La abolición de los títulos nobiliarios se ha producido en varias ocasiones y en distintos países en la época contemporánea. En realidad, las revoluciones liberales, en una interpretación completa del principio de igualdad, no contemplarían estas distinciones hereditarias, aunque se mantuvieron como un ejemplo más la alianza entre la burguesía y la nobleza, especialmente en los regímenes que siguieron siendo monárquicos, aunque fuesen constitucionales o parlamentarios. Solamente en la antigua América hispánica, al calor de la independencia, las nuevas republicas abolieron unánimemente los títulos. En Argentina lo fueron en 1813 por la Asamblea del Año XIII, cuatro años después ocurría lo mismo en Chile. La Constitución de la desaparecida República Federal de Centro América del año 1824 no reconocía título alguno, y el ordenamiento constitucional de El Salvador posterior confirmó la prohibición de cualquier distinción hereditaria. En México hubo que esperar a la Constitución de 1854, confirmando lo allí estipulado en la de 1917. La Constitución uruguaya de 1830 confirmó lo establecido en la Asamblea del Año XIII. El caso peruano fue el más complejo, ya que era el país que más títulos tenía, dada su vinculación con el Virreinato. José de San Martín pensó en sustituir los títulos de origen español por otros nuevos, pero la llegada de la república desbarató esta pretensión. Bolívar daría la puntilla final a cualquier intento de establecer una nueva nobleza.
En Francia, los títulos no fueron abolidos hasta 1790. Pero Napoleón fomentó la creación de una nueva nobleza, con la concesión de más de dos mil títulos, con una nueva jerarquía. La Revolución de 1848 volvería a abolir los títulos, que fueron restaurados por Napoleón III en 1852.
El período de entreguerras fue otro momento de auge de aboliciones de los títulos de la nobleza por las Revoluciones rusas, por el desplome de los antiguos Imperios centrales y el establecimiento de nuevas repúblicas. Después de lo establecido en Rusia, habría que citar el caso de Austria en 1919, ya desaparecido el Imperio austro-húngaro, aunque Hungría los permitió hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ya que mantuvo la condición de reino. La República de Weimar tampoco reconoció los títulos.
En este contexto habría que enmarcar lo que dispuso la Constitución de la Segunda República, y la crítica socialista a los títulos nobiliarios. Efectivamente, los títulos fueron abolidos por la Constitución de 1931. En su artículo 25, dentro del Capítulo Primero de Garantías individuales y políticas del Título III, referido a Derechos y deberes de los españoles, se establecía que no podrían ser fundamentos de privilegio jurídico la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas, por lo que, a continuación, se decía que el Estado no reconocía distinciones ni títulos nobiliarios. Pero antes, el Gobierno Provisional habría decretado que no se reconocerían los títulos nobiliarios, y no se podrían utilizar en documentos públicos.
Los socialistas comentaron este decreto en El Socialista del 3 de junio de 1931. El PSOE enmarcaba esta disposición dentro del objetivo general de democratizar el país. En este sentido, se seguía la política emprendida en otros estados, como el alemán citado, buscando nivelar las jerarquías sociales. Aunque este decreto pudiera parecer algo secundario, los socialistas pensaban que poseía una gran carga moral. Acabar con los títulos suponía terminar también con los “lacayos y con las libreas”. Un criado era menos criado en casa de un rico que en la de un noble, aunque fuera pobre. Y eso era así, siempre, según el artículo de opinión, porque los títulos habían creado una especie de “superpersonaje” ante el cual la gente temblaba. Los títulos eran el penúltimo vestigio del feudalismo porque el último era la tierra, aunque también desaparecería con la anunciada reforma agraria. Cuando a la nobleza se le quitasen sus cotos de caza y sus títulos, como lo que se estaba haciendo en ese momento, desaparecería una “institución milenaria”. En un régimen republicano los títulos nobiliarios suponían una ofensa porque constituían un resto monárquico, un anacronismo. Ahora los nobles comprenderían que España era una República.
El texto periodístico aludía con tintes ácidos a los títulos concedidos recientemente por el rey Alfonso XIII por considerarlos un verdadero chiste. Así era calificado el título de duque concedido a Gabriel Maura, hijo de Antonio Maura, y que se habría dado supuestamente para halagarle. También se aludía al título concedido a Berenguer. El rey creía que dando títulos conservaría partidarios, es decir, fidelidad y apoyos a cambio de prebendas, según la interpretación socialista.
Al respecto, nos parece muy recomendable la consulta del trabajo de Miguel Artola Blanco, “Los años sin rey. Imaginarios aristocráticos durante la Segunda República y el primer franquismo (1931-1950)”, en Historia y Política. Ideas, procesos y movimientos sociales (2016).
Eduardo Montagut
