En el Congreso de la Segunda Internacional, que se celebró en el año 1910 en Copenhague se aprobó una resolución contra la pena de muerte.

Los socialistas votaron contra la pena de muerte apelando a una serie de principios, empleando un repaso histórico reciente sobre esta cuestión desde el triunfo de las revoluciones liberal-burguesas.

Los socialistas constataban que la burguesía había condenado la pena de muerte como una herencia bárbara del pasado. Podríamos interpretar esta apreciación como una de las facetas de las revoluciones que terminaron con las monarquías absolutas y el Antiguo Régimen donde la pena de muerte era una práctica común, y donde había comenzado a ser cuestionada por la Ilustración. Pero, una vez conquistado el poder, y en la época del enfrentamiento entre la burguesía y el proletariado, la posición de la primera había cambiado sustancialmente.

La burguesía había abandonado la lucha contra la pena de muerte, en línea con su olvido por la democracia, según la interpretación socialista. La burguesía empleaba la pena de muerte para luchar contra el proletariado y evitar el final del capitalismo. En ese momento, se constataba un aumento de declaraciones de personalidades en Alemania que justificaban la existencia de la pena de muerte. En el parlamento francés se había votado contra un proyecto de ley que abolía la pena de muerte. En Estados Unidos se empleaba la pena de muerte para combatir al movimiento obrero, aludiendo a los mártires de Chicago. También se reflejaba el uso de la pena de muerte en España por un régimen, calificado por los socialistas, como “caduco y reaccionario”. En España se aplicaba, según la resolución de la Internacional, el “asesinato jurídico”. Finalmente, se aludía al uso de la pena de muerte en Rusia contra los revolucionarios, provocando un verdadero “reguero de sangre”. No olvidemos que después de la Revolución de 1905 se acrecentaron las políticas represivas por parte de Stolypin, que combinaba con un evidente programa modernizador en lo económico.

Por fin, los socialistas condenaban la hipocresía de la burguesía occidental, horrorizada por la ejecución de Ferrer i Guardia, pero indiferente hacia las verdaderas matanzas perpetradas por el gobierno ruso. Recordemos, en este sentido, la enorme campaña internacional para evitar la ejecución del pedagogo y anarquista de la Escuela Moderna.

El Congreso afirmó que los representantes del proletariado, es decir, los socialistas reunidos en la Internacional, eran los únicos adversarios reales de la pena de muerte. Consideraban que solamente con la llegada al poder y la extensión de la cultura de las masas obreras por la acción política y sindical, se podría luchar eficazmente contra la pena de muerte.

Así pues, se tomó una resolución por la que se invitaba a los representantes políticos de la clase obrera a exigir la abolición de la pena de muerte en sus respectivos países. Los mecanismos para hacerlo se encontrarían en el trabajo parlamentario y la propaganda política, especialmente a través de la prensa socialista y obrera.

Eduardo Montagut