La táctica política socialista en el Congreso de Ámsterdam de la Segunda Internacional

Eduardo Montagut

 El Congreso de Ámsterdam, celebrado en el mes de agosto de 1904, planteó un intenso debate sobre la táctica política que debían seguir los partidos socialistas en relación con las otras fuerzas políticas, habida cuenta de la creciente presencia que estaban teniendo en sus parlamentos, sobre todo, alemanes, franceses, austriacos y belgas.

Esta cuestión fue analizada por la Comisión de Táctica y debatida en la séptima y octava sesiones del Congreso. La discusión fue abierta por el socialista Vandervelde de dicha Comisión haciendo un resumen. Intervino el francés Jaurès defendiendo la conducta seguida por los denominados “socialistas ministeriales”, y criticó el proyecto de resolución que se basaba en lo aprobado en el Congreso de Dresde de los socialistas alemanes sobre el proyecto autónomo socialista sin entrar en los gobiernos. Bebel le replicó defendiendo la posición alemana y criticando que el sector socialista francés de Jaurès hubiera abandonado la lucha de clases al apoyar a Alexander Millerand. El político socialista había entrado en 1899 en el Gobierno del radical Pierre Waldeck-Rousseau como ministro de Comercio, provocando, eso sí, la oposición de la parte del socialismo francés liderada por Jules Guesde. Bebel criticaba que se formara bloque con los partidos republicanos en perjuicio del proletariado. Por su parte, el austriaco Adler quería una resolución menos contundente, en la misma línea que planteaba Vandervelde. Ferri y Vaillant apoyaron el proyecto de resolución como estaba, frente a Anseele que defendió la postura de Jaurès. Curiosamente, Anseele opinó que los delegados de Polonia, Japón, Rusia, Bulgaria, Rusia y España no debían votar sobre esta resolución porque no les afectaba. Pablo Iglesias, en nombre de todas estas delegaciones, protestó enérgicamente contra lo defendido por Anseele, porque le parecía que su argumento era inexacto y antidemocrático, algo que vulneraba los principios del socialismo internacional. En esta posición de Anseele se pude aventurar que estas delegaciones censurasen a Jaurès. Los socialistas españoles seguían siendo muy críticos con los republicanos.

Se procedió a la votación y se aprobó la resolución que mantenía el espíritu de Dresde y no la más moderada de Adler-Vandervelde. Salió por veinticinco votos a favor, cinco en contra y doce abstenciones.

En la resolución se decía que la socialdemocracia no podía aspirar a ninguna participación en gobiernos burgueses, conforme a la resolución defendida por Kautsky en el Congreso de la Internacional de 1900, recogiendo casi fielmente lo aprobado en Dresde el año anterior.

Los dos delegados españoles votaron a favor de la resolución, en línea con su táctica política en España frente a los republicanos. Todavía faltaban unos años para que se produjera el acercamiento entre ambas fuerzas, a raíz del terremoto que se produjo por la Semana Trágica, para formar la Conjunción republicano-socialista.

Este debate debe enmarcarse en el producido a raíz del revisionismo, y de la defensa por parte de algunos sectores del socialismo, especialmente en una parte del francés, de comenzar a entablar relaciones con las fuerzas políticas republicanas y progresistas en parlamentos y gobiernos. En este sentido, podemos consultar el número 965 de “El Socialista”, y la parte de la obra dirigida por Jacques Droz, Historia del socialismo, De 1875 a 1918, en relación con la Segunda Internacional, y también del socialismo francés. Las resoluciones de Dresde y de Ámsterdam pueden consultarse directamente en la red en el Marxist Internet Archive. Por fin, parece muy sugestivo el análisis que Antonio Robles Egea emprende en “La Conjunción Republicano-Socialista: una síntesis de liberalismo y socialismo”, en Ayer (2004) porque enmarca el acercamiento entre socialistas y republicanos españoles en un contexto europeo de concertación de las fuerzas liberales-democráticas con las socialistas con la finalidad de culminar el proceso de democratización de los Estados liberales decimonónicos, siguiendo los planteamientos que el propio autor hizo en un trabajo anterior de 1990, titulado “Socialismo y democracia: las alianzas de izquierdas en Francia, Alemania y España en la época de la II Internacional”, en Historia Contemporánea.

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Director: Eduardo Montagut

El Título IX de la Constitución de 1812 trataba de la instrucción pública, algo que no se volvería a repetir en un texto constitucional español hasta la Segunda República. En el artículo 368 se explicitaba la obligación de que se explicase la Constitución. El Proyecto de Decreto de 7 de marzo de 1814 especificaba que la enseñanza de la Constitución se inscribiría en la denominada segunda enseñanza. Este nivel educativo se organizó en tres áreas: la de las ciencias físicas y matemáticas, la de literatura y artes y la de ciencias morales y políticas. En esta última parte se impartirían un curso de “Moral y Derecho Natural”, otro de “Derecho Político y Constitución” y, por fin, uno de “Economía política y Estadística”. Pero, además, para poder acceder a la denominada tercera enseñanza había que certificar, entre otros, el haber superado el curso de “Derecho Político y Constitución”. En el Dictamen que se presentó sobre el Proyecto, los autores del mismo insistían en la necesidad que los alumnos aprendiesen los fundamentos del derecho político y que conociesen las “reglas de cuya observancia depende el justo régimen y la felicidad de las naciones; y que instruidos en los principios generales de esta ciencia, los apliquen después á su patria, y estudien las leyes fundamentales que la rigen, para ver su consonancia con los principios constitutivos de la sociedad, y amar por convencimiento propio lo que debe respetar por obligación”.

En el Trienio Liberal, el Reglamento de 1821 ordenaba que en las escuelas públicas de primeras letras los niños tenían que aprender las “máximas de buena moral y los derechos y obligaciones civiles”. En el siguiente nivel educativo –segunda enseñanza- debía establecerse en cada universidad de provincia (asimilable al Instituto, en la legislación educativa posterior), una cátedra de Derecho político y Constitución. Pero la legislación liberal no consideraba necesario que las mujeres tuvieran una educación igual a la de los hombres en esta cuestión de los valores, como tampoco en ninguna otra, ya que solamente se abrirían escuelas públicas para enseñar a leer, escribir y contar a las niñas, así como labores y habilidades “propias de su sexo” para las mujeres.

La inclusión del estudio de la Constitución en el sistema educativo que se comenzó a diseñar en Cádiz y se intentó desarrollar en el Trienio Liberal obedece, a nuestro juicio, a dos causas. En primer lugar, los liberales eran conscientes de que había que difundir la Constitución en toda España, una vez que había sido elaborada y aprobada en un Cádiz sitiado y aislado. Este era un medio que parecía eficaz y que se relaciona con otras iniciativas para crear cátedras o escuelas promovidas por distintas instituciones y corporaciones con el mismo fin. Se trataba de que el texto constitucional fuera conocido porque era la base de un nuevo Estado completamente distinto al anterior, ya que era la primera vez que, realmente, España tenía una Constitución, si exceptuamos el Estatuto de Bayona, más bien Carta Otorgada y que, salvo algunas importantes novedades, no planteaba cambios revolucionarios y sí más bien la culminación del programa reformista ilustrado.

En segundo lugar, y mucho más importante, los primeros liberales querían educar futuros ciudadanos, no súbditos, enseñar a los alumnos los derechos naturales, el ejercicio de los mismos y el sistema que los garantizaba para que los asimilaran como propios y no como algo impuesto.

Eduardo Montagut

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Director: Eduardo Montagut

Dentro de nuestras investigaciones sobre el socialismo español ante el hecho religioso y la Iglesia en la época del reinado de Alfonso XIII nos hemos encontrado con una iniciativa de la que no conocemos su desenlace, aunque no creemos que prosperase, pero que tiene su interés porque fue un intento de promover la apostasía a finales de la década de los años veinte, en los tiempos finales de la Dictadura de Primo de Rivera. Los socialistas siempre fueron muy respetuosos, en general, con las creencias personales, y su ataque a la Iglesia solía ir encaminado a denunciar su poder como institución que sostenía el régimen capitalista y político, aunque, bien es cierto que no dejaron de atender a la necesidad de fomentar el librepensamiento, como lo atestiguan sus escuelas laicas en las casas del pueblo. En todo caso, estaríamos hablando de un documento que, creemos, no es muy conocido, a pesar de que fue público en su momento.

Efectivamente, en el número del 8 de febrero de 1929 de El Socialista se incluía un artículo que llamaba a defenderse frente los “desmanes del clericalismo”.

La columna periodística planteaba que se producían muchos abusos clericales en España, como denunciaba el propio periódico obrero, pero también otros periódicos de signo liberal. Se aludía a casos concretos del momento sobre la imposición de las prácticas religiosas católicas en establecimientos hospitalarios sobre pacientes que no eran católicos. Se aludía también a cómo en el Heraldo de Madrid se había publicado un artículo que recordaba que el Código Penal castigaba a quienes coaccionaban en materia religiosa, ratificando el derecho constitucional a opinar libremente en cuestiones religiosas. No debemos olvidar que, por nuestra parte, hemos encontrado muchas denuncias desde finales del siglo XIX en las páginas del periódico socialista sobre conflictos no sólo en este tipo de instituciones sanitarias y/o asistencia, sino, sobre todo, en la hora de la muerte con intentos por parte de párrocos y religiosos de imponer sepelios católicos a fallecidos socialistas que, en muchos casos, habían declarado en vida su negativa a recibir exequias religiosas, o habían tenido una vida apartada de la Iglesia.

Ante esta situación el artículo llamaba a la defensa frente a un clericalismo calificado de audaz y violento. Un medio podía pasar por hacer lo mismo que se practicaba en Alemania y Austria, es decir, desligarse “de todo vínculo legal con el clericalismo”, una forma de considerar la apostasía, término que no aparece como tal en ningún momento del artículo. De ese modo, siempre según el texto, se crearía un “estado de derecho” que permitiría defenderse mejor frente a la Iglesia, de la “tutela clerical”. Esta separación de la Iglesia era considerada, por lo tanto, como un medio eficaz para poder llevar a los Tribunales a quienes pretendieran atropellar las propias opiniones, ya que, según nuestra opinión se podría aplicar la legislación que combatía la imposición de opiniones y comportamientos, al vulnerar libertades personales. El periódico consideraba que los abogados socialistas debían buscar la fórmula legal para conseguir este objetivo, es decir, volvemos a insistir en que en ningún momento se explicita la regulación de la apostasía, pero, en realidad era lo que se estaba demandando.

Una vez alcanzada la fórmula se presumía que se abriría un movimiento en toda España al que se sumarían muchas familias que indebidamente aparecían dentro de las filas del catolicismo, aunque no lo eran de hecho, pero sí de derecho.

Eduardo Montagut

Hemos empleado como fuente el número 6240 de El Socialista.

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Director: Eduardo Montagut