Ya no más. Ya está bien de tratar y considerar a los ciudadanos como menores de edad. Basta ya de corrupción. No es posible que mientras los ciudadanos se esfuerzan en sobrevivir, en no perder su trabajo, en encontrarlo cuando lo han perdido, en iniciar con dificultades y casi sin ayudas nuevo proyectos laborales, en mantener y alimentar a sus familias; no es posible, repito, que unos cuantos se corrompan y se enriquezcan a costa del ciudadano.
La corrupción institucionalizada de España no es algo novedoso o de hace unos años; no, es algo que viene de hace décadas, cuando el país crecía y todos pensaban que si uno se enriquecía con operaciones sospechosas y nada pasaba, porque no lo intentaba el también. Si un Partido obtenía fondos de manera “no legal”, porque no lo podía intentar el partido de enfrente. Si un político obtenía un sobre-sueldo o unas “ayuditas” en y para el ejercicio de su actividad pública, porque no lo podía hacer cualquier otro. Y es que en España, más que luchar y tomar medidas activas contra la corrupción se ha optado por consentirla, incluirla en nuestra picaresca, ocultarla y aprovecharse de ella cuando fuera posible.
Ahora, en un momento de crisis es cuando afloran muchos casos, la punta del iceberg. Tan sólo salen aquellos que son demasiado olorosos como para mantenerlos escondidos. No nos podemos quedar quietos, hemos de concienciarnos y luchar contra ella, apoyar y solicitar con todas nuestras fuerzas al Estado para que lo haga. Esta batalla la debemos iniciar todos y cada uno de los ciudadanos libres y de buenas costumbres de España.
La Lucha contra la corrupción tiene una doble vertiente: una ética-política y otra jurídica. La vertiente ética tiene un valor indiscutible. El gran enemigo de la corrupción es la educación, la formación, el conocimiento, la libertad, la ética, la razón y la Política enfocada en la “Res Publica”. Es aquí donde los ciudadanos, el Estado, hemos de establecer la primera línea de batalla, enseñando y educando a los futuros ciudadanos en aquellos valores que noquean y repugnan a la corrupción. Así, para el ciudadano han de ser pilares que cimienten su vida los principios de igualdad, transparencia, libertad y fraternidad. El ciudadano, especialmente en su vida laboral, ha de tender hacia la Transparencia Activa frente a la pasiva actual que tan pocos resultados está dando.
La segunda línea de ataque la forma la normativa y la capacidad del Estado en desarrollar una legislación preventiva adecuada, así como un sistema judicial que pueda y tenga medios suficientes para luchar contra esa lacra. Es pues una obligación democrática del Estado preparar y desarrollar todas aquellas acciones políticas, jurídicas y económicas tendentes a evitar, prevenir, investigar y luchar contra la corrupción en todas y cada una de sus formas.
El ciudadano es plenamente consciente del peligro que la corrupción tiene para su presente y futuro, por lo que no entendería un esfuerzo real, planificado y permanente de lucha contra dicho mal por parte del Estado. Es pues urgente una reforma normativa que tenga como objetivo una estrategia y un plan de acción legislativo-institucional que busque erradicar la corrupción. No es un lavado de cara normativo, es una planificación de una estrategia normativa que tiene en la erradicación de la corrupción su “para qué”.
Este cambio es mucho más amplio de lo que en un primer lugar parece. Su modificación afecta a multitud de sectores y acciones que van desde un cambio en el modelo productivo (racionalización de los horarios, conciliación familiar y laboral, trabajo por objetivos y racionalización de los esfuerzos y actividades, corresponsabilidad laboral entre jefes y empleados, sueldos y precios más acordes a las necesidades reales del ciudadano y del país…), un cambio educativo, un cambio social-laboral y un cambio de actitud. En fin, un cambio modelo y de País.
Tercer paso. Entendemos que ya no es momento de acuerdos entre aquellos partidos que están salpicados por la corrupción. Es el momento de la renovación, del cambio real y de futuro. No es momento de cambios falsos que tienen por objeto engañar y despistar al ciudadano con operaciones de maquillaje que dicen cambiar todo para luego dejarlo todo como estaba.
Abogamos por un cambio completo del panorama político, un nuevo proceso de cambio democrático real, donde los partidos políticos dieran ejemplo, eliminaran lo infectado, reorganizaran sus filas y dieran un paso al frente con una nueva dirección que se pusiese de verdad al servicio del ciudadano y no al de sus propios intereses. El mejor juez para esto es el ciudadano en las urnas.
Entiendo que estás acciones han de planificarse y desarrollarse con premura, pues todos deseamos ardientemente poner fin a la vergüenza diaria que la corrupción nos deja como país.
Olaf Bernardez
Vicepresidente del Instituto Internacional de Ciencias Políticas
Subdirector de la Cátedra UNESCO de Ciencia Política y Administrativa Comparada
