El Partido Socialista dedicó mucha atención a la Administración del Estado en su XI Congreso del otoño de 1918. En este artículo nos acercaremos a las cuestiones de la organización diplomática española debatidas en dicho Congreso, que suponían cambios profundos en un mundo tan tradicional.
Los socialistas aprobaron en la Ponencia denominada “Legislación General” la democratización de los servicios diplomáticos, junto con cambios tendentes a fomentar la eficacia de los mismos, en un momento clave de las relaciones internacionales, justo cuando finalizaba la Gran Guerra y debía construirse un nuevo orden mundial. Si no se emprendía una profunda reforma de la política internacional española se agravaría el desprestigio internacional del país, según la opinión socialista. Esa reforma debía abarcar todos los órganos de la actividad exterior española para, además, contribuir a la formación de una “conciencia internacionalista en España”.
El Ministerio de Estado debía ser transformado profundamente, con una profunda reorganización del cuerpo diplomático y del consular, equiparándolos, es decir, se pretendía una democratización de toda la estructura diplomática española, potenciando a los cónsules. Por fin, se defendía la dimensión cultural de las embajadas españolas, e incluir la representación obrera en las mismas.
Por su parte, Antonio Fabra i Ribas planteó la necesidad de establecer un plan de estudios para el Cuerpo consular. El socialista catalán era muy conocedor de la realidad internacional.
Fabra pretendía que los cónsules recibiesen una completa formación teórica y práctica sobre las materias que abarcaba su carrera. Había que cambiar casi completamente el temario de las oposiciones porque tenía un carácter “especulativo y memorista”. Interesaba que los cónsules adquiriesen conocimientos en Geografía comercial e industrial, Estadística y Legislación social comparada.
El cónsul debía residir el mayor número posible de años en el mismo país. Debería estudiar, además, las características sobre la agricultura, industria y comercio de dicho país.
Los cónsules deberían redactar una memoria semestral indicando las condiciones en que vivían los españoles residentes en el país, la mayor o menor aceptación de los productos españoles importados en comparación con los de otros países, y los productos propios que fueran de interés para España.
Los Consulados debían estar dotados del personal necesario, debidamente remunerado para que pudiera atender todos los servicios asignados a estos organismos con el fin de que los españoles residentes en el extranjero estuviesen atendidos adecuadamente.
El Congreso del PSOE aprobó por unanimidad esta proposición, que se añadió a la Ponencia.
Hemos consultado los números 3414 y 3552 de El Socialista. Es recomendable consultar la obra de Miguel Ángel Ochoa Brun, Historia de la diplomacia española, Tomo XI-XII. La Edad Contemporánea, publicada por el Ministerio de Asuntos Exteriores en 1995.
Eduardo Montagut