SI, sin duda. Así de claro.

Permítanme que me explique centrándome en los términos “regulación” y “Lobbies”.

Por Regulación entenderíamos el establecimiento de normas, reglas o leyes dentro de un determinado ámbito. El objetivo sería mantener un orden, llevar un control y garantizar los derechos de todos los integrantes de una comunidad.

El Lobby consistiría en el traslado de intereses legítimos de empresas, asociaciones o todo tipo de organizaciones a los poderes legislativos y ejecutivos. Vemos que es una acción que busca la obtención de un resultado, que no se garantiza, beneficioso para el peticionario. Esta acción puede planearse y desarrollarse en un entorno carente de regulación, como el caso de España, o bien siguiendo una normativa y unos procedimientos preestablecidos y conocidos por todos.

Actuar en un marco desregulado tan sólo beneficia a aquéllos pocos que desean mantener su actuación en las tinieblas, y que ansían un rédito económico que no sea percibido por la Hacienda Pública ni por sus conciudadanos.

En España no hay normas que definan la actuación de los Lobbies. No hay un campo de juego bien delimitado; se intuye y se juega en la penumbra, dejando a la consciencia y valores de cada uno la actuación.

Si el objetivo de los lobistas es defender los intereses de sus clientes y representarles a nivel institucional ante las administraciones públicas y los estamentos políticos y legislativos; entonces, ¿no sería mejor, más seguro y beneficioso para todos los actores que dicha actividad fuera objeto de regulación y estuviera, por lo tanto, dentro de un marco legal conocido por todos?

Los lobistas representan a sus clientes. Operan bajo criterios de confidencialidad entre cliente y proveedor del servicio, tal y como ocurre en cualquier otra actividad. Su trabajo consiste en la anticipación a cambios regulatorios y de políticas sectoriales, participación en el desarrollo de dichos cambios y consecuentemente un entorno regulatorio y político estable que asegure la actividad empresarial del cliente. Si un Lobista hace todo eso, si está en contacto permanente con aquéllos que deciden y crean las normas- Gobiernos en la forma de sus diferentes Ministerios y Consejerías, Parlamentos- si tratan temas que bien pueden afectar a un colectivo de ciudadanos con elevadas cantidades económicas en juego; entonces, ¿Por qué no se regula su actividad tal y como lo están las de otras profesiones?

No es que los lobistas sean más importantes que otras profesiones que también trabajan, tocan y se desarrollan en ámbitos de alta importancia para un país y sus ciudadanos; es que el gran problema es que su actuación no está en absoluto reglada y, por lo tanta, controlada.

Esta falta de normativa y control supone un cierto mal para el ciudadano. Supone que el ciudadano sepa que existen pero que no pueda saber que hacen o donde encontrarlos, pues no hay “lugar o sitio oficial” que les defina y regule. Además, de este modo, se estaría negando al ciudadano la opción de contratar los servicios de lobby cuando realmente los necesiten. Al no saber dónde acudir para contratar a un lobista el ciudadano bien puede caer, y cae, en las manos de los tan generalizados “conseguidores”, cuya actividad dista mucho del trabajo profesional del lobista. Un “conseguidor” le diría a su cliente que por una cantidad, normalmente alta, le podría facilitar el contacto de una persona influyente que, quizás, podría ayudarle en la solución de su problema. Suena a corrupción o tráfico de influencias, ¿no creen?

Imagínense que usted lector tiene una granja de tamaño mediano de gallinas, donde a diario se ponen miles de huevos que usted recoge y vende. Pongamos que desde Europa, desde el Ministerio de Agricultura o desde la Consejería correspondiente de la Comunidad Autónoma donde reside se está preparando un cambio normativo de consideración que, de seguro, afectaría a su granja, a su trabajo y a su bolsillo. Tanto da que el tema del cambio normativo sean los espacios entre las gallinas, entre los huevos, entre columnas o cualquier otra cosa que se le ocurra se puede regular en una granja.

Ante un problema legal usted acudiría a un abogado, ante un problema contable acudirá a un contable; pero ante un problema normativo, de una norma que se está pensando en desarrollar o que se va a aplicar en breve, le pregunto: ¿a quién acudiría?

Normalmente los diferentes colectivos profesionales suelen agruparse sectorialmente, de modo que intentan estar al tanto de lo que ocurre en su ámbito de actuación. La efectividad de estos colectivos depende del grado de profesionalización y del tiempo dedicado a su labor diaria (que no es otra que la de lobistas, aunque no siempre son conscientes de ello). Ante un posible cambio normativo, suponemos que los dirigentes de dicha asociación profesional saben lo que hacen y que no les pilla desprevenidos pudiendo avisar a sus socios y actuar en consecuencia. En el caso que se vieran incapaces de hacer lobby por su cuenta, lo más seguro es que necesitaran los servicios de un lobista profesional. Cosa que no podrán hacer si no hay una regulación del sector pues no sabrán a quien acudir.

Quizás contraten a un Despacho o una Consultora que afirman pueden solucionar el problema gracias a su amplia cartera de contactos poderosos e influyentes. Quizás le solucionen el problema, pero, ¿y si han llegado demasiado tarde pues no supieron anticiparse a la norma y ésta es de inmediata aplicación?

Lo normal, en un sistema regulado, claro y transparente, sería que los clientes pudieran elegir que Lobista les ayudaría a conseguir sus objetivos, sabiendo qué es lo que hace y cómo lo hace. Eso sí, como en el caso de los Despachos profesionales, tras haber iniciado un proceso libre de selección y elección. El cliente, tras varios servicios, se dará cuenta que el buen lobista es el que trabaja en la anticipación y no en la aplicación de la norma.

Si usted, granjero avícola, tuviera el apoyo de un lobista, como el de un contable y un abogado, bien podría haber sabido que el Gobierno de turno tiene previsto una posible modificación de las granjas avícolas pues en su programa electoral hacía mención a esa necesidad y, tras el acuerdo de gobierno con los grupos de ecologistas,…..Quizás nunca se llegue a dicho cambio, pero si se hace y no contaba con él, poca es la posibilidad de maniobra. En cambio, si contara con el apoyo de un lobista, éste podría hacer un seguimiento transparente del tema, reuniéndose con parlamentarios, políticos y miembros del Gobierno, interesándose por el posible cambio normativo, su alcance y efectos. De este modo usted podría estar informado y con la posibilidad real de actuar en defensa de sus intereses cuando éstos pudieran verse afectados. Todo ello dentro de la más normal y necesaria legalidad.

Hoy en día, sin regulación, usted y muchos ciudadanos están en una situación de desventaja, de falta de conocimiento sobre lo que un lobista puede hacer y sobre todo cómo puede ayudarle en su negocio. Ahora, el lobby es algo de unos pocos; mientras que en un sistema regulado y transparente el Lobby se convierte en algo accesible a todos los ciudadanos y empresarios. Hace que todos estén en una situación de igualdad a la hora de defender y hacer valer sus intereses ante las Instituciones Públicas.

Con la regulación del sector conseguiríamos transparencia, integridad e igualdad de acceso; sabríamos como trabajan, teniendo constancia de con quién, cuándo y cómo se ha reunido, sean estos políticos, parlamentarios, funcionarios u otros actores de interés para el desarrollo de la labor del lobista. Se sabrá también los honorarios y los criterios definitorios del encargo presentado. Todo ello sin olvidar que cualquier ciudadano podría solicitar la información de los resultados que dicha actuación supuso para el cliente y para el sector.

En un momento de crisis institucional, económica, política y de valores como la que estamos padeciendo es básico el concepto de “transparencia activa”, entendida como aquella acción en favor de la transparencia y la claridad que hace un sujeto, una empresa, frente a la sociedad de manera veraz y honesta. Un ejemplo de este nuevo concepto acuñado por el instituto internacional de Ciencias Políticas lo tenemos en las primeras actuaciones de transparencia que su Majestad el Rey Felipe VI efectuó en sus primeros momentos de reinado.

Por lo tanto, es necesaria y urgente una regulación del sector profesional del Lobby, de modo que se mejore la transparencia, se promueva la integridad y se equilibre el campo de juego. Si persistimos en la desregulación, en el vacío legal, en la ausencia de transparencia, de integridad y de una regulación adecuada del ejercicio de la representación de intereses y de la influencia en la política: la actividad de lobby se seguirá asociando a un servicio sólo accesible a unos pocos y cercano a unas prácticas oscuras que bien pueden llevar a la corrupción.

Olaf Bernárdez Cabello

Vicepresidente de Arco Europeo Progresista

Consejero del Instituto Internacional de Ciencias Políticas

Publicado en la Revista Temas Núm. 242-243 enero-febrero/2015