿Qué es un ministro? Sin entrar en el mundo diplomático, un ministro es un miembro que pertenece al Gobierno, órgano colegiado del poder ejecutivo, y que está subordinado en su función y designación al primer ministro, presidente del Gobierno o presidente del Consejo de ministros.

El origen de los ministros en España se encontraría en los secretarios de Estado del siglo XVIII, cuando los Borbones optaron por potenciar la vía ejecutiva en la dirección de los asuntos de la Monarquía frente al modelo polisinodial de Consejos y consejeros más propio de los Reyes Católicos y los Austrias. Esos secretarios de Estado se encargaban de determinados asuntos: Estado (política exterior), Indias, Guerra, Hacienda, etc.., y despachaban directamente con el rey. Como órgano colegiado nació en el reinado de Fernando VII por un Real Decreto del año 1823. Pero la figura institucional del ministro como la entendemos hoy surge con el liberalismo, al ser incluido en el órgano colegiado del Gobierno, entendido éste como parte del ejecutivo, al compartir este poder con el monarca, ya como único órgano del poder ejecutivo.

En nuestro sistema político los ministros son regulados dentro del Título IV de la Constitución que trata del Gobierno y de la Administración. Los ministros forman parte del Gobierno, junto con el presidente del Gobierno y los vicepresidentes. Son nombrados o separados por el rey, a propuesta del presidente.

Los ministros estarían al frente de uno de los departamentos en que se divide la administración. Ya no existen los antaño ministros sin cartera. Esos departamentos se conocen como Ministerios, órganos bien complejos y estructurados jerárquicamente. El ministro es su responsable político.

El poder efectivo de un ministro depende de varios factores. En primer lugar, está la cuestión del liderazgo personal, pero también es muy importante el departamento del que es responsable, siendo los económicos los que suelen primar, o los de asuntos exteriores, aunque eso puede variar en función de los otros factores. La relación que mantengan con el presidente del Gobierno es un factor clave. También tiene que tenerse en cuenta el papel que el ministro juega en el seno de su partido y de la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno. Todo esto puede determinar que estemos ante un ministro o ministra con iniciativa para preparar proyectos de ley y políticas o ser simplemente un gestor.

La Historia de nuestra democracia nos ha ofrecido todo tipo de ministros y ministras. Pero hay algo que debemos tener siempre en cuenta, que las políticas y proyectos presentados por los ministros necesitan la aprobación del Consejo de ministros y el beneplácito e impulso del jefe del ejecutivo, con lo que conviene relativizar el liderazgo de los ministros. En nuestra democracia elucubramos mucho a la hora de defender o criticar la labor de un ministro, pero la responsabilidad última es del Gobierno en general y de su presidente. Eso no quiere decir que, efectivamente, haya ministros de primera y ministros de segunda en relación con su protagonismo, poder y liderazgo.

Eduardo Montagut