Privatizar ha sido y es el objetivo de todas las administraciones del Partido Popular, en distinto grado, en los tres ámbitos de poder y gestión: estatal, autonómico y municipal. Quizás la única diferencia entre unas y otras es su mayor entrega a la causa de otorgar a empresas privadas servicios, bienes y empresas públicas. En este sentido, ha sido paradigmática la administración autonómica madrileña en las últimas legislaturas, que hasta ahora había tenido a gala ser pionera y marcar la tendencia al resto. Pues bien, realicemos algunas observaciones sobre este fenómeno tan querido del neoliberalismo.

Privatizar es transferir una empresa o actividad pública al sector privado. Mediante esta transferencia los actores no gubernamentales intervienen en la producción y prestación de servicios haciéndose cargo de ellos en sustitución del Estado, Comunidad Autónoma o Municipio. La transferencia de la propiedad y explotación de bienes y servicios al sector privado es una aspiración del capitalismo desde siempre, aunque se ha llevado al paroxismo con el triunfo de las tesis neoliberales, y que se viene produciendo en las últimas décadas. El objetivo es reducir al máximo la intervención y presencia del Estado para dejarlo como simple gestor de lo imprescindible y garante del cumplimiento de las reglas del mercado, para regresar al sueño de Adam Smith.

Uno de los aspectos más controvertidos o discutidos se da cuando la transferencia afecta a industrias o servicios estratégicos para la seguridad nacional, como ocurre con la energía, las comunicaciones y hasta con las fuerzas armadas o la seguridad, o toca a los servicios que constituyen los pilares del Estado del Bienestar, es decir la educación, la sanidad, los transportes públicos, etcétera. Ambos tipos de cesiones suponen un evidente debilitamiento del Estado porque subordinan el interés económico de unos pocos, de los dueños y gestores de las empresas, sobre el bien común, tocando derechos constitucionales bajo el argumento de la supuesta mejor gestión en manos privadas.

Las privatizaciones tienden a darse en un marco donde la frontera entre lo legal y lo ilegal es fácilmente traspasable, ya que es muy fácil entrar en el proceloso mundo de la corrupción que contamina a los administradores públicos.

La sociedad española ha demostrado en estos duros años de crisis que la movilización contra la privatización, al menos de los elementos del Estado del Bienestar, puede dar sus frutos, como el caso de la sanidad madrileña. En estos agitados tiempos convendría, entre tantas cosas que hay que estudiar, comprobar quienes siguen en la brecha privatizadora con el argumento de la mejor gestión.

Eduardo Montagut. Doctor en Historia

En estos de intensas crisis económica y política, de escándalos casi diarios por la corrupción, de protestas y de descontento, la sociedad española exige una mayor responsabilidad a sus políticos, empresarios, banqueros y sindicalistas. En este trabajo pretendemos plantear la cuestión de la responsabilidad en la vida pública.

Existen tres aspectos relacionados con la responsabilidad en la vida pública. En primer lugar, estaría la responsabilidad política. En una democracia esta responsabilidad se regula en las Constituciones y ordenamientos legales donde se exige a los gobernantes y miembros de las instituciones que rindan cuentas ante los parlamentos, consistorios e instituciones democráticas. La responsabilidad ante los tribunales también estaría encuadrada en este tipo. Los actos de los políticos en el ejercicio de sus cargos deben ser evaluados y juzgados según unas normas especificadas.

Pero existe otro tipo de evaluación de la responsabilidad política. Nos referimos a la electoral, aunque sin repercusiones jurídicas. A tenor de muchas conductas y hechos recientes, creemos que se debe hacer un profundo examen no del segundo tipo de responsabilidad política, ya que depende del sufragio universal y parece un tanto peligroso juzgar si los ciudadanos y ciudadanas saben o no exigir responsabilidades, especialmente cuando votan en sentido contrario a nuestros posicionamientos ideológicos, una tentación muy común en este país donde abunda la falta de respeto hacia el contrincante político. En todo caso, al menos, desde el escrupuloso respeto hacia las opiniones de los demás sí conviene resaltar cómo, a pesar de lo que ocurre con la corrupción, el principal partido involucrado no se hunde en las encuestas. Supone, cuando menos, una realidad harto interesante para el estudioso.

Pero sí parecen necesarias reformas institucionales para elevar los mecanismos de control y exigencia de responsabilidades de los ejecutivos en las Cortes, a través de reformas de sus reglamentos, o en relación con el posible abuso de los aforamientos, por poner dos ejemplos. Un estudio de estas cuestiones de la responsabilidad política en los sistemas políticos anglosajones podría darnos muchas pistas, habida cuenta del alto nivel de exigencia que les caracteriza en esta materia.

En segundo lugar, nos referiremos a la responsabilidad moral. Este tipo de responsabilidad se vincula no a leyes u ordenamientos jurídicos sino a sistemas éticos, que son empleados como referencia para evaluar una determinada conducta, así como las acciones, ya sean por su realización o por omisión. Esa una responsabilidad que tiene mucho que ver con la conciencia personal. Un personaje público ha podido cometer un delito que ha prescrito según la ley, pero, en realidad, esa conducta sigue siendo moralmente reprochable. En este país es muy común que el nivel de responsabilidad moral sea muy bajo en la vida pública, debido a muchas causas, entre ellas, la falta de una tradición ética en la vida pública política y económica, fruto de una nula educación democrática sobre la importancia del servicio y el compromiso, y por el peso de un pasado dictatorial ajeno a todo tipo de conciencia moral.

Por fin, la responsabilidad social alude a la obligación o compromiso que un individuo o entidad (partido, sindicato, organización empresarial, empresa, banco, etc..) adquiere de responder ante la sociedad por las consecuencias de sus acciones. El problema de este tipo de responsabilidad es que no está regulada por leyes y apela a las buenas intenciones de la persona u organización. Muchas empresas y bancos aluden a esta responsabilidad, aunque termine siendo un simple recurso publicitario sin más consecuencias reales.

Eduardo Montagut, Doctor en Historia

El abuso de autoridad tiene que ver con el mal uso de las atribuciones de los gobernantes y funcionarios de cualquier nivel y tipo de administración. En nuestro país el abuso de autoridad o del poder se relaciona con un conjunto de delitos tipificados y perseguidos por la ley. Serían el cohecho, la prevaricación, las violaciones del domicilio y del secreto de la correspondencia, incluyendo, claro está, la vinculada a la red. Por fin, estaría la detención ilegal. Pero el abuso de autoridad es aún más amplio. Incluye la obstrucción a la justicia, la percepción ilegal de impuestos, el maltrato y el trato humillante a las personas.

El abuso de autoridad o del poder es moneda corriente en todas las dictaduras, regímenes autoritarios y totalitarios. Estos regímenes se basan en la prepotencia, el exceso y la impunidad con que sus gobernantes y funcionarios actúan y tratan a los ciudadanos y ciudadanas. El abuso de autoridad es un mecanismo más de la amplia gama de instrumentos represivos y promueve el terror terminando por convertir algo que debiera ser excepcional en habitual, en algo natural. La aceptación del abuso genera que cualquiera puede asumir ese rol e inducir a la víctima a que lo piense.

El franquismo fue un ejemplo evidente de constante abuso de poder hasta el final de sus días, generando terror y convirtiéndolo en algo aceptado y aceptable. El franquismo inoculó en la ciudadanía comportamientos abusivos como algo habitual. Lo más grave es que esta práctica ha dejado un poso que permanece en el denominado franquismo sociológico, nunca fenecido y periódicamente renacido, y en determinadas conductas privadas, ejemplificadas en la famosa frase de “usted no sabe con quién está hablando”. Por otro lado, se está enquistado en el poder, especialmente cuando es administrado por la derecha. Los tics autoritarios y de abuso han sido constantes en las administraciones de Aznar y en la de Rajoy, sobre todo en la forma de actuar de altos funcionarios y políticos con la oposición política, sindical y social. Suele asociarse a formas y tratamientos achulados, despectivos, irrespetuosos y a discursos denigratorios hacia el oponente o discrepante. Uno de los comportamientos más sangrantes es la forma de actuar hacia las víctimas del franquismo y sus familiares, no sólo porque no se legisla a su favor o se dota económicamente a la ley de memoria existente, sino también porque se insulta y se menosprecia el dolor ajeno.

Con la primera legislatura de Rajoy esos abusos de autoridad han terminado por adquirir el barniz de la legalidad gracias a su rodillo parlamentario. No podemos dejar de afirmar que algunas leyes y disposiciones atacan derechos fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional, como la tristemente famosa “ley mordaza”. Hacen legal lo que no debería ser.

El autor de este artículo nunca dejará de insistir en la cantidad de aspectos en los que el franquismo ha sobrevivido décadas después de la muerte del dictador, sin negar que el abuso de autoridad tampoco es monopolio exclusivo de la derecha.

Eduardo Montagut

Doctor en Historia

El pasado viernes llegaba la maravillosa noticia, ¡por fin!, del hallazgo del cuerpo de Timoteo Mendieta. Para muchos un hombre desconocido, para Ascensión Mendieta, una luchadora infatigable, su padre. Un padre asesinado por los fascistas que sometieron a este país a un régimen despiadado y que fue mal enterrado en una fosa común en el cementerio de Guadalajara. Han sido largos meses de espera hasta conocer este final feliz para ella, que podrá cumplir su deseo de enterrarse junto a su padre, y para las 27 familias que pueden recuperar los cuerpos de sus familiares hallados también en esta fosa. Un largo tiempo de espera que comenzó con la querella interpuesta en un juzgado de… ¡Argentina!, para que se pudiera llevar a cabo esta acción.

Esto en nuestro país no es de extrañar y menos en la época en la que vivimos y bajo el gobierno que soportamos. Por eso cada vez que leo en la prensa noticias como “debajo de la cruz más grande del mundo (se refiere a la cruz del Valle de los Caídos) fueron secuestradas 33.832 personas, procedentes de 500 fosas de toda España” (artículo de Eduardo Ranz para el periódico digital ElPlural.com) se me ruboriza el cuerpo contemplando cómo en un país como este, a día de hoy, se sigue sin saber la verdad. La verdad de todos aquellos y aquellas que fueron detenidos ilegalmente, que fueron torturados con técnicas que jamás pasarían por la mente de una persona civilizada, de aquellos y aquellas que fueron fusilados en cunetas, en paredones de cárceles hacinadas por la injusticia, en las tapias de los cementerios e incluso de aquellos y aquellas que fueron a “dar el paseo” y que no volvieron con sus mujeres, con sus maridos, con sus padres, en definitiva, con lo más preciado de su vida: sus hijos. Porque hoy hay hijos e hijas, pero también nietos y nietas, que siguen reivindicando ese derecho, el derecho a saber qué pasó con sus padres y abuelos, y más si cabe, el derecho a saber dónde están sus padres y madres, abuelos y abuelas, y por supuesto, el derecho a darles una sepultura digna.

Si queremos una España del siglo XXI, deberíamos empezar por arreglar cuestiones pendientes del siglo XX: la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo.

Hace unos meses, comencé una de las aventuras más apasionantes que he podido vivir en los últimos años. Gracias a un artículo del compañero Juan Pedro Rodríguez sobre el campo de concentración de Dahau, a donde fue deportado desde Extremadura su tío abuelo Isidro, pude encontrar el punto de partida para buscar (y posteriormente encontrar) los expedientes penales de dos personas muy allegadas, que fueron reprimidas y encarceladas durante la dictadura franquista: Mercedes Benito López y Críspulo López Alcolea.

Este fue el inicio de un camino en el que logramos encontrar información sobre su persecución, condena y reclusión en las prisiones franquistas. Pero no todo quedó ahí. Gracias a la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2007, pudimos solicitar el certificado de reparación moral de ambos casos. Rellenamos la solicitud, adjuntamos el expediente condenatorio y lo llevamos al registro del Ministerio de Justicia. Un trámite que podríamos pensar que resulta muy sencillo, pero al que no tienen acceso, o bien por desconocimiento, o bien porque nadie se lo ha informado, esos cientos de miles de descendientes de represaliados por la dictadura franquista. Una diligencia que tenía que ser de oficio, del propio Estado hacia sus ciudadanos, honrando con ello una reparación ética y moral, que son los únicos valores que les queda a esta gente, por todo aquello que sufrieron sus padres, sus abuelos, sus hijos, que lo único que hicieron fue defender una causa tan noble y tan humana como la libertad, la igualdad y la justicia.

Hoy ya tenemos el reconocimiento de ambos gracias a la ley que lo ampara. Un simple papel, pero que moral y éticamente tiene un valor incalculable. Pero todavía sigue pendiente en miles de familiares de represaliados y asesinados por la dictadura franquista que esto se cumpla. ¿Lo conseguiremos algún día? Por la fuerza de muchos como Ascensión Mendieta, seguro que sí.

Ricardo Marchand Aguilera