Política social del acuerdo PSOE-Unidas Podemos

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Política social del acuerdo de coalición PSOE-Unidas Podemos en el marco de la nueva Europa Social

En este artículo se comienza describiendo el marco político en el que se inscribe el acuerdo de coalición entre el Psoe y Unidas Podemos.  Se continúa presentando los principales retos/desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea y su vinculación a la política social. Se prosigue con la exposición del nuevo marco de la política social europea. Sigue un sucinto análisis de las propuestas en materia social recogidas del acuerdo entre Psoe y Unidas Podemos y su conexión con el marco del Pilar de Derechos Sociales de la UE. Y se finaliza presentando unas conclusiones sobre la idoneidad y utilidad del mencionado acuerdo para impulsar en España y por extensión en la UE la Europa Social.

Acuerdo de Coalición Psoe-Unidas Podemos

Este acuerdo de coalición tiene su causa principal en los resultados electorales de las elecciones generales celebradas del pasado 10 de noviembre en España.   Cabe recordar que el partido que obtuvo el mayor número de diputados fue el Partido Socialista Español (120). Le siguen: el Partido Popular (89), Vox (52), Unidas Podemos (35), ERC (13), Cs (10), JxCat (8), PNV (6), EH Bildu ((5), Mas País (3), CUP-PR (2), CCa-PNC-NC (2), NA+ (2), BNG (1), PRC (1) y Teruel Existe (1)

Estos resultados conforman un Congreso de los Diputados muy fragmentado, que hace necesaria la colaboración entre las diferentes formaciones políticas para que el candidato a presidente obtenga el apoyo suficiente. En este contexto, el Rey Felipe VI dio el encargo de formar gobierno a Pedro Sánchez, presidente en funciones y candidato a la presidencia del gobierno por el PSOE.

Hay que recordar que, tras conocerse los resultados electorales, las formaciones progresistas Psoe y Unidas Podemos, manifestaron su intención de llegar a un acuerdo para permitir investir al líder socialista Presidente del Gobierno. Este acuerdo fue firmado el 30 de diciembre, e implicaba que, de obtener el apoyo necesario, se formaría en España el primer gobierno de coalición del actual periodo democrático.

No obstante, la suma de diputados de ambos partidos no era suficiente, siendo imprescindible contar con el apoyo y/o la abstención de otros grupos políticos.  Por ello, se inició un proceso de negociación con determinadas formaciones políticas, que culminó con la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno el 7 de enero con 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones.

Tras las elecciones europeas de 2019, podemos situar a comienzos de 2020 el verdadero calendario político en la Unión Europea, que va a coincidir con el nuevo gobierno progresista de Coalición en España.

 

Los principales retos de la UE del Siglo XXI

La Unión Europea en los próximos años deberá hacer frente a retos externos e internos, que afectarán a su capacidad de influencia como actor global, en el escenario internacional. Muchos de los principales desafíos paralelamente conllevan una sustancial vinculación con la política social.  Y los ciudadanos europeos demandan a los gobiernos nacionales y a la Unión Europea que hagan frente a las incertidumbres que los nuevos escenarios europeos y mundiales vislumbran.

De los retos internos de la UE, empezamos mencionando el cambio demográfico. Este surge como consecuencia del envejecimiento de la población y se ve acentuado por la baja natalidad. Esta complicación tiene impacto directo en el sistema socioeconómico.  Y merece referirse su conexión con la sostenibilidad sistema de pensiones público, el sistema de salud público y el aumento de recursos para apoyo a personas dependientes y ancianas.

Otro de los frentes que tiene abierta la Unión Europea es la desconexión, desafección y desapego de la ciudadanía hacia el proyecto europeo. Fenómeno observado en diversos estudios y encuestas (por ejemplo, el Euro barómetro). Este alejamiento es más acentuado en los estados miembros que más han sufrido más severamente los efectos de la crisis económica, entre ellos España. Estos países han visto un empeoramiento del sistema de bienestar tanto por la disminución de recursos destinados a paliar los efectos en los ciudadanos más vulnerables, por los recortes o endurecimiento para acceder a determinados beneficios sociales.

En consonancia con lo expuesto anteriormente, la Unión Europea debe enfrentarse a una evidente desigualdad entre los miembros. Fenómeno que la crisis ha aumentado entre Norte- Sur como revelan las variaciones en los índices de calidad de vida, el P.I.B. y el volumen de recursos dedicados al estado del bienestar entre unos y otros estados miembros.

Un acontecimiento revelador es la cumbre a principios de febrero de 2020 celebrada por los países integrantes del denominado Grupo de los Amigos de la Cohesión (España, Portugal, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Polonia, República Checa y Rumania). Este grupo ha expresado su oposición a la propuesta de los países del norte y Centroeuropa para el Marco Financiero Plurianual 2021-2027, que repite la austeridad presupuestaria de los últimos y con un impacto adverso en los fondos de cohesión.

Debe hacerse frente al elevando desempleo que aún persiste en determinados países, destacando España entre los que cuentan con mayor tasa de desempleo, especialmente entre el grupo de jóvenes.

El desafío energético y su adaptación a las nuevas fuentes energéticas para hacer frente al cambio climático. Este reto afectará a los sistemas de producción, el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos empleos. Sin olvidar que la transición del sistema energético debe ser justo para la sociedad y garantizando el suministro.

Entre los retos externos a los que se enfrenta la UE, se incluyen las tensiones comerciales derivadas de la vuelta al proteccionismo por Estados Unidos, principalmente. Estas tiranteces afectarán a la economía mundial, con un estancamiento en su crecimiento aún por evaluar. No obstante, la Unión Europea se verá afectada por un menor crecimiento interno, que puede acarrear efectos perjudiciales similares a los de la crisis, afectando al empleo y derivando en ajustes en los sistemas de protección social.

La gobernanza mundial del cambio climático es otro reto para la Unión Europea. Las decisiones en temas medioambientales, para ser efectivas, necesitan del consenso de la comunidad internacional. Y no todos los países tienen los mismos objetivos y ritmo para el cambio climático.

La transformación digital a nivel mundial (5G y otras tecnologías) es otra afrenta para la UE, con repercusiones en las nuevas formas de organizar y dirigir las profesiones, incluyendo las nuevas condiciones de trabajo. Evitar la brecha digital en la Unión Europea es clave para mantener el liderazgo y la cohesión Unión Europea, y por supuesto la competitividad.

 

Marco de la Nueva Política Social de la Unión Europea

Las políticas sociales no fueron ni ideadas ni inventadas por la Unión Europea. Con anterioridad, los estados miembros ya aplicaban medidas para paliar las dificultades de determinados colectivos. Así, en el momento de la incorporación a la UE, cada país cuenta con un esquema o modelo de protección social. Esto plantea la heterogeneidad, que perdura en la actualidad, en política social y en el alcance y recursos dedicadas a la misma. Es más, la crisis la ha acentuado entre los estados miembros, como se ha indicado.  Además, la Unión Europea y los estados miembros, habían firmado iniciativas en materia social de los organismos internacionales.

Otro aspecto que destacar es la diversidad de circunstancias a las que refiere la política social: desempleo, sanidad, educación, igualdad, pobreza, exclusión social, pobreza infantil, salarios, condiciones de trabajo, etc.  Este amplio abanico de situaciones se pone de manifiesto con los 20 principios de Pilar Social de la UE que trataremos más adelante.

Nos encontramos con referencias a materia social en los tratados fundacionales de la UE, y durante sus revisiones hasta llegar al Tratado de Lisboa se han ido incluyendo y/o revisando el articulado. Con ello se ha ido consolidando una base jurídica más sólida para actuar en materia social a nivel comunitario. En este sentido, señalar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que tras su ratificación por los estados miembros es vinculante para el signatario. En la cita carta nos encontramos con un número elevado de derechos en materia social, que se encuentran a su vez reflejados en el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Así figuran la prohibición de la esclavitud y trabajo forzosos, derecho al trabajo, no discriminación, igualdad de género, derechos de los niños y la prohibición de su explotación laboral, atención a las personas mayores y a las discapacitadas, protección ante despido injustificado, ayuda a encontrar empleo y a prestaciones por desempleo, seguridad social y ayudas sociales, etc.

Además de las iniciativas con programas multianuales de ayudas, principalmente mediante el Fondo Social Europeo, la Unión Europea, que tiene competencias limitadas en ámbito social al ser principalmente responsabilidad de los estados miembros, lleva tiempo meditando el reforzar los aspectos sociales en la Unión Europea.

Esta idea se plasmó finalmente en la declaración del 25 de marzo de 2017 de los dirigentes de la Unión Europea, en la que manifiestan su compromiso con la Europa Social y una Europa que genere crecimiento sostenible y un progreso socioeconómico que mejore la cohesión y convergencia.

Para ello, los avances en materia social para ser eficaces deben ser objeto de acuerdo entre todos los estados miembros. Pero fundamentalmente, para adquirir la dimensión comunitaria que pretenden los líderes. En las propuestas de líneas de acción para profundizar en los aspectos sociales se identificaron los tres escenarios que figuran en el “Documento de Reflexión sobre la Dimensión Social de Europa” de abril de 2017:

1) Escenario 1: Limitar la acción social a la libre circulación, que es el más conservador. Que entiende la UE desde la óptica del mercado

2) Escenario 2: los países del euro pueden avanzar más. Una solución intermedia vinculada a la zona Euro permitiendo a aquellos que deseen avanzar que lo hagan. La perspectiva nacional y/o regional.

3) Escenario 3: Profundizar en la dimensión social de los 27. La más atrevida y la que responde en mi opinión al espíritu europeo del Siglo XXI y a la declaración de los líderes y agentes sociales.

En este contexto de reflexión sobre como avanzar en materia social, y en sintonía con el escenario 3, se consolida la propuesta de El Pilar Europeo de Derechos Sociales. Fue firmado el 17 de noviembre de 2017, con motivo de la reunión conjunta sobre la Cumbre Social, celebraba en Gotemburgo (Suecia). Los signatarios fueron por el Parlamento Europeo, su presidente Antonio Tajani; la Comisión Europea representada por su presidente Jean-Claude Juncker; y por Jüri Ratas como presidente del Consejo de la Unión Europea.  Este pilar establece principios y derechos en materia de igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo, condiciones laborales justas y protección social. Posteriormente, el Consejo Europeo del 14.12.2017 apoyó el giro social que debe producirse en la UE y afianzar El Pilar Social Europeo de Derechos sociales como la palanca para implementar esta apuesta social.

El Parlamento Europeo manifiesta que este giro social no debe quedarse en el plano formal, sino que tiene que materializarse, llegar a la ciudadanía y que esta perciba los efectos reales en la mejora de sus condiciones de vida.

En el Pilar Europeo de Derechos Sociales, se reconoce la base jurídica en el Tratado de la Unión Europea y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para determinados avances que se pretende. Pero también se da por supuesto que es un acuerdo de mínimos. Así, no se impide que determinados estados miembros puedan avanzar en ampliar esta cartera de derechos. A la vez, no implica bajar el nivel de protección existente en cualquier estado miembro a lo reflejado en el Pilar este documento. Sobre todo, en el caso de aquellos derechos que estén asumidos por diferentes estados miembros o formen parte de las disposiciones de carácter internacional que la UE o los estados haya suscrito en material social.

Por otra parte, en coherencia con el hecho de que la política social no es exclusiva de la UE, el Pilar Europeo de Derechos Sociales no conlleva una ampliación de las competencias en las políticas que no tengan esa calificación y que figuren en este pilar.

El Pilar Europeo de Derechos Sociales contiene 20 principios agrupados en los tres siguientes capítulos:

Capítulo I.- Igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo (incluye 4 principios)

Capitulo II.- Condiciones de trabajo justas (con 6 principios)

Capitulo III.- Protección e inclusión social (conformado por 10 principios)

 

La eficacia de este Pilar implica que las instituciones comunitarias desarrollen iniciativas que le den solvencia y solidez. Una de las herramientas de visualización es a través de las propuestas políticas que la Comisión propone para el periodo que ha sido elegida. En este momento, mencionaremos las Orientaciones Políticas de la Comisión Europea para el periodo 2019-2024. Presentadas por la Presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leye, y bajo el título “Una Unión que se esfuerza por lograr más resultados”, se fundamenta en los 6 grandes ejes siguientes:

1.- Un Pacto Verde Europeo

2.- Una economía que funciones en pro de las personas

3.- Una Europa Adaptada a la era digital

4.- La protección del estilo de vida europeo

5.- Una Europa más fuerte en el mundo

6.- Un nuevo impulso a la democracia europea.

 

Un análisis de las acciones comprendidas en estos 6 ejes de las orientaciones políticas, nos permiten identificar los siguientes aspectos en materia social:

a.- Una transición justa, que se dotará de un Fondo de Transición Justa, con la intención de que toda la ciudadanía se beneficie y no se descuelgue nadie.

b.- La economía de mercado social europea tiene como objetivo la reducción de la desigualdad, la justicia y el bienestar, y la política económica debe ir acompañada de los derechos sociales.

c.- Preservación de las zonas rurales dentro del esquema general de preservación del entorno natural de Europa.

Y en concreto se menciona en el Plan de Acción de la Comisión para desarrollar el pilar europeo se puede incluir:

  1. La implantación de un salario justo.
  2. La apuesta por el dialogo social entre los interlocutores sociales: empresas y sindicatos
  3. Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y conciliación familiar
  4. Mejora del sistema de protección al desempleo
  5. Lucha contra la pobreza infantil

 

Acuerdo PSOE-Unidas Podemos y el Pilar de Derechos Sociales de la UE

A continuación, se presentan los principios que constituyen el Pilar de Derechos Sociales, y una identificación y referencia de donde se aprecian acciones o medidas en el Acuerdo Psoe-Unidos Podemos para desarrollarlos.

Principio I:  Educación, Formación y Aprendizaje Permanente

Hay que destacar de este principio el aspecto inclusivo que da a la educación, a la vez de asignarle la función de que las personas puedan adquirir y desarrollar las habilidades necesarias para que puedan participar plenamente en la sociedad y mercado laboral. El punto 2.11 del Acuerdo refiere expresamente el carácter inclusivo de la enseñanza.

Principio 2: Igualdad de Género y Principio 3 Igualdad de Oportunidades

La igualdad de trato, oportunidades y retribución salarial, están reflejados en el punto 7.1 del acuerdo PSOE-UP. En este se menciona específicamente legislar para implantar la igualdad salarial y de oportunidades, permisos paternidad/maternidad y el equilibrio en los puestos de responsabilidad de los organismos de la administración pública.

Principio 4:  Apoyo activo el empleo

La ayuda al empleo para el reciclaje que permita la reincorporación laboral, para la búsqueda de un nuevo empleo, y la ayuda y compensación de periodos de desempleo, es el núcleo de este principio. La importancia del mismo se advierte en los apartados 1.7., 1.7.1 y 1.7.2 del acuerdo dedicado a la política activa de empleo y sistema de desempleo. La pretensión es mejorar el sistema para que sea lo más rápido el proceso de recolocación, para lo que es básico el tratamiento individual a la vez que homogéneo en todo el territorio nacional. Para ello la colaboración de las autoridades regionales, es imprescindible.

 

Principio 5: Empleo seguro y adaptable

El espíritu de este principio es la realización de las tareas correspondientes al puesto de trabajo de forma segura, protegiendo la integridad del trabajador, a la vez que hacer frente a las condiciones de temporalidad excesiva y precariedad. Por aplicación del punto 1.5 del citado acuerdo de gobierno, se quiere potenciar la contratación indefinida, prestando atención al abuso de la contratación temporal que puede derivar en abuso.  La forma de controlar el abuso en el trabajo temporal es contemplar este para los trabajos relacionados con actividades realmente cíclicas o estacionales, a la vez que controlar el exceso de jornada de los contratos temporales.

 

Principio 6: Salarios

El pilar de derechos sociales determina la percepción por el trabajador de un salario justo que permita una vida digna. Este sueldo por tanto no debe derivar en el fenómeno del trabajador pobre. Además, la justicia salarial conlleva que la retribución se establezca transparentemente.

El actuar cobre el salario mínimo interprofesional, incrementándolo, es la opción por aplicar por el nuevo gobierno (1.4). El referente del 60% del salario medio en nuestro país tiene que ser interpretado en el contexto económico general del país y la evolución de la productividad nacional, entre otros.

 

Principio 7: Información sobre las condiciones de trabajo y la protección en caso de despido

Una situación muy comprometida y delicada que padece el trabajador es cuando se enfrenta al despido. El derecho a ser informado en tiempo y forma razonable, unido a la tutela efectiva ante el despido injustificado, es el eje de este principio. El nuevo gobierno incidirá en (1.5.6) revisar las causas de despido, reduciendo la arbitrariedad en la determinación de las causas técnicas, organizativas o productivas, y dando un mayor rol al control por la autoridad competente.

 

Principio 8: Dialogo social y participación de los trabajadores

El papel de los interlocutores sociales es objeto de este principio. Los acuerdos pueden llegar a tener aplicación más allá de un estado miembro, a nivel UE. La dinámica del sector productivo que deriva en fusiones, cierres, reestructuraciones, debe ser compatible con la participación de los trabajadores y/o representantes. Este importante rol se pretende devolver a los representantes de los trabajadores (1.3) con la modificación de las condiciones más lesivas de la reforma laboral.

 

Principio 9: Equilibrio entre la vida profesional y vida privada

La conciliación familiar, que permita una adecuada distribución del tiempo para atender las responsabilidades de la actividad laboral y las familiares, unido al reparto de igualitario entre hombres y mujeres de los permisos necesarios, es una apuesta por la defensa de la familia.

El programa Psoe-UP lo aborda (1.10 y 2.5) mediante una racionalización de los horarios que permitan una adecuada flexibilidad para combinar el tiempo de trabajo, ocio y cuidados y el derecho a la desconexión, que permita un descanso real. El apoyo a la familia implica la adaptación jornada laboral cuando se tiene menores de 12 años a cargo.

 

Principio 10: Entorno de trabajo saludable, seguro y adaptado y protección de datos

La seguridad del trabajador, referente a las condiciones de seguridad bajo las que se realizan las actividades, es un derecho. El cual, a la vez, no debe generar perjuicios que deriven en una menor empleabilidad. El punto 1.9 del acuerdo de gobierno plantea una actualización de las disposiciones de prevención de riesgos laborales. La actualización es necesaria para la adaptación a los nuevos entornos de trabajo que generan las nuevas tecnologías, la robotización, etc.

 

Principio 11: Asistencia a los niños

El derecho a la educación de los menores, su protección contra la pobreza y el proporcionar igualdad de oportunidades, que contempla este principio, es tenido en cuenta por el nuevo gobierno en su propuesta de universalización de la enseñanza de 0 a 3 años (2.11.). Además, haciéndola asequible mediante iniciativas de acceso a material escolar y comedor en caso de vulnerabilidad socioeconómica (2.1.5). Por último, se plantearán acciones para reducir el fracaso y abandono escolares prematuro, que al final daña la igualdad de oportunidades (2.1.4.)

 

Principio 12: Protección Social

El derecho a la protección social de los trabajadores, formulado en este principio de forma tan generalista, se puede considerar tutelada por el resto de los principios. En cuando a la acción del gobierno, el desarrollo de una cartera mínima de derechos sociales (2.3) de forma general respondería a este principio, unido a lo indicando anteriormente y a las referencias que se harán sobre el resto de los principios que quedan por analizar, como el desempleo, sanidad, etc.

 

Principio 13 Prestaciones por desempleo

El desempleado debe tener protección en el plano económico mediante ayudas y en plano formativo, con medidas y programas para su facilitar su vuelta al mercado de trabajo. Las medidas del acuerdo Psoe-UP (1.7), ya mencionadas para el Principio 4 Apoyo Activo para el Empleo, son también válidas para este principio.

 

Principio 14 Renta Mínima

Este principio social plantea el derecho de las personas a disfrutar de una renta mínima durante su existencia. Y que esta le garantice una vida digna. Se considera adecuada la combinación de la rente mínima con las rentas de trabajo, si estas personas tienen acceso a un empleo (complementariedad renta trabajo-renta social). Este concepto de renta mínima tiene dos aspectos a los que se responde desde el Pacto PSOE- UP. El primero, ya abordado en el Principio 6 Salarios, con un salario mínimo interprofesional justo. El segundo, que puede responder a la complementariedad renta trabajo-renta social citada. Es denominado de Ingreso Mínimo Vital (2.4.2) que será a cargo de la seguridad social y que se otorgará a las familias en riesgo de vulnerabilidad con hijos a cargo en una primera fase, extendiéndose posteriormente. Las pensiones no contributivas (2.4.1), vendrían a garantizar los mínimos recursos que plantea este principio.

 

Principio 15 Pensiones y prestaciones de vejez

Este principio aborda el derecho a recibir una prestación económica en base a las contribuciones del trabajador al sistema de pensiones. Dicho beneficio debe garantizar una renta adecuada. Por otra parte, también en la fase de vejez los recursos de que dispone la persona deben garantizarle una vida digna.

El punto 2.4.1. sobre garantía de pensiones dignas, los puntos 2.3.2 y 2.3.3 específicos sobre la dependencia; el 2.3.4   sobre las personas ancianas y la soledad y 2.3.5 sobre la calidad de las prestaciones de las residencias de mayores, son las herramientas contempladas en el acuerdo de gobierno para hacer efectivo este principio.

 

Principio 16: Sanidad

El derecho al acceso al sistema sanitario, y de forma asequible, que contempla este principio es también objeto de desarrollo en el programa del nuevo gobierno (punto 2.2).  Se quiere tutelar la aplicación real del mismo, evitando las lagunas asistenciales derivadas de trámites administrativos que privan del derecho efectivo a la asistencia sanitaria. Facilitar el acceso a la sanidad en el medio rural también es objetivo del gobierno (2.2.9). Finalmente, el aspecto de prevención de salud será protegido mediante la atención temprana (2.2.10)

 

Principio 17:  Inclusión de las personas con discapacidad

Se defiende el derecho a que las personas con discapacidad tengan acceso a ayuda que les garanticen una vida digna. Esto se puede cumplir facilitando su incorporación al mercado laboral, teniendo en consideración las adaptaciones necesarias.

Aunque el acuerdo de gobierno (2.3.2 y 2.3.3) da respuesta parcialmente a las necesidades de este colectivo, se da un reconocimiento específico reflejado en el punto 5.2 Derechos de las personas con diversidad funcional. Mediante progresos como la mejora para la comunicación con estas personas (lengua signos, sordera), disminuir significativamente el importe de la participación en el copago cuando sean menores de 18 años. Y en concreto, facilitando acceso a las prestaciones en material ortopédico.

Prevención de riesgos laborales que preste atención a su vez a las necesidades de personas con discapacidad

 

Principio 18 Cuidados de larga duración

Las necesidades de cuidados de larga duración a las personas pueden deberse, bien a la situación de vejez, o bien a consecuencia de padecer un estado de dependencia. Las medidas del acuerdo de gobierno que han sido expuestas para otros principios sociales tienen profundas vinculaciones con este tipo de atención.

 

Principio 19 Vivienda y asistencia para las personas sin hogar

Este principio defiende el acceso a vivienda social y/o ayuda para una vivienda con unos mínimos; la protección de los individuos en situación de vulnerabilidad ante los desalojos forzosos, y facilitar alojamiento a las personas sin hogar. La situación dramática de desamparo personal y familiar que supone el no disponer de un domicilio, es también abordada en el acuerdo de gobierno. Se le dedica el punto 2.9 a la vivienda de forma general, que responde de manera global al espíritu de este principio. Y en concreto, se mencionan medidas para el realojo de las personas que no pueden hacer frente al pago de los alquileres en determinadas situaciones (2.9.4); de aquellas que hayan sido objeto de desahucios derivadas de la hipoteca (2.9.5), la protección en la contratación de estas (2.9.20). Junto a estas medidas a corto plazo, en el medio-largo plazo se indican:  a) la movilización de recursos para desarrollar vivienda social, facilitando el uso de las viviendas vacías (2.9.7), y b) destinar suelo público para vivienda de alquiler social. Finalmente, se aborda el problema de las personas sin hogar, mediante la propuesta de una estrategia global con las CCAA y ayuntamientos.

 

Principio 20: Acceso a los servicios esenciales

El acceso a determinados servicios calificados como esenciales, y la ayuda para acceder a los mismos, es el objeto del último principio que conforman el Pilar de Derechos Sociales de la UE.

Destaca la consideración de esencial para el agua corriente, saneamiento, energía, transporte, servicios financieros y las comunicaciones digitales. Encontrándonos con una interpretación más amplia, y en mayor armonía con las características de las sociedades desarrolladas.

El nuevo gobierno se suma a la tendencia de incorporar nuevos servicios como esenciales, y presta atención a la pobreza energética mediante el bono social (3.7). Evitar la brecha digital es afrontada con programas de formación para atajar la alfabetización digital, ayudas para garantizar el acceso a internet a colectivos vulnerables e invertir en infraestructuras para garantizar la conexión digital en el medio rural (8.1.) Finalmente, el acceso al agua se considera un derecho humano (3.9).

 

Conclusiones

Se observa de lo expuesto, que las medidas reflejadas en material social en el acuerdo de gobierno “Coalición Progresista: Un nuevo acuerdo para España” acordado entre el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos están en plena consonancia con los principios reflejados en el Pilar Europeo de Derechos Sociales.

Este acuerdo es una apuesta por incorporar de forma mayoritaria los principios del citado pilar en la política social nacional. Con ello, se sitúa a España entre los estados miembros de la Unión Europea que apuestan por más Europa social, por más Europa, en definitiva. Que prefiere el Escenario 3 citado anteriormente, que opta por la profundización conjunta de los 27 hacia una UE más social. Esta apuesta, además, contribuirá a que la ciudadanía recupere la confianza en el proyecto europeo, y levantando una barrera ante los preocupantes movimientos nacionalistas que están resurgiendo en Europa.

Al igual que en la Unión Europea hay unos estados que quieren avanzar en los derechos sociales, y otros pretenden que sean de mínimos, según su ideología más social o liberal; en España puede repetirse el mismo fenómeno a nivel de Comunidad Autónoma y Ayuntamiento. Nos encontraremos con las de signo conservador, que pueden verse tentadas y seducidas a ignorar la nueva tendencia social europea.  Mientras que en las progresistas debe ser patente el compromiso por este nuevo marco social.

Sería deseable que todas las fuerzas políticas, al margen de su ideología, se posicionarán en la defensa de estos 20 principios, que por otra parte muchos de ellos están recogidos en la Carta Europea de Derechos Fundamentales.

Se finaliza reiterando que la política social identificada en el programa político firmado entre el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos está en plena armonía con las líneas de actuación de la nueva Comisión. Que contribuirá adicionalmente a mejorar la opinión que sobre Europa tiene la ciudadanía, fortaleciendo así internamente el proyecto europeo. Y, por último, da respuesta a las nuevas necesidades sociales de España.

Francisco José Contreras Martínez

 

 

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