La crisis del zarismo a partir de la Revolución de 1905

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La Revolución de 1905 provocó que en el seno del zarismo surgiera una tendencia que optó por emprender algunas reformas para evitar que volviera a estallar una revolución. Stolypin, ministro del zar entre 1906 y 1911, es el personaje clave en este momento, promoviendo una política que mezclaba signos de modernización con la represión de cualquier contestación, empleando con profusión la pena de muerte y el control de la Duma, disolviéndola cuando consideraba oportuno.

Stolypin buscó crear una clase de campesinos acomodados que sostuviesen el zarismo en el campo, por lo que emprendió una especie de reforma agraria. Dividió las tierras de las comunidades campesinas (mir) para que fueran compradas por los campesinos más acomodados, los conocidos como kulaks. Esta medida, además, debía provocar un éxodo rural del resto de campesinos para favorecer la industrialización al proporcionar una masiva mano de obra.

Stolypin ideó más reformas pero que no cuajaron realmente porque no tuvo tiempo para emprender su proyecto de veinte años de tranquilidad: quiso aumentar el presupuesto imperial y pensó en una fuerte subida de impuestos sobre el alcohol y los bienes inmuebles. La idea era emplear el presupuesto en modernizar la industria y emprender una política de infraestructuras para mejorar las comunicaciones. Tenía en mente una especie de código laboral para crear un seguro social obrero. Otro proyecto iba encaminado a suavizar la política religiosa sobre las minorías no ortodoxas. También pensó en que debía arbitrase algún tipo de autonomía para Finlandia y Polonia.

Por otro lado, amplió los poderes de los zemstvos, es decir, de las asambleas locales para que se encauzara algún tipo de representación, aunque muy controlada. Pero esta medida, aunque muy tímida, resultó demasiado avanzada para los sectores más reaccionarios del zarismo. Stolypin terminó por ser un político que no contentaba a los poderes que sostenían el zarismo, pero sin ganarse la simpatía de la oposición por su implacable represión. En 1911 fue asesinado en Kiev. La autoría de su muerte ha generado polémica: ¿fue la policía o un socialrevolucionario? Su asesinato, en todo caso, es simbólico, ya que representa el fracaso de los intentos modernizadores en el seno del zarismo.

Para sostener el sistema se optó por la represión y la manipulación del patriotismo. En 1913 se celebró el centenario de la victoria rusa sobre Napoleón y el tricentenario de la subida al trono de los Romanov. El estallido de la guerra en 1914 también fue explotado por la propaganda nacionalista. Pero el zarismo estaba muerto ya. Los desastres militares y las penurias de la retaguardia precipitarían el final en 1917.

Eduardo Montagut

Conferencia del Dr. D. Pedro Rocamora

Rocagrande

EN LA REAL ACADEMIA DE DOCTORES DE ESPAÑA

En la sesión organizada por la Sección de Derecho sobre el tema “TECNICAS DE CONTROL DE PENSAMIENTO”, a cargo del Dr. D. Pedro Rocamora García-Valls, Académico de Número de la Sección de Derecho y miembro de honor de Arco Europeo Progresista.

El acto será presentado por el Dr. D. José Antonio Tomás Ortiz de la Torre, Presidente de la Sección de Derecho

El Zollverein

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El Zollverein o Unión Aduanera de los Estados Alemanes es una organización fundamental en la historia económica no sólo de Alemania, sino de Europa porque, en realidad, fue una especie de primer mercado común en el corazón del continente.

La creación de un mercado de libre comercio entre los Estados alemanes comenzó a fraguarse al terminar las guerras napoleónicas. En 1819, la Asociación Comercial Alemana reclamó la necesidad de que se constituyera. Por su parte, el principal economista alemán de la época, Friedrich List, denunció la existencia de hasta treinta y ocho aduanas interiores, y que para comerciar en el interior de Alemania había que conocer y estudiar distintos reglamentos aduaneros y afrontar infinidad de derechos de pago. Defendía, en consecuencia, la necesidad de que se unificaran los aranceles para toda Alemania con el fin de proteger su naciente industria frente a la Inglaterra, que inundaba los mercados europeos con sus productos, que eran elaborados por una industria muy moderna, y por lo tanto, a menor coste, en plena expansión de su Revolución Industrial.

Los primeros que comenzaron a tener en cuenta estas ideas y ponerlas en práctica fueron los prusianos. Ya en 1818 unificaron su política arancelaria para todos los territorios que consiguieron en el Congreso de Viena.  Recordemos que tenían posesiones en el este y en el oeste, separadas por otros Estados. En la década de los veinte intentaron convencer al resto de Estados alemanes para unificar criterios económicos, pero no tuvieron éxito. A finales de dicha década la situación económica alemana era compleja. La Confederación Germánica contaba con tres grandes áreas arancelarias, sin contar la situación especial de Austria. El área más importante era la que tenía como núcleo central a Prusia. En su interior estaban sus territorios orientales, con un claro predominio de las explotaciones agrícolas latifundistas controladas por la nobleza de los junkers y el mantenimiento de la servidumbre entre el campesinado. Pero, por otro lado, sus territorios occidentales se habían diversificado mucho. La estructura agraria no era latifundista y, sobre todo, comenzaba el despegue industrial, además de contar con una mentalidad más moderna, más burguesa, por su vecindad con Francia.

Los Estados del sur alemán estaban en la órbita del Reino bávaro con su propia unión aduanera y económica. Los estados del noroeste y centro de Alemania no llegaron a conseguir formar una unión aduanera y económica plena. Por fin, había otros Estados alemanes pequeños que no estaban integrados en ninguna unidad o estaban vinculados a otras áreas económicas.

A principios de la década de los años treinta se habían tejido ya muchos compromisos y acuerdos entre las áreas económicas y este hecho facilitó que en enero de 1834 naciera oficialmente el Zollverein. La Unión Aduanera y Arancelaria incluía a veinticinco estados con un total de veintiséis millones de habitantes. Se decretó la libertad de comercio en su interior, al quedar abolidas las aduanas interiores. Aún así, quedaron fuera estados como Baden, Holstein o las ciudades libres de Bremen y Hamburgo. Este caso era importante porque el Zollverein no tenía salida al mar del Norte. Toda esta zona, incluyendo las ciudades hanseáticas, prefirió seguir vinculada comercialmente a Gran Bretaña.

El primer efecto positivo para la economía de los Estados alemanes pertenecientes al Zollverein se vio en sus arcas públicas porque el gasto de mantenimiento de las fronteras se redujo de forma considerable.

La unión arancelaria no se vio acompañada por la adopción de una política económica común. Los estados siguieron políticas económicas autónomas. No se consiguió tampoco una plena unificación monetaria. A lo sumo se estableció una paridad entre el tálero prusiano y una moneda creada para el Zollverein, el florín. Solamente la Unificación posterior conseguiría con el tiempo el establecimiento de una moneda común, el marco.

El principal beneficio económico del Zollverein fue que creó un mercado de grandes dimensiones por el número de habitantes. Ese hecho facilitó la inversión en la actividad industrial y la creación de una extensa red ferroviaria.

Fuera de todos estos procesos económicos se quedó Austria, que siempre tuvo lazos económicos muy fuertes no sólo con el resto de Estados alemanes sino, sobre todo, con sus posesiones territoriales orientales y en la zona balcánica. Austria contratacó con la Unidad Tributaria, pero nunca pudo ser una competencia seria al Zollverein. Los austriacos siempre miraron con mucho recelo y se enfrentaron a cualquier iniciativa que tuviera a los prusianos como protagonistas Sin lugar a dudas, que Austria se quedara fuera del Zollverein facilitó que, al final, prosperase el proyecto unificador político dirigido por Prusia.

Eduardo Montagut

El fenómeno de la concentración económica a fines del XIX

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La primera gran crisis del capitalismo estalló en 1876 y no se llegó a superar, realmente, hasta la segunda mitad de la década de los años noventa de dicho siglo. Esta Gran Depresión fomentó el proteccionismo frente al librecambismo anterior y, sobre todo, un proceso de concentración industrial y financiera con el objetivo de eliminar la competencia, crear monopolios e intentar controlar los mercados. El proceso de concentración traspasó las fronteras nacionales y constituyó uno de los primeros capítulos de la Historia de la globalización de la economía.

La concentración empresarial se produjo de diversas maneras. El cartel era un acuerdo o convenio entre empresas que fabricaban un mismo producto o prestaban un mismo servicio, con el fin de reducir o eliminar la competencia. Este objetivo se conseguía repartiendo los mercados o la clientela, o fijando un mismo precio. El trust constituía un paso más en la concentración porque suponía una fusión de diversas empresas. La fusión o concentración horizontal se producía entre empresas que fabricaban un mismo producto. Si la fusión se daba entre empresas que participaban en un mismo proceso productivo era de tipo vertical. Por fin, estaba el holding, una concentración más sofisticada, ya que se trataría de una sociedad financiera que invertiría en distintas empresas de variados sectores para controlarlas. Los bancos emplearon este sistema para participar en los consejos de administración de las empresas al hacerse con paquetes importantes de sus acciones.

Estados Unidos y Alemania, las dos nuevas grandes potencias económicas de la Segunda Revolución Industrial, fueron los países donde más se dio este fenómeno de concentración económica. Existen ejemplos característicos: la Standard Oil Company se hizo con el 90% del control de todo lo relacionado con el petróleo en Norteamérica en diez años. El naciente y potente mercado eléctrico mundial se repartió entre la norteamericana General Electrics y la alemana AEG. En el campo financiero, destacó la Banca Morgan. Fuera de estas dos potencias habría que destacar el grupo suizo Ritz que casi monopolizó el sector hotelero mundial de lujo. Muy pronto despegarían los gigantes de la industria automovilística, como Ford, Benz, Renault, Citroën, etc…

Estas concentraciones empresariales y financieras generaron tanto poder que podían dominar económicamente a Estados no muy desarrollados, además de ser perjudiciales para los consumidores. En Estados Unidos comenzaron a darse leyes contra estas concentraciones. La primera de ellas fue promovida por el senador Sherman en 1890, llevando su nombre. El gobierno federal consideraba que los trusts eran nocivos para el desarrollo del comercio internacional. En 1914, en tiempos de la administración de Wilson, se aprobó una ley federal, la Clayton Act, promovida por el senador Clayton para solucionar las deficiencias de la ley anterior y combatir las prácticas y monopolios que perjudicaban a los consumidores.

Eduardo Montagut

Del colonialismo al imperialismo

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En este artículo pretendemos comparar y diferencias entre el colonialismo de la época moderna con el imperialismo de la era industrial.

La industrialización en el siglo XIX y el enorme desarrollo tecnológico de Europa, especialmente en la época de la Segunda Revolución Industrial, provocaron la separación del mundo en dos grandes polos: los países industrializados y los no industrializados. Los primeros terminaron por imponerse sobre los segundos, que quedaron bajo su dependencia directa o indirecta. La Europa industrial, gracias a su vitalidad demográfica, su superioridad industrial, técnica, comercial y financiera impuso su modelo económico, sus valores e ideales, así como su cultura a gran parte del mundo.

El término de imperialismo comenzó a usarse en el vocabulario político y periodístico en la década de los años noventa del siglo XIX para designar un nuevo fenómeno. El imperialismo se definiría como el sistema en el que la política, la economía y la cultura de gran parte del mundo se organizan en función del dominio de unos países sobre otros, siendo la culminación del colonialismo iniciado en los siglos XV y XVI. Pero ambas formas de dominación colonial fueron muy distintas. Los viejos imperios coloniales estuvieron ubicados principalmente en América, mientras que los nuevos imperios coloniales del siglo XIX, se centraron en Asia y África. Las antiguas colonias habían sido de asentamiento y los emigrantes habían creado sociedades que pretendían ser similares a las europeas, frente a las nuevas colonias que fueron, sobre todo, territorios de ocupación, donde una minoría europea no se mezclaba con la autóctona y ejercía el control político y económico. Por otro lado, si el ritmo de ocupación había sido lento y limitado en el pasado, en el siglo XIX la rapidez fue la tónica general. Por último, las posesiones coloniales de la época moderna dieron lugar a escasos conflictos en comparación con los desarrollados con el imperialismo del siglo XIX, con guerras constantes, ya que la expansión colonial se había convertido en un objetivo fundamental de la economía y la política de los países industrializados.

Eduardo Montagut

¿Es moderado, conservador o reaccionario el PP?

Gil Robles y Franco

En este artículo nos preguntamos si el Partido Popular es moderado, conservador o reaccionario, partiendo del análisis de estos conceptos políticos nacidos en el siglo XIX y que han evolucionado posteriormente.

Según el Diccionario de la Real Academia la moderación es la acción o efecto de moderar o moderarse. También es sinónimo de cordura, sensatez o templanza en las palabras o en las acciones. En el sistema político decimonónico español era un término que se aplicaba a una de las familias del liberalismo, defensora de la soberanía compartida entre el rey y la nación, el bicameralismo, el sufragio censitario, la limitación de derechos y libertades, y la salvaguarda del orden. En el reinado de Isabel II fue el partido que más gobernó frente a la opción progresista del liberalismo. El concepto de moderación en política ha terminado por aplicarse, ya en nuestro tiempo, a partidos, sectores y líderes, tanto de la derecha como de la izquierda; de hecho, la Transición española terminó por hacerse por políticos que moderaron mucho sus planteamientos iniciales. El Partido Popular siempre ha hecho gala de ser el partido de la moderación en España, y la izquierda a la izquierda del PSOE achaca a este partido su supuesta excesiva moderación, especialmente cuando gobierna.

El conservadurismo se referiría a las personas, partidos, gobiernos, etc., favorables a la continuidad de estructuras políticas establecidas y contra los cambios que serían considerados como bruscos o radicales. El Partido Moderado isabelino, con otras aportaciones, terminó por convertirse en el Partido Conservador de Cánovas del Castillo, pilar fundamental de la Restauración. Gran parte del ideario moderado anterior fue incorporado a la nueva formación con la única novedad del pacto con el Partido Liberal –el antiguo progresista- para la alternancia pacífica en el poder, ideando un sistema electoral amañado que garantizaba la paz política, pero falseaba la realidad. En el anterior gobierno del PP se desarrollaron políticas económicas asentadas en la defensa del neoliberalismo, pero, por otro lado, muchas de sus otras políticas, como las relacionadas con la Iglesia, la cuestión del reconocimiento y garantía de derechos y libertades, la educación, la estructura del Estado, entre las principales, eran intensamente conservadoras

La reacción sería la tendencia tradicionalista en lo político, opuesta completamente a las innovaciones y con un talante autoritario e intolerante. En España, el franquismo era reaccionario, entre otras cosas. Esta tendencia, muy amortiguada por la UCD en la Transición, reapareció en el Partido Popular con José María Aznar y, al parecer, encontró un hueco cómodo en la actual Administración de Mariano Rajoy, en algunas de sus políticas, en determinados dirigentes y en ciertos talantes, formas y maneras, como vimos en su negativa a condenar el franquismo y aplicar la ley de memoria histórica, en su nulo intento de hacer un análisis sosegado y crítico del pasado, en la resurrección de simbologías franquistas entre sus juventudes, en su proyecto de ley del aborto, en la ley de seguridad ciudadana, o en los discursos despreciativos hacia la ciudadanía desfavorecida por la crisis y los recortes. Los reaccionarios, cuando son pocos o están fuera del juego parlamentario, son sólo relativamente preocupantes, pero cuando se instalan en las políticas, el discurso y en las formas de un partido fundamental del sistema político estaríamos ante el abandono de la moderación, del propio conservadurismo y derivando hacia derroteros inquietantes. Hoy parece que la renovación del Partido Popular, de la mano de Casado, incide más en lo reaccionario que en lo conservador.

Eduardo Montagut

Las Diputaciones Provinciales entre el XIX y el XX

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La Constitución de 1812 creó las Diputaciones Provinciales. En su artículo 325 se establecía que en cada provincia existiese una Diputación para promover la educación y la economía. La Diputación estaría presidida por el jefe superior. Estaría conformada por el intendente y siete miembros elegidos. Al parecer, el carácter de esta nueva institución generó cierto debate, estableciéndose al final una especie de dualidad o equilibrio entre lo estrictamente representativo y lo puramente gubernamental. La Diputación Provincial consagra el sistema uniforme y centralista de la Administración territorial del liberalismo español.

La Diputación Provincial se convirtió en un órgano consultivo para el liberalismo español. La legislación posterior así lo confirmó. La autoridad en la provincia era el jefe político, que podía solicitar de la Diputación informes y consultas sobre diferentes cuestiones de gobierno y fomento. La Ley de 1823, en el Trienio, dejó muy clara esta autoridad, que emanaba del Gobierno. También es cierto que la Diputación adquirió otras funciones más que las puramente consultivas y que tenían cierta importancia. Destacaría la de repartimiento de los cupos de la contribución entre los Ayuntamientos de su provincia, así como el establecimiento de los contingentes para cubrir el reemplazo del Ejército. Pero ir más allá era algo que los liberales españoles no deseaban establecer, dejando el poder siempre en el representante del Gobierno, reforzando el carácter centralista del nuevo Estado. Pero la realidad hizo que las Diputaciones fueran arañando competencias. En primer lugar, terminó por considerarse un órgano administrativamente superior al del Ayuntamiento, pero, sobre todo, comenzó a preocuparse de algunos servicios de cierta entidad y muy cercanos al ciudadano: algunas competencias en enseñanza, en la beneficencia y hasta en lo sanitario.

El liberalismo democrático, triunfante tras la Revolución de 1868, dio más importancia a las Diputaciones, aligerando el acusado centralismo previo. El artículo 99 (Título VIII) de la Constitución de 1869 definió claramente lo que debía ser esta corporación. Era una novedad importante porque los anteriores textos constitucionales, es decir, los de 1837 y 1845, remitían a leyes específicas. Ahora adquirían la dirección de los intereses de su provincia. Sus sesiones debían ser públicas, así como públicos serían sus presupuestos y acuerdos o decisiones que se tomasen. También es cierto que se les ponían límites. No podían extralimitarse en sus funciones y por eso podían intervenir tanto el legislativo como el ejecutivo para impedirlo, y tampoco podían establecer contribuciones que entraran en contradicción con los tributos generales. Pero el Sexenio no se conformó con la definición constitucional. En agosto de 1870 entró en vigor una Ley que dejaba bien delimitada lo que era una Diputación provincial. Se afirmaba su carácter representativo y surgía la figura del presidente de la Diputación. De ese modo, la Diputación dependería menos del jefe político, es decir, de la figura gubernamental. También habría que aludir a la creación de la Comisión Provincial como una especie de órgano permanente. Es importante destacar, por fin, que decenios antes de que se aprobase la Ley de Mancomunidades, se habría una tímida puerta a estas instituciones con el nombre de Juntas. El Proyecto Constitucional de 1873, con su modelo federal, solamente establecía Municipios y Estados.

La Restauración canovista supuso una vuelta al más puro centralismo al quitarle autonomía a la Diputación Provincial, como establecía la legislación aprobada en 1877 y 1882. El Gobierno central adquirió muchas facultades para poder intervenir estas corporaciones. En compensación, es cierto que casi se introduce el sufragio universal para elegir a sus miembros, porque podían votar los hombres mayores de edad que supieran saber leer y escribir.

La primera reforma importante de las Diputaciones provinciales se planteó en tiempos de la Dictadura de Primo de Rivera, a partir del conocido como Estatuto Provincial de marzo de 1925. Las Diputaciones se convertirían en corporaciones representativas con determinados fines relacionados con la creación, conservación y mejora de los servicios e instituciones. Para ello, había que establecer la consabida financiación. La Diputación pasaría a estar presidida por un diputado. El gobernador civil no tendría voto en las sesiones de la Diputación, y solamente los tribunales de justicia podrían suspender cargos o revocar acuerdos. Pero quedaba un resquicio para la actuación del gobernador, instrumento del gobierno, ya que podía suspender actuaciones de la corporación provincial en caso de infracción manifiesta de las leyes que generasen una grave perturbación del orden público. El problema residía en que esto era a arbitrio del gobernador y, en última instancia del gobierno.

La reforma provincial de Primo de Rivera se inscribe en la general de la administración no central del Estado que se intentó aplicar, y que incluía la local con el Estatuto Municipal de 1924. Se pretendía acabar con el caciquismo y dinamizar la administración, aunque realmente lo que se buscaba era crear una estructura afín al nuevo régimen. En todo caso, bien es cierto que la reforma de las Diputaciones de la Dictadura dejó consagrada la provincia como circunscripción territorial fundamental.

La Constitución de 1931 estableció en su artículo décimo, dentro del Título I sobre la organización nacional, que las provincias se constituían por los municipios mancomunados conforme a una ley posterior que debía dedicarse monográficamente a desarrollar esta unidad administrativa. La gran novedad sería que provincias limítrofes, dentro de una serie de circunstancias y cumpliendo una variedad de requisitos, podrían organizarse en región autónoma. Pero, realmente, la Segunda República no planteó grandes novedades en relación con el gobierno de las provincias ni con las Diputaciones provinciales.

El franquismo suprimió taxativamente todos los elementos o caracteres democráticos de las Diputaciones provinciales. Por otro lado, las Diputaciones adquirían más competencias de control sobre los Ayuntamientos. Se puede afirmar que la provincia ganaba terreno frente a la localidad en la dictadura franquista, pero también es cierto que, en última instancia, la Diputación y la provincia perdían poder frente al Estado, dentro del acusado centralismo de esta etapa histórica. Y lo hacían porque se creó la Comisión Provincial de Servicios Técnicos que se hizo cargo de muchas atribuciones. Esta Comisión nació por la Ley de Bases del 17 de julio de 1945, desarrollada en la de Régimen Local de 16 de diciembre de 1950. Fue una creación novedosa porque anteriormente no hubo nada parecido. La Comisión Provincial estaba presidida por el gobernador civil y se dedicaba al estudio y resolución de planes para el desarrollo de la cooperación provincial con los servicios municipales. La legislación posterior fue dotando de más competencias a estas Comisiones, y se fue perfilando la diferenciación de las mismas con las propias de las Diputaciones. Por fin, la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1956 otorgaba las competencias urbanísticas provinciales a las Comisiones Provinciales de Urbanismo.

Eduardo Montagut

La soberanía de la militancia

Recuerdo a las víctimas

Que los partidos de la derecha hagan propuestas para su electorado conservador, disgustado ahora porque Franco puede ser irradiado fuera de Cuelgamuros, es lo normal. La dificultad está en encontrar puntos diferenciales de suficiente calado entre ambas formaciones, lo que cada vez se hace más improbable pues no se pierden de vista ni un momento, como almas gemelas.

En efecto, resulta divertida la necesidad que tienen de encontrar diferencias los dos grandes partidos en que se sustenta la derecha patria, PP y Ciudadanos, especialmente desde que Casado ha sustituido a Rajoy con un discurso que recuerda en el fondo y en la forma al Ribera más conservador, discurso que sin duda hace sin esfuerzo alguno pues coincide con lo que de él sabemos desde que apareció en política con el visto bueno de Aznar, azote de rojos y demás ralea progresista. Como se dice: encuentre Usted las siete diferencias (creo que con una nos conformaríamos).

Por su parte, que la izquierda también tiene ahora dos grandes núcleos, PSOE y Podemos, y una serie de piezas menores como Izquierda Unida, las Mareas o Compromís, resulta obvio. Lo que no es tan obvio es si han aprendido de errores pasados que les han pasado factura en sus electorados, ya cansados de unas divisiones que sólo favorecían a la derecha.

A Podemos le gusta explicarnos que gracias a ellos se capitalizó en votos una parte muy relevante del 15M y que llevaron a las urnas a esa izquierda ácrata que siempre se había negado a depositar su voto, para grata satisfacción de la derecha. Lo que no les gusta recordar es que podían haber puesto fin al Gobierno del PP mucho antes si hubieran tenido la generosidad de apoyar a Pedro Sánchez cuando este pactó con Ciudadanos obligado por los aristócratas de su Partido, esto es, Rubalcaba, Susana, Felipe, etc..

Le pudo a Podemos la vana ilusión de que podría comerse al PSOE; es verdad que el PSOE de la mano de Felipe, Zapatero y Rubalcaba fue acusando una lamentable deriva conservadora, de tal forma que muchos de sus dirigentes se sentían más cómodos con los poderes fácticos que con las ideas socialistas. Pero un análisis sosegado le habría llevado a Podemos a la conclusión de que no es fácil tumbar a un Partido centenario como el PSOE que tiene una brillante historia tanto reciente como anterior, repleta de logros para el bienestar de los ciudadanos, y con una militancia muy implicada debido a su convicción ideológica socialista, extendida y organizada por toda España.

En efecto, este rumbo hacia los acantilados fue frenado en seco por sus militantes volviendo a coronar como Secretario General al derrocado Pedro Sánchez. Esperemos que esta experiencia traumática haya conseguido hacer entender a los dirigentes del PSOE que el futuro político de este gran Partido no puede ser el de hacer de palmero de los poderes fácticos como ocurrió de forma notable con la modificación del artículo 135 de la Constitución.

Lo siento por Lambán pero para ser del PSOE hay que ser rojo.

Salud

ANA PULIDO.- AEP

Reflexiones sobre el surgimiento del fascismo italiano

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En este artículo realizamos algunas reflexiones sobre las causas o factores que propiciaron el surgimiento y triunfo del fascismo en Italia.

La Gran Guerra debe ser considerada un factor fundamental a la hora de entender el ascenso del fascismo y por varias razones. En primer lugar, porque generó un grupo social nuevo, el de los combatientes, que tuvieron serias dificultades para reintegrarse a la vida civil, al mundo cotidiano por las dificultades económicas de la posguerra, pero también por razones ideológicas y hasta psicológicas. Los combatientes habían sufrido una guerra muy dura, sentían nostalgia de la acción, del combate, de la camaradería de las trincheras y no entendían la vida burguesa y cotidiana. Estaban acostumbrados a las órdenes, a la disciplina, a mandar y obedecer, a lucir uniforme y a desfilar. Los combatientes se organizaron en milicias, en tropas de choque, en escuadras. El escuadrismo es un fenómeno muy importante para entender lo que estaba ocurriendo en Italia. Si los escuadristas no entendían la vida cotidiana burguesa tampoco comulgaban con la vida y la lucha de socialistas y anarquistas. Los escuadristas combaten las huelgas, participan en verdaderas batallas urbanas contra los miembros del movimiento obrero, suplantan, en fin al Estado en la conservación del orden y pueden, de ese modo, recuperar algunos elementos de su vida militar con sus acciones. Están desclasados y emplean la violencia para participar en la vida política y social italianas. A partir de 1922 serán muy fuertes, y las autoridades no sólo no les combaten, sino que les toleran y hasta alientan.

El auge de la violencia en la posguerra, consecuencia de la propia contienda y del desclasamiento social tiene, además, un apoyo en cierta intelectualidad y hasta en la vanguardia artística del futurismo. Se plantean nuevos valores que pasan por la demolición de los valores burgueses de la paz, la vida familiar, el afán del ahorro y de la adquisición de bienes y propiedades, pero sin optar por los valores del movimiento obrero porque se considera que sus reivindicaciones buscaban solamente el progreso material, un egoísmo de clase, que les alejaba del patriotismo. Deben plantearse nuevos valores, basados en la acción, la fuerza, la jerarquía y la obediencia.

El resultado de la guerra generó una sensación de frustración. Las promesas de la Entente para que Italia entrara en la guerra no se habían cumplido. Italia se siente la perdedora de los vencedores. Se genera un claro rencor fundamentalmente contra Francia y también contra la nueva Yugoslavia porque ocupa alguno de los territorios irredentos. En este clima se producirá la ocupación del Fiume por D’Annunzio, uno de los intelectuales más destacados del momento y que ejemplifica ese apoyo al uso de la acción y la violencia que hemos planteado anteriormente.

La economía es el otro gran factor explicativo. En realidad, la crisis económica es determinante, ya que empobrece a las clases medias y hunde en la miseria a los campesinos. En este universo medio social hay que encontrar los primeros apoyos al fascismo. Ya no sirven los partidos tradicionales que habían dominado el sistema político italiano desde la unificación, y esta pequeña burguesía no iba a abrazar la causa de socialistas y anarquistas. El miedo al desclasamiento entrega en brazos del fascismo a estos grupos sociales. Por su parte, el movimiento obrero se desarrolla con fuerza con un auge de las huelgas en respuesta a la crisis. Esta lucha obrera indigna a la pequeña burguesía que potencia un mayor sentimiento de frustración porque piensa que los obreros consiguen más del Estado y del poder que ella. Esa indignación también lleva a esa burguesía hacia el fascismo.

La industria italiana había experimentado un importante auge en la guerra por el considerable aumento de la demanda de productos. Los beneficios empresariales subieron de forma considerable, pero al terminar la contienda disminuyeron muy rápidamente por una crisis de superproducción, ya que la demanda se contrajo considerablemente. Para evitar los efectos de la crisis los patronos quieren frenar a los obreros, al potente movimiento obrero italiano, que como hemos visto desarrolla toda su actividad, espoleado, además, por el ejemplo de la Revolución Rusa, un fantasma que asusta al capital europeo y, por supuesto, al italiano. Para combatir al movimiento obrero ya no eran suficientes los instrumentos del Estado. Es el momento de recurrir a las milicias, a los escuadristas, a los fascios, en suma. En un primer momento se les financia, después se les entregará el poder.

Por fin, el aumento del paro generó otro grupo social, un proletariado o infraproletariado que creía que los partidos obreros y los sindicatos no atendían sus demandas. El fascismo les ofrece una alternativa porque les une, les ofrece un sueldo y, por fin, un sentido en la vida, un objetivo por el que luchar.

Eduardo Montagut