España y la herencia del privilegio

Sobre el poder, las élites y las puertas que parecen abiertas

Mario Nuño Sevilla

España pertenece a esos países cuyo pasado, lejos de quedar atrás, continúa caminando a su lado, transformándose con el tiempo y proyectando todavía su sombra sobre el presente. Hemos cambiado tantas veces que resulta difícil reconocernos en quienes fuimos: cambiamos de régimen, de Constitución, de costumbres y de paisaje; abandonamos los campos para llenar las ciudades, dejamos atrás una pobreza que durante siglos pareció formar parte de nuestra geografía, levantamos universidades, hospitales, carreteras y administraciones modernas, construimos una democracia, entramos en Europa y convertimos en cotidianos derechos y libertades por los que generaciones anteriores pagaron un precio terrible. España ha cambiado y, sin embargo, hay algo que viaja con nosotros. Algo antiguo que sabe acomodarse a los tiempos, cambiar de traje, aprender palabras nuevas y sentarse discretamente en las instituciones recién estrenadas. Son nuestras rémoras: esa obstinada tendencia del poder a buscar al poder, del privilegio a reproducirse, de los círculos a cerrarse y de la relación personal a ocupar el espacio que debería corresponder al derecho. Tal vez por eso seguimos reconociendo, bajo formas más civilizadas, algunos rasgos que Joaquín Costa creyó descubrir en aquella España exhausta de comienzos del siglo XX. El cacique de entonces casi ha desaparecido, pero la tentación del caciquismo ha demostrado poseer una vida mucho más larga.

Costa escribió sobre una España que ya no existe. Aquella sociedad de la Restauración, rural, desigual, pobre y atravesada por redes locales de dependencia, guarda una distancia inmensa respecto de la España democrática de nuestro tiempo. Pero los grandes pensadores sobreviven porque algunas de sus preguntas duran más que sus respuestas. Cuando Costa escribió Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España, estaba preguntándose por la distancia entre el país escrito en las leyes y el país que verdaderamente existía, entre la soberanía proclamada y el poder ejercido, entre el ciudadano abstractamente libre y el hombre concreto que necesitaba recurrir a alguien para obtener aquello que las instituciones debían garantizarle. Una democracia se mide en las urnas, desde luego, pero también en los pasillos; se mide en la igualdad del voto y en la desigualdad del acceso; en el derecho de cualquiera a dirigirse al poder y en la facilidad incomparable con que algunos consiguen que el poder les devuelva la llamada.

Luis Arrillaga Aldama publicó en 1994 un libro cuyo título posee todavía una poderosa capacidad evocadora: España en sus rémoras. Su subtítulo reunía tres palabras clientelismo, caciquismo, corporativismo- que parecen pertenecer a momentos diferentes de nuestra historia y que, sin embargo, describen distintas maneras de privatizar aquello que debería pertenecer al espacio común. Hay algo particularmente acertado en la elección de la palabra «rémora», porque una rémora no obliga al cuerpo al que se adhiere a permanecer inmóvil: viaja con él. También las sociedades avanzan cargando con antiguas adherencias. La España del teléfono móvil, la alta velocidad, las universidades masivas y la administración electrónica puede conservar hábitos procedentes de un país donde casi todo dependía de conocer al hombre adecuado. La modernización tecnológica resulta mucho más rápida que la transformación de ciertas costumbres sociales, y por eso algunas estructuras arcaicas sobreviven instaladas dentro de edificios modernos.

El clientelismo comienza en el instante en que el derecho necesita un intermediario. Esa es su esencia, mucho más que la caricatura del político repartiendo favores entre sus fieles. El ciudadano debería encontrarse ante la institución con una pregunta sencilla: <<¿tengo derecho a esto?>>. La cultura clientelar introduce otra pregunta: <<¿a quién conozco?>>. Entre ambas cabe una concepción entera de la vida pública. José Manuel Pantín ha estudiado empíricamente redes de clientelismo político en instituciones gallegas y ha mostrado la capacidad de determinadas relaciones de reciprocidad para vincular dirigentes, organizaciones, recursos públicos y electores. La lección puede formularse de manera más amplia: allí donde el procedimiento resulta incierto, complejo o discrecional, el intermediario adquiere valor; allí donde el intermediario adquiere valor, conocerlo se convierte en ventaja; y allí donde conocer a alguien vale más de lo que debería, comienza a devaluarse silenciosamente la ciudadanía. El favor parece pequeño cuando se contempla aisladamente. Sin embargo, su efecto acumulado puede construir una sociedad entera de puertas laterales. El poder contemporáneo rara vez necesita levantar murallas. Le bastan las puertas.

Y algunas puertas, aunque permanezcan formalmente abiertas, pesan mucho más para unos que para otros. Confundimos con demasiada facilidad la inexistencia de una prohibición con la existencia de una oportunidad. Que cualquier ciudadano pueda jurídicamente llegar a una determinada posición apenas nos dice nada acerca de las probabilidades reales de alcanzarla. Vilfredo Pareto habló de la circulación de las élites y Gaetano Mosca estudió la inevitable aparición de minorías dirigentes; sus teorías pertenecen a otro momento intelectual, pero plantearon una cuestión que conserva toda su fuerza: el principal problema de una sociedad compleja consiste en saber cómo se forman sus élites, cómo se renuevan, de dónde proceden y con qué facilidad pueden ser sustituidas. Una sociedad necesita élites competentes. Necesita buenos médicos, investigadores brillantes, empresarios audaces, jueces independientes, profesores excelentes, funcionarios preparados, periodistas rigurosos y políticos capaces. La cuestión comienza a inquietarnos cuando la excelencia se vuelve hereditaria por caminos que nadie reconoce como herencia; cuando quienes ocupan los mejores lugares empiezan a parecerse demasiado entre sí y, sobre todo, cuando llegan a convencerse de que esa semejanza constituye la prueba de que eran los mejores.

Pierre Bourdieu comprendió que heredamos muchas más cosas que dinero. Heredamos palabras, gestos, seguridad, expectativas, maneras de presentarnos ante los demás, conocimiento de los códigos sociales y, muy especialmente, relaciones. Existe un patrimonio invisible que jamás comparece ante el notario y que, sin embargo, puede determinar una vida con tanta fuerza como una propiedad. Un niño que crece escuchando determinadas conversaciones aprende sin saber que está aprendiendo. Descubre qué universidad conviene elegir, qué profesión tiene futuro, qué oposición merece la pena, cómo se solicita una beca, cómo debe hablarse en una entrevista, qué personas pueden orientar una carrera. Y aprende algo todavía más importante: aprende a sentirse legítimo en determinados lugares. Entra en ellos sin pedir perdón. Otro joven, igualmente inteligente y quizá más tenaz, tendrá que descifrar esos códigos mientras compite con quien los habla desde la infancia. Ambos llegarán un día ante la misma puerta y el sistema podrá decir tranquilamente que los dos tienen derecho a cruzarla.

El mérito constituye una conquista moral extraordinaria cuando sustituye al linaje, pero puede convertirse en una ficción confortable cuando olvida las condiciones de partida. Quien alcanza una posición elevada suele recordar con enorme precisión las noches de estudio, las renuncias, los riesgos y los esfuerzos que lo llevaron hasta allí; recuerda mucho menos aquello que nunca tuvo que conquistar porque siempre estuvo a su alrededor. Resulta comprensible: percibimos el esfuerzo porque duele, mientras que el privilegio suele ser indoloro. Quien siempre tuvo libros en casa difícilmente recuerda el primer libro; quien siempre tuvo contactos jamás recuerda el primer contacto; quien pudo estudiar durante años sin preocuparse por el alquiler tiende a considerar natural aquella tranquilidad. Y así encontramos una transformación moral fascinante: las ventajas de origen desaparecen del relato y el éxito termina explicándose exclusivamente mediante el talento. Entonces la desigualdad deja de parecer una circunstancia social y empieza a parecer una sentencia sobre el valor de las personas.

España ha realizado, afortunadamente, una transformación enorme en este terreno. Millones de hijos y nietos de trabajadores accedieron a estudios que estuvieron vedados de hecho a sus antepasados, y la movilidad educativa intergeneracional ha aumentado durante las últimas décadas. Ese éxito merece celebrarse porque forma parte de la mejor historia de nuestro país. Pero la educación puede democratizarse más rápidamente que el patrimonio, la vivienda, las relaciones o la seguridad económica. Dos jóvenes con el mismo título universitario poseen horizontes distintos cuando uno puede vivir durante años en una casa familiar y el otro entrega una parte considerable de su salario a un alquiler; cuando uno puede aceptar unas prácticas mal pagadas y el otro necesita ingresos inmediatamente; cuando uno dispone de varios años para preparar una oposición y el otro debe trabajar mientras estudia; cuando uno puede fracasar, comenzar de nuevo y recibir ayuda, mientras el otro sabe que detrás de su fracaso solamente queda el suelo. Quizá exista una definición del privilegio más reveladora que muchas estadísticas: privilegiado es también quien se puede permitir equivocarse.

Cuando trasladamos esta reflexión a la política, el problema adquiere otra dimensión. Los partidos son instrumentos esenciales de nuestra democracia y la propia Constitución les atribuye la función de expresar el pluralismo y contribuir a la formación de la voluntad popular. Precisamente por eso importa tanto lo que sucede dentro de ellos. Robert Michels observó hace más de un siglo una tendencia inquietante de las organizaciones complejas: cuanto más crecen, más necesitan profesionales; cuanto más necesitan profesionales, mayor conocimiento de la maquinaria acumulan éstos; cuanto mayor es ese conocimiento, más difícil resulta sustituirlos desde abajo. Su famosa «ley de hierro de la oligarquía» ha sido discutida y matizada posteriormente, pero dejó formulada una advertencia que ningún partido debería olvidar. El poder de una organización comienza mucho antes de la votación final. Empieza cuando alguien decide quién puede llegar hasta ella. Quien controla la selección de candidatos participa de manera decisiva en la selección de los futuros representantes. ¿No debería preocuparnos saber quién elige a quienes después podremos elegir nosotros?

La misma pregunta puede extenderse mucho más allá de los partidos. ¿Quién selecciona a quienes asesoran? ¿Quién nombra a quienes supervisan? ¿Cómo circulan las personas entre administraciones, empresas, despachos, fundaciones, universidades y organismos reguladores? ¿Quién tiene acceso estable a los lugares donde se preparan las decisiones? La palabra élite suele despertar una reacción defensiva porque parece contener una acusación. Conviene devolverle su significado sociológico: una élite es simplemente una minoría situada en posiciones de especial influencia. La calidad de una democracia depende en parte de la calidad de esas élites, pero también de su apertura, su responsabilidad y su capacidad para aceptar el relevo. El problema aparece cuando la circulación vertical la llegada desde abajo- se vuelve difícil mientras la circulación horizontal -el tránsito entre distintas posiciones de poder- resulta extraordinariamente fluida. Entonces comienzan a encontrarse los mismos rostros en habitaciones diferentes.

En torno a toda decisión importante existe, metafórica o literalmente, una mesa. Algunos están sentados; otros esperan fuera; otros ignoran incluso dónde está la habitación. La democracia nos obliga a preguntarnos quién consigue una silla, mediante qué procedimiento, durante cuánto tiempo y ante quién responde por ocuparla. Los grupos organizados poseen legítimamente recursos para hacerse escuchar: empresarios, sindicatos, colegios profesionales, organizaciones civiles, asociaciones y sectores económicos necesitan interlocución con los poderes públicos. El problema aparece cuando la desigual capacidad para acceder a la mesa termina produciendo una desigual capacidad para definir los problemas que después resolverá el Estado. Quien consigue explicar primero qué está ocurriendo posee ya una ventaja considerable sobre quien llegará más tarde para discutir la solución.

De ahí la importancia de cuestiones que a primera vista parecen tediosas: transparencia, conflictos de intereses, regulación de los grupos de presión, incompatibilidades, contratación pública, criterios de nombramiento, independencia de organismos de control. Detrás de ese vocabulario burocrático se esconde una cuestión moral muy sencilla: ¿podemos saber quién influye sobre quien decide? GRECO, un órgano del Consejo de Europa para mejorar la capacidad de los Estados en la lucha contra la corrupción, ha formulado durante los últimos años recomendaciones a España en varias de estas materias. El interés de esas observaciones reside en que permiten abandonar la cómoda indignación contra «el sistema» y descender hasta mecanismos concretos susceptibles de reforma. Las democracias mejoran menos mediante discursos regeneradores que mediante procedimientos aburridamente eficaces. Una declaración de intereses correctamente fiscalizada puede proteger la democracia más que cien proclamas sobre la honestidad.

Existe además un fenómeno todavía más difícil de detectar: la transformación del privilegio en normalidad. Cuando determinadas personas se encuentran una y otra vez en los mismos consejos, foros, instituciones, empresas, partidos, universidades o espacios de influencia, puede llegar un momento en que dejen de percibir la excepcionalidad de su posición. El círculo se vuelve paisaje. Y cuando el círculo se vuelve paisaje, cualquiera que llegue desde fuera empieza a parecer extraño. Entonces aparece una suerte de estamentalización sin estamentos, una jerarquía sin títulos nobiliarios, una aristocracia sin blasón. Las fronteras carecen de existencia jurídica, pero se perciben en las probabilidades. Nadie tiene prohibido entrar; algunos conocen desde niños el camino.

También nosotros, los ciudadanos, participamos de esta cultura cuando aceptamos el favor que después condenamos convertido en privilegio ajeno. Existe una pequeña corrupción moral que precede muchas veces a la corrupción administrativa: alegrarse de conocer a alguien que puede «mover» un asunto, considerar natural que un amigo haga una llamada, buscar el atajo antes que el procedimiento, aceptar como habilidad aquello que criticamos como enchufe cuando beneficia a otro. Una cultura clientelar jamás pertenece exclusivamente a quienes mandan; necesita también ciudadanos dispuestos a transformar derechos impersonales en relaciones personales. Por eso una Administración verdaderamente moderna posee una dimensión moral que raramente reconocemos: cuanto mejor funciona, menos necesario resulta conocer a alguien. Una institución justa convierte al intermediario en inútil. El cauce más sencillo para medir la calidad de nuestras instituciones es que nadie tenga que pedir como favor aquello que le corresponde como derecho.

Imaginemos por un instante que mañana tuviéramos que empezar de nuevo. Sin patrimonio. Sin apellido. Sin amigos influyentes. Sin vivienda familiar. Sin agenda. Sin conocer los códigos. Sin saber a quién llamar. Con el mismo talento, la misma capacidad de trabajo y la misma inteligencia que creemos poseer ahora, pero situados al otro lado de todas las puertas que hemos aprendido a atravesar. ¿Seguiríamos considerando igualmente justo el sistema que nos permitió llegar hasta aquí? Reconozcamos que la verdadera frontera social de nuestro tiempo está trazada entre quienes conocen el número al que llamar y quienes tienen que ponerse a la cola.

España ha cambiado demasiado para seguir contemplándose exclusivamente en el espejo sombrío de Joaquín Costa. Nuestro país es infinitamente más libre, más próspero, más educado y más igualitario ante la ley que aquella sociedad que él denunció. Pero precisamente porque hemos avanzado podemos exigirnos más. Las conquistas de ayer deberían convertirse en el punto de partida de las exigencias de mañana. La democracia consiguió que cada ciudadano poseyera un voto; ahora debe seguir trabajando para que el origen social determine cada vez menos la distancia desde la que cada ciudadano habla al poder.

Tal vez por eso me sigue pareciendo tan poderosa aquella palabra elegida por Arrillaga: rémoras. Las rémoras viajan. Se adhieren al cuerpo que avanza y avanzan con él. España ha avanzado llevando algunas consigo: el favor, el padrinazgo, la endogamia, el corporativismo, la tentación de confundir lo público con aquello que temporalmente administramos, la facilidad con que una posición adquirida termina pareciéndonos merecida para siempre. Cada generación cambia sus nombres y cada época inventa una justificación respetable para conservarlas.

Superar estas inercias exige algo bastante más profundo que indignarse periódicamente ante cada escándalo y regresar después a la confortable normalidad de siempre. Exige comprender que la calidad de una democracia depende también de la facilidad con que el poder cambia de manos, de la anchura social de los lugares de donde proceden quienes lo ejercen y de la posibilidad efectiva de que el talento atraviese las fronteras invisibles levantadas por el patrimonio, las relaciones, la pertenencia y el origen. Significa defender el mérito donde el privilegio intenta apropiarse de su nombre; abrir las élites para que la excelencia pueda renovarlas; impedir que la experiencia se transforme en propiedad, que la confianza suplante a la competencia y que la proximidad conceda derechos que la ley nunca otorga. Significa, sobre todo, recuperar una idea elemental que el ejercicio prolongado del poder tiende a hacer olvidar: ninguna institución pertenece a quienes la ocupan, ninguna posición debería convertirse en patrimonio de quienes llegaron primero y ninguna generación posee el derecho de cerrar detrás de sí las puertas que encontró abiertas. El poder democrático sólo conserva su dignidad mientras sigue siendo provisional, fiscalizable y accesible para quienes todavía están fuera.

Porque el verdadero privilegio comienza cuando quienes han conseguido sentarse a la mesa llegan a convencerse de que la mesa les pertenece. Entonces dejan de considerarse afortunados, dejan de reconocerse privilegiados y terminan creyéndose imprescindibles. Y pocas cosas resultan más peligrosas para una sociedad que una minoría convencida de que su permanencia en el poder constituye una consecuencia natural de su superioridad.

España habrá terminado de hacerse verdaderamente democrática el día en que el apellido pese menos que el talento, la relación menos que el derecho, la herencia menos que el esfuerzo y la cercanía al poder menos que la capacidad. Hasta entonces podremos cambiar las leyes, los gobiernos, los discursos y hasta los nombres con los que designamos nuestras viejas costumbres, pero seguirá latiendo bajo la superficie una forma silenciosa de sociedad estamental: aquella en la que todos pueden acercarse a la puerta, aunque algunos hayan nacido ya al otro lado. Una democracia en la que el privilegio aprende a heredarse acaba convirtiendo la igualdad en una farsa.

Madrid, 23 de septiembre de 2026
M.N.S.

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